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Palestina: 1000 días de Genocidio y el informe de la ONU

Por Ezequiel Peressini, dirigente de Izquierda Socialista y la UIT-CI

2/7/2026. Han pasado 1000 días Israel comenzara una ofensiva sin igual sobre Gaza desde el 7 de octubre de 2023. La ONU ha confirmado en dos oportunidades que Israel lleva adelante un genocidio sobre la Palestina Ocupada, Gaza y Cisjordania. Nuevamente, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado dependiente de la ONU publicó el 18 de junio de 2026 un profundo informe en el que concluye que: “las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes han seguido cometiendo el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Franja de Gaza y en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental”.

Compartimos aquí, un resumen del informe como una herramienta para demostrar el carácter históricamente genocida de Israel y fortalecer la solidaridad internacional con Palestina. En sus casi 100 páginas, el informe relata las atroces acciones ejecutadas por el Estado de Israel sobre Palestina que de conjunto son escalofriantes y describen una realidad propia de una película de terror, particularmente para las niñas y niños.

A pesar de las atrocidades cometidas, Israel no logra cantar victoria sobre Gaza y Palestina, la resistencia no esta derrotada y su principal aliado y sostenedor Donald Trump ha salido derrotado de su ataque imperialista contra Irán, debilitando también a Israel. Netanyahu sufre un aislamiento sin precedentes. Ya fue condenado en 2024 por la Corte Penal Internacional por delitos de genocidio y amplios sectores de masas, centralmente en los Estados Unidos han retirado su apoyo al Israel y se comienza a manifestar una sostenida solidaridad con Palestina. Desde los acampes estudiantiles en las universidades de los Estados Unidos a las movilizaciones en Europa y otros continentes, las dos iniciativas de la Flotilla Global Sumud y los informes de la ONU demuestran el deterioro político y el aislamiento del estado de Israel.

Muchas de las conclusiones del informe, son hoy bandera de lucha de millones de personas que en todos los continentes se movilizan contra el Genocidio. Que hayan sido reconocidas por la ONU es un triunfo que demuestra el carácter genocida del estado de Israel. Son las movilizaciones de masas, las acciones como los paros y huelgas impulsados por los trabajadores portuarios y estibadores de Italia, las huelgas estudiantiles y acciones internacionalistas como las desempeñadas por al Global Sumud Flotilla, las que pueden imponer a los gobiernos capitalistas la inmediata ruptura de todo tipo de relaciones económicas, políticas, militares, académicas y culturales y de todo tipo con el estado genocida de Israel como así también el urgente embargos de armas para parar el Genocidio.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) impulsamos la más amplia unidad de acción para derrotar al genocida Israel y conquistar la inmediata retirada de las tropas israelíes de Gaza, toda la Palestina ocupada, el Líbano y Siria. La movilización debe continuar y exigir que las acciones exigidas por La Comisión de la ONU sean ejecutadas de manera inmediata en el camino de la lucha por una Palestina libre del rio al mar.

El hambre como método de Guerra

Para febrero de 2024, la desnutrición y la deshidratación habían afectado al 90 por ciento de los niños de entre seis y 23 meses en toda Gaza, por el contrario, antes del 7 de octubre de 2023, la desnutrición aguda en niños menores de cinco años era casi inexistente (0,8 por ciento) en Gaza. Casi 95.000 niños fueron identificados con desnutrición aguda en 2025.

Aproximadamente 320.000 niños menores de cinco años se consideran en riesgo de desnutrición, y cerca de 100.000 requieren tratamiento especializado para la emaciación, a diciembre de 2025. Julio de 2025 fue el mes con mayor número de muertes infantiles por desnutrición, con 24 niños menores de cinco años fallecidos, lo que representa el 85 por ciento de todas las muertes relacionadas con la desnutrición en 2025. Las proyecciones indican además que, desde diciembre de 2025 hasta mediados de octubre de 2026, se prevé que casi 101.000 niños de entre seis y 59 meses de edad padezcan desnutrición aguda, incluidos más de 31.000 casos grave.

La ocupación israelí: una maquina para asesinar niñas y niños

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Derechos Humanos Internacional

Colecta internacional en solidaridad con Venezuela

Por Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional

2/7/2026. El 24 de junio Venezuela se vio sacudida por un letal doble terremoto. Hasta el momento hay cerca de tres mil personas fallecidas, número que lamentablemente seguirá creciendo. Más de diez mil resultaron heridas mientras 40.000 se encuentran desaparecidas y miles han perdido sus hogares.

Luego de más de una semana de labores de rescate bajo los escombros, la crítica situación puede agravarse con la aparición de enfermedades que podrían afectar a miles de personas.

