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A 50 AÑOS DEL SECUESTRO Y ASESINATO DE CARLOS SCAFIDE

En enero de 1976, cuando la dictadura militar se estaba preparando para dar el sangriento golpe, la noche del 13 de ese mes, un grupo de ultraderecha amparado por el estado nacional y provincial, secuestró en Ensenada a Carlos Scafide y Salvador “el Pampa” Delaturi, trabajadores de Propulsora Siderúrgica (hoy Siderar/Techint – flia. Rocca).

“Carlitos” como lo llamábamos todos, era un querido compañero y reconocido activista de esa fábrica y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), además de un muy estimado vecino de Ensenada.

Estaba afiliado a ASIMRA, el gremio de los supervisores metalúrgicos. Eso no impedía que tuviera un total compromiso con la lucha de los compañeros afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que enfrentaban a la dirección burocrática del sindicato encabezada por Rubén “el Negro» Diéguez y Antonio “Nino” Di Tomasso. Ambos dirigentes, burócratas entregadores de sus compañeros y aliados de las patronales metalúrgicas. Hombres de la escuela de José Ignacio Rucci, uno de los fundadores de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), banda fascista responsable de más de 80 asesinatos en la región de La Plata. Cabe destacar que Di Tomasso actualmente sigue siendo miembro del secretariado de la UOM (Diéguez fallece en 1984) y titular de la CGT, ambas organizaciones, de La Plata y su región

Cuando lo secuestran a Carlitos, el PST ya venía de sufrir varios golpes, como por ejemplo “la Masacre de Pacheco” (29 de Mayo 1974) y “la Masacre de La Plata” (4 y 5 de Septiembre 1975), convirtiéndose él en el decimosexto asesinado del partido bajo los gobiernos de Perón e Isabel.

Según se sabe, miembros de la CNU (Concentración Nacionalista Universitaria) y la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organizaciones parapoliciales que tenían vínculos estrechos con los gobiernos nacional de “Isabelita” Perón y provincial del ultraderechista Victorio Calabró (dirigente de la UOM), junto a matones de la burocracia sindical, se identificaron como personal del Ejército y secuestraron de la casa de su madre a Carlitos. Dejaron los cadáveres de “Carlitos” y “el Pampa” acribillados a balazos y dinamitados, como estilaban para que fuese un mensaje terrorífico a todo el activismo.

Los trabajadores de Propulsora exigieron justicia y resolvieron en asamblea de todos los turnos, parar desde el miércoles 14 por la mañana hasta el sábado siguiente por la tarde. En Astilleros resolvieron paros progresivos hasta el viernes. Hubo trabajadores de otras fábricas que se solidarizaron con las medidas de fuerza como Petroquímica Sudamericana de Olmos y Metalúrgica OFA de Villa Elisa. La Coordinadora de Gremios en Lucha llamó a un paro para el siguiente martes, al que se sumó una línea de micros y varios comercios de Ensenada. Se realizó un acto cuando enterraron a los compañeros, al cual asistieron aproximadamente la mitad del personal Propulsora.

José “el Petiso” Páez, histórico dirigente de Fiat del Sitrac Sitram y del “Cordobazo” habló en el acto en nombre de la dirección nacional del PST. Señaló que “la única posibilidad que tenemos los trabajadores de frenar estos ataques es nuestra movilización y nuestra organización para la defensa, en cada fábrica, en cada barrio, en cada lugar de trabajo; denunciando la tolerancia del gobierno y exigiendo la investigación y el castigo del salvaje crimen”.

A 50 años del asesinato de Carlitos Scafide, como ex militante del glorioso PST y, actualmente de Izquierda Socialista (IS) en el FIT-U y como ex miembro de la comisión interna de Propulsora en la década del ´80, sigo exigiendo juicio y castigo a los responsables de su muerte. Cuando lo asesinaron, Carlitos tenía solo 29 años. Pero a pesar de su baja edad, su vida y militancia son un ejemplo para las distintas generaciones de militantes revolucionarios que dedican sus vidas a defender la clase obrera y luchan por un gobierno de trabajadores y por el socialismo.

Carlos Scafide, compañerxs asesinadxs y detenidxs-desaparecidxs del PST y todxs lxs crxs. revolucionarios caídos en la lucha por un mundo mejor: ¡¡¡HASTA EL SOCIALISMO, SIEMPRE!!!

30.400 crxs detenidxs desaparecidxs: ¡¡¡PRESENTES!!!

¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!

peperusconi.blogspot.com/2026/01/a-50-anos-del-secuestro-y-asesinato-de.html

12/01/26

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Derechos Humanos Internacional

El pueblo burkinés trunca en la calle un golpe de estado con Ibrahin Traoré

El antiimperialismo en Burkina Faso ha dejado de ser una mera consigna: ahora es una política económica concreta”

Mientras las cámaras del mundo enfocaban los bombardeos sobre Venezuela, en África Occidental se libraba otra batalla por la soberanía. En Burkina Faso, el gobierno de Ibrahim Traoré frustró un intento de golpe de Estado que buscaba frenar un proceso político de profundas raíces populares. Más que un episodio aislado, lo ocurrido pone en valor el rumbo independiente que ha tomado el país, siguiendo el legado revolucionario de Thomas Sankara. Frente a conspiraciones, traiciones y amenazas externas, el pueblo burkinés defiende un proyecto de dignidad, justicia social y liberación nacional, escribe el colaborador de Canarias Semanal, Jordi Ruiz

Cuando apenas habían transcurrido los primeros días de este nuevo año la prensa internacional volcaba su atención sobre los bombardeos yanquis en Venezuela, muchos pasaron por alto un acontecimiento de extraordinaria importancia política y social en el continente africano: en Burkina Faso el pueblo y su gobierno lograron frustrar un intento de golpe de Estado contra el presidente Ibrahim Traoré.

