Persecución y muerte a luchadores contra las mineras en Centro América: La palabra peligrosa

Aunque nos digan que “ese” o “esa” pudiera haber sido cualquiera de nosotros, en nuestra intimidad no terminamos de creérnoslo.

Aunque digan que era un ser humano como cualquier otro, y pareciera razonable, suena grotesco.

Ese es el caso de Marcelo Rivera, un comunicador de la palabra, que ejerció en el día a día comunicar también algo tan importante como ella, la vida.

Marcelo fue maestro, periodista, promotor cultural, militante político del FMLN, defensor de la naturaleza, organizador social, comunitario y popular.

Desapareció cerca de Ilobasco, en el Departamento de Cabañas, El Salvador, el 18 de junio pasado y se encontró su cuerpo dos semanas después, con signos de tortura, dentro de un pozo de 19 metros de profundidad al cual fue arrojado luego de ser estrangulado.

Marcelo Rivera era un residente de San Isidro, departamento de Cabañas, donde su trabajo comunitario y social al frente de ASIC (Amigos de San Isidro Cabañas), como organizador y movilizador del arte, la cultura popular y la conciencia colectiva fue tomando más vuelo a medida que los desafíos eran mayores.

El trabajo de Marcelo fue sin duda el factor catalizador para que la comunidad tomara conciencia del desastre humano, económico, medioambiental, sanitario y social que hubiera significado el establecimiento definitivo en la región de la compañía minera canadiense Pacific Rim.

La Pacific olfateó 40 mil kilogramos de oro en el subsuelo de San Isidro, Cabañas, lo que representarían aproximadamente 1.3 billones de dólares que podrían ser embolsados. Para lo cual se debía remover mucha tierra, perforar muchos pozos y usar mucha, pero mucha agua, amén de “detalles” como el uso de agentes químicos de altísima toxicidad como arsénico y metales pesados.

La presentación en sociedad de la Pacific y de sus “bondades” se canalizó mediante el anzuelo del aumento de los ingresos municipales para San Isidro con el establecimiento de la compañía.

San Isidro aumentaría en 10 veces su presupuesto anual, llegando al millón de dólares.

Inmediatamente luego de los cateos y de las perforaciones de exploración de la Pacific se secaron 3 napas freáticas, perjudicando a ganaderos locales, agricultores y campesinos.

De acuerdo a un estudio de OXFAM la minería metálica en América Central usa exorbitantes cantidades de agua, agota las napas freáticas y las contamina con arsénico y metales pesados, por lo tanto estos proyectos no son viables en El Salvador.

A finales del 2008 la Pacific Rim se retiró de El Salvador al no serle renovados los permisos de cateos y exploración de la mina “El Dorado”, iniciando contra ese país centroamericano una demanda por perjuicios, de 77 millones de dólares, bajo las cláusulas del Capítulo 10 del CAFTA (siglas en Inglés) Acuerdo de Libre Comercio para América Central, que designa como mediador a un tribunal internacional bajo el auspicio del Banco Mundial.

En abril del 2009 el Presidente electo Mauricio Funes ratifica el compromiso asumido durante su campaña de no conceder permisos de exploración ni explotación a compañías mineras a cielo abierto.

La Pacific Rim, la cual tiene una subsidiaria en el estadounidense Estado de Nevada, como toda empresa relacionada a megaproyectos en cualquier parte del mundo, necesita del apoyo de la comunidad mediante el engaño o de lo contrario su silencio.

En el mes de octubre del 2007 la empresa minera Pacific Rim ofreció a Radio Victoria pagar los costos de construcción de su nuevo edificio y de comprar $8,000 dólares de publicidad en la emisora. Radio Victoria rechazó esa oferta.

El apoyo comunitario a los megaproyectos se logra en muchos casos mediante una intensa campaña publicitaria promocionando los aspectos que a simple vista parecerían muy beneficiosos, el drástico aumento de puestos de trabajo, el aumento en el presupuesto municipal, el remanido concepto de desarrollo que viene de los países desarrollados, el cuento de la “minería verde”, la inversión, el mejoramiento comunitario, etc.

Mientras por otro lado se soborna directamente o en forma indirecta a funcionarios, fuerzas policiales, miembros del aparato de justicia, referentes y operadores de la opinión pública, jefes o líderes religiosos y eclesiales, y tratando de comprar las voluntades del resto de la población, como lo dice el Coordinador de Producción Educativa de Radio Victoria, Elvis Zavala: “Pacific Rim patrocinó todas las fiestas patronales de cada municipio de Cabañas, que en realidad eran grandes carnavales que se hacían en pueblos muy pequeños, con hasta cuatro fiestas bailables, con las mejores discos del país y totalmente gratis.

La empresa también reparó y remodeló iglesias y templos en este departamento, con el peso simbólico que esto tiene para el imaginario cultural salvadoreño, con el fin de comprar la voluntad de la gente”.

