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Patrice Lumumba y la batalla inconclusa por la descolonización

Fuentes: Página 12

Por Jeremías Perez Rabasa

El 2 de julio de 1925 nacía Patrice Lumumba, el dirigente que convirtió la independencia del Congo en un proyecto de soberanía real. Su asesinato marcó los límites que el colonialismo estaba dispuesto a imponer a los procesos de emancipación africanos.

Patrice Émery Lumumba nació el 2 de julio de 1925 en el entonces Congo Belga, una de las colonias más violentas que produjo el imperialismo europeo. Bajo la dominación belga, millones de congoleños fueron sometidos a un régimen de trabajo forzado, despojo territorial, segregación y terror cuya historia todavía permanece relativamente ausente de los relatos occidentales. Fue en ese contexto donde comenzó a formarse un dirigente que entendió que la independencia no era el reemplazo de una bandera por otra.

Autodidacta, lector voraz y extraordinario orador, Lumumba emergió durante la década de 1950 como una de las principales figuras del nacionalismo congoleño. En 1958 fundó el Movimiento Nacional Congoleño, una organización que rechazaba las divisiones étnicas promovidas por el colonialismo y proponía la construcción de un Estado verdaderamente soberano. Su apuesta era profundamente panafricanista, Lumumba creía que la emancipación del Congo sólo tendría sentido como parte de la liberación del continente africano.

Cuando el Congo obtuvo su independencia el 30 de junio de 1960, Lumumba se convirtió en el Primer Ministro del nuevo Estado, y asumió la presidencia Joseph Kasa-Vubu. Aunque el sistema distribuía las funciones entre ambas autoridades, fue Lumumba quien encarnó el proyecto de una soberanía plena sobre el país y sus recursos naturales. El mismo día de la asunción del cargo, Lumumba protagonizó uno de los discursos más importantes del siglo XX. Mientras el rey Balduino de Bélgica celebraba la supuesta “obra civilizadora” del colonialismo, él tomó la palabra para recordar los trabajos forzados, las humillaciones cotidianas, la violencia sistemática, la explotación de las riquezas naturales y el racismo que había estructurado la dominación colonial.

Ese discurso alteró mucho más que el protocolo de una ceremonia oficial. Desafió la narrativa con la que las antiguas metrópolis buscaban administrar el proceso de descolonización. El problema no era únicamente que el Congo se independizara, el problema era que un dirigente africano reclamara ejercer plenamente la soberanía sobre uno de los territorios más ricos del planeta, dueño de inmensos recursos minerales estratégicos para la economía mundial.

La respuesta fue inmediata. Tras una profunda crisis institucional, el presidente Kasa-Vubu anunció su destitución, decisión que Lumumba desconoció por considerarla inconstitucional. Pocos días después, el coronel Joseph-Désiré Mobutu tomó el poder mediante un golpe de Estado. Lumumba fue puesto bajo arresto, intentó reorganizar la resistencia desde el este del país, pero fue capturado por las tropas golpistas. El 17 de enero de 1961 fue trasladado a Katanga junto con Maurice Mpolo,Ministro de Juventud y Deportes, y Joseph Okito, Vicepresidente del Senado. Allí los tres fueron torturados y ejecutados esa misma noche por un pelotón de fusilamiento con participación decisiva de autoridades belgas y del régimen secesionista katangués. Sus cuerpos fueron luego destruidos para borrar las huellas del crimen. Lumumba tenía apenas 35 años. En 2022 Bélgica restituyó a su familia el único resto conservado de su cuerpo, un diente que había sido retirado por un policía belga tras el intento de hacer desaparecer completamente sus restos.

Décadas de investigaciones demostraron la responsabilidad de autoridades belgas en la operación y revelaron también el papel desempeñado por la CIA durante el proceso que condujo a su eliminación.

La muerte de Lumumba fue una advertencia dirigida al conjunto del Sur Global. La independencia política tenía límites cuando amenazaba la arquitectura internacional heredada del colonialismo. Su eliminación abrió el camino para décadas de inestabilidad, autoritarismo y saqueo de los recursos congoleños, cuyas consecuencias siguen marcando la historia de la actual República Democrática del Congo.

Con el paso del tiempo, Lumumba dejó de pertenecer exclusivamente a la historia congoleña. Su figura pasó a integrar el gran repertorio político del panafricanismo junto a Kwame NkrumahThomas Sankara, oAmílcar Cabral, entre otros. No porque todos compartieran las mismas estrategias, sino porque entendieron que el colonialismo no terminaba con la independencia formal. Persistía bajo nuevas formas de dependencia económica, subordinación política y jerarquización racial.

Hoy, cuando el extractivismo continúa definiendo el destino de buena parte del continente africano y las disputas por minerales críticos vuelven a colocar al Congo en el centro de la competencia global, la trayectoria de Lumumba recupera una actualidad incómoda. Sus palabras siguen interpelando un sistema internacional donde las asimetrías entre Norte y Sur permanecen vigentes bajo otros lenguajes y otros mecanismos.