El terremoto golpeó a Venezuela sobre unas ya precarias condiciones sociales, como escasez de agua, los crónicos apagones eléctricos, un transporte deficiente y un sistema sanitario en crisis producto del ajuste capitalista aplicado por el gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, que además provocó la emigración de miles de profesionales de la salud, como parte de los más de 7 millones de venezolanas y venezolanos que abandonaron en el país en medio de la grave situación económica.

Ante esta dramática situación, el pueblo venezolano requiere de la máxima solidaridad internacional. Mas de cuatro mil rescatistas de distintas partes del mundo han llegado a Venezuela para colaborar con las tareas de rescate. En este nuevo periodo, el apoyo a las personas que perdieron sus casas y con las miles de personas que viven en refugios provisorios, han de ser fundamentales.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) apoyamos al pueblo trabajador venezolano en este difícil trance, y nos comprometemos a apoyar la colecta solidaria impulsada desde el estado Anzoátegui por la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-CURA), encabezada por José Bodas, dirigente de dicha corriente en el sector petrolero, y secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV).

Esta es una campaña autónoma del gobierno y toda institución oficial, que busca recolectar y acopiar insumos médicos, artículos de higiene y alimentos para las víctimas.

Cada centavo de lo recolectado por la UIT-CI y cada una de las secciones en los distintos países donde tenemos presencia, será centralizado y enviado a las y los compañeros del Partido Socialismo y Libertad (PSL) de Venezuela para que sea transformado en ayuda material para los sectores más afectados, en este momento de crisis.

Mientras impulsamos la colecta internacional exigimos que, para que Venezuela pueda afrontar de manera sostenida este periodo de crisis humanitaria, es fundamental que los Estados Unidos entregue todos los dólares que Trump ha robado al pueblo venezolano con la venta de su petróleo; no pagar los vencimientos por 240 mil millones de dólares de deuda externa, con el objetivo de poner todos los recursos del país al servicio de la atención a los afectados por la tragedia y la reconstrucción de las viviendas y edificios destruidos.

Llamamos a las y los trabajadores, a la juventud, a las mujeres y disidencias y al conjunto de los pueblos a apoyar esta campaña en apoyo al pueblo venezolano.

Para materializar tu aporte: ¡Ponte en contacto con las compañeras y compañeros de la UIT-CI en cada uno de los países para hacer tu aporte solidario!

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional

2 de julio de 2026

uit-ci.org/index.php/2026/07/03/colecta-internacional-en-solidaridad-con-venezuela/

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Derechos Humanos Nacional

A 70 años, la Justicia declaró de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez

* Foto de portada: en el auditorio «Hugo del Carril» de José León Suárez, Mónica Schlotthauer y Rubén «Pollo» Sobrero acompañando a compañeros ferroviarios y familiares que reclaman que la Justicia declare a los fusilamientos como delitos de lesa humanidad.

Escribe Camila Mitre

A 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, la Justicia Federal de San Martín declaró que los crímenes cometidos por la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu fueron delitos de lesa humanidad. La sentencia del juicio por la verdad responsabilizó al Estado argentino por la planificación, ejecución y encubrimiento de la masacre ocurrida en la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando cinco hombres fueron asesinados y otros siete lograron sobrevivir.

El juicio fue impulsado por familiares de las víctimas, que durante décadas reclamaron verdad, reparación y reconocimiento. En la audiencia estuvieron presentes Mónica Schlotthauer, diputada bonaerense de Izquierda Socialista en el FIT Unidad y delegada ferroviaria, y Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, quienes acompañaron el reclamo de los familiares y sobrevivientes.

La jueza Alicia Vence, titular del Juzgado Federal en lo Criminal N° 2 de San Martín, dio por probado que en la noche del 9 de junio de 1956 un grupo de personas fue secuestrado en una casa de Florida, en el partido de Vicente López. Algunos esperaban noticias del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra el régimen militar que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955. Sin embargo, la represión ya estaba en marcha.

Horas después, los detenidos fueron trasladados en un colectivo de línea hasta los basurales de José León Suárez. Allí, bajo las órdenes del inspector Rodolfo Rodríguez Moreno y siguiendo las directivas del jefe de Policía bonaerense, Desiderio Fernández Suárez, fueron fusilados. La sentencia estableció la responsabilidad penal de Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Quaranta, Fernández Suárez, Rodríguez Moreno y el personal a su cargo.

Los asesinados fueron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión. Otros siete sobrevivieron: Juan Carlos Livraga, Miguel Ángel Giunta, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez y Rogelio Díaz. Algunos escaparon en medio de la oscuridad; otros fueron heridos y dados por muertos. El caso de Livraga fue clave: fue “el fusilado que vive”, cuya historia llegó a Rodolfo Walsh y a Enriqueta Muñíz dio origen a Operación Masacre, una obra central del periodismo de investigación y de la literatura de no ficción.

