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Derechos Humanos Internacional Sociedad

Patrice Lumumba y la batalla inconclusa por la descolonización

Fuentes: Página 12

Por Jeremías Perez Rabasa

El 2 de julio de 1925 nacía Patrice Lumumba, el dirigente que convirtió la independencia del Congo en un proyecto de soberanía real. Su asesinato marcó los límites que el colonialismo estaba dispuesto a imponer a los procesos de emancipación africanos.

Patrice Émery Lumumba nació el 2 de julio de 1925 en el entonces Congo Belga, una de las colonias más violentas que produjo el imperialismo europeo. Bajo la dominación belga, millones de congoleños fueron sometidos a un régimen de trabajo forzado, despojo territorial, segregación y terror cuya historia todavía permanece relativamente ausente de los relatos occidentales. Fue en ese contexto donde comenzó a formarse un dirigente que entendió que la independencia no era el reemplazo de una bandera por otra.

Autodidacta, lector voraz y extraordinario orador, Lumumba emergió durante la década de 1950 como una de las principales figuras del nacionalismo congoleño. En 1958 fundó el Movimiento Nacional Congoleño, una organización que rechazaba las divisiones étnicas promovidas por el colonialismo y proponía la construcción de un Estado verdaderamente soberano. Su apuesta era profundamente panafricanista, Lumumba creía que la emancipación del Congo sólo tendría sentido como parte de la liberación del continente africano.

Cuando el Congo obtuvo su independencia el 30 de junio de 1960, Lumumba se convirtió en el Primer Ministro del nuevo Estado, y asumió la presidencia Joseph Kasa-Vubu. Aunque el sistema distribuía las funciones entre ambas autoridades, fue Lumumba quien encarnó el proyecto de una soberanía plena sobre el país y sus recursos naturales. El mismo día de la asunción del cargo, Lumumba protagonizó uno de los discursos más importantes del siglo XX. Mientras el rey Balduino de Bélgica celebraba la supuesta “obra civilizadora” del colonialismo, él tomó la palabra para recordar los trabajos forzados, las humillaciones cotidianas, la violencia sistemática, la explotación de las riquezas naturales y el racismo que había estructurado la dominación colonial.

Ese discurso alteró mucho más que el protocolo de una ceremonia oficial. Desafió la narrativa con la que las antiguas metrópolis buscaban administrar el proceso de descolonización. El problema no era únicamente que el Congo se independizara, el problema era que un dirigente africano reclamara ejercer plenamente la soberanía sobre uno de los territorios más ricos del planeta, dueño de inmensos recursos minerales estratégicos para la economía mundial.

La respuesta fue inmediata. Tras una profunda crisis institucional, el presidente Kasa-Vubu anunció su destitución, decisión que Lumumba desconoció por considerarla inconstitucional. Pocos días después, el coronel Joseph-Désiré Mobutu tomó el poder mediante un golpe de Estado. Lumumba fue puesto bajo arresto, intentó reorganizar la resistencia desde el este del país, pero fue capturado por las tropas golpistas. El 17 de enero de 1961 fue trasladado a Katanga junto con Maurice Mpolo,Ministro de Juventud y Deportes, y Joseph Okito, Vicepresidente del Senado. Allí los tres fueron torturados y ejecutados esa misma noche por un pelotón de fusilamiento con participación decisiva de autoridades belgas y del régimen secesionista katangués. Sus cuerpos fueron luego destruidos para borrar las huellas del crimen. Lumumba tenía apenas 35 años. En 2022 Bélgica restituyó a su familia el único resto conservado de su cuerpo, un diente que había sido retirado por un policía belga tras el intento de hacer desaparecer completamente sus restos.

Décadas de investigaciones demostraron la responsabilidad de autoridades belgas en la operación y revelaron también el papel desempeñado por la CIA durante el proceso que condujo a su eliminación.

La muerte de Lumumba fue una advertencia dirigida al conjunto del Sur Global. La independencia política tenía límites cuando amenazaba la arquitectura internacional heredada del colonialismo. Su eliminación abrió el camino para décadas de inestabilidad, autoritarismo y saqueo de los recursos congoleños, cuyas consecuencias siguen marcando la historia de la actual República Democrática del Congo.

Con el paso del tiempo, Lumumba dejó de pertenecer exclusivamente a la historia congoleña. Su figura pasó a integrar el gran repertorio político del panafricanismo junto a Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, oAmílcar Cabral, entre otros. No porque todos compartieran las mismas estrategias, sino porque entendieron que el colonialismo no terminaba con la independencia formal. Persistía bajo nuevas formas de dependencia económica, subordinación política y jerarquización racial.

Hoy, cuando el extractivismo continúa definiendo el destino de buena parte del continente africano y las disputas por minerales críticos vuelven a colocar al Congo en el centro de la competencia global, la trayectoria de Lumumba recupera una actualidad incómoda. Sus palabras siguen interpelando un sistema internacional donde las asimetrías entre Norte y Sur permanecen vigentes bajo otros lenguajes y otros mecanismos.

Recordar su natalicio no significa convertirlo en una figura intocable, significa reconocer que buena parte de las discusiones contemporáneas sobre soberanía, justicia racial, dignidad, reparación histórica y autodeterminación de los pueblos ya estaban presentes en su pensamiento hace más de seis décadas. Por eso Patrice Lumumba continúa siendo una de las voces imprescindibles para comprender la historia africana y, al mismo tiempo, para leer críticamente el presente. Su vida recuerda que la descolonización nunca fue un acontecimiento cerrado. Es un proceso todavía inconcluso.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/2026/07/02/patrice-lumumba-y-la-batalla-inconclusa-por-la-descolonizacion/

Patrice Lumumba y la batalla inconclusa por la descolonización

13/07/26

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Derechos Humanos Internacional

Libertad ya para médico palestino Hussam Abu Safiya

Por Prensa UIT-CI

13 de Julio de 2026. Hussam Abu Safiya es un médico pediatra que trabajaba en la protección de la salud del pueblo palestino. Era director del hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza. Fue detenido ilegalmente por las fuerzas de ocupación de Israel en diciembre de 2024 al momento en que intervinieron el hospital para desalojarlo bajo el argumento de que el lugar era un bastión militar de terroristas. Hussam resistió el desalojo y es acusado de ser colaborador de Hamas. Su encarcelamiento se ejecuta mediante la repudiable Ley de Combatientes Ilegales, con la que Israel detiene a personas -entre ellos otros 13 médicos gazatíes- bajo resolución administrativa sin siquiera la aplicación de un juicio justo.