Recordar su natalicio no significa convertirlo en una figura intocable, significa reconocer que buena parte de las discusiones contemporáneas sobre soberanía, justicia racial, dignidad, reparación histórica y autodeterminación de los pueblos ya estaban presentes en su pensamiento hace más de seis décadas. Por eso Patrice Lumumba continúa siendo una de las voces imprescindibles para comprender la historia africana y, al mismo tiempo, para leer críticamente el presente. Su vida recuerda que la descolonización nunca fue un acontecimiento cerrado. Es un proceso todavía inconcluso.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/2026/07/02/patrice-lumumba-y-la-batalla-inconclusa-por-la-descolonizacion/

Patrice Lumumba y la batalla inconclusa por la descolonización

13/07/26

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El negocio detrás de las pausas de hidratación

Escribe Adolfo Santos

El Mundial también se juega en los escritorios. La FIFA presentó las pausas de hidratación como una medida para cuidar a los futbolistas frente al calor extremo, pero en esta Copa se aplican de manera obligatoria en todos los partidos, incluso cuando las condiciones no parecen justificarlo. El resultado es evidente: se corta el ritmo del juego y se abre una ventana perfecta para la publicidad.

Fox, que tiene los derechos de transmisión en inglés para Estados Unidos, pagó 485 millones de dólares por la Copa. Se estima que sólo con los avisos durante esas pausas podría recaudar cerca de 250 millones. La pelota se detiene, los jugadores toman agua y las cadenas venden segundos de oro. El deporte más popular del mundo convertido en una tanda. Lejos de utilizar las ganancias en la promoción del deporte desde las escuelas, en apoyar a los clubes de barrios, formadores pobres de atletas millonarios o de invertir en las categorías de base, la FIFA se ha convertido en la mayor multinacional del planeta para garantizar que el dinero del fútbol vaya a parar a los cofres de mega millonarios. 

El problema no es sólo la comercialización del fútbol, que existe desde hace décadas. Lo grave es qué se vende en esos espacios. Buena parte de la publicidad mundialista aparece copada por casas de apuestas y marcas de bebidas alcohólicas. Es decir, mientras millones de pibes miran los partidos, les venden la ilusión de que la salida está en jugarse la plata que no tienen o en consumir lo que las mismas empresas presentan como parte natural de la fiesta.

Kylian Mbappé ha rechazado asociar su imagen a casas de apuestas. El capitán francés viene denunciando desde hace años que el juego destruye vidas, especialmente en los barrios populares. Su planteo toca una fibra sensible: los futbolistas que vienen de abajo saben mejor que nadie que las apuestas no son entretenimiento inocente cuando se cruzan con pobreza, frustración y falta de futuro.

En Argentina la postal fue todavía más brutal. Una casa de apuestas usó una imagen de Diego Maradona generada con inteligencia artificial para promocionar el juego. Al Diego, símbolo de potrero, de rebeldía y de amor popular por la pelota, lo hicieron hablar desde una pantalla para vender timba.
El Mundial debería ser una fiesta de los pueblos, no una máquina para que FIFA, cadenas televisivas, cerveceras y empresas de apuestas hagan negocios obscenos. Defender el fútbol también es discutir esto: quién se queda con la plata, qué consumos se promueven y qué lugar le dejan al hincha, al jugador y a los pibes que todavía sueñan con una pelota en el barrio.

www.izquierdasocialista.org.ar/2020/index.php/blog/elsocialista/item/25187-el-negocio-detras-de-las-pausas-de-hidratacion

El Socialista 01/07/26

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Lapidario informe sobre trenes: «estamos al borde de una tragedia evitable como la de Once»

El gremio que conduce el “Pollo” Sobrero presentó en el Senado un informe con “evidencia técnica irrefutable” de que “el colapso operativo es inminente”. Acá, el reporte completo con la prueba fotográfica. Además, la farsa de la Emergencia aprobada tras el choque en Palermo. Por Canal Abierto.

Publicado originalmente el 3 de julio de 2026

Redacción Canal Abierto | Este miércoles, Rubén “el Pollo” Sobrero, titular de la Unión Ferroviaria de la zona Oeste, se reunió con la vicepresidenta Victoria Villarruel, y luego, con un grupo de senadores del bloque justicialista como José Mayans y Wado de Pedro, para presentarles el lapidario informe técnico que advierte sobre “el colapso premeditado del sistema ferroviario y la responsabilidad del Estado”.

“Vamos a reunirnos con todos los que haga falta hasta que la Emergencia Ferroviaria se aplique de verdad y los recursos se destinen a obras, mantenimiento y seguridad”, explicó al respecto el dirigente sindical de izquierda en un comunicado. “Mientras –agregó- seguimos luchando por un sistema ferroviario estatal, unificado y controlado por sus trabajadores”.

Según informó el medio Appdate Legislativo, los ferroviarios además solicitaron audiencias con el resto de los bloques parlamentarios. En respuesta, Patricia Bullrich (LLA) rechazó la invitación y Carolina Losada (UCR) acordó mantener una conversación telefónica. En paralelo, la próxima semana las gestiones continuarán en la Cámara de Diputados donde, hasta el momento, hay reuniones confirmadas con el bloque del Frente de Izquierda y con la diputada Cecilia Moreau (UP). Los dirigentes gremiales también serán recibidos en la Legislatura porteña por Leandro Santoro, de Fuerza por Buenos Aires.

Al borde de la tragedia

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El encanto de las «nuevas» derechas latinoamericanas

Fuentes: Rebelión

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda 

El surgimiento de las «nuevas» derechas en América Latina es un fenómeno de actualidad y ha motivado múltiples estudios por parte de diversos académicos de la región. El reciente libro The Far Right in Latin America (2026), editado por Cristóbal Rovira Kaltwasser, Carlos Meléndez, Talita Tanscheit y Lisa Zanotti, (//t.ly/EOiwQ), actualiza el tema y lo amplía tratando Argentina, Brasil, El Salvador, Chile, Perú, Uruguay, Colombia y México.