Lo que para algunos podría parecer un dato más en la persistente crisis del Sahel, es en realidad la manifestación más reciente de una lucha por la soberanía, la dignidad y el desarrollo propio de un pueblo que ha abrazado una nueva dirección política, inspirada en los caminos trazados décadas atrás por Thomas Sankara y retomada con renovada fuerza por Traoré.

Este episodio —que involucró a sectores conspirativos dentro y fuera del país— revela algo más profundo que la simple dinámica de un golpe: la resistencia y consolidación de un proyecto político que reivindica la independencia frente a la intromisión extranjera y la explotación de los recursos naturales.

El gobierno de Traoré anunció la detención de los implicados y celebró la movilización popular en la capital, señalando cómo amplios sectores de la sociedad salieron a las calles para defender el proceso político que encarna su administración.   En un contexto donde la hegemonía mediática global parecía centrarse en otras regiones, este suceso puso de relieve que en Burkina Faso late una política de resistencia que merece una mirada profunda.

Traoré y la construcción de un proyecto antiimperialista

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¿Cuántas leyes internacionales puede violar Estados Unidos contra Venezuela y aun así salir impune?

El ataque de EE. UU. contra Venezuela no comenzó el 3 de enero de 2026: el bombardeo del país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores demuestran el desprecio de Washington por la soberanía y el derecho internacional.

En la madrugada del 3 de enero, Estados Unidos envió sus fuerzas militares a Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro Moros y a su esposa Cilia Flores, diputada de la Asamblea Nacional, bombardeando sitios civiles y militares en Caracas. Estados Unidos acusó formalmente a ambos de “narcoterrorismo” y otros cargos relacionados, y los mantiene retenidos en Nueva York, donde comparecieron por primera vez ante el tribunal federal de Manhattan el 5 de enero de 2026.

Está claro que Estados Unidos no inició su ofensiva contra Venezuela el 3 de enero de 2026. La guerra híbrida contra el proceso bolivariano de Venezuela comenzó en 2001, después de la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos como parte de un paquete de 49 leyes decretadas por el presidente Hugo Chávez y ratificadas por la Asamblea Nacional. La nueva ley venezolana perjudicó a los conglomerados petroleros, la mayoría de ellos estadounidenses, al permitir que el gobierno redirigiera una mayor parte de los ingresos petroleros hacia programas sociales y el desarrollo nacional a largo plazo. Los conglomerados petroleros, particularmente ExxonMobil (Exxon), se enfurecieron y desde entonces han trabajado con el gobierno estadounidense para intentar derrocar no solo al gobierno de Venezuela sino todo el proceso bolivariano. La guerra híbrida a través de medios económicos, políticos, informativos e incluso sociales, ha sido una característica constante de la vida venezolana durante el último cuarto de siglo. El ataque ilegal contra Venezuela en 2026 y el secuestro de su presidente y de la primera dama forman parte de esta larga y continua guerra contra la clase trabajadora de este país sudamericano.

¿Qué hace que el ataque contra Venezuela sea ilegal? Teniendo en cuenta que Estados Unidos ignora completa y sistemáticamente el derecho internacional, incluso mientras habla de un “orden internacional basado en reglas”, vale la pena revisar los fundamentos del derecho internacional y examinar las leyes internacionales que ese país violó con su ataque contra Venezuela el 3 de enero.

En primer lugar, cuando hablamos de “derecho internacional”, nos referimos a obligaciones jurídicas que los Estados y, en ciertos casos, las organizaciones internacionales y las personas, reconocen como vinculantes en sus relaciones entre sí. Estas normas provienen de dos fuentes principales: tratados (acuerdos escritos) y derecho internacional consuetudinario (normas que se vuelven vinculantes a través de una práctica estatal constante y son aceptadas como ley).

Un Estado debe consentir en quedar vinculado por un tratado (lo que significa que debe firmarlo o adherirse a él). Sin embargo, puede quedar vinculado por el derecho internacional consuetudinario y por las normas imperativas (jus cogens, o “derecho imperativo”, normas fundamentales que obligan a todos los Estados) independientemente de que haya firmado algún tratado. Por ejemplo, la prohibición del genocidio y de la esclavitud no requiere que un Estado firme nada, ya que estas prohibiciones son reconocidas como normas imperativas que obligan a todos los Estados en virtud del derecho internacional. Dicho de otro modo, algunas leyes son tan fundamentales que ningún Estado puede eximirse de ellas. Las obligaciones a las que me referiré a continuación provienen de ambas fuentes: tratados (como la Carta de las Naciones Unidas) y el derecho internacional consuetudinario (incluido el principio de no intervención y la inmunidad de los jefes de Estado), en algunos casos interpretados y aplicados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las controversias entre Estados, cuyos fallos tienen una autoridad especial para explicar lo que el derecho internacional requiere en la práctica.

Prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Existen dos tratados clave que deberían restringir el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra otros países:

  1. El más importante es la Carta de las Naciones Unidas, de 1945, cuyo Artículo 2, numeral 4, establece que todos los Estados deben abstenerse de recurrir a la “amenaza o el uso de la fuerza” contra otro Estado. Existen excepciones limitadas a esto, como cuando el Consejo de Seguridad de la ONU, actuando bajo el Capítulo VII de la Carta (Artículos 39 a 42), determina que existe una “amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión” y luego autoriza el uso de fuerzas aéreas, navales o terrestres para “mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”, o cuando un Estado actúa en legítima defensa. Como no existe otra excepción, el acto de agresión de Estados Unidos contra Venezuela constituye una clara violación de la Carta de la ONU, la obligación de tratado más alta en el sistema interestatal.
  2. En las Américas, también existe la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 1948, cuyo Artículo 21 establece que el “territorio de un Estado es inviolable” y que no se permite ninguna “ocupación militar” o “medidas de fuerza” por parte de un Estado contra otro. La Carta de la OEA sigue a la Carta de las Naciones Unidas, cuyo Artículo 103 deja claro que, cuando las obligaciones de los tratados entran en conflicto, las obligaciones de los miembros bajo el tratado internacional fundado por la ONU prevalecen sobre las de cualquier otro acuerdo internacional.

Ya debería haber resoluciones tanto en la ONU como en la OEA para condenar las acciones recientes de Estados Unidos. La ausencia de tales resoluciones es una demostración no tanto de la impotencia del sistema interestatal en sí mismo, sino más bien del poder absoluto de tipo mafioso que ejerce Estados Unidos en el mundo.

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Líder del Partido Socialismo y Libertad de Venezuela: Todo el continente debe resistir unido

Por Prensa PSL

Presentamos la traducción de entrevista realizada a nuestro compañero Miguel Angel Hernández por el periódico turco BirGün por el periodista Umut Can Firtina. 

8 de enero de 2026. Según Hernández, líder del Partido Libertad y Socialismo de Venezuela, Trump intenta presentar a Estados Unidos como una gran superpotencia que ha recuperado su prestigio. Al afirmar que la situación en Venezuela sigue siendo incierta, Hernández afirma: «Los líderes deben lanzar una movilización continental contra la agresión estadounidense».

Mientras las repercusiones del ataque imperialista estadounidense persisten en Venezuela, Trump sigue amenazando a toda la región.

Miguel Ángel Hernández, secretario general del Partido Socialismo y Libertad (PSL) en Venezuela, sección venezolana de la Unión Internacional de Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) y profesor de la Universidad Central de Venezuela, respondió a nuestras preguntas.

¿Qué presenciamos ahora en América con las últimas acciones del imperialismo estadounidense?

Lo que ocurre en Venezuela es un nuevo ataque contra los pueblos de América Latina. Se trata de una intervención armada inaceptable por parte de Estados Unidos, la principal potencia imperialista del mundo. Esto, sin duda, tendrá graves consecuencias para los pueblos del continente. Trump amenaza a Colombia y México, e incluso a países fuera de la región.

Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto. Existen muchas contradicciones dentro del establishment político estadounidense; las diferencias entre Trump y Rubio son claramente visibles. Una gran parte de la opinión pública estadounidense se opone a las intervenciones militares en el extranjero; la base del MAGA no comparte esta postura. Tanto demócratas como representantes y senadores republicanos han iniciado una investigación en el Congreso que declara ilegales los bombardeos en el Caribe y el Pacífico.

EL PUEBLO DEBE DETERMINAR SU PROPIO DESTINO

Como PSL, condenamos categóricamente este ataque criminal y cobarde contra el pueblo venezolano. Abogamos por que el pueblo trabajador venezolano decida su propio destino, no el del asesino imperialismo estadounidense. Sin embargo, también adoptamos esta postura desde la oposición de izquierda al gobierno de Maduro. Maduro gobernó con una falsa retórica socialista. En realidad, fue un régimen represivo que implementó una brutal política de ajuste capitalista que condenó a los trabajadores a salarios de miseria y servicios públicos pésimos, con cientos de presos políticos.

El régimen chavista entregó la industria petrolera a corporaciones multinacionales a través de las llamadas empresas mixtas. La multinacional estadounidense Chevron es el principal exportador de petróleo venezolano. Venezuela cuenta con multinacionales petroleras como Shell, Total y ENI, así como empresas japonesas, chinas y rusas; pero Trump quiere que el petróleo venezolano esté controlado principalmente por compañías petroleras estadounidenses, garantizando así las inversiones de China y otros países imperialistas. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo.

¿Qué significa para el futuro del mundo la intervención estadounidense en Venezuela, el secuestro del presidente de un estado soberano y la toma del país? ¿Qué cambiará?