Durante los primeros días de julio, Hussam fue visitado por su abogado, Nasser Odeh; quien manifestó que el medico encarcelado mostraba visibles signos de violencia extrema y torturas visible y que teme por su vida. Abu Safiya se encontraba detenido en la cárcel de Ketziot y fue trasladado al centro de detención Rakevet, una sección subterránea del complejo penitenciario de Ayalon donde se intensificaron las agresiones y las torturas. “Tal vez esta sea la última vez que me vean con vida. Me trajeron aquí para matarme” manifestó Hussam a su abogado.

Ante el agravamiento de su crítica situación de salud y los crecientes riesgo de vida, las peticiones de liberación de Hussam Abu Safiya han sido recurrentes y existen sendas apelaciones al Tribunal Superior de Israel para que libere de manera inmediata a Hussam y a los 13 médicos detenidos. Diversas organizaciones, como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, y la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado han exigido de manera inmediata su liberación y a nivel mundial, diversas organizaciones han convocado a acciones y movilizaciones en apoyo a los médicos encarcelados. 

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) somos parte del movimiento global en apoyo a Palestina y exigimos la libertad de Hussam Abu Safiya, los 13 médicos encarcelados y los mas de 9500 presos políticos palestinos que aún se encuentran secuestrados en las mazmorras de Israel.

uit-ci.org/index.php/2026/07/13/libertad-ya-para-medico-palestino-hussam-abu-safiya/

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Cultura Derechos Humanos Nacional

 La Justicia absolvió a la Lof Lafken Winkul Mapu: «fuimos culpados de retornar a nuestra propia tierra»

Ceremonia religiosa en la Lof Lafken Winkul Mapu, comunidad mapuche en Villa Mascardi.

A casi cuatro años del violento desalojo de Villa Mascardi, ocurrido el 4 de octubre de 2022, la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu en la causa que les iniciaron por supuesta usurpación tras intentar iniciar una recuperación territorial. «La Cámara Federal de Casación Penal nos absuelve. Luego de todo lo que hemos enfrentado, y que es de público conocimiento, fuimos enjuiciadas y enjuiciados por usurpación. Culpados de retornar a nuestra propia tierra, la cual hemos heredado legítimamente de nuestros antepasados. Esto significa mucho para nosotros, porque nuestra palabra y nuestra verdad han sido tenidas en cuenta», celebraron desde la comunidad mapuche. Por ANRed.

En una declaración pública difundida este lunes 6 de julio, la comunidad sostuvo que «hoy la Cámara Federal de Casación Penal nos absuelve» y destacó que el tribunal tuvo en cuenta su «pertenencia a un pueblo originario y los artículos 75, incisos 17 y 22, de la Constitución Nacional«. «Hoy, a casi cuatro años de aquel desalojo, esto significa mucho para nosotros, porque nuestra palabra y nuestra verdad han sido tenidas en cuenta«, expresaron desde el Lof, que también agradeció el acompañamiento de las comunidades mapuche, organizaciones solidarias y de la Gremial de Abogadas y Abogados durante todo el proceso judicial, uno de los más emblemáticos de los últimos años contra el pueblo mapuche y que representa un fuerte revés para la estrategia de criminalización del reclamo territorial indígena.

En una declaración pública, la comunidad recordó que «ha pasado tiempo desde aquel 4 de octubre de 2022, día en que el odio y el racismo se hicieron uno, y el gobierno de entonces, a través del Ministerio de Seguridad, mediante el Comando Unificado y en un desmedido operativo, entró violentamente a nuestro territorio con el fin de desalojarnos«.

Tras aquel operativo, señalaron: «fuimos enjuiciadas y enjuiciados por usurpación. Culpados de retornar a nuestra propia tierra, la cual hemos heredado legítimamente de nuestros antepasados. Fuimos acusados de ser falsos mapuche, de violentos y de un sinfín de cosas. Quisieron deslegitimar nuestro reclamo territorial; nos persiguieron, nos encarcelaron y buscaron detener nuestra lucha y nuestra conciencia«.

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Derechos Humanos Nacional

Masacre de Palomitas, la cobardía del verdugo

Fuentes: Página/12

Por Gustavo Campana

6 de julio de 1976. La orden del traslado, cuando esa palabra maldita era sinónimo de muerte, la dio Carlos Alberto Mulhall. El coronel fue primero interventor de Salta, hasta el 22 de abril del 76, y luego jefe del Destacamento de Caballería Blindada 141. El encargado de cumplirla, el capitán Hugo Espeche.

Cerca de las 20, un comando le entregó un documento con once nombres a Braulio Pérez, director del penal de Villa Las Rosas: María del Carmen Alonso, Alberto Zavarnsky, Celia Leonard, Georgina Droz, Evangelina Botta, María Amaru Luque, Rodolfo Usinger, Benjamín Avila, Pablo Ouetes Saravia, José Povolo y Roberto Oglietti.

Espeche indicó que el área debía estar liberada de guardias penitenciarios, salvo los destinados a los muros y que solo tenía que estar iluminado el sector donde se encontraban los presos que iban a sacar de la unidad. Ordenaron que el hijo de muy pocos meses de Celia quedara en manos de su hermana Nora, también presa en la misma cárcel.

“La noche del 6 de julio del 76 antes de las 21, hora en que se apagaban las luces de las celdas, la comitiva militar marchaba acompañada por el hijo del director del penal, el oficial penitenciario Juan Carlos Alzugaray, el oficial jefe de guardia Eduardo Carrizo y el alcaide responsable del penal, apellidado Soberón. La patota estaba formada por oficiales superiores, que no llevaban sus insignias identificatorias”, contó el exdetenido político Eduardo Tagliaferro, cuando regresaron los juicios por delitos de lesa humanidad, luego de la caída de las leyes de perdón.