Históricamente se asocia “izquierda” y “derecha” a la Revolución Francesa (1789) y específicamente al lugar que ocupaban sus miembros en la Asamblea Constituyente. Pero durante el siglo XIX en América Latina esos términos no se usaron, ya que la vida política confrontó a liberales y conservadores, centralistas y federalistas, Iglesia y Estado, y “civilización” o “barbarie” (idea que popularizó Domingo Faustino Sarmiento). Fue con el avance del siglo XX cuando los primeros partidos socialistas y comunistas se asumieron como “izquierda”, ubicando a liberales y conservadores en la “derecha”. Sin embargo, los gobiernos de Juan Domingo Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México y Getúlio Vargas en Brasil provocaron un terremoto conceptual al no encajar en los términos izquierda y derecha, por lo cual se les caracterizó como “populistas”, un concepto que ha ocasionado grandes polémicas. Estos líderes no asumieron el criterio marxista de lucha de clases y plantearon la oposición pueblo-oligarquía, impulsando una fuerte intervención estatal en la economía y la ampliación de los derechos sociales y laborales.

Entre 1945 y 1980 se consolidó más claramente el sistema ideológico latinoamericano. La Guerra Fría y, sobre todo, la Revolución Cubana (1959), reconfiguraron las identidades políticas: la izquierda quedó asociada a proyectos revolucionarios, guerrillas y partidos marxistas, mientras que la derecha fue vinculada a la defensa del orden, la propiedad privada y el capitalismo. El marxismo definió los ejes culturales de las ciencias sociales y se extendió la izquierda social. Las derechas apoyaron a los regímenes militares anticomunistas como ocurrió en el Cono Sur. De modo que, al volver la democracia institucional, las derechas políticas no se identificaban todavía como tales, ante el desprestigio de su pasado. Y se amplió el espectro de los partidos de “centro”, una categoría inexacta, que no permite clarificar las definiciones políticas o clasistas de la multiplicidad de partidos y fuerzas sociales que suelen identificarse como tales.

A partir de los años ochenta y noventa se produjo un nuevo giro histórico. El colapso del modelo desarrollista y la crisis de la deuda impulsaron el ascenso del neoliberalismo, que posibilitó que las derechas (ante todo empresarios) se asumieran como tales, promoviendo privatizaciones, apertura económica, reducción del Estado y flexibilidad/precarización del trabajo. Las consecuencias sociales del neoliberalismo fueron desastrosas. Por eso, desde comienzos del siglo XXI, se produjo la “marea rosa” de los gobiernos progresistas latinoamericanos, que cuestionaron la vía neoliberal, emprendieron economías sociales para el bienestar o buen vivir y se identificaron como nuevas izquierdas.

En esos contextos emergen las nuevas derechas latinoamericanas, estudiadas por una serie de investigadores, entre los que cabe nombrar a Pablo Stefanoni, Ariel Goldstein, Waldo Ansaldi, Enzo Traverso, Daniel Feierstein, Torcuato Di Tella, Norberto Bobbio y tantos otros estudiosos. Siguiendo sus propuestas, en términos generales, las nuevas derechas defienden la economía de mercado y libre empresa; pero mientras la derecha tradicional o convencional admite los principios de la democracia liberal, las extremas derechas (far right) la cuestionan, sin sujetarse a su institucionalidad, por lo cual exacerban la polarización social y agudizan el autoritarismo.

Las nuevas derechas no constituyen un bloque homogéneo, sino que presentan modelos de organización económica y política diferenciados. El caso de Javier Milei (Argentina) expresa un libertarismo radical de inspiración anarcocapitalista, que postula la reducción total del Estado y el fomento único de la empresa privada. Nayib Bukele (El Salvador) representa un modelo de capitalismo centralizado y autoritario, donde la seguridad pública legitima una concentración significativa del poder. En esa derecha radical también estarían Jair Bolsonaro (Brasil), José Antonio Kast (Chile), Keiko Fujimori (Perú) y Abelardo de la Espriella (Colombia). En República Dominicana Luis Abinader encarna la derecha convencional (en la que igualmente entrarían Santiago Peña en Paraguay y Rodrigo Paz en Bolivia), que sostiene un capitalismo tecnocrático e institucional, orientado a la estabilidad macroeconómica y la gestión eficiente.

Las bases sociales de estas nuevas derechas son igualmente heterogéneas. Sin duda incluyen al gran empresariado, pero también a sectores medios y segmentos populares movilizados por redes sociales, medios de comunicación tradicionales y hasta discursos religiosos neopentecostales como en Centroamérica y Brasil. La ideología del “emprendimiento” también acerca la idea de “libertad económica” a sectores populares, informales y subocupados, que creen lograr, con sus micronegocios, los pasos iniciales para alcanzar el soñado ascenso social. En forma paralela, el éxito del modelo de seguridad de Bukele ha convertido la gestión dura del orden público en una referencia regional en contextos de fuerte inseguridad. Se alimenta así la imagen de que la “mano dura” salvará a todos, sin importar la situación en la que quedan los derechos humanos y la democracia.

Aplicando los criterios a Ecuador, es difícil encajar a León Febres Cordero (1984-1988) en la derecha tradicional, porque se inclina más a la extrema derecha, sin llegar al nivel de Milei. De hecho, Osvaldo Hurtado retrató a ese gobierno en su libro La dictadura civil. Además, son académicos ecuatorianos los que han demostrado que es posible hablar de un cuarto “modelo” de nueva derecha latinoamericana: como reacción al “correísmo”, desde 2017 se edificó la segunda época plutocrática del país que ha derivado en un capitalismo oligárquico con hegemonía dinástica bajo el gobierno de Daniel Noboa, en el cual una élite económica y política consolida su poder, subordina instituciones estatales y articula la gobernabilidad con una relación íntima entre poder civil y militar, bajo el comando de las estrategias de seguridad de los Estados Unidos a través de los convenios militares de cooperación suscritos.