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la reconstrucción de la ilegalidad del operativo. La dictadura intentó justificar los crímenes bajo la ley marcial, anunciada por Radio Nacional a las 0.32 del 10 de junio. Pero los secuestros habían ocurrido antes y el decreto recién fue publicado en el Boletín Oficial cuatro días después. Para el tribunal, no hubo legalidad posible. La jueza declaró la responsabilidad del Estado por hechos que calificó como “allanamiento ilegal de domicilio”, “privación ilegal de la libertad agravada”, “homicidio agravado” y “tentativa de homicidio”.

Aunque los responsables ya murieron y no pueden recibir condena penal efectiva, la jueza dejó asentado que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido la pena de prisión perpetua. Además, dispuso la “reivindicación del buen nombre y honor” de las víctimas y estableció que la sentencia constituye en sí misma una forma de reparación.

Entre las medidas ordenadas, la Justicia dispuso la publicación de la sentencia en organismos oficiales, la incorporación del caso en los contenidos educativos, la instalación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los allanamientos y fusilamientos, y la creación de un sitio de memoria en el predio de los históricos basurales de José León Suárez.

La sentencia llega tarde, pero confirma una verdad histórica. Los fusilamientos fueron parte de la represión desatada por el golpe gorila de 1955, una ofensiva patronal, clerical y proimperialista contra la clase trabajadora y sus conquistas. Nahuel Moreno, dirigente de nuestra corriente trotskista, denunció desde aquellos años el carácter reaccionario de ese golpe y señaló que la resistencia contra la dictadura debía apoyarse en la organización independiente y la movilización de las y los trabajadores.

Setenta años después, la lucha de los familiares, sobrevivientes y organismos logró arrancarle al Estado un reconocimiento judicial. Pero la memoria no se agota en una sentencia. Frente a quienes reivindican la represión, niegan los crímenes del Estado o vuelven a atacar los derechos de las y los trabajadores, seguimos levantando las banderas de memoria, verdad y justicia. Por los fusilados de José León Suárez, por Walsh, por cada compañero perseguido y asesinado, la pelea sigue en las calles.

www.izquierdasocialista.org.ar/2020/index.php/blog/elsocialista/item/25160-a-70-anos-la-justicia-declaro-de-lesa-humanidad-los-fusilamientos-de-jose-leon-suarez

El Socialista 01/07/26

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Internacional Sociedad

El arte de reciclar un acuerdo

Fuentes: Conterpunch [Imagen Wikipedia]

Por Janal Kanj

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Hay muchas lecciones que aprender de la última guerra contra Irán, orquestada por Israel. La primera y más contundente es que la guerra ha resuelto precisamente la crisis que ella misma había creado.

Donald Trump ha celebrado la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo contra Irán. Dos condiciones que ya se cumplían plenamente antes de que Benjamin Netanyahu arrastrara a Trump a esta guerra. El acuerdo que ha puesto fin al conflicto nos ha devuelto exactamente al punto de partida en que estábamos antes de que Estados Unidos gastara 200.000 millones de dólares en esta guerra, y los estadounidenses siguen pagando el impuesto israelí en las gasolineras y en los supermercados.

En cuanto al programa nuclear de Irán, las cifras no mienten. Los 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60 % que Irán poseía eran inexistentes antes de que Trump —presionado por sus principales donantes partidarios de la política de “Israel primero”— hiciera pedazos el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) en mayo de 2018. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Irán había cumplido plenamente no solo con el acuerdo de no proliferación de la AIEA —que Israel nunca ha firmado ni aceptado—, sino también con los protocolos adicionales que regulan la verificación y la supervisión de su programa nuclear civil. Trump canceló el acuerdo de todos modos, no porque perjudicara a Estados Unidos, sino porque no satisfacía el veto de Israel.

Resulta verdaderamente irónico que los conocimientos y capacidades nucleares de Irán sean hoy más avanzados que cuando Trump descartó el JCPOA. Por lo tanto, cualquier nuevo acuerdo —incluso uno con una estructura más estricta que el original— se está negociando desde una posición fundamentalmente más débil que la que existía en 2018. Ningún tratado puede hacer que Irán olvide lo que ya sabe.

El lunes 15 de junio, Trump anunció el fin de la guerra alardeando de que Irán había aceptado no desarrollar armas nucleares. En una copia filtrada del supuesto Memorándum de Entendimiento (MoU), el punto 8 establece: “La República Islámica de Irán reitera que nunca fabricará armas nucleares…” La palabra “reitera” no es casual. Se trata de una referencia directa al artículo III del JCPOA de 2015 —que probablemente Trump nunca leyó—, en el que Irán ya había afirmado: “… que bajo ninguna circunstancia Irán buscará, desarrollará o adquirirá armas nucleares”. El mismo compromiso. El mismo lenguaje. Firmas diferentes. Doce semanas de una guerra que no llevó a ninguna parte para llegar hasta aquí.