Paralelamente, otro grupo de militares realizaba un control en la ruta a pocos kilómetros del penal, en el camino que une Güemes con la capital provincial. Se quedaron con dos autos, diciendo que eran un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo y que los vehículos iban a ser utilizados en una operación de rescate. Primero le sacaron un Torino a Héctor Mendilaharzu y después se apropiaron de la camioneta Ford F-100 en la que viajaban Martín Julio González y su hermano.

Los tres estuvieron casi dos horas en un monte cercano, atados y amordazados, después les ordenaron que se fueran corriendo por el campo.

“Primero escuchamos el pisar fuerte de abotinados, luego el ruido metálico de cadenas o esposas y las voces duras que gritaron uno a uno el nombre de nuestras compañeras, y ellas, en medio del silencio que anticipaba la tragedia, salieron preguntando a dónde iban”, relató la exdetenida Graciela López cuando regresaron Memoria, Verdad y Justicia.

“De a una fueron abriendo las puertas de seis celdas. A Outes, que todavía se encontraba vestido, le dieron tiempo para tomar su gorra; al resto los sacaron desnudos y en algunos casos hasta descalzos. Todos iban resignados, salvo Usinger, un ingeniero rosarino que comenzó a gritarles asesinos hijos de puta”, declaró Tagliaferro. Los tres móviles, el que trasladaba a los presos y los dos vehículos secuestrados, llegaron al paraje Palomitas sobre la ruta 34, a casi 25 kilómetros de la ciudad de Güemes.

Los once detenidos fueron fusilados. La mentira con membrete de la Guarnición Militar Salta habló de un “enfrentamiento con fuerzas subversivas”, que habían intentado rescatar a los detenidos mientras eran trasladados. Un formato ficcional repetido a lo largo de toda la dictadura, describiendo choques armados inexistentes, en los que solo morían subversivos y no se registraba en los partes oficiales, un solo herido entre los uniformados.

Los certificados de defunción fueron firmados por el Dr. Quintín Orué, un médico fantasma, que nunca figuró en ningún registro profesional.

Las autopsias determinaron que las víctimas fueron golpeadas y ejecutadas con disparos realizados cuando estaban arrodilladas.

El Torino y la F-100 aparecieron al día siguiente, con manchas de sangre e impactos de bala. Jamás se supo nada de los imaginarios integrantes del ERP que secuestraron los vehículos.

Salvo los cuerpos de Georgina Graciela Droz y Evangelina Botta de Nicolai, que no fueron encontrados, los restos de las otras nueve víctimas aparecieron por la denuncia de testigos que presenciaron los entierros en cementerios de Salta, Jujuy y Tucumán.

Monseñor Aramburu, en su homilía del 9 de julio, dijo que “nuestra libertad está en juego. El ateísmo anhela provocar la aniquiladora lucha fratricida”. Solo habían pasado cinco días de la masacre de San Patricio, cuando en la iglesia de Echeverría y Estomba, barrio de Belgrano, asesinaron a los padres Alfredo Leaden, Alfredo Kelly, Pedro Duffau y los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito.

La Masacre de Palomitas fue una de las trágicas historias aportadas como prueba en la Causa 13/84, en el marco del juicio a las Juntas militares de 1985. Mulhall, Gentil y Espeche fueron condenados a reclusión perpetua, 34 años después de aquel julio del 76. En 2011 llegó la segunda sentencia, cuando fueron condenados a perpetua el exjefe del III Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez y el exdirector de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil.

El paraje Palomitas fue señalizado como Sitio de Memoria en 2012. En Palomitas II, el exguardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una pena de 20 años de prisión y más tarde con Palomitas III, llegaron las últimas imputaciones: los militares Luis Dubois, Joaquín Cornejo Alemán y Ricardo de la Vega y los exguardiacárceles Juan Sanguino, Napoleón Soberón, Víctor Rodríguez y Vicente Puppi.

“Dicky” murió en junio de 2022. Así lo conocían en la intimidad al exjuez Ricardo Lona, pieza clave en la maquinaria de muerte de la última dictadura en Salta. Pasó sus últimos años en prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad, entre ellos el secuestro y la desaparición del exgobernador Miguel Ragone.

En noviembre de 2007 fue procesado por “incumplimiento de los deberes del funcionario público”, por haber omitido investigar la matanza de Palomitas. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta lo sobreseyó al año siguiente. La resolución fue impugnada y la causa terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recién en septiembre de 2012 revocó el sobreseimiento y le ordenó a la Cámara salteña dictar un nuevo pronunciamiento. En el norte pusieron freno de mano y “Dicky” nunca fue juzgado por su silencio cómplice.

Hace nueve años, el lugar donde hace exactamente medio siglo fueron masacrados once presos de Las Rosas, cuenta con un cartel recordatorio; porque en esta tierra tallada por el dolor, está “prohibido olvidar” que el terrorismo de Estado en la Argentina, desapareció a 30 mil seres humanos en nombre de la “patria financiera”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/2026/07/06/masacre-de-las-lomitas-la-cobardia-del-verdugo/

rebelion.org/masacre-de-palomitas-la-cobardia-del-verdugo/

Rebelion 08/07/26

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Derechos Humanos Internacional Sociedad

El encanto de las «nuevas» derechas latinoamericanas

Fuentes: Rebelión

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda 

El surgimiento de las «nuevas» derechas en América Latina es un fenómeno de actualidad y ha motivado múltiples estudios por parte de diversos académicos de la región. El reciente libro The Far Right in Latin America (2026), editado por Cristóbal Rovira Kaltwasser, Carlos Meléndez, Talita Tanscheit y Lisa Zanotti, (//t.ly/EOiwQ), actualiza el tema y lo amplía tratando Argentina, Brasil, El Salvador, Chile, Perú, Uruguay, Colombia y México.