En todo caso, es generalizado que las nuevas derechas latinoamericanas se ofrecen como alternativas modernas, cuestionan a los líderes y partidos anteriores (la “casta” para Milei), asumen posturas críticas al manejo económico del pasado, libran una “lucha cultural” abierta contra las izquierdas (los “zurdos”), atacan al feminismo y los movimientos identitarios (la izquierda “woke”) e incluso la inmigración (Chile, Perú), reivindican al Occidente “judeocristiano”, la familia tradicional y la historia de las clases dominantes, al punto de reconocer a regímenes como el de Pinochet en Chile o el de Videla en Argentina. Desde el poder persiguen a los opositores, niegan la pluralidad política, criminalizan la protesta social y en la actualidad se subordinan a la Doctrina Donroe del Corolario Trump.

Las nuevas derechas desafían el futuro de América Latina al amenazar las democracias y polarizar la sociedad con el privilegio del poder en manos de élites que ya no están dispuestas a permitir el desarrollo de sistemas fundamentados en la equidad, la sujeción a los derechos sociales y laborales, la redistribución de la riqueza y la soberanía nacional. Libran una abierta lucha de clases contra sectores medios, trabajadores y organizaciones sociales y populares.

Historia y Presente – blog
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Palestina: 1000 días de Genocidio y el informe de la ONU

Por Ezequiel Peressini, dirigente de Izquierda Socialista y la UIT-CI

2/7/2026. Han pasado 1000 días Israel comenzara una ofensiva sin igual sobre Gaza desde el 7 de octubre de 2023. La ONU ha confirmado en dos oportunidades que Israel lleva adelante un genocidio sobre la Palestina Ocupada, Gaza y Cisjordania. Nuevamente, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado dependiente de la ONU publicó el 18 de junio de 2026 un profundo informe en el que concluye que: “las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes han seguido cometiendo el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Franja de Gaza y en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental”.

Compartimos aquí, un resumen del informe como una herramienta para demostrar el carácter históricamente genocida de Israel y fortalecer la solidaridad internacional con Palestina. En sus casi 100 páginas, el informe relata las atroces acciones ejecutadas por el Estado de Israel sobre Palestina que de conjunto son escalofriantes y describen una realidad propia de una película de terror, particularmente para las niñas y niños.

A pesar de las atrocidades cometidas, Israel no logra cantar victoria sobre Gaza y Palestina, la resistencia no esta derrotada y su principal aliado y sostenedor Donald Trump ha salido derrotado de su ataque imperialista contra Irán, debilitando también a Israel. Netanyahu sufre un aislamiento sin precedentes. Ya fue condenado en 2024 por la Corte Penal Internacional por delitos de genocidio y amplios sectores de masas, centralmente en los Estados Unidos han retirado su apoyo al Israel y se comienza a manifestar una sostenida solidaridad con Palestina. Desde los acampes estudiantiles en las universidades de los Estados Unidos a las movilizaciones en Europa y otros continentes, las dos iniciativas de la Flotilla Global Sumud y los informes de la ONU demuestran el deterioro político y el aislamiento del estado de Israel.

Muchas de las conclusiones del informe, son hoy bandera de lucha de millones de personas que en todos los continentes se movilizan contra el Genocidio. Que hayan sido reconocidas por la ONU es un triunfo que demuestra el carácter genocida del estado de Israel. Son las movilizaciones de masas, las acciones como los paros y huelgas impulsados por los trabajadores portuarios y estibadores de Italia, las huelgas estudiantiles y acciones internacionalistas como las desempeñadas por al Global Sumud Flotilla, las que pueden imponer a los gobiernos capitalistas la inmediata ruptura de todo tipo de relaciones económicas, políticas, militares, académicas y culturales y de todo tipo con el estado genocida de Israel como así también el urgente embargos de armas para parar el Genocidio.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) impulsamos la más amplia unidad de acción para derrotar al genocida Israel y conquistar la inmediata retirada de las tropas israelíes de Gaza, toda la Palestina ocupada, el Líbano y Siria. La movilización debe continuar y exigir que las acciones exigidas por La Comisión de la ONU sean ejecutadas de manera inmediata en el camino de la lucha por una Palestina libre del rio al mar.

El hambre como método de Guerra

Para febrero de 2024, la desnutrición y la deshidratación habían afectado al 90 por ciento de los niños de entre seis y 23 meses en toda Gaza, por el contrario, antes del 7 de octubre de 2023, la desnutrición aguda en niños menores de cinco años era casi inexistente (0,8 por ciento) en Gaza. Casi 95.000 niños fueron identificados con desnutrición aguda en 2025.

Aproximadamente 320.000 niños menores de cinco años se consideran en riesgo de desnutrición, y cerca de 100.000 requieren tratamiento especializado para la emaciación, a diciembre de 2025. Julio de 2025 fue el mes con mayor número de muertes infantiles por desnutrición, con 24 niños menores de cinco años fallecidos, lo que representa el 85 por ciento de todas las muertes relacionadas con la desnutrición en 2025. Las proyecciones indican además que, desde diciembre de 2025 hasta mediados de octubre de 2026, se prevé que casi 101.000 niños de entre seis y 59 meses de edad padezcan desnutrición aguda, incluidos más de 31.000 casos grave.