De “¡No habrá acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!” a celebrar un memorando de entendimiento para reabrir un estrecho que ya estaba abierto antes de que se despilfarraran 200.000 millones de dólares y se perdieran innumerables vidas estadounidenses e iraníes. El triunfo de Trump es mucho ruido y pocas nueces. Canceló un acuerdo ya existente que llevó años negociar, infligió dificultades económicas a los iraníes de a pie y permitió que el avance nuclear de Irán diera pasos de gigante. Es, en el sentido más literal, como redefinir el agua como H₂O. La molécula no cambió. Solo cambió la forma de presentarla. La guerra de Israel llevó a Trump de vuelta al punto de partida, con un coste doble para los contribuyentes estadounidenses.

El mismo grupo de interés que presionó a Trump para que cancelara el JCPOA ya ejercía presión sobre él mucho antes de las elecciones de 2024. Los donantes que anteponen los intereses de Israel invirtieron cientos de millones en su campaña como anticipo de esta guerra. Netanyahu visitó a Trump siete veces en trece meses, manipulando y tramando otra guerra en beneficio de Israel.

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Derechos Humanos Nacional Sociedad

30 años de la pueblada que parió al movimiento piquetero

Corrían los primeros meses del segundo menemato cuando, con las mujeres a la cabeza, se inauguró una nueva práctica adherida desde ese momento a los repertorios de protesta de nuestro país: la de un movimiento piquetero que, desde el 20 de junio y a lo largo de seis días, paralizó la provincia de Neuquén organizando en asamblea el corte de la estratégica ruta 22. Para algunos, ese fue el punto de partida del proceso de intensificación de la protesta que desembocó en el estallido social del 2001.

Desde la Carrera de Sociología compartimos, a 30 años de la pueblada de Cutral-Có y Plaza Huincul, dos reflexiones de profesores de nuestra casa dedicados al estudio de los procesos de cambio social y los movimientos de nuestro país. Recordamos aquellos días desde las palabras de Julián Rebón y María Maneiro.

Corte de ruta, humo y pueblada.
A 30 años de Cutral Co y Plaza Huincul: la génesis del movimiento piquetero

Por la Prof. María Maneiro

El humo negro de los neumáticos quemados se mezclaba con el frío seco de la Patagonia mientras miles de vecinos ocupaban la Ruta Nacional 22. En Cutral Co y Plaza Huincul, el asfalto se había convertido en trinchera. Corría junio de 1996 y lo que estaba en juego no era solo un corte de ruta, sino la supervivencia de comunidades enteras desarticuladas por la privatización de YPF.

Hacia mediados de la década de 1990, la privatización de las empresas estatales dejaba deshilachados pueblos enteros. El modelo neoliberal impulsó el achicamiento del Estado, desmantelando comunidades que vivían bajo su sostén. Entre retiros voluntarios y despidos, miles de trabajadores quedaron sin empleo; las indemnizaciones se evaporaron rápidamente y los microemprendimientos se volvieron inviables. El desempleo trepó a cifras récord, transformando a localidades prósperas en territorios de fantasmas, signados por el frío, el hambre y el abandono de un Estado que se retiraba de su rol de proveedor.

La escena de la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul es revisitada hoy, a 30 años, emulando el Berisso peronista, como el kilómetro cero del movimiento piquetero. El 20 de junio de 1996, miles de vecinos se volcaron masivamente a la Ruta Nacional 22 mientras el asfalto se transformaba en una trinchera custodiada por barricadas de neumáticos quemados. El humo negro se convirtió en el símbolo de la resistencia frente al crudo frío patagónico: el piquete cerraba rutas pero abría caminos. Detrás del humo, la multitud se defendía para frenar el avance de las fuerzas federales. El fenómeno alumbró liderazgos inesperados. Como es sabido a partir del trabajo de Javier Auyero en Vidas beligerantes, la docente Laura Padilla pasó a encabezar las negociaciones con el poder político mostrando que la pueblada amalgamó y colectivizó el sufrimiento individual.

El punto de inflexión ocurrió el 25 de junio, cuando la jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles llegó al corte de ruta escoltada por unos 400 gendarmes. El objetivo de su llegada era ordenar el desalojo, pero al constatar la masividad de la protesta, que superaba las 30 mil personas, la magistrada tomó una decisión histórica: se declaró públicamente incompetente, alegó sedición y se retiró junto a las tropas federales. Desarmada la opción represiva, el gobernador Felipe Sapag tuvo que ir a negociar al corte. La rebelión concluyó con un acta firmada por Sapag y Padilla; el documento institucionalizó el conflicto y forzó al Estado a reconocer su responsabilidad política en el mapa de la protesta social argentina.