Históricamente se asocia “izquierda” y “derecha” a la Revolución Francesa (1789) y específicamente al lugar que ocupaban sus miembros en la Asamblea Constituyente. Pero durante el siglo XIX en América Latina esos términos no se usaron, ya que la vida política confrontó a liberales y conservadores, centralistas y federalistas, Iglesia y Estado, y “civilización” o “barbarie” (idea que popularizó Domingo Faustino Sarmiento). Fue con el avance del siglo XX cuando los primeros partidos socialistas y comunistas se asumieron como “izquierda”, ubicando a liberales y conservadores en la “derecha”. Sin embargo, los gobiernos de Juan Domingo Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México y Getúlio Vargas en Brasil provocaron un terremoto conceptual al no encajar en los términos izquierda y derecha, por lo cual se les caracterizó como “populistas”, un concepto que ha ocasionado grandes polémicas. Estos líderes no asumieron el criterio marxista de lucha de clases y plantearon la oposición pueblo-oligarquía, impulsando una fuerte intervención estatal en la economía y la ampliación de los derechos sociales y laborales.

Entre 1945 y 1980 se consolidó más claramente el sistema ideológico latinoamericano. La Guerra Fría y, sobre todo, la Revolución Cubana (1959), reconfiguraron las identidades políticas: la izquierda quedó asociada a proyectos revolucionarios, guerrillas y partidos marxistas, mientras que la derecha fue vinculada a la defensa del orden, la propiedad privada y el capitalismo. El marxismo definió los ejes culturales de las ciencias sociales y se extendió la izquierda social. Las derechas apoyaron a los regímenes militares anticomunistas como ocurrió en el Cono Sur. De modo que, al volver la democracia institucional, las derechas políticas no se identificaban todavía como tales, ante el desprestigio de su pasado. Y se amplió el espectro de los partidos de “centro”, una categoría inexacta, que no permite clarificar las definiciones políticas o clasistas de la multiplicidad de partidos y fuerzas sociales que suelen identificarse como tales.

A partir de los años ochenta y noventa se produjo un nuevo giro histórico. El colapso del modelo desarrollista y la crisis de la deuda impulsaron el ascenso del neoliberalismo, que posibilitó que las derechas (ante todo empresarios) se asumieran como tales, promoviendo privatizaciones, apertura económica, reducción del Estado y flexibilidad/precarización del trabajo. Las consecuencias sociales del neoliberalismo fueron desastrosas. Por eso, desde comienzos del siglo XXI, se produjo la “marea rosa” de los gobiernos progresistas latinoamericanos, que cuestionaron la vía neoliberal, emprendieron economías sociales para el bienestar o buen vivir y se identificaron como nuevas izquierdas.

En esos contextos emergen las nuevas derechas latinoamericanas, estudiadas por una serie de investigadores, entre los que cabe nombrar a Pablo Stefanoni, Ariel Goldstein, Waldo Ansaldi, Enzo Traverso, Daniel Feierstein, Torcuato Di Tella, Norberto Bobbio y tantos otros estudiosos. Siguiendo sus propuestas, en términos generales, las nuevas derechas defienden la economía de mercado y libre empresa; pero mientras la derecha tradicional o convencional admite los principios de la democracia liberal, las extremas derechas (far right) la cuestionan, sin sujetarse a su institucionalidad, por lo cual exacerban la polarización social y agudizan el autoritarismo.

Las nuevas derechas no constituyen un bloque homogéneo, sino que presentan modelos de organización económica y política diferenciados. El caso de Javier Milei (Argentina) expresa un libertarismo radical de inspiración anarcocapitalista, que postula la reducción total del Estado y el fomento único de la empresa privada. Nayib Bukele (El Salvador) representa un modelo de capitalismo centralizado y autoritario, donde la seguridad pública legitima una concentración significativa del poder. En esa derecha radical también estarían Jair Bolsonaro (Brasil), José Antonio Kast (Chile), Keiko Fujimori (Perú) y Abelardo de la Espriella (Colombia). En República Dominicana Luis Abinader encarna la derecha convencional (en la que igualmente entrarían Santiago Peña en Paraguay y Rodrigo Paz en Bolivia), que sostiene un capitalismo tecnocrático e institucional, orientado a la estabilidad macroeconómica y la gestión eficiente.

Las bases sociales de estas nuevas derechas son igualmente heterogéneas. Sin duda incluyen al gran empresariado, pero también a sectores medios y segmentos populares movilizados por redes sociales, medios de comunicación tradicionales y hasta discursos religiosos neopentecostales como en Centroamérica y Brasil. La ideología del “emprendimiento” también acerca la idea de “libertad económica” a sectores populares, informales y subocupados, que creen lograr, con sus micronegocios, los pasos iniciales para alcanzar el soñado ascenso social. En forma paralela, el éxito del modelo de seguridad de Bukele ha convertido la gestión dura del orden público en una referencia regional en contextos de fuerte inseguridad. Se alimenta así la imagen de que la “mano dura” salvará a todos, sin importar la situación en la que quedan los derechos humanos y la democracia.

Aplicando los criterios a Ecuador, es difícil encajar a León Febres Cordero (1984-1988) en la derecha tradicional, porque se inclina más a la extrema derecha, sin llegar al nivel de Milei. De hecho, Osvaldo Hurtado retrató a ese gobierno en su libro La dictadura civil. Además, son académicos ecuatorianos los que han demostrado que es posible hablar de un cuarto “modelo” de nueva derecha latinoamericana: como reacción al “correísmo”, desde 2017 se edificó la segunda época plutocrática del país que ha derivado en un capitalismo oligárquico con hegemonía dinástica bajo el gobierno de Daniel Noboa, en el cual una élite económica y política consolida su poder, subordina instituciones estatales y articula la gobernabilidad con una relación íntima entre poder civil y militar, bajo el comando de las estrategias de seguridad de los Estados Unidos a través de los convenios militares de cooperación suscritos.

