Guatemala
Masacre, militarización y persecución en San Juan Sacatepéquez
Tras la matanza de 11 indígenas de la región de San Juan Sacatepéquez en Guatemala, donde las comunidades kaqchikles llevan años resistiendo la instalación de una cementera -«Cementos Progreso»- en sus territorios (que afectaría sus tierras y soberanía alimentaria), el gobierno militarizó la zona.
Comunarios y grupos de solidaridad denuncian la criminalización de las protestas y exigen que se investiguen los hechos.
A continuación difundimos varias notas:
Desde MEXICO: CARTA SOLIDARIA
Con profunda preocupación, consternación e indignación hemos seguido los acontecimientos que se han suscitado en estos días en la región de San Juan Sacatepéquez, a pocos kilómetros de la Ciudad de Guatemala.
El día 21 de septiembre de 2014 el gobierno de este país emitió el Decreto N° 6-2014 en el que se impuso un Estado de excepción (bajo del nombre de Estado de Prevención) en el municipio de San Juan Sacatepéquez. A raíz de éste hecho varias autoridades y activistas kaqchikeles que luchan contra el despojo de sus territorios están siendo perseguidos por las fuerzas represivas del aparato estatal.
Esta situación de violencia y represión ha intentado ser justificada por el gobierno a partir de los luctuosos asesinatos que se suscitaron en la localidad de los Pajoques el día sábado 20 de septiembre del presente año, en los cuales perdieron la vida nueve personas.
El gobierno y la mayoría de los medios de comunicación oficiales aducen que dichos asesinatos fueron perpetrados por indígenas que se oponen a los proyectos extractivistas de la Cementera San Gabriel y a la construcción del anillo regional. Dicho argumento es totalmente falso y responde más a una ya muy conocida estrategia para desarticular las luchas indígenas.
Somos testigos que la lucha de las comunidades kaqchikles han sido luchas no violentas.
En el año 2007, la organización de estas comunidades, siguiendo la normativa guatemalteca, llevó adelante una consulta comunitaria para tratar el tema de las construcciones extractivistas. La votación de rechazo fue contundente: 8,948 votos contra 4.
Sin embargo y pese a todos los esfuerzos llevados adelante para que esta decisión colectiva fuese cumplida, tanto gobierno como la empresa cementera han continuado asediando y amenazando a las comunidades en el intento de consolidar dichos proyectos que atentan la vida en las comunidades.
En este sentido, exigimos al gobierno guatemalteco y a todas sus instancias lo siguiente:
• el esclarecimiento inmediato de los hechos suscitados en la última semana en San Juan Sacatepéquez,
• el levantamiento del Estado de Excepción que se impuso en dicho municipio,
• el cese de hostilidades contra los más de 35 perseguidos y perseguidas,
• el respeto a las decisiones comunitarias sobre sus territorios,
• una investigación profunda al accionar violento de la Cementera San Gabriel
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DESDE ARGENTINA: Carta de Solidaridad con la comunidad San Juan Sacatepéquez
guatemala
El Comité Argentino de Solidaridad con San Juan Sacatepéquez exige explicaciones, mediante este comunicado, al Gobierno de Guatemala, al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de la Defensa acerca de los sucesos que están ocurriendo en San Juan Sacatepéquez.
Estamos informados acerca de la masacre ocurrida en la comunidad lo Pajoques, el último día sábado 20 de septiembre, en la que han muerto nueve personas. Sabemos también que se ha puesto en vigencia el Estado de Prevención 6-2014, y que se están dictando órdenes de captura contra las y los dirigentes comunitarios que luchan contra la imposición de la Cementera San Gabriel y contra la construcción del anillo regional.
Desde el comité hemos venido acompañando la lucha de las doce comunidades kaqchikles y hemos sido testigos de la dedicación con que la organización ha seguido todos los pasos legales y los trámites establecidos por el sistema jurídico guatemalteco a fin de que se respeten sus derechos colectivos por la defensa de su territorio. Hemos acompañado la consulta comunitaria del 12 de febrero de 2007, en la cual un altísimo porcentaje de la población se manifestó en contra del acuerdo de la construcción (los resultados fueron los siguientes: 8,948 personas votaron por el “no” al acuerdo con la construcción de la cementera y sólo 4 personas lo hicieron por el “sí”).
Al mismo tiempo hemos ido divulgando toda la información enviada desde las comunidades durante la masiva marcha del 16 de junio de 2014 en contra de la cementera.
Las y los kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez a lo largo de más de 10 años se han convertido en un referente de las resistencias contra los proyectos mineros que se intentan imponer en toda Latinoamérica, porque sin hacer uso de la violencia han conseguido avances muy concretos que nutren nuestras luchas contra las grandes corporaciones del mega-extractivismo.
Por eso nos sorprende sobremanera y nos indigna que se acuse a los miembros de las comunidades de cometer actos vandálicos y que se llegue al descaro de designarlos como autores de la denominada Masacre de los Pacojes. Porque, insistimos, ellxs nunca han recurrido al uso de la violencia en todo este tiempo.
Advertimos con suma preocupación las coincidencias entre el modo en que se perpetró la masacre y las formas en la que el ejercito kaibil ejercía la violencia contra los pueblos indígenas en los años del genocidio.
En este contexto no podemos sino denunciar una verdadera escalada represiva a los pueblos indígenas de la región. En este momento el Presidente de Guatemala decide imponer el Estado de Prevención por un plazo de quince días, al tiempo que se ejecutan treinta y dos órdenes de captura. No podemos dejar de preguntar: ¿acaso el objetivo directo de la medida de excepción apunta directa y exclusivamente a capturar a líderes comunitarios? ¿Por qué ejecutan órdenes de captura que se había dictado incluso antes de que ocurriera la masacre?
Los miembros de las comunidades de San Juan Sacatepéquez han dado un gran ejemplo político al emprender un proceso de negociaciones. Saludamos que ellos hayan establecido un acta comunal en la que se exige el respeto por la vida y la integridad de los niños y las mujeres. El acta comprometía a los militares a no romper puertas, ni a destruir viviendas. Sin embargo, se nos informa desde la población de las comunidades que los militares no respetaron esa negociación.
Estamos alarmados ante esta situación y convocamos a la opinión pública internacional a que reaccione y pida explicaciones a un gobierno que dice proteger los derechos humanos por medio de la militarización de las comunidades.
Buenos Aires 24 de septiembre de 2014.