Las puebladas y piquetes expresaron una fractura estructural que se extendió velozmente desde los pueblos petroleros hacia los cordones industriales del país. En un marco de desindustrialización sostenida, el corte de ruta y la asamblea emergieron como el repertorio organizacional y de protesta de las fracciones trabajadoras pauperizadas. Esta acumulación de conflictividad territorial sumó a las clases medias y alcanzó su punto de ebullición en la crisis de 2001-2002 con el rechazo generalizado a la clase política. Tras el colapso, el ciclo abierto en 2003 dinamizó el mercado interno e institucionalizó a las organizaciones de desocupados como interlocutores legítimos del Estado. No obstante, las limitaciones estructurales para garantizar una integración laboral extendida reaparecieron hacia 2008, amesetando el periodo de crecimiento acelerado y reinstalando el problema sociolaboral de fondo.

El agotamiento del boom de los commodities y el estancamiento económico crónico reactualizaron las viejas urgencias. La fragilidad sociolaboral no había sido superada, sino contenida bajo nuevas formas de precarización laboral. El problema de la estrechez de los ingresos regresó al centro de la agenda pública, pero bajo la forma del pluriempleo y la sobreexplotación.

A tres décadas de distancia, aquel grito de resistencia adquiere su verdadera dimensión histórica en un presente que vuelve a discutir dilemas emparentados. La pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul inauguró la lucha de aquellos sectores que no logran ingresar de manera duradera en el mercado de trabajo formal. Allí se abrió una bisagra de negociación inédita con el Estado, forzando al poder político a asumirse como el responsable de la integración social. A través del piquete, la comunidad logró colectivizar un padecimiento que se representaba como individual: la falta de empleo dejó de ser una responsabilidad doméstica para volverse una demanda colectiva.

Cutral Co y Plaza Huincul evidenciaron un problema estructural que hoy, bajo nuevos ropajes, regresa con fuerza: desnudó la profunda incertidumbre de amplias fracciones de las clases trabajadoras que resultan excedentarias para el capital recordándonos que las promesas de derrame suelen apagarse antes de llegar a la ruta.

La pueblada de Cutral  Co y los nuevos horizonte de la lucha
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General Internacional

Colombia: Otra expresión del fracaso de la centroizquierda en América Latina

Por Miguel Angel Hernández, dirigente del PSL de Venezuela y de la UIT-CI

24/6/2026. El pasado domingo 21 de junio se realizó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia. Completado el llamado preconteo, los resultados dan como ganador al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella con un total de 12.959.542 (49,66%) de votos frente a los 12.708.712 (48,70%) de Iván Cepeda del Pacto Histórico, el mismo partido del presidente Gustavo Petro.

Nuevamente se estaría concretando en América Latina el triunfo de un candidato de la ultraderecha. De la Espriella se ubica a la derecha de Alvaro Uribe y su partido el Centro Democrático. Un empresario fanático de los ultraderechistas Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina. Amigo del genocida Netanyahu. Apologista de la violencia y ligado al paramilitarismo. 

Este resultado en Colombia, como otros que se han producido recientemente en América Latina, es expresión del fracaso de un gobierno del llamado “progresismo” o centroizquierda, en este caso se trata del gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, el cual llegó al Palacio de Nariño rodeado de grandes expectativas y precedido de una masiva rebelión obrera y popular en el año 2021.

En años recientes varios de estos movimientos ascendieron al poder como consecuencia del fracaso de gobiernos liberales y de derecha, los cuales aplicaron severos ajustes contra los pueblos, que en algunos casos produjeron grandes rebeliones populares como fue el caso de Chile contra Piñera, en Colombia contra Iván Duque, en Perú contra Dina Boluarte, y en el caso de Brasil electoralmente contra el gobierno ultraderechista de Bolsonaro.

De estos procesos resultaron gobiernos de centroizquierda como el de Gabriel Boric en Chile; Pedro Castillo en Perú; Gustavo Petro en Colombia y en Honduras Xiomara Castro. Previamente en el 2020, en Bolivia el MAS de Evo Morales volvió al gobierno a través de Luis Arce.

Todos fueron gobiernos de conciliación con la burguesía, el imperialismo y los patronos, que no resolvieron ninguno de los graves problemas que aquejan a las y los trabajadores y sectores populares. Gobiernos capitalistas de doble discurso que mientras utilizaban frases de “izquierda” o supuestamente “progresistas”, pactaban con los empresarios y el imperialismo, y aplicaban ajustes para hacerle pagar la crisis a los trabajadores y el pueblo. Y que en la mayoría de los casos terminaron sumidos en la corrupción y la represión para imponer los ajustes contra el pueblo trabajador de sus respectivos países.