En todo caso, es generalizado que las nuevas derechas latinoamericanas se ofrecen como alternativas modernas, cuestionan a los líderes y partidos anteriores (la “casta” para Milei), asumen posturas críticas al manejo económico del pasado, libran una “lucha cultural” abierta contra las izquierdas (los “zurdos”), atacan al feminismo y los movimientos identitarios (la izquierda “woke”) e incluso la inmigración (Chile, Perú), reivindican al Occidente “judeocristiano”, la familia tradicional y la historia de las clases dominantes, al punto de reconocer a regímenes como el de Pinochet en Chile o el de Videla en Argentina. Desde el poder persiguen a los opositores, niegan la pluralidad política, criminalizan la protesta social y en la actualidad se subordinan a la Doctrina Donroe del Corolario Trump.

Las nuevas derechas desafían el futuro de América Latina al amenazar las democracias y polarizar la sociedad con el privilegio del poder en manos de élites que ya no están dispuestas a permitir el desarrollo de sistemas fundamentados en la equidad, la sujeción a los derechos sociales y laborales, la redistribución de la riqueza y la soberanía nacional. Libran una abierta lucha de clases contra sectores medios, trabajadores y organizaciones sociales y populares.

Historia y Presente – blog
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Derechos Humanos Internacional Sociedad

Palestina: 1000 días de Genocidio y el informe de la ONU

Por Ezequiel Peressini, dirigente de Izquierda Socialista y la UIT-CI

2/7/2026. Han pasado 1000 días Israel comenzara una ofensiva sin igual sobre Gaza desde el 7 de octubre de 2023. La ONU ha confirmado en dos oportunidades que Israel lleva adelante un genocidio sobre la Palestina Ocupada, Gaza y Cisjordania. Nuevamente, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado dependiente de la ONU publicó el 18 de junio de 2026 un profundo informe en el que concluye que: “las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes han seguido cometiendo el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Franja de Gaza y en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental”.

Compartimos aquí, un resumen del informe como una herramienta para demostrar el carácter históricamente genocida de Israel y fortalecer la solidaridad internacional con Palestina. En sus casi 100 páginas, el informe relata las atroces acciones ejecutadas por el Estado de Israel sobre Palestina que de conjunto son escalofriantes y describen una realidad propia de una película de terror, particularmente para las niñas y niños.

A pesar de las atrocidades cometidas, Israel no logra cantar victoria sobre Gaza y Palestina, la resistencia no esta derrotada y su principal aliado y sostenedor Donald Trump ha salido derrotado de su ataque imperialista contra Irán, debilitando también a Israel. Netanyahu sufre un aislamiento sin precedentes. Ya fue condenado en 2024 por la Corte Penal Internacional por delitos de genocidio y amplios sectores de masas, centralmente en los Estados Unidos han retirado su apoyo al Israel y se comienza a manifestar una sostenida solidaridad con Palestina. Desde los acampes estudiantiles en las universidades de los Estados Unidos a las movilizaciones en Europa y otros continentes, las dos iniciativas de la Flotilla Global Sumud y los informes de la ONU demuestran el deterioro político y el aislamiento del estado de Israel.

Muchas de las conclusiones del informe, son hoy bandera de lucha de millones de personas que en todos los continentes se movilizan contra el Genocidio. Que hayan sido reconocidas por la ONU es un triunfo que demuestra el carácter genocida del estado de Israel. Son las movilizaciones de masas, las acciones como los paros y huelgas impulsados por los trabajadores portuarios y estibadores de Italia, las huelgas estudiantiles y acciones internacionalistas como las desempeñadas por al Global Sumud Flotilla, las que pueden imponer a los gobiernos capitalistas la inmediata ruptura de todo tipo de relaciones económicas, políticas, militares, académicas y culturales y de todo tipo con el estado genocida de Israel como así también el urgente embargos de armas para parar el Genocidio.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) impulsamos la más amplia unidad de acción para derrotar al genocida Israel y conquistar la inmediata retirada de las tropas israelíes de Gaza, toda la Palestina ocupada, el Líbano y Siria. La movilización debe continuar y exigir que las acciones exigidas por La Comisión de la ONU sean ejecutadas de manera inmediata en el camino de la lucha por una Palestina libre del rio al mar.

El hambre como método de Guerra

Para febrero de 2024, la desnutrición y la deshidratación habían afectado al 90 por ciento de los niños de entre seis y 23 meses en toda Gaza, por el contrario, antes del 7 de octubre de 2023, la desnutrición aguda en niños menores de cinco años era casi inexistente (0,8 por ciento) en Gaza. Casi 95.000 niños fueron identificados con desnutrición aguda en 2025.

Aproximadamente 320.000 niños menores de cinco años se consideran en riesgo de desnutrición, y cerca de 100.000 requieren tratamiento especializado para la emaciación, a diciembre de 2025. Julio de 2025 fue el mes con mayor número de muertes infantiles por desnutrición, con 24 niños menores de cinco años fallecidos, lo que representa el 85 por ciento de todas las muertes relacionadas con la desnutrición en 2025. Las proyecciones indican además que, desde diciembre de 2025 hasta mediados de octubre de 2026, se prevé que casi 101.000 niños de entre seis y 59 meses de edad padezcan desnutrición aguda, incluidos más de 31.000 casos grave.

La ocupación israelí: una maquina para asesinar niñas y niños

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Derechos Humanos Internacional

Colecta internacional en solidaridad con Venezuela

Por Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional

2/7/2026. El 24 de junio Venezuela se vio sacudida por un letal doble terremoto. Hasta el momento hay cerca de tres mil personas fallecidas, número que lamentablemente seguirá creciendo. Más de diez mil resultaron heridas mientras 40.000 se encuentran desaparecidas y miles han perdido sus hogares.

Luego de más de una semana de labores de rescate bajo los escombros, la crítica situación puede agravarse con la aparición de enfermedades que podrían afectar a miles de personas.

El terremoto golpeó a Venezuela sobre unas ya precarias condiciones sociales, como escasez de agua, los crónicos apagones eléctricos, un transporte deficiente y un sistema sanitario en crisis producto del ajuste capitalista aplicado por el gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, que además provocó la emigración de miles de profesionales de la salud, como parte de los más de 7 millones de venezolanas y venezolanos que abandonaron en el país en medio de la grave situación económica.