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El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente

Opinión: El Comité Editorial

Por El Comité Editorial

El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de opinión cuyos puntos de vista se basan en su experiencia, investigación, debates y unos valores muy arraigados. Es independiente de la sala de redacción.

En los últimos meses, el presidente Trump ha desplegado una imponente fuerza militar en el Caribe para amenazar a Venezuela. Hasta ahora, el presidente de Estados Unidos había utilizado esa fuerza —un portaaviones, al menos otros siete buques de guerra, decenas de aviones y 15.000 soldados estadounidenses— en ataques ilegales contra pequeñas embarcaciones que, él afirma, transportaban drogas. Este fin de semana, Trump intensificó drásticamente su campaña al capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de lo que denominó “un ataque a gran escala” contra el país.

Pocas personas sentirán simpatía por Maduro. Es antidemocrático y represivo, y ha desestabilizado el hemisferio occidental en los últimos años. Naciones Unidas publicó recientemente un informe en el que se detallan más de una década de asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias por parte de sus agentes contra sus oponentes políticos. Se robó las elecciones presidenciales de Venezuela el año pasado. Ha alimentado perturbaciones económicas y políticas en toda la región al instigar un éxodo de casi ocho millones de migrantes.

Sin embargo, si existe una lección primordial de las relaciones internacionales estadounidenses del siglo pasado, es que intentar derrocar incluso al régimen más deplorable puede empeorar las cosas. Estados Unidos pasó 20 años sin conseguir crear un gobierno estable en Afganistán y sustituyó una dictadura en Libia por un Estado fracturado. Las consecuencias trágicas de la guerra de 2003 en Irak siguen persiguiendo a Estados Unidos y al Medio Oriente. Quizá lo más relevante sea el hecho de que Estados Unidos ha desestabilizado esporádicamente países latinoamericanos, como Chile, Cuba, Guatemala y Nicaragua, intentando derrocar a un gobierno por la fuerza.

Trump aún no ha ofrecido una explicación coherente de sus acciones en Venezuela. Está empujando a nuestro país hacia una crisis internacional sin razones válidas. Si Trump quiere argumentar lo contrario, la Constitución establece lo que debe hacer: acudir al Congreso. Sin la aprobación del Congreso, sus acciones violan la ley de Estados Unidos.

La justificación nominal del aventurerismo militar del gobierno es destruir a los “narcoterroristas”. A lo largo de la historia, los gobiernos han calificado de terroristas a los dirigentes de naciones rivales, tratando de justificar las incursiones militares como operaciones policiales. La afirmación es especialmente ridícula en este caso, dado que Venezuela no es un productor significativo de fentanilo ni de las otras drogas que han dominado la reciente epidemia de sobredosis en Estados Unidos, y la cocaína que sí produce fluye principalmente a Europa. Mientras Trump ha estado atacando a las embarcaciones venezolanas, también indultó a Juan Orlando Hernández, quien dirigió una extensa operación de narcotráfico cuando fue presidente de Honduras de 2014 a 2022.

Una explicación más plausible de los ataques a Venezuela puede encontrarse, en cambio, en la recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional de Trump. En ella se reivindica el derecho a dominar Latinoamérica: “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental”. En lo que el documento denominó el “Corolario Trump”, el gobierno prometió redesplegar fuerzas de todo el mundo en la región, detener a los traficantes en alta mar, utilizar la fuerza letal contra migrantes y narcotraficantes y, potencialmente, instalar más soldados estadounidenses en la región.

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¡No al anuncio de Trump de asumir el control de Venezuela! ¡No a la intervención militar de EE.UU.! ¡Repudiamos los bombardeos y el secuestro de Nicolas Maduro!

Por Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional

3/1/2026. Luego de los bombardeos criminales, del 3 de enero, con helicópteros y drones por parte del gobierno del ultraderechista Donald Trump contra diversas instalaciones militares y civiles (se desconoce aún cuántos muertos hubo) en Caracas y en los estados La Guaira, Miranda y Aragua y del repudiable secuestro del presidente Nicolas Maduro y su esposa, Donald Trump afirmó, en su conferencia de prensa, que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela por tiempo indefinido.

Sostuvo que Washington dirigirá el país hasta que se concrete una transición “segura, adecuada y juiciosa”, y dejó en claro que será la Casa Blanca la que determine cuándo y en qué condiciones se producirá esa transferencia. A tal punto anunció que sería su propio gobierno el que maneje esa “transición” que Trump ignoró mencionar al opositor González Urrutia y hasta descalificó a la derechista María Corina Machado para esa “transición”.

O sea, Trump ha dado un paso más en concretar sus amenazas de invadir Venezuela. Y se sacó la falsa careta de “lucha contra el narcotráfico” al anunciar que asumiría el control de Venezuela para “reconstruir” la industria petrolera que, insólitamente, siguió argumentando que les fue “robada” (sic). Trump aseguró que las empresas estadounidenses “repararán” la infraestructura petrolera para comenzar a operar y “generar dinero” para los EE.UU. Así Trump confirma que su objetivo es recolonizar Venezuela, instalar una especie de protectorado, para robar su petróleo con las multinacionales yanquis. 