En América Latina estamos asistiendo a un giro electoral a la derecha, determinado por la incapacidad de los llamados movimientos y dirigentes de la centroizquierda en dar respuesta satisfactoria a los graves problemas estructurales de pobreza y desigualdad que caracterizan la vida de los trabajadores y sectores populares en nuestra región.

Lamentablemente, ante el fracaso de la centroizquierda y la debilidad de alternativas políticas socialistas revolucionarias, los pueblos votan por partidos de la derecha liberal tradicional o partidos de ultraderecha, como ha sido el caso de Milei, un fascista, declarado sionista en Argentina, el pinochetista Kast en Chile, Nasry Asfura, en Honduras, quien fuera apoyado públicamente por Donald Trump, Daniel Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador, Alvaro Noboa. Incluso existe el peligro que Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujmori, gane las elecciones en Perú. Y ahora el caso del siniestro Alberto de la Espriella en Colombia.

No obstante, los pueblos no le han dado un cheque en blanco a ninguno de estos nuevos gobiernos de centroderecha y ultraderecha, como tampoco se lo dieron a los gobiernos “progresistas”. Un ejemplo de ello es la gran rebelión obrera y popular en Bolivia, contra el gobierno de Rodrigo Paz, que asumió hace apenas 6 meses. 

Hoy la crisis del capitalismo imperialista global es mucho más profunda. Son gobiernos que ascienden al poder en medio de un entorno de crisis políticas y rebeliones en muchos otros países del mundo. Con toda seguridad profundizarán los ajustes contra el pueblo trabajador; intentarán avanzar sus ataques contra los derechos de las mujeres y disidencias; contra los derechos de los pueblos indígenas; intentarán recrudecer sus medidas represivas para poder aplicar los ajustes sin obstáculos. Y sin duda encontrarán la resistencia de los pueblos.  

Ya en Colombia vimos después de la primera vuelta electoral, el ascenso de un gran movimiento popular contra la ultraderecha, que tuvo su expresión más clara en el seno de la juventud universitaria, que está consciente del peligro que se cierne con un eventual gobierno del ultraderechista de la Espriella.   

En ese sentido, en Colombia y los demás países, debemos prepararnos para enfrentar los ajustes y los ataques contra el movimiento de masas y la juventud. Debemos movilizarnos contra los intentos de estos gobiernos por liquidar nuestros derechos. 

Pero sin duda, es necesario construir alternativas políticas socialistas revolucionarias para no continuar con el péndulo perverso entre gobiernos de derecha o ultraderecha y gobiernos del falso socialismo.

Las políticas antiobreras y antipopulares que intentarán aplicar estos nuevos gobiernos de derecha exacerbarán la lucha y la resistencia obrera y popular, basta ver el caso de Bolivia. Se recrudecerá la polarización social. Es posible que vengan nuevos choques, movilizaciones y rebeliones. Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional planteamos que al calor de esas luchas surgirán nuevos dirigentes y activistas a los que hay que unir para construir esas alternativas revolucionarias que necesitamos.

uit-ci.org/index.php/2026/06/24/colombia-otra-expresion-del-fracaso-de-la-centroizquierda-en-america-latina/

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Internacional Sociedad

Venezuela: Toda nuestra solidaridad con el pueblo trabajador afectado por los terremotos

Por Partido Socialismo y Libertad, sección de la UIT-CI en Venezuela

Los recursos provenientes del petróleo controlados por Estados Unidos, deben colocarse al servicio de las víctimas

El pasado miércoles 24 de junio, a partir de las 6:04 de la tarde, se produjeron dos sismos casi simultáneos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, con epicentros en el estado Yaracuy, en centro occidente, a unos 168 kms. de la capital. Se trató de un fenómeno inusual y altamente peligroso conocido como doblete sísmico. El mismo afectó la zona central del país y especialmente al estado La Guaira y a Caracas; con severas repercusiones en estados como Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy, Lara, entre otros.

El último parte del gobierno cifra el número de fallecidos en 589 y 2.980 heridos, una cifra que con las horas seguramente seguirá aumentando, lamentablemente. Aún hay muchas personas desaparecidas, las cuales se encuentran bajo los escombros de varias decenas de edificaciones que colapsaron.

