El «Documento de Principios y Políticas Generales» de Hamás de 2017, publicado mucho antes de la «Inundación de Al-Aqsa», se interpretó ampliamente como un intento de mostrar al mundo una imagen más pragmática. En él se aceptaba un Estado palestino soberano dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967 como fórmula de consenso nacional, al tiempo que se rechazaba reconocer la legitimidad del Estado sionista y se mantenía el derecho a la resistencia.
Esta postura tenía una larga tradición. Ya en 2009, Jaled Meshaal, entonces jefe de la oficina política de Hamás, declaró al New York Times que su grupo «había aceptado un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967, incluida Jerusalén Este, el desmantelamiento de los asentamientos y el derecho al retorno de los refugiados palestinos sobre la base de una tregua a largo plazo».
El documento representaba una apuesta política: que la moderación rompería el aislamiento del movimiento y abriría puertas en Europa y más allá.
Varias figuras europeas debatieron si esto justificaba el diálogo. El ex primer ministro británico Tony Blair, tras dejar su cargo como enviado del Cuarteto para Oriente Medio —que incluía a EE. UU., la UE, la ONU y Rusia—, cortejó a los dirigentes de Hamás y más tarde reconoció que el boicot impuesto tras la victoria del movimiento en las elecciones de 2006 había sido un error. Sin embargo, la apertura política más amplia nunca llegó.
Ahí radica la lección: un movimiento de liberación debe distinguir entre la flexibilidad a cambio de beneficios políticos concretos y las concesiones ofrecidas con la esperanza de obtener la aceptación occidental. El verdadero peligro es un proceso en el que cada concesión se convierte en el punto de partida para la siguiente.
Fatah ya recorrió ese camino hace décadas, presentando cada concesión como la puerta de entrada al siguiente avance diplomático: el reconocimiento debía generar reciprocidad, la negociación conducir a la creación de un Estado y la cooperación en materia de seguridad fomentar la confianza, mientras se suponía que el propio acuerdo de Oslo era transitorio.
En cambio, lo transitorio se convirtió en permanente a medida que los asentamientos se expandían, la ocupación se intensificaba y la soberanía se reducía, dejando a Fatah hoy en día como una sombra de lo que fue.
Hamás debería estudiar esa experiencia y negarse rotundamente a ceder jamás una posición estratégica a cambio de una promesa de reciprocidad futura. La aprobación occidental no debe ser un objetivo nacional palestino.
Influencia desperdiciada
La segunda preocupación es más inmediata. Las negociaciones son una contienda de intereses que se libra mediante el poder de negociación; sin embargo, desde que la guerra entró en su fase diplomática, Hamás se ha mostrado repetidamente dispuesto a renunciar a su influencia antes de asegurarse beneficios recíprocos y exigibles.
La liberación del soldado israelo-estadounidense Edan Alexander en mayo de 2025 se presentó como un gesto de buena voluntad destinado a reabrir el espacio diplomático, pero la buena voluntad solo tiene valor en una negociación cuando la otra parte la trata como algo a lo que hay que corresponder.
La prueba más importante llegó con la iniciativa de Gaza del presidente estadounidense Donald Trump en septiembre de 2025. En su respuesta inicial, Hamás accedió a liberar a los cautivos israelíes, vivos y muertos, en el marco de la fórmula de intercambio, y aceptó la transferencia de la administración de Gaza a un órgano tecnocrático palestino independiente.
Sin embargo, en lo que respecta al futuro general de Gaza y a los derechos fundamentales de los palestinos, insistió en que esas cuestiones debían enmarcarse en un contexto nacional global.
Yo había defendido precisamente este enfoque días antes de que el movimiento emitiera su respuesta el 3 de octubre de 2025.
Una vez intercambiados los rehenes y cumplido ese compromiso, Hamás debería haber considerado la posibilidad de dar un paso atrás en las negociaciones directas sobre las cuestiones de mayor alcance, ya que los líderes de la resistencia no tienen por qué llevar a cabo todas las negociaciones por sí mismos.
Podría haber confiado las negociaciones a negociadores palestinos independientes y experimentados, versados en derecho internacional, diplomacia, política estadounidense, prácticas de negociación israelíes, cartografía y acuerdos de seguridad, mientras que ellos mismos definían los objetivos y las líneas rojas.
Una de las tragedias de la experiencia negociadora palestina desde la década de 1980 ha sido la repetida confusión entre la legitimidad revolucionaria y la competencia negociadora, lo que constituyó uno de los errores más costosos de Fatah bajo el liderazgo de Yasser Arafat.
El historial de Oslo pone de manifiesto esta asimetría. Israel contó con equipos especializados, generales en activo y el veterano abogado del Ministerio de Asuntos Exteriores Joel Singer; como el propio Mahmud Abás reconoció más tarde, los palestinos negociaban frente a «una delegación experimentada y capaz» sin disponer de una experiencia comparable por su parte. La negociación es una profesión, y reconocer que a un movimiento le falta esa capacidad cuesta mucho menos que fingir lo contrario.
Los vietnamitas lo entendieron bien. A lo largo de las largas conversaciones de París, Hanói trató la diplomacia como un instrumento más dentro de una estrategia política y militar más amplia: el Politburó fijaba los objetivos y las concesiones admisibles, mientras que negociadores veteranos como Le Duc Tho llevaban a cabo las negociaciones.
Cuando las negociaciones iban más allá de las posiciones que los dirigentes estaban dispuestos a aceptar, se ordenaba a los negociadores que volvieran al acuerdo anterior como base para el acuerdo. El arte consistía en saber qué se podía negociar, qué había que preservar y cuándo el compromiso servía al objetivo general.