Ante esta dramática situación, el pueblo venezolano requiere de la máxima solidaridad internacional. Mas de cuatro mil rescatistas de distintas partes del mundo han llegado a Venezuela para colaborar con las tareas de rescate. En este nuevo periodo, el apoyo a las personas que perdieron sus casas y con las miles de personas que viven en refugios provisorios, han de ser fundamentales.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) apoyamos al pueblo trabajador venezolano en este difícil trance, y nos comprometemos a apoyar la colecta solidaria impulsada desde el estado Anzoátegui por la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-CURA), encabezada por José Bodas, dirigente de dicha corriente en el sector petrolero, y secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV).

Esta es una campaña autónoma del gobierno y toda institución oficial, que busca recolectar y acopiar insumos médicos, artículos de higiene y alimentos para las víctimas.

Cada centavo de lo recolectado por la UIT-CI y cada una de las secciones en los distintos países donde tenemos presencia, será centralizado y enviado a las y los compañeros del Partido Socialismo y Libertad (PSL) de Venezuela para que sea transformado en ayuda material para los sectores más afectados, en este momento de crisis.

Mientras impulsamos la colecta internacional exigimos que, para que Venezuela pueda afrontar de manera sostenida este periodo de crisis humanitaria, es fundamental que los Estados Unidos entregue todos los dólares que Trump ha robado al pueblo venezolano con la venta de su petróleo; no pagar los vencimientos por 240 mil millones de dólares de deuda externa, con el objetivo de poner todos los recursos del país al servicio de la atención a los afectados por la tragedia y la reconstrucción de las viviendas y edificios destruidos.

Llamamos a las y los trabajadores, a la juventud, a las mujeres y disidencias y al conjunto de los pueblos a apoyar esta campaña en apoyo al pueblo venezolano.

Para materializar tu aporte: ¡Ponte en contacto con las compañeras y compañeros de la UIT-CI en cada uno de los países para hacer tu aporte solidario!

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional

2 de julio de 2026

uit-ci.org/index.php/2026/07/03/colecta-internacional-en-solidaridad-con-venezuela/

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Derechos Humanos Nacional

A 70 años, la Justicia declaró de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez

* Foto de portada: en el auditorio «Hugo del Carril» de José León Suárez, Mónica Schlotthauer y Rubén «Pollo» Sobrero acompañando a compañeros ferroviarios y familiares que reclaman que la Justicia declare a los fusilamientos como delitos de lesa humanidad.

Escribe Camila Mitre

A 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, la Justicia Federal de San Martín declaró que los crímenes cometidos por la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu fueron delitos de lesa humanidad. La sentencia del juicio por la verdad responsabilizó al Estado argentino por la planificación, ejecución y encubrimiento de la masacre ocurrida en la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando cinco hombres fueron asesinados y otros siete lograron sobrevivir.

El juicio fue impulsado por familiares de las víctimas, que durante décadas reclamaron verdad, reparación y reconocimiento. En la audiencia estuvieron presentes Mónica Schlotthauer, diputada bonaerense de Izquierda Socialista en el FIT Unidad y delegada ferroviaria, y Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, quienes acompañaron el reclamo de los familiares y sobrevivientes.

La jueza Alicia Vence, titular del Juzgado Federal en lo Criminal N° 2 de San Martín, dio por probado que en la noche del 9 de junio de 1956 un grupo de personas fue secuestrado en una casa de Florida, en el partido de Vicente López. Algunos esperaban noticias del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra el régimen militar que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955. Sin embargo, la represión ya estaba en marcha.

Horas después, los detenidos fueron trasladados en un colectivo de línea hasta los basurales de José León Suárez. Allí, bajo las órdenes del inspector Rodolfo Rodríguez Moreno y siguiendo las directivas del jefe de Policía bonaerense, Desiderio Fernández Suárez, fueron fusilados. La sentencia estableció la responsabilidad penal de Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Quaranta, Fernández Suárez, Rodríguez Moreno y el personal a su cargo.

Los asesinados fueron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión. Otros siete sobrevivieron: Juan Carlos Livraga, Miguel Ángel Giunta, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez y Rogelio Díaz. Algunos escaparon en medio de la oscuridad; otros fueron heridos y dados por muertos. El caso de Livraga fue clave: fue “el fusilado que vive”, cuya historia llegó a Rodolfo Walsh y a Enriqueta Muñíz dio origen a Operación Masacre, una obra central del periodismo de investigación y de la literatura de no ficción.

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la reconstrucción de la ilegalidad del operativo. La dictadura intentó justificar los crímenes bajo la ley marcial, anunciada por Radio Nacional a las 0.32 del 10 de junio. Pero los secuestros habían ocurrido antes y el decreto recién fue publicado en el Boletín Oficial cuatro días después. Para el tribunal, no hubo legalidad posible. La jueza declaró la responsabilidad del Estado por hechos que calificó como “allanamiento ilegal de domicilio”, “privación ilegal de la libertad agravada”, “homicidio agravado” y “tentativa de homicidio”.

Aunque los responsables ya murieron y no pueden recibir condena penal efectiva, la jueza dejó asentado que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido la pena de prisión perpetua. Además, dispuso la “reivindicación del buen nombre y honor” de las víctimas y estableció que la sentencia constituye en sí misma una forma de reparación.

Entre las medidas ordenadas, la Justicia dispuso la publicación de la sentencia en organismos oficiales, la incorporación del caso en los contenidos educativos, la instalación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los allanamientos y fusilamientos, y la creación de un sitio de memoria en el predio de los históricos basurales de José León Suárez.

La sentencia llega tarde, pero confirma una verdad histórica. Los fusilamientos fueron parte de la represión desatada por el golpe gorila de 1955, una ofensiva patronal, clerical y proimperialista contra la clase trabajadora y sus conquistas. Nahuel Moreno, dirigente de nuestra corriente trotskista, denunció desde aquellos años el carácter reaccionario de ese golpe y señaló que la resistencia contra la dictadura debía apoyarse en la organización independiente y la movilización de las y los trabajadores.