Desde el Partido Socialismo y Libertad manifestamos al pueblo trabajador venezolano nuestro más profundo dolor ante las innumerables pérdidas de vidas humanas, y las cuantiosas pérdidas materiales, particularmente de viviendas, ocasionando que hasta el momento hayan más de 27 mil personas damnificadas. Nos solidarizamos con los sectores populares y trabajadores y trabajadoras afectadas por los terremotos, y nos unimos en un abrazo solidario con cada familia trabajadora que hoy padece esta tragedia en carne propia.

Un desastre natural en medio de una gran catástrofe social

Esta catástrofe llega en el peor momento para nuestro país. Después de años de corrupción y robo de los recursos provenientes del petróleo; de destrucción de los servicios públicos consecuencia de la reducción del gasto social, y de aplicación de un brutal ajuste capitalista que ha descargado la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador. Mientras el gobierno avanza en su pacto con Trump entregando nuestros recursos naturales, prepara despidos en la administración publica y pretende reformar la ley del trabajo en función de los intereses del empresariado.

Un país en precarias condiciones y serias dificultades para enfrentar una catástrofe de la magnitud de la que acaba de producirse. Sin agua, con apagones eléctricos crónicos, con un transporte deficiente, sin gas, escasez de gasolina, con millones de trabajadores sanitarios que se fueron del país por los salarios de hambre, y el sistema de salud destruido después de años de desinversión y severas sanciones imperialistas, aplicadas por Estados Unidos, el mismo país que nos bombardeó hace 6 meses y que ahora hipócritamente nos ofrece «ayuda».

En un reciente informe de la Encuesta Nacional de Hospitales, arrojó que en 2024 había un déficit de cerca del 60 % de la capacidad quirúrgica, con unos cuatro quirófanos operativos en promedio cuando la capacidad arquitectónica por hospital es de unos 10. Además, en el 91 % de los centros hospitalarios los pacientes deben llevar los insumos para ser operados, mientras que el índice de desabastecimiento de insumos de emergencia era del 36 %. Reivindicamos la labor del personal sanitario, que a pesar de la precariedad, trabaja con mística y compromiso para salvar vidas.

Un evento sísmico de tal magnitud y extensión territorial afecta sin distingos a todo el tejido social, pero son los sectores populares, habitantes de las barriadas más pobres, y las trabajadoras y trabajadores, los que sufren las peores consecuencias, producto de las difíciles condiciones sociales en las que viven.

Todos los recursos del Estado deben estar disponibles para atender a las víctimas

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Liberaron a las y los 10 activistas del Convoy Terrestre Sumud Maghreb detenidos en Libia

Las seis personas que permanecían en Bengasi fueron deportadas en las últimas horas a través de Estambul, completando así la salida de Libia de toda la delegación internacional del Convoy Terrestre Sumud Maghreb. La recuperación de la libertad de las diez personas secuestradas en Libia oriental constituye una victoria de la solidaridad internacional, de la presión de las familias, de las organizaciones sociales, políticas, sindicales, humanitarias, de derechos humanos y de todas las personas que exigieron su aparición con vida y su libertad inmediata. Hoy abrazamos a los diez, a sus familias y a todas las personas que sostuvieron esta lucha. La ayuda humanitaria no es delito. Hasta que vuelvan a casa. Hasta el fin del genocidio en Palestina. Por Nodal.

Celebramos que María Paula Giménez, Lucas Aguilera y el resto de la delegación internacional hayan recuperado su libertad e iniciado el regreso a sus hogares. Sin embargo, afirmamos con claridad que nunca debieron haber sido secuestrados, retenidos ni criminalizados por participar de una misión civil y humanitaria destinada a acompañar el ingreso de ayuda a Gaza.

La libertad de las diez personas no borra la gravedad de lo ocurrido. Durante semanas fueron privadas arbitrariamente de su libertad, alejadas de sus familias y sometidas a una situación de extrema incertidumbre. Por eso, exigimos al Estado argentino que garantice todas las condiciones necesarias para que Paula Giménez y Lucas Aguilera puedan volver a casa de forma segura y cuidada, brindando la asistencia consular, sanitaria, psicológica y logística que corresponde, tal como es su obligación.

Hoy abrazamos a los diez, a sus familias y a todas las personas que sostuvieron esta lucha.

La ayuda humanitaria no es delito.

Hasta que vuelvan a casa. Hasta el fin del genocidio en Palestina. Hasta que el pueblo palestino y todos los pueblos del mundo puedan vivir en paz, libertad y dignidad.

Fuente: www.instagram.com/p/DZ9y1B2kXRg/

www.anred.org/liberaron-a-las-y-los-10-activistas-del-convoy-terrestre-sumud-maghreb-detenidos-en-libia/

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Tras 70 años de impunidad, la Justicia reconoció la responsabilidad del Estado en los fusilamientos de José León Suárez

En un juicio por la verdad, la juez Alicia Vence dio por probado el secuestro de 12 personas en la noche del 9 de junio de 1956, el homicidio de 5 de ellas y la tentativa de homicidio de otras 7 personas, quienes sobrevivieron. Ordenó medidas reparatorias y declaró la responsabilidad de los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas y de los jefes policiales.

