Bolivia: Mesa 18 pide suspender actividades extractivas que afectan a indígenas
Mesa 18
La Mesa, que no aceptada en el programa oficial, repudió a los gobiernos del progresismo latinoamericano que impulsan proyectos de megaproyectos de infraestructura para la IIRSA.
Tiquipaya, 21 Abr (Erbol).- La Mesa 18 de conflictos socioambientales, que participa de forma independiente a la Conferencia Climática de Tiquipaya, concluyó hoy sus deliberaciones planteando al Gobierno de Evo Morales la suspensión de toda actividad o proyectos extractivos que afectan a los pueblos indígenas del país.
Esta es una de las tres conclusiones que están plasmadas en un documento final elaborado tras dos días de debates y exposiciones de los pueblos de tierras altas y bajas de Bolivia, así como también experiencias de indígenas del exterior sobre las consecuencias ambientales que acarrean las operaciones petroleras, mineras, deforestación, entre otros.
El documento será presentado al presidente de Bolivia, Evo Morales, una vez que concluya la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Tierra que se realiza en la localidad de Tiquipaya, a 15 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.
Esta mesa propone cambiar el modelo de desarrollo que privilegia las exportaciones de materia primeras y plantea avanzar en la construcción de alternativas que estén en función de los intereses de los pueblos privilegiando la equidad, la seguridad la solidara y complementariedad.
Asimismo, la mesa 18 sugiere hacer públicas las necesidades de cooperar conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y originarios en la producción de un modelo comunitario para hacer frente al cambio climático.
La mesa 18 repudia a los gobiernos del progresismo latinoamericano que impulsan proyectos de megaproyectos de infraestructura para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) en territorios indígenas, áreas protegidas frágiles diseñadas por bancos y constructores privados con una visión neoliberal y explotadora.
IIRSA es un acuerdo suscrito el año 2000 por 12 presidentes de la región, el cual ha tenido impactos negativos contra los pueblos indígenas en los últimos diez años y establece diez ejes de integración caminera (seis pasan por Bolivia).