La ocupación israelí: una maquina para asesinar niñas y niños

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El arte de reciclar un acuerdo

Fuentes: Conterpunch [Imagen Wikipedia]

Por Janal Kanj

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Hay muchas lecciones que aprender de la última guerra contra Irán, orquestada por Israel. La primera y más contundente es que la guerra ha resuelto precisamente la crisis que ella misma había creado.

Donald Trump ha celebrado la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo contra Irán. Dos condiciones que ya se cumplían plenamente antes de que Benjamin Netanyahu arrastrara a Trump a esta guerra. El acuerdo que ha puesto fin al conflicto nos ha devuelto exactamente al punto de partida en que estábamos antes de que Estados Unidos gastara 200.000 millones de dólares en esta guerra, y los estadounidenses siguen pagando el impuesto israelí en las gasolineras y en los supermercados.

En cuanto al programa nuclear de Irán, las cifras no mienten. Los 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60 % que Irán poseía eran inexistentes antes de que Trump —presionado por sus principales donantes partidarios de la política de “Israel primero”— hiciera pedazos el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) en mayo de 2018. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Irán había cumplido plenamente no solo con el acuerdo de no proliferación de la AIEA —que Israel nunca ha firmado ni aceptado—, sino también con los protocolos adicionales que regulan la verificación y la supervisión de su programa nuclear civil. Trump canceló el acuerdo de todos modos, no porque perjudicara a Estados Unidos, sino porque no satisfacía el veto de Israel.

Resulta verdaderamente irónico que los conocimientos y capacidades nucleares de Irán sean hoy más avanzados que cuando Trump descartó el JCPOA. Por lo tanto, cualquier nuevo acuerdo —incluso uno con una estructura más estricta que el original— se está negociando desde una posición fundamentalmente más débil que la que existía en 2018. Ningún tratado puede hacer que Irán olvide lo que ya sabe.

El lunes 15 de junio, Trump anunció el fin de la guerra alardeando de que Irán había aceptado no desarrollar armas nucleares. En una copia filtrada del supuesto Memorándum de Entendimiento (MoU), el punto 8 establece: “La República Islámica de Irán reitera que nunca fabricará armas nucleares…” La palabra “reitera” no es casual. Se trata de una referencia directa al artículo III del JCPOA de 2015 —que probablemente Trump nunca leyó—, en el que Irán ya había afirmado: “… que bajo ninguna circunstancia Irán buscará, desarrollará o adquirirá armas nucleares”. El mismo compromiso. El mismo lenguaje. Firmas diferentes. Doce semanas de una guerra que no llevó a ninguna parte para llegar hasta aquí.

De “¡No habrá acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!” a celebrar un memorando de entendimiento para reabrir un estrecho que ya estaba abierto antes de que se despilfarraran 200.000 millones de dólares y se perdieran innumerables vidas estadounidenses e iraníes. El triunfo de Trump es mucho ruido y pocas nueces. Canceló un acuerdo ya existente que llevó años negociar, infligió dificultades económicas a los iraníes de a pie y permitió que el avance nuclear de Irán diera pasos de gigante. Es, en el sentido más literal, como redefinir el agua como H₂O. La molécula no cambió. Solo cambió la forma de presentarla. La guerra de Israel llevó a Trump de vuelta al punto de partida, con un coste doble para los contribuyentes estadounidenses.

El mismo grupo de interés que presionó a Trump para que cancelara el JCPOA ya ejercía presión sobre él mucho antes de las elecciones de 2024. Los donantes que anteponen los intereses de Israel invirtieron cientos de millones en su campaña como anticipo de esta guerra. Netanyahu visitó a Trump siete veces en trece meses, manipulando y tramando otra guerra en beneficio de Israel.

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30 años de la pueblada que parió al movimiento piquetero

Corrían los primeros meses del segundo menemato cuando, con las mujeres a la cabeza, se inauguró una nueva práctica adherida desde ese momento a los repertorios de protesta de nuestro país: la de un movimiento piquetero que, desde el 20 de junio y a lo largo de seis días, paralizó la provincia de Neuquén organizando en asamblea el corte de la estratégica ruta 22. Para algunos, ese fue el punto de partida del proceso de intensificación de la protesta que desembocó en el estallido social del 2001.

Desde la Carrera de Sociología compartimos, a 30 años de la pueblada de Cutral-Có y Plaza Huincul, dos reflexiones de profesores de nuestra casa dedicados al estudio de los procesos de cambio social y los movimientos de nuestro país. Recordamos aquellos días desde las palabras de Julián Rebón y María Maneiro.


Corte de ruta, humo y pueblada.
A 30 años de Cutral Co y Plaza Huincul: la génesis del movimiento piquetero

Por la Prof. María Maneiro

El humo negro de los neumáticos quemados se mezclaba con el frío seco de la Patagonia mientras miles de vecinos ocupaban la Ruta Nacional 22. En Cutral Co y Plaza Huincul, el asfalto se había convertido en trinchera. Corría junio de 1996 y lo que estaba en juego no era solo un corte de ruta, sino la supervivencia de comunidades enteras desarticuladas por la privatización de YPF.

Hacia mediados de la década de 1990, la privatización de las empresas estatales dejaba deshilachados pueblos enteros. El modelo neoliberal impulsó el achicamiento del Estado, desmantelando comunidades que vivían bajo su sostén. Entre retiros voluntarios y despidos, miles de trabajadores quedaron sin empleo; las indemnizaciones se evaporaron rápidamente y los microemprendimientos se volvieron inviables. El desempleo trepó a cifras récord, transformando a localidades prósperas en territorios de fantasmas, signados por el frío, el hambre y el abandono de un Estado que se retiraba de su rol de proveedor.