De hecho, Trump amenaza con nuevas acciones militares y una invasión ya que todavía no existe ese el gobierno “de transición” que anunció.

Por ahora, el gobierno venezolano, en nombre de la vicepresidente Delcy Rodríguez repudió la agresión y el secuestro de Maduro convocando a resistir. Cuando Trump había anunciado que la vicepresidente se “ponía a disposición”.

Trump ante las preguntas de las y los periodistas, dijo que estaban “preparados para una segunda acción” y que “no tendrían problemas de poner tropas norteamericanas en el terreno. Por eso los pueblos del mundo deben seguir impulsando la movilización contra Trump y su intento de invadir y controlar Venezuela. Nada está terminado en Venezuela.

Desde el mes de septiembre, Venezuela venía siendo objeto de amenazas por parte del imperialismo estadounidense, con un gigantesco despliegue militar en el Caribe, el más grande en la región desde la invasión a Panamá en 1989. En las últimas semanas, el operativo bélico que Estados Unidos denominó «Lanza del Sur» fue adquiriendo proporciones cada vez mayores: más de 20 bombardeos a embarcaciones con un saldo de más de un centenar de asesinados; el bloqueo al transporte de petróleo venezolano; la incautación de buques.

Se trata de un ataque sin precedentes contra Venezuela perpetrado por Estados Unidos, la principal potencia imperialista del mundo. 

Esta política agresiva del imperialismo norteamericano, bajo el cuento de la lucha contra el narcotráfico, busca redoblar el saqueo de los recursos naturales de los países, la sobreexplotación de los pueblos del mundo, y frenar la movilización de masas que jaquea al conjunto del sistema capitalista/imperialista, sumido en su crisis más profunda.

Todos estos ataques son parte de una contraofensiva global desplegada por Trump que intenta revertir la crisis de dominación y económica de los Estados Unidos, que es parte de la crisis global del capitalismo imperialista. Trump persigue hacer nuevamente a “América grande”, como dice su lema, hasta ahora sin éxito. Más recientemente todo esto se ha expresado en su apoyo incondicional al genocida Netanyahu y la limpieza étnica en Gaza y toda Palestina, donde aún no han podido cantar victoria.

Nuestro categórico repudio a este criminal y cobarde ataque contra el pueblo venezolano lo hacemos desde la oposición de izquierda al gobierno de Nicolás Maduro, quien encabeza, bajo un falso discurso socialista, un régimen represivo y autoritario con centenares de presos políticos y que aplica un brutal ajuste capitalista, sometiendo al pueblo trabajador a salarios de hambre y pésimos servicios públicos. Pero la UIT-CI y el Partido Socialismo y Libertad (PSL), su sección venezolana, consideramos que es el pueblo trabajador venezolano el que debe resolver su destino y no el imperialismo genocida de los Estados Unidos. Por eso repudiamos la agresión imperialista como cualquier nuevo ataque militar o intento de invasión al país. 

Desde la UIT-CI llamamos a los pueblos de América Latina y el mundo a repudiar y a movilizarse para repudiar la agresión, el secuestro de Maduro y su esposa, la nueva amenaza de segundo ataque y de invasión norteamericana para imponer un gobierno propio, títere de EE.UU. y sus multinacionales. Ya hubo marchas de repudio en New York, Washington y otras ciudades de EE.UU. como en distintas ciudades de Europa y América Latina. Mamdani, el nuevo alcalde musulmán y socialista de New York, repudió también la agresión de Trump. “El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente”, dijo el The New York Times (Comité Editorial, 3/1/2026).

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¡Repudiamos la agresión militar de Trump a Venezuela y el secuestro de Nicolas Maduro y Cilia Flores!

Por Prensa UIT-CI

Reproducimos la declaración del Partido Socialismo y Libertad (PSL), sección venezolana de la UIT-CI, 3 enero, 2026

Rechazamos categóricamente la agresión de Estados Unidos contra Venezuela. Fuera Trump de Venezuela y América Latina

Caracas, 3 de enero de 2026.- El Partido Socialismo y Libertad, sección venezolana de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional, repudia enérgicamente la brutal agresión militar perpetrada por el imperialismo norteamericano contra nuestro país.

En horas de la madrugada del sábado 3 de enero, aproximadamente a la 1:50 am, se inició un bombardeo con helicópteros y drones por parte del gobierno del ultraderechista Donald Trump contra diversas instalaciones militares y civiles en Caracas y en los estados La Guaira, Miranda y Aragua. Según la información de la que disponemos, habrían sido bombardeados varios sitios en Fuerte Tiuna —donde también se encuentra la sede del Ministerio de la Defensa—, instalaciones del puerto de La Guaira, el más importante del país, instalaciones militares en Maracay —ciudad ubicada en el centro de Venezuela a hora y media de la capital—, y aeropuertos civiles en Miranda. Todos estos lugares se encuentran cercanos a Caracas.

Los ataques imperialistas se produjeron en zonas densamente pobladas, y hasta el momento se desconoce la magnitud de los daños en términos de pérdidas humanas y materiales. Sin embargo, información oficial del gobierno venezolano y del mismo Trump anuncian la captura por parte de efectivos estadounidenses de Nicolás Maduro y Cilia Flores, por lo cual nos sumamos a la exigencia de fe de vida e información sobre su paradero y las condiciones de su detención.