Estas mega-compañías tienen en definitiva dos listas, en una están sus empleados y sus promotores a sueldo y en la otra los críticos a ese tipo de proyectos.

En la primera lista se encontraba el Alcalde de San Isidro, el Ingeniero José Ignacio Bautista, férreo defensor de la Pacific Rim, de la cual recibió, al menos, viajes pagados a los Estados Unidos para promocionar el megaproyecto entre los salvadoreños residentes en ese país.

También Bautista, candidato de ARENA, fue denunciado por Marcelo Rivera, repetidas veces, por fraude al extender identificaciones a personas no residentes en San Isidro durante los comicios municipales de enero del 2009.

Bautista no fue el único funcionario beneficiado por la Pacific, el alcalde de Sensuntepeque Edgar Bonilla (ARENA), el de Ciudad Victoria Juan Antonio Ramos (ARENA), los diputados por Cabañas Carlos Reyes y Beto Rivas, ambos de ARENA y el alcalde de Guacotecti, Medardo Antonio Méndez del Partido de Reconciliación Nacional, también formaron la lista de sus promotores.

En esa lista también entró un personaje mucho más subalterno, Oscar Menjivar, cuya acción directa mediante el machete y un arma de fuego trató de amedrentar a por lo menos dos residentes de Nueva Trinidad opuestos al proyecto minero.

José Santos Rodríguez, un campesino de subsistencia de Nueva Trinidad y miembro del Comité Ambientalista de Cabañas, viajó al Valle de Siria, Honduras, donde compañías mineras canadienses desarrollan proyectos de explotación aurífera. Rodríguez comprobó por si mismo la devastación al medio ambiente, a la salud humana, a la economía regional, a los cultivos y al ganado, causada por la minería metálica a cielo abierto.

Rodríguez fue atacado a machetazos por Menjivar, perdiendo dos dedos de su mano derecha.

Otra víctima de Menjivar fue Ramiro Rivera, presidente del Consejo Comunitario de Nueva Trinidad, quien salvó su vida milagrosamente luego de recibir 8 disparos de arma de fuego.

Menjivar es conocido en las comunidades de Cabañas como asalariado de la Pacific Rim.

Marcelo Rivera no tuvo tanta suerte, su cuerpo mostraba señales de tortura similares a las aplicadas por los Escuadrones de la Muerte. Su traquea fue rota con un cordón de naylon.

El 7 de julio la División Elite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a 4 pandilleros como los responsables del asesinato de Marcelo Rivera.

Según las investigaciones de la DECO, la víctima y los sospechosos detenidos “estaban tomando bebidas alcohólicas en una casa abandonada en la comunidad Las Flores, cantón Agua Zarca, cuando empezaron una pelea que terminó con el homicidio del activista del FMLN”.

Tanto la Fiscalía General de la República como la Policía caen en contradicciones grotescas, dice el abogado Héctor Antonio García Berrios, como la causa del deceso de Marcelo Rivera, que según los organismos judicial y policial, fue causado por dos martillazos en la nuca, cuando la pericia forense determinó muerte por asfixia, y la otra contradicción se centra en el alcohol, cuando Marcelo Rivera no lo ingería.

Sobre los actores materiales de la muerte de Marcelo hay tres en la cárcel y el cuarto en libertad por minoría de edad. Según investigaciones de Radio Victoria la Jueza a cargo del caso lo dejó en libertad sin notificar a la fiscalía.

Radio Victoria afirma que la Jueza está comprada, ya que el sujeto podría estar dispuesto a declarar pero su paradero se desconoce.

El 8 de julio el Fiscal General de la República (FGR) confirmó el asesinato de Marcelo Rivera. El jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la FGR, Rodolfo Delgado declaró: “Hasta la fecha no existe evidencia de un autor intelectual del asesinato. No estamos cerrados a cualquier posibilidad, pues si la investigación nos arroja indicios de que ha existido una autoría intelectual se van a formular las acusaciones correspondientes”.

También sostuvo que entre los presuntos asesinos y la víctima “se ha logrado establecer una relación de amistad, lo cual al calor del alcohol ha generado este hecho de sangre. Estaban en una vivienda (rural) de Ilobasco y es en ese lugar donde se le causa la muerte por estrangulación”.

Las declaraciones de Delgado se contradicen con el historial de denuncias por amenazas de muerte e intentos de secuestro y asesinato a miembros activos de la comunidad contra la minería a cielo abierto.

Este historial de amenazas y violencia política arranca desde el año 2006 a comunicadores comunitarios y alternativos de Radio Victoria de Ciudad Victoria, Cabañas.