La escena de la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul es revisitada hoy, a 30 años, emulando el Berisso peronista, como el kilómetro cero del movimiento piquetero. El 20 de junio de 1996, miles de vecinos se volcaron masivamente a la Ruta Nacional 22 mientras el asfalto se transformaba en una trinchera custodiada por barricadas de neumáticos quemados. El humo negro se convirtió en el símbolo de la resistencia frente al crudo frío patagónico: el piquete cerraba rutas pero abría caminos. Detrás del humo, la multitud se defendía para frenar el avance de las fuerzas federales. El fenómeno alumbró liderazgos inesperados. Como es sabido a partir del trabajo de Javier Auyero en Vidas beligerantes, la docente Laura Padilla pasó a encabezar las negociaciones con el poder político mostrando que la pueblada amalgamó y colectivizó el sufrimiento individual.

El punto de inflexión ocurrió el 25 de junio, cuando la jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles llegó al corte de ruta escoltada por unos 400 gendarmes. El objetivo de su llegada era ordenar el desalojo, pero al constatar la masividad de la protesta, que superaba las 30 mil personas, la magistrada tomó una decisión histórica: se declaró públicamente incompetente, alegó sedición y se retiró junto a las tropas federales. Desarmada la opción represiva, el gobernador Felipe Sapag tuvo que ir a negociar al corte. La rebelión concluyó con un acta firmada por Sapag y Padilla; el documento institucionalizó el conflicto y forzó al Estado a reconocer su responsabilidad política en el mapa de la protesta social argentina.

Las puebladas y piquetes expresaron una fractura estructural que se extendió velozmente desde los pueblos petroleros hacia los cordones industriales del país. En un marco de desindustrialización sostenida, el corte de ruta y la asamblea emergieron como el repertorio organizacional y de protesta de las fracciones trabajadoras pauperizadas. Esta acumulación de conflictividad territorial sumó a las clases medias y alcanzó su punto de ebullición en la crisis de 2001-2002 con el rechazo generalizado a la clase política. Tras el colapso, el ciclo abierto en 2003 dinamizó el mercado interno e institucionalizó a las organizaciones de desocupados como interlocutores legítimos del Estado. No obstante, las limitaciones estructurales para garantizar una integración laboral extendida reaparecieron hacia 2008, amesetando el periodo de crecimiento acelerado y reinstalando el problema sociolaboral de fondo.

El agotamiento del boom de los commodities y el estancamiento económico crónico reactualizaron las viejas urgencias. La fragilidad sociolaboral no había sido superada, sino contenida bajo nuevas formas de precarización laboral. El problema de la estrechez de los ingresos regresó al centro de la agenda pública, pero bajo la forma del pluriempleo y la sobreexplotación.

A tres décadas de distancia, aquel grito de resistencia adquiere su verdadera dimensión histórica en un presente que vuelve a discutir dilemas emparentados. La pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul inauguró la lucha de aquellos sectores que no logran ingresar de manera duradera en el mercado de trabajo formal. Allí se abrió una bisagra de negociación inédita con el Estado, forzando al poder político a asumirse como el responsable de la integración social. A través del piquete, la comunidad logró colectivizar un padecimiento que se representaba como individual: la falta de empleo dejó de ser una responsabilidad doméstica para volverse una demanda colectiva.

Cutral Co y Plaza Huincul evidenciaron un problema estructural que hoy, bajo nuevos ropajes, regresa con fuerza: desnudó la profunda incertidumbre de amplias fracciones de las clases trabajadoras que resultan excedentarias para el capital recordándonos que las promesas de derrame suelen apagarse antes de llegar a la ruta.


La pueblada de Cutral  Co y los nuevos horizonte de la lucha
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Venezuela: Toda nuestra solidaridad con el pueblo trabajador afectado por los terremotos

Por Partido Socialismo y Libertad, sección de la UIT-CI en Venezuela

Los recursos provenientes del petróleo controlados por Estados Unidos, deben colocarse al servicio de las víctimas

El pasado miércoles 24 de junio, a partir de las 6:04 de la tarde, se produjeron dos sismos casi simultáneos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, con epicentros en el estado Yaracuy, en centro occidente, a unos 168 kms. de la capital. Se trató de un fenómeno inusual y altamente peligroso conocido como doblete sísmico. El mismo afectó la zona central del país y especialmente al estado La Guaira y a Caracas; con severas repercusiones en estados como Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy, Lara, entre otros.

El último parte del gobierno cifra el número de fallecidos en 589 y 2.980 heridos, una cifra que con las horas seguramente seguirá aumentando, lamentablemente. Aún hay muchas personas desaparecidas, las cuales se encuentran bajo los escombros de varias decenas de edificaciones que colapsaron.

Desde el Partido Socialismo y Libertad manifestamos al pueblo trabajador venezolano nuestro más profundo dolor ante las innumerables pérdidas de vidas humanas, y las cuantiosas pérdidas materiales, particularmente de viviendas, ocasionando que hasta el momento hayan más de 27 mil personas damnificadas. Nos solidarizamos con los sectores populares y trabajadores y trabajadoras afectadas por los terremotos, y nos unimos en un abrazo solidario con cada familia trabajadora que hoy padece esta tragedia en carne propia.