En Fuerte Tiuna existen numerosos edificios residenciales que habrían sido afectados por los bombardeos, así como en Maracay, una de las ciudades más pobladas del país. Helicópteros de ataque y unidades de fuerzas especiales habrían llevado a cabo la operación, a pesar de que el gobierno había declarado contar con las defensas necesarias para repeler cualquier agresión.

Desde el mes de septiembre, el país venía siendo objeto de amenazas por parte del imperialismo estadounidense, con un gigantesco despliegue militar en el Caribe, el más grande en la región desde la invasión a Panamá en 1989. En las últimas semanas, el operativo bélico que Estados Unidos denominó «Lanza del Sur» fue adquiriendo proporciones cada vez mayores: más de 20 bombardeos a embarcaciones con un saldo de más de un centenar de asesinados; el bloqueo al transporte de petróleo venezolano; la incautación de buques y, más recientemente, el ataque a un muelle en La Guajira.

Se trata de un ataque sin precedentes contra Venezuela perpetrado por Estados Unidos, la principal potencia imperialista del mundo.

Nuestro categórico repudio a este criminal y cobarde ataque contra el pueblo venezolano lo hacemos desde la oposición de izquierda a Maduro, quien encabeza un régimen represivo y autoritario con centenares de presos políticos y que aplica un brutal ajuste capitalista, sometiendo al pueblo trabajador a salarios de hambre y pésimos servicios públicos.

Llamamos al pueblo trabajador venezolano a rechazar esta agresión contra nuestra soberanía. Igualmente, exhortamos a los pueblos del mundo, y en especial de América Latina y el Caribe, a manifestarse en las calles de sus países contra esta nueva agresión de Estados Unidos hacia un país de la región, una más en su larga lista de intervenciones, que ahora ejecutan apelando al llamado «Corolario Trump», contemplado en el recientemente aprobado documento de seguridad nacional de Estados Unidos que pretende reimponer la Doctrina Monroe en América Latina y el Caribe.

Fuera Trump de América Latina y el Caribe!!

Partido Socialismo y Libertad (PSL), sección venezolana de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

uit-ci.org/index.php/2026/01/03/repudiamos-la-agresion-militar-de-trump-a-venezuela-y-el-secuestro-de-nicolas-maduro-y-cilia-flores/

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Casación anuló un fallo y ordenó profundizar la investigación por la muerte del soldado Mauro Ramírez

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por la querella y anuló la resolución que había rechazado convocar a declaración indagatoria a dos militares en la causa que investiga la muerte del soldado Mauro José Francisco Ramírez, ocurrida en 2003 mientras se encontraba bajo custodia del Ejército Argentino en la provincia de Misiones.  La CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, sigue la causa como amicus curiae y acompaña a la familia de Ramírez e insiste con la necesidad de una investigación penal eficaz, exhaustiva, fundada y que considere el cúmulo probatorio que contradice la versión del suicidio.

ANDAR en Misiones

(Agencia) La familia del soldado Mauro Ramírez busca justicia desde hace 22 años desde el día que recibieron la noticia sobre su muerte bajo la versión de un suicidio. El 26 de junio de 2003 en el Destacamento Monte 30 del Ejército Argentino, en la localidad de Apóstoles, Ramírez murió como consecuencia de un disparo con su arma reglamentaria mientras cumplía funciones de guardia. En menos de tres meses José Antonio Reyes,el  juez provincial de Apóstoles, decidió que se había tratado de un suicidio.

Su madre, Mónica Pintos, peleó hasta el día de hoy para que los dos militares que compartieron el cambio de guardia en el puesto de control aquella mañana, Eduardo Jeremías Brevel y Ovidio Francisco Almeida, sean llamados a indagatoria. Ahora mediante un fallo dictado el 23 de diciembre la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal cuestionó la actuación judicial hasta el momento y sostuvo que el caso debe ser analizado a la luz de los estándares internacionales sobre violencia institucional y graves violaciones a los derechos humanos.

“Creo que la palabra que resume mejor lo que me produce este fallo es gratitud para todas las personas y organismos de derechos humanos que acompañaron y lo siguen haciendo a lo largo de estos más de 20 años”, dice Mónica en diálogo con Andar. En su fallo el tribunal recordó que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación de investigar de manera seria, imparcial y efectiva toda muerte ocurrida en contextos de restricción de libertad o bajo control de fuerzas armadas o de seguridad y que la omisión de una investigación adecuada puede generar responsabilidad internacional.

Así sostuvo que el rechazo a convocar a indagatoria careció de una fundamentación suficiente y resultó arbitrario y que las instancias anteriores omitieron considerar elementos centrales del expediente, como las irregularidades en la investigación inicial, la pérdida y falta de preservación de pruebas, las contradicciones en testimonios y los informes periciales que descartaron indicadores compatibles con una conducta suicida. El fallo también remarcó la necesidad de garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a acceder a la justicia y a conocer la verdad, especialmente en casos atravesados por posibles responsabilidades estatales.