Radio Victoria ha estado transmitiendo durante 16 años y es miembro fundador de ARPAS, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, y a su vez miembro de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

Uno de los miembros de Radio Victoria, Elvis Zavala comentó, “las amenazas del 2006 estaban relacionadas con las denuncias que hacíamos por fraude electoral contra el Partido Arena y contra la empresa minera por daño medioambiental, pero desde la desaparición y posterior asesinato de Marcelo Rivera, las mismas se intensificaron”.

Vilma Recinos, también trabajadora de Radio Victoria, el sacerdote católico Luís Quintanilla, la jefa de prensa de la misma emisora Isabel Gómez, José Beltrán, Elvis Antonio Natarén trabajadores de la emisora y los corresponsales Ramiro Laínez, Vladimir Abarca Ayala, Ludwin Franklin Iraheta, Edward Lara, Haydeé Rivas y Pablo Ayala han sido sistemáticamente amenazados de muerte mediante mensajes a sus celulares, correos electrónicos y cartas manuscritas.

En el caso de Pablo Ayala, a comienzos de septiembre de este año hubo por parte de la Policía y del Ejército actos intimidatorios al proceder a un registro de la vivienda de Ayala en busca de supuestas plantaciones de marihuana. Los efectivos le preguntaron a Ayala por la situación de amenazas denunciadas por los miembros de Radio Victoria. Familiares de Ayala también sufrieron en ese mes y el siguiente intimidaciones y abusos por parte de la fuerza pública. Con respecto al caso del Padre Quintanilla, a poco más de un mes de la desaparición de Marcelo Rivera, fue interceptado por hombres fuertemente armados. Quintanilla salvó milagrosamente su vida. Tanto la fiscalía de Sensuntepeque como la fuerza pública se resisten, en forma por lo menos sospechosa, a vincular los casos de amenazas anteriores sufridas por el sacerdote, con el intento de su secuestro y asesinato. Otros miembros del movimiento popular fueron tambien amenazados, como son los casos de Walter Laínez, miembro del Comité de la Memoria Histórica y militante del FMLN, y de Antonio Pacheco director de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) de Sensuntepeque, ambos participantes del movimiento contra la minería metálica. Pero si las amenazas son anónimas, los señalamientos hacia las voces críticas a la actividad minera tienen su origen en personeros orgánicos de la ultraderecha salvadoreña. Durante la campaña electoral municipal de diciembre del 2008 y enero del 2009, el actual alcalde de Ciudad Victoria Juan Antonio Ramos, y candidato por ARENA para esa fecha declaró, “Radio Victoria es una radio guerrillera, pertenece al FMLN y tiene armas escondidas en su edificio”. En mayo de este año se destruyó la antena de enlace de Radio Victoria y para fines de julio el sistema eléctrico del local de transmisión fue saboteado, causando la salida del aire de la emisora por 24 horas. Esta seguidilla de amenazas, hostigamiento, persecución y atentados contra un grupo particular de ciudadanos y organizaciones concientes y decididos a defender sus derechos a una vida sin explotación y deterioro de su medio ambiente, es difícil no vincularlos con poderes políticos y económicos como los autores intelectuales de los mismos, como pretende, con malabares, el jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la FGR, Rodolfo Delgado.

El periodista independiente Jamie Moffett viajó desde Filadelfia a El Salvador, pocos días después de la desaparición de Marcelo Rivera, con el propósito de finalizar un trabajo documental “Return to El Salvador” sobre las secuelas sociales de la guerra civil y las actuales luchas del pueblo salvadoreño. “Si el asesinato de Marcelo queda en la impunidad, esto generará un clima de intimidación e inseguridad para los demás líderes sociales y activistas políticos, minando los avances en el proceso democrático de El Salvador”.

Moffett realizó un documental, “The mysterious death of Marcelo Rivera” (“La misteriosa muerte de Marcelo Rivera” con subtitulos en Español), con el propósito no sólo de mostrar que el tipo de violencia política sigue existiendo en el país centroamericano, sino también que los ciudadanos de los Estados Unidos tienen la responsabilidad y la posibilidad de ayudar a parar esa violencia”.

“Nuestra conciencia colectiva –dice Moffett- ha sido barrida. El Salvador, un país del tamaño del Estado de Massachusetts, ha sufrido enormemente y ese sufrimiento ha sido producto de las políticas de los Estados Unidos…tenemos que revertir la situación en la cual muchos estadounidenses pagan sus impuestos para que ellos sean usados para asesinar y torturar en lugares como El Salvador”.

Otro documentalista, Jesse Freeston quien trabaja para la agencia alternativa Real News, produjo “Gold, impunity and violence in El Salvador”.

La Asociación de Desarrollo Económico Social de Cabañas, produjo el documental “Persecuciones políticas a líderes sociales en Cabañas, El Salvador”

La voz de los héroes y mártires no se puede silenciar, se multiplica en el protagonista más genuino de las luchas sociales, el pueblo.