Un desastre natural en medio de una gran catástrofe social

Esta catástrofe llega en el peor momento para nuestro país. Después de años de corrupción y robo de los recursos provenientes del petróleo; de destrucción de los servicios públicos consecuencia de la reducción del gasto social, y de aplicación de un brutal ajuste capitalista que ha descargado la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador. Mientras el gobierno avanza en su pacto con Trump entregando nuestros recursos naturales, prepara despidos en la administración publica y pretende reformar la ley del trabajo en función de los intereses del empresariado.

Un país en precarias condiciones y serias dificultades para enfrentar una catástrofe de la magnitud de la que acaba de producirse. Sin agua, con apagones eléctricos crónicos, con un transporte deficiente, sin gas, escasez de gasolina, con millones de trabajadores sanitarios que se fueron del país por los salarios de hambre, y el sistema de salud destruido después de años de desinversión y severas sanciones imperialistas, aplicadas por Estados Unidos, el mismo país que nos bombardeó hace 6 meses y que ahora hipócritamente nos ofrece «ayuda».

En un reciente informe de la Encuesta Nacional de Hospitales, arrojó que en 2024 había un déficit de cerca del 60 % de la capacidad quirúrgica, con unos cuatro quirófanos operativos en promedio cuando la capacidad arquitectónica por hospital es de unos 10. Además, en el 91 % de los centros hospitalarios los pacientes deben llevar los insumos para ser operados, mientras que el índice de desabastecimiento de insumos de emergencia era del 36 %. Reivindicamos la labor del personal sanitario, que a pesar de la precariedad, trabaja con mística y compromiso para salvar vidas.

Un evento sísmico de tal magnitud y extensión territorial afecta sin distingos a todo el tejido social, pero son los sectores populares, habitantes de las barriadas más pobres, y las trabajadoras y trabajadores, los que sufren las peores consecuencias, producto de las difíciles condiciones sociales en las que viven.

Todos los recursos del Estado deben estar disponibles para atender a las víctimas

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Tras 70 años de impunidad, la Justicia reconoció la responsabilidad del Estado en los fusilamientos de José León Suárez

En un juicio por la verdad, la juez Alicia Vence dio por probado el secuestro de 12 personas en la noche del 9 de junio de 1956, el homicidio de 5 de ellas y la tentativa de homicidio de otras 7 personas, quienes sobrevivieron. Ordenó medidas reparatorias y declaró la responsabilidad de los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas y de los jefes policiales.

Siete décadas después, en un juicio por la verdad, la justicia federal reconoció que hubo responsabilidad del Estado en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de los fusilamientos de 12 militantes peronistas el 9 de junio de 1956. 

El debate histórico finalizó este lunes pasadas las 13, cuando la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, leyó la parte dispositiva de la sentencia, en la que declaró que estos hechos, relatados por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, se trataron de crímenes de lesa humanidad. 

“Declarar que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la comisión de esos hechos, a los cuales califico legalmente como allanamiento ilegal de domicilio,  que concurre con el de privación ilegal de la libertad agravado reiterado en 12 oportunidades, que a su vez concurre con el de homicidio agravado en cinco oportunidades y tentativa de homicidio en otros siete”, leyó la magistrada. 

Por el paso del tiempo y la impunidad que rodeó estos hechos durante 70 años, todos los posibles culpables se encuentran muertos. Por eso se realizó este juicio por la verdad, que no tiene consecuencias penales. El veredicto señaló la responsabilidad de los dictadores Pedro eugenio Aramburu e Issac Rojas; de Juan Constantino Quaranta, jefe de SIDE; de Desidero Fernández Suárez, jefe de la Policía Bonaerense; del jefe regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno, y estableció que la pena que les hubiera correspondido si hubiesen sido juzgados es la de prisión perpetua. 

Además, estableció una serie de medidas reparatorias, como la publicación de la sentencia en las páginas web del gobierno nacional y bonaerense, la construcción de un sitio de memoria que difunda lo que pasó y preserve la memoria histórica, la rehabilitación del buen nombre y honor de las víctimas y su incorporación en el registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino, entre otras.

La jueza dio por probada la acusación de la querella de las familias, representada por los abogados Alberto Palacios y Walter Arias, que resultó la única parte acusadora ya que el fiscal Paul Starc dictaminó en contra del juicio por la verdad y no participó del proceso.  

En su alegato, la querella reconstruyó lo que sucedió esa noche a partir de las pruebas y testimonios que se conocieron durante el debate, como el del sobreviviente Juan Carlos Livraga, de 94 años, el “fusilado que vive”, y de familiares de sobrevivientes y asesinados . 

Los abogados señalaron que en la noche del 9 de junio de 1956, un grupo de personas se reunió en la casa de Hipólito Irigoyen 4519, en la localidad de Florida, Vicente López, para escuchar una pelea de boxeo. “Pero en el ambiente circulaba otra cosa que parte de los asistentes conocía: la posibilidad de esperar el mensaje por el alzamiento armado que preparaba Juan José Valle contra la dictadura de Aramburu y Rojas”, relató Palacios. 

En la casa del fondo se encontraban Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso, Mario Brión, Juan Carlos Livraga, Rorberto Gavino, Rogelio Díaz y Juan Carlos Torres y en la propiedad del frente se encontraban Horacio Di Chiano, dueño de la casa, y Miguel Ángel Giunta. “El dueño de la finca (di Chiano) era el único de la cuadra con teléfono, por eso seguramente, y esto es algo novedoso del juicio, estaban en ese domicilio, porque esperaban una llamada”, explicó. 