Setenta años después, la lucha de los familiares, sobrevivientes y organismos logró arrancarle al Estado un reconocimiento judicial. Pero la memoria no se agota en una sentencia. Frente a quienes reivindican la represión, niegan los crímenes del Estado o vuelven a atacar los derechos de las y los trabajadores, seguimos levantando las banderas de memoria, verdad y justicia. Por los fusilados de José León Suárez, por Walsh, por cada compañero perseguido y asesinado, la pelea sigue en las calles.

www.izquierdasocialista.org.ar/2020/index.php/blog/elsocialista/item/25160-a-70-anos-la-justicia-declaro-de-lesa-humanidad-los-fusilamientos-de-jose-leon-suarez

El Socialista 01/07/26

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Derechos Humanos Nacional Sociedad

30 años de la pueblada que parió al movimiento piquetero

Corrían los primeros meses del segundo menemato cuando, con las mujeres a la cabeza, se inauguró una nueva práctica adherida desde ese momento a los repertorios de protesta de nuestro país: la de un movimiento piquetero que, desde el 20 de junio y a lo largo de seis días, paralizó la provincia de Neuquén organizando en asamblea el corte de la estratégica ruta 22. Para algunos, ese fue el punto de partida del proceso de intensificación de la protesta que desembocó en el estallido social del 2001.

Desde la Carrera de Sociología compartimos, a 30 años de la pueblada de Cutral-Có y Plaza Huincul, dos reflexiones de profesores de nuestra casa dedicados al estudio de los procesos de cambio social y los movimientos de nuestro país. Recordamos aquellos días desde las palabras de Julián Rebón y María Maneiro.

Corte de ruta, humo y pueblada.
A 30 años de Cutral Co y Plaza Huincul: la génesis del movimiento piquetero

Por la Prof. María Maneiro

El humo negro de los neumáticos quemados se mezclaba con el frío seco de la Patagonia mientras miles de vecinos ocupaban la Ruta Nacional 22. En Cutral Co y Plaza Huincul, el asfalto se había convertido en trinchera. Corría junio de 1996 y lo que estaba en juego no era solo un corte de ruta, sino la supervivencia de comunidades enteras desarticuladas por la privatización de YPF.

Hacia mediados de la década de 1990, la privatización de las empresas estatales dejaba deshilachados pueblos enteros. El modelo neoliberal impulsó el achicamiento del Estado, desmantelando comunidades que vivían bajo su sostén. Entre retiros voluntarios y despidos, miles de trabajadores quedaron sin empleo; las indemnizaciones se evaporaron rápidamente y los microemprendimientos se volvieron inviables. El desempleo trepó a cifras récord, transformando a localidades prósperas en territorios de fantasmas, signados por el frío, el hambre y el abandono de un Estado que se retiraba de su rol de proveedor.

La escena de la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul es revisitada hoy, a 30 años, emulando el Berisso peronista, como el kilómetro cero del movimiento piquetero. El 20 de junio de 1996, miles de vecinos se volcaron masivamente a la Ruta Nacional 22 mientras el asfalto se transformaba en una trinchera custodiada por barricadas de neumáticos quemados. El humo negro se convirtió en el símbolo de la resistencia frente al crudo frío patagónico: el piquete cerraba rutas pero abría caminos. Detrás del humo, la multitud se defendía para frenar el avance de las fuerzas federales. El fenómeno alumbró liderazgos inesperados. Como es sabido a partir del trabajo de Javier Auyero en Vidas beligerantes, la docente Laura Padilla pasó a encabezar las negociaciones con el poder político mostrando que la pueblada amalgamó y colectivizó el sufrimiento individual.

El punto de inflexión ocurrió el 25 de junio, cuando la jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles llegó al corte de ruta escoltada por unos 400 gendarmes. El objetivo de su llegada era ordenar el desalojo, pero al constatar la masividad de la protesta, que superaba las 30 mil personas, la magistrada tomó una decisión histórica: se declaró públicamente incompetente, alegó sedición y se retiró junto a las tropas federales. Desarmada la opción represiva, el gobernador Felipe Sapag tuvo que ir a negociar al corte. La rebelión concluyó con un acta firmada por Sapag y Padilla; el documento institucionalizó el conflicto y forzó al Estado a reconocer su responsabilidad política en el mapa de la protesta social argentina.

Las puebladas y piquetes expresaron una fractura estructural que se extendió velozmente desde los pueblos petroleros hacia los cordones industriales del país. En un marco de desindustrialización sostenida, el corte de ruta y la asamblea emergieron como el repertorio organizacional y de protesta de las fracciones trabajadoras pauperizadas. Esta acumulación de conflictividad territorial sumó a las clases medias y alcanzó su punto de ebullición en la crisis de 2001-2002 con el rechazo generalizado a la clase política. Tras el colapso, el ciclo abierto en 2003 dinamizó el mercado interno e institucionalizó a las organizaciones de desocupados como interlocutores legítimos del Estado. No obstante, las limitaciones estructurales para garantizar una integración laboral extendida reaparecieron hacia 2008, amesetando el periodo de crecimiento acelerado y reinstalando el problema sociolaboral de fondo.

El agotamiento del boom de los commodities y el estancamiento económico crónico reactualizaron las viejas urgencias. La fragilidad sociolaboral no había sido superada, sino contenida bajo nuevas formas de precarización laboral. El problema de la estrechez de los ingresos regresó al centro de la agenda pública, pero bajo la forma del pluriempleo y la sobreexplotación.

A tres décadas de distancia, aquel grito de resistencia adquiere su verdadera dimensión histórica en un presente que vuelve a discutir dilemas emparentados. La pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul inauguró la lucha de aquellos sectores que no logran ingresar de manera duradera en el mercado de trabajo formal. Allí se abrió una bisagra de negociación inédita con el Estado, forzando al poder político a asumirse como el responsable de la integración social. A través del piquete, la comunidad logró colectivizar un padecimiento que se representaba como individual: la falta de empleo dejó de ser una responsabilidad doméstica para volverse una demanda colectiva.