“Esto no sólo es un avance en la causa de mi hijo, es un fallo que beneficia a muchos otros familiares de víctimas de las fuerzas armadas y de seguridad y me pone muy tranquila, como que puedo andar un nuevo camino con más calma”, evalúa Mónica

www.andaragencia.org/casacion-anulo-un-fallo-y-ordeno-profundizar-la-investigacion-por-la-muerte-del-soldado-mauro-ramirez/

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21 años de la Masacre de Cromañón, la herida sigue abierta

A 21 años de la masacre de Cromañón, familiares y sobrevivientes vuelven a las calles para homenajear a las 194 víctimas y denunciar que la tragedia fue consecuencia directa de la desidia estatal. La lucha por memoria, verdad y justicia sigue siendo una construcción colectiva frente al intento permanente de clausurar responsabilidades. Por ANRed

Hoy se cumplen 21 años de la masacre de Cromañón, un crimen social que dejó 194 personas muertas y más de 1.400 heridas, en su mayoría jóvenes, durante un recital que diera la banda Callejeros en un local que no reunía las mínimas condiciones de seguridad. Lejos de tratarse de un accidente, familiares y sobrevivientes insisten en que fue el resultado de una trama de negligencias, habilitaciones irregulares, corrupción y controles estatales inexistentes.

Como cada año, la fecha estará marcada por el recuerdo y la memoria de un doloroso suceso que no puede volver a suceder. Las actividades de este nuevo aniversario se inscriben en una jornada de conmemoración, construida colectivamente por familiares y sobrevivientes, que combinan el homenaje, el duelo y la denuncia pública.

La masacre de Cromañón fue posible porque el boliche funcionaba con sobrepoblación extrema, salidas de emergencia cerradas, materiales inflamables y un sistema de inspecciones estatales que falló de manera sistemática. Para las organizaciones, el Estado no sólo no protegió, sino que habilitó y permitió el funcionamiento de un espacio que puso en riesgo miles de vidas.

A más de dos décadas, las familias denuncian que la justicia fue parcial y que las responsabilidades políticas y estructurales nunca fueron plenamente saldadas. Sin embargo, la persistencia de la organización colectiva logró que Cromañón se mantenga como una causa viva, un símbolo de lucha contra la impunidad y una advertencia frente a nuevas tragedias evitables.

La conmemoración vuelve a poner en el centro que la memoria es una práctica activa, sostenida en la calle, en el santuario y en cada acto de denuncia. A 21 años, Cromañón sigue siendo una herida abierta y un reclamo vigente: sin políticas públicas, sin controles reales y sin un Estado responsable, las muertes se repiten.

Actividades por los 21 años de Cromañón

Jornada de conmemoración

18 hs – Misa en homenaje a las víctimas en la Catedral Metropolitana.

19.30 hs – Marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón.

20.30 hs – Acto central en el Santuario: lectura de documentos, testimonios de familiares y sobrevivientes, intervenciones artísticas y música en vivo.

www.anred.org/21-anos-de-la-masacre-de-cromanon-la-herida-sigue-abierta/

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Derechos Humanos Nacional

Megacausa Zona V: condenaron a 31 represores por crímenes de lesa humanidad contra 333 víctimas

El Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por Ernesto Sebastián, Marcos Aguerrido y Sebastián Foglia, condenó a 31 ex militares  y policías con penas que van desde perpetuas a siete años de prisión. En el juicio se ventilaron crímenes cometidos contra 333 víctimas en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires y Viedma, bajo la jurisdicción del V cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar. Sólo un de los imputados que llegó a juicio fue absuelto. “A más negacionismo y reivindicación de la dictadura por parte del Gobierno nacional, de éste lado tiene que haber más fuerza”, dice Alejandra Santucho, referente de HIJOS Bahía Blanca, que fue parte de la querella en el proceso judicial.

ANDAR en Bahía Blanca

(Christian Madia para Agencia Andar) En el mediodía del viernes 26 de diciembre se leyó la sentencia en la Megacausa de lesa humanidad “Zona V – Bahía Blanca”, que, hasta el momento, debido a sus características, fue el debate más amplio en esa ciudad. Los imputados fueron miembros del ejército, policías y personal del servicio penitenciario acusados de secuestros, torturas, desapariciones forzadas, homicidios, robos de bebés y abusos sexuales cometidos contra 333 víctimas tanto en el sur de la provincia de Buenos Aires como en la Patagonia. 

De los 52 imputados originales en la causa, sólo 32 llegaron a la sentencia, éstos integraron los grupos represivos que accionaron en distintos centros clandestinos de detención, principalmente la “Escuelita de Bahía Blanca” y el Batallón de Comunicaciones 181. El juicio comenzó el 17 de febrero de 2022. Fueron casi cuatro de una causa voluminosa ya que las querellas y la fiscalía consiguieron que el tribunal unificara los 14 tramos con los que contaba originalmente, llegando a la actual megacausa, logrando fallos condenatorios casi en su totalidad. 

La agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca fue querellante. ANDAR conversó con Alejandra Santucho, una de sus integrantes: “realmente teníamos pocas expectativas respecto al veredicto, porque venimos con sentencias muy feas como la de Tandil, pero el tribunal nos sorprendió gratamente”. “Nosotros íbamos en ‘perdedores’ y no pasó. A veces somos nosotros mismos los que nos la tenemos que creer más, tenernos más confianza a pesar de la evidente realidad”, agrego. 

Uno de los puntos sobresalientes que ha sorprendido a H.I.J.O.S. durante el debate oral y público es el hecho de haberse tratado otros temas muy puntuales como por ejemplo la comunidad chilena que llegó a la ciudad escapando de la dictadura de Augusto Pinochet. “Ellos conformaban acá un barrio que se llamaba ‘17 de agosto’ y los bahienses lo llamaban en forma peyorativa: ‘el Palihue chico’, porque se encontraba muy cerca del barrio residencial Palihue, que es una zona con gran cantidad de chalets, muy apetecible económicamente. Los militares, con la excusa de que debían tapar un canal, primero los reprimieron y luego literalmente pasaron la topadora sobre el barrio, expulsándolos a barrios periféricos con casa de chapas”, recuerda Alejandra, y agrega: “esto estuvo silenciado en la sociedad de Bahía Blanca porque además hay que sumarle la xenofobia permanente. Para nosotros fue muy fuerte ver por primera vez a esas personas contar lo que vivieron en esos años ante un tribunal.”

El otro dato del juicio fueron las condenas por delitos contra la integridad sexual que, como señala el informe anual de 2025 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, se destaca un notable crecimiento de sentencias que incorporan delitos de violencia sexual en consonancia con las leyes internacionales de derechos humanos.

El fallo del TOF de Bahía Blanca también dispuso que, una vez que la condena quede firme, el diario bahiense La Nueva Provincia rectifique una publicación periodística por hechos que, en su momento, informó como personas abatidas en enfrentamientos militares cuando, se comprobó en este juicio, que se trató de hechos de secuestros, torturas y desaparición.

La fiscalía resaltó la importancia de la visibilización por parte de algunos medios audiovisuales de esta megacausa por su implicancia para la preservación y transmisión de la memoria histórica, al respecto Alejandra señala: “los medios hegemónicos sólo cubren el inicio y la sentencia de los juicios, pero el ‘durante’ sólo lo hacen los medios alternativos. Nosotros ponemos todo el esfuerzo en la difusión por redes sociales para que quede un registro. Lo sustancial está en la palabra misma de los protagonistas. Y, aunque parezca que a los vecinos no les interesa las cuestiones de derechos humanos, todos los 24 de marzo se moviliza gran cantidad de gente en Bahía Blanca, lo que sucede es que desde el poder nos quieren hacer creer que somos muchos menos de los que realmente somos”.

Alejandra Santucho es hija de Heldy Rubén Santucho y Catalina Ginder, ambos militantes peronistas en la JP y montoneros, fueron asesinados en su casa de Melchor Romero (La Plata) el 3 de diciembre de 1976 durante un operativo con más de 200 efectivos que tirotearon su vivienda, “ellos no se dejaron llevar vivos”, cuenta Alejandra. Una de sus hermanas, Mónica de 14 años, fue secuestrada y desaparecida, luego por testimonios se supo que estuvo cautiva en destacamento Arana y luego a la Comisaría 5ta. de La Plata. 

Por toda su historia, como la de tantos hijos e hijas de militantes sociales y políticos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, Alejandra medita acerca de si la justicia tardía es realmente justicia: “creo que es absolutamente reparador lo que pasó con la condena a los genocidas en esta causa. Abrazarse con los familiares, hermanos, con sobrevivientes y con algunas Madres que todavía están con nosotros es muy fuerte. Somos familias atravesadas por el terrorismo de Estado que sana con estos juicios”. 

Santucho concluye taxativamente diciendo: “a más negacionismo y reivindicación de la dictadura por parte del Gobierno nacional, de éste lado tiene que haber más fuerza. Hay que seguir luchando”.

La lista de condenados

Mario Torres (20 años); Osvaldo Páez (perpetua); Carlos Ferreyra (absuelto); Jorge Massón (perpetua); Jorge Rojas (10 años); Osvaldo Sierra (perpetua); Enrique Del Pino (perpetua); Carlos Villanueva (perpetua); Guillermo González Chipont (perpetua); Norberto Condal (perpetua); Jorge Granada (perpetua); Carlos Taffarel (perpetua); Víctor Aguirre (perpetua); Humberto Adalberti (18 años); Adalberto Bonini (18 años); Bernardo Cabezón (perpetua); José Casanovas (perpetua); Arsenio Lavayén (perpetua); Raúl Domínguez (perpetua); Alejandro Lawless (12 años y 6 meses); Alberto Rey Pardellas (13 años y 2 meses); Jorge Maidana (13 años y 10 meses); Ricardo Gandolfo (13 años y 6 meses); Raúl Andrés (13 años); Enrique Stel (12 años y 6 meses); Eduardo Videla (13 años); Vicente Flores (7 años); Martín Gutiérrez Velasco (7 años); Claudio Kussman (perpetua); Héctor Abelleira (perpetua); Roberto Brunello (18 años); Ernesto Etchart (8 años).

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