Alrededor de las 23.20, un operativo represivo llegó a la casa y se llevó detenidos a todos, a excepción de Torres, quien logró fugarse. Otras dos personas, Reinaldo Benavidez y Julio Troxler, fueron atrapados minutos después mientras ingresaban al domicilio. De esas detenciones participó el jefe de la Bonaerense, Fernández Suárez, quien ordenó llevarlos a la Unidad Regional de San Martín, donde quedaron incomunicados. 

“Se encuentra probado que a las 0.32 del 10 de junio la radio transmitió la proclama de la ley marcial firmada por Aramburu y Rojas. Para ese momento, los 12 hombres llevaban más de una hora bajo custodia policial, ya habían sido detenidos, ya habían perdido su libertad. La ley que los condenaría a muerte o que el régimen pretendía usar como cobertura, llegó después”, detallaron los abogados. Horas más tarde, Fernández Suárez impartió por teléfono la orden de llevarlos a un descampado y fusilarlos. 

Pasadas las 4, los 12 detenidos fueron llevados a la madrugada a los terrenos donde entonces estaban los basurales de José León Suárez. Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión fueron asesinados en el lugar mientras que los otros 7 lograron sobrevivir:  Livraga recibió 3 disparos a quemarropa y un balazo le atravesó la cara. Fue dado por muerto y se arrastró ensangrentado hasta encontrar auxilio. Di Chiano se tiró al suelo y lo dieron por muerto. Gavino, Benavidez, Troxler, Giunta y Díaz lograron escapar.

El juicio por la verdad por los fusilamientos de José León Suárez tienen un antecedente directo en el debate que se hizo por la masacre de Napalpí, ocurrida en Chaco en 1924. Por impulso de la fiscalía de Resistencia, en 2022 se realizó un juicio por la verdad que reconoció la responsabilidad estatal en el fusilamiento de más de 400 miembros de las comunidades Qom y Moqoit, quienes reclamaban mejores condiciones de vida y trabajo en la reducción indígena de Napalpí. 

www.tiempoar.com.ar/ta_article/jose-leon-suarez-masacre-justicia/

22/06/26

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Temperley: denuncian agresiones policiales en movilización por el femicidio de Noelia

Foto: Agustina Byrne

Organizaciones feministas y sociales marcharon hacia la Comisaría 3° para exigir justicia por Noelia y denunciar la responsabilidad estatal. Durante la jornada, una comunicadora popular fue agredida por efectivos policiales que intentaron impedir que registrara el operativo. Por ANRed 


Este sábado 6 de junio, organizaciones feministas, sociales, políticas, estudiantiles y vecinxs autoconvocadxs realizaron una movilización en Temperley para reclamar justicia por Noelia, víctima de femicidio, y denunciar la inacción estatal frente a los pedidos de auxilio realizados antes de su asesinato.

La convocatoria fue impulsada por la Regional Zona Sur de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito junto a organizaciones nucleadas en el Encuentro Regional Zona Sur y la Asamblea Autoconvocada de Temperley, en el marco de una nueva jornada de lucha del movimiento Ni Una Menos.

Las actividades comenzaron al mediodía en el puente peatonal de la estación de Temperley, donde se realizó una pegatina de carteles y una intervención para visibilizar los casos de violencia de género en la región. Participaron asambleas barriales, centros de estudiantes universitarios, colectivas feministas y agrupaciones políticas. También estuvieron presentes amigas de Noelia.

Agresión a una comunicadora popular

Durante la actividad, efectivos policiales que se encontraban sin identificación visible comenzaron a hostigar a las manifestantes. En ese contexto, un oficial interceptó violentamente el celular de Sol Erazo, comunicadora popular e integrante de la Regional Zona Sur de la Campaña por el Aborto, intentando impedir que continuara registrando el accionar policial.

“Estaba grabando la visibilización que estábamos haciendo en el puente, yo estaba con mi credencial de prensa, y un oficial no identificado me sacó el celular sin dejarme grabar. Están listos para reprimirnos pero no para cuidarnos”, denunció Erazo.

Y agregó: “Denunciamos a esta policía que siempre está lista para desalojos o represiones pero no para tirar abajo la puerta si se sabe que hay una mujer siendo agredida dentro. La policía es tan responsable como el femicida”.

El episodio generó momentos de tensión y forcejeos en el puente, mientras las organizaciones denunciaban censura y violencia institucional. La movilización respondió con cánticos contra la complicidad policial en los femicidios y continuó la jornada sin retroceder.

Un operativo desmedido frente a la Comisaría 3°

Luego de la intervención en la estación, la movilización se dirigió hacia la Comisaría 3° de Temperley, ubicada sobre la calle Santa María de Oro, donde se desplegó un amplio operativo policial con vallados a varias cuadras a la redonda.

Las organizaciones responsabilizan a la policía por la falta de intervención ante las reiteradas alertas realizadas por Noelia al 911 antes de ser asesinada. Según denunciaron, la joven había advertido que su vida corría peligro inminente y que podían matarla, sin recibir protección efectiva.

Foto: Sol Erazo

Frente a la dependencia policial, las organizaciones realizaron pintadas, pegatinas y una asamblea abierta donde ratificaron la continuidad de las acciones y la necesidad de profundizar la organización frente a los femicidios y las políticas de desamparo estatal.

La convocatoria contó con la adhesión de numerosas organizaciones del conurbano sur, entre ellas asambleas territoriales, colectivas feministas, agrupaciones estudiantiles, organismos sindicales y espacios culturales.

“Por Noelia. Por todxs. El conurbano sur grita: ¡Vivas nos queremos!”, expresaron al cierre de la jornada.

www.anred.org/temperley-denuncian-agresiones-policiales-en-movilizacion-por-el-femicidio-de-noelia/

Anred 06/06/26