Cutral Co y Plaza Huincul evidenciaron un problema estructural que hoy, bajo nuevos ropajes, regresa con fuerza: desnudó la profunda incertidumbre de amplias fracciones de las clases trabajadoras que resultan excedentarias para el capital recordándonos que las promesas de derrame suelen apagarse antes de llegar a la ruta.

La pueblada de Cutral  Co y los nuevos horizonte de la lucha
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Tras 70 años de impunidad, la Justicia reconoció la responsabilidad del Estado en los fusilamientos de José León Suárez

En un juicio por la verdad, la juez Alicia Vence dio por probado el secuestro de 12 personas en la noche del 9 de junio de 1956, el homicidio de 5 de ellas y la tentativa de homicidio de otras 7 personas, quienes sobrevivieron. Ordenó medidas reparatorias y declaró la responsabilidad de los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas y de los jefes policiales.

Siete décadas después, en un juicio por la verdad, la justicia federal reconoció que hubo responsabilidad del Estado en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de los fusilamientos de 12 militantes peronistas el 9 de junio de 1956. 

El debate histórico finalizó este lunes pasadas las 13, cuando la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, leyó la parte dispositiva de la sentencia, en la que declaró que estos hechos, relatados por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, se trataron de crímenes de lesa humanidad. 

“Declarar que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la comisión de esos hechos, a los cuales califico legalmente como allanamiento ilegal de domicilio,  que concurre con el de privación ilegal de la libertad agravado reiterado en 12 oportunidades, que a su vez concurre con el de homicidio agravado en cinco oportunidades y tentativa de homicidio en otros siete”, leyó la magistrada. 

Por el paso del tiempo y la impunidad que rodeó estos hechos durante 70 años, todos los posibles culpables se encuentran muertos. Por eso se realizó este juicio por la verdad, que no tiene consecuencias penales. El veredicto señaló la responsabilidad de los dictadores Pedro eugenio Aramburu e Issac Rojas; de Juan Constantino Quaranta, jefe de SIDE; de Desidero Fernández Suárez, jefe de la Policía Bonaerense; del jefe regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno, y estableció que la pena que les hubiera correspondido si hubiesen sido juzgados es la de prisión perpetua. 

Además, estableció una serie de medidas reparatorias, como la publicación de la sentencia en las páginas web del gobierno nacional y bonaerense, la construcción de un sitio de memoria que difunda lo que pasó y preserve la memoria histórica, la rehabilitación del buen nombre y honor de las víctimas y su incorporación en el registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino, entre otras.

La jueza dio por probada la acusación de la querella de las familias, representada por los abogados Alberto Palacios y Walter Arias, que resultó la única parte acusadora ya que el fiscal Paul Starc dictaminó en contra del juicio por la verdad y no participó del proceso.  

En su alegato, la querella reconstruyó lo que sucedió esa noche a partir de las pruebas y testimonios que se conocieron durante el debate, como el del sobreviviente Juan Carlos Livraga, de 94 años, el “fusilado que vive”, y de familiares de sobrevivientes y asesinados . 

Los abogados señalaron que en la noche del 9 de junio de 1956, un grupo de personas se reunió en la casa de Hipólito Irigoyen 4519, en la localidad de Florida, Vicente López, para escuchar una pelea de boxeo. “Pero en el ambiente circulaba otra cosa que parte de los asistentes conocía: la posibilidad de esperar el mensaje por el alzamiento armado que preparaba Juan José Valle contra la dictadura de Aramburu y Rojas”, relató Palacios. 

En la casa del fondo se encontraban Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso, Mario Brión, Juan Carlos Livraga, Rorberto Gavino, Rogelio Díaz y Juan Carlos Torres y en la propiedad del frente se encontraban Horacio Di Chiano, dueño de la casa, y Miguel Ángel Giunta. “El dueño de la finca (di Chiano) era el único de la cuadra con teléfono, por eso seguramente, y esto es algo novedoso del juicio, estaban en ese domicilio, porque esperaban una llamada”, explicó. 

Alrededor de las 23.20, un operativo represivo llegó a la casa y se llevó detenidos a todos, a excepción de Torres, quien logró fugarse. Otras dos personas, Reinaldo Benavidez y Julio Troxler, fueron atrapados minutos después mientras ingresaban al domicilio. De esas detenciones participó el jefe de la Bonaerense, Fernández Suárez, quien ordenó llevarlos a la Unidad Regional de San Martín, donde quedaron incomunicados. 

“Se encuentra probado que a las 0.32 del 10 de junio la radio transmitió la proclama de la ley marcial firmada por Aramburu y Rojas. Para ese momento, los 12 hombres llevaban más de una hora bajo custodia policial, ya habían sido detenidos, ya habían perdido su libertad. La ley que los condenaría a muerte o que el régimen pretendía usar como cobertura, llegó después”, detallaron los abogados. Horas más tarde, Fernández Suárez impartió por teléfono la orden de llevarlos a un descampado y fusilarlos. 

Pasadas las 4, los 12 detenidos fueron llevados a la madrugada a los terrenos donde entonces estaban los basurales de José León Suárez. Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión fueron asesinados en el lugar mientras que los otros 7 lograron sobrevivir:  Livraga recibió 3 disparos a quemarropa y un balazo le atravesó la cara. Fue dado por muerto y se arrastró ensangrentado hasta encontrar auxilio. Di Chiano se tiró al suelo y lo dieron por muerto. Gavino, Benavidez, Troxler, Giunta y Díaz lograron escapar.

El juicio por la verdad por los fusilamientos de José León Suárez tienen un antecedente directo en el debate que se hizo por la masacre de Napalpí, ocurrida en Chaco en 1924. Por impulso de la fiscalía de Resistencia, en 2022 se realizó un juicio por la verdad que reconoció la responsabilidad estatal en el fusilamiento de más de 400 miembros de las comunidades Qom y Moqoit, quienes reclamaban mejores condiciones de vida y trabajo en la reducción indígena de Napalpí. 

www.tiempoar.com.ar/ta_article/jose-leon-suarez-masacre-justicia/

22/06/26