Siete décadas después, en un juicio por la verdad, la justicia federal reconoció que hubo responsabilidad del Estado en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de los fusilamientos de 12 militantes peronistas el 9 de junio de 1956. 

El debate histórico finalizó este lunes pasadas las 13, cuando la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, leyó la parte dispositiva de la sentencia, en la que declaró que estos hechos, relatados por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, se trataron de crímenes de lesa humanidad. 

“Declarar que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la comisión de esos hechos, a los cuales califico legalmente como allanamiento ilegal de domicilio,  que concurre con el de privación ilegal de la libertad agravado reiterado en 12 oportunidades, que a su vez concurre con el de homicidio agravado en cinco oportunidades y tentativa de homicidio en otros siete”, leyó la magistrada. 

Por el paso del tiempo y la impunidad que rodeó estos hechos durante 70 años, todos los posibles culpables se encuentran muertos. Por eso se realizó este juicio por la verdad, que no tiene consecuencias penales. El veredicto señaló la responsabilidad de los dictadores Pedro eugenio Aramburu e Issac Rojas; de Juan Constantino Quaranta, jefe de SIDE; de Desidero Fernández Suárez, jefe de la Policía Bonaerense; del jefe regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno, y estableció que la pena que les hubiera correspondido si hubiesen sido juzgados es la de prisión perpetua. 

Además, estableció una serie de medidas reparatorias, como la publicación de la sentencia en las páginas web del gobierno nacional y bonaerense, la construcción de un sitio de memoria que difunda lo que pasó y preserve la memoria histórica, la rehabilitación del buen nombre y honor de las víctimas y su incorporación en el registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino, entre otras.

La jueza dio por probada la acusación de la querella de las familias, representada por los abogados Alberto Palacios y Walter Arias, que resultó la única parte acusadora ya que el fiscal Paul Starc dictaminó en contra del juicio por la verdad y no participó del proceso.  

En su alegato, la querella reconstruyó lo que sucedió esa noche a partir de las pruebas y testimonios que se conocieron durante el debate, como el del sobreviviente Juan Carlos Livraga, de 94 años, el “fusilado que vive”, y de familiares de sobrevivientes y asesinados . 

Los abogados señalaron que en la noche del 9 de junio de 1956, un grupo de personas se reunió en la casa de Hipólito Irigoyen 4519, en la localidad de Florida, Vicente López, para escuchar una pelea de boxeo. “Pero en el ambiente circulaba otra cosa que parte de los asistentes conocía: la posibilidad de esperar el mensaje por el alzamiento armado que preparaba Juan José Valle contra la dictadura de Aramburu y Rojas”, relató Palacios. 

En la casa del fondo se encontraban Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso, Mario Brión, Juan Carlos Livraga, Rorberto Gavino, Rogelio Díaz y Juan Carlos Torres y en la propiedad del frente se encontraban Horacio Di Chiano, dueño de la casa, y Miguel Ángel Giunta. “El dueño de la finca (di Chiano) era el único de la cuadra con teléfono, por eso seguramente, y esto es algo novedoso del juicio, estaban en ese domicilio, porque esperaban una llamada”, explicó. 

Alrededor de las 23.20, un operativo represivo llegó a la casa y se llevó detenidos a todos, a excepción de Torres, quien logró fugarse. Otras dos personas, Reinaldo Benavidez y Julio Troxler, fueron atrapados minutos después mientras ingresaban al domicilio. De esas detenciones participó el jefe de la Bonaerense, Fernández Suárez, quien ordenó llevarlos a la Unidad Regional de San Martín, donde quedaron incomunicados. 

“Se encuentra probado que a las 0.32 del 10 de junio la radio transmitió la proclama de la ley marcial firmada por Aramburu y Rojas. Para ese momento, los 12 hombres llevaban más de una hora bajo custodia policial, ya habían sido detenidos, ya habían perdido su libertad. La ley que los condenaría a muerte o que el régimen pretendía usar como cobertura, llegó después”, detallaron los abogados. Horas más tarde, Fernández Suárez impartió por teléfono la orden de llevarlos a un descampado y fusilarlos. 

Pasadas las 4, los 12 detenidos fueron llevados a la madrugada a los terrenos donde entonces estaban los basurales de José León Suárez. Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión fueron asesinados en el lugar mientras que los otros 7 lograron sobrevivir:  Livraga recibió 3 disparos a quemarropa y un balazo le atravesó la cara. Fue dado por muerto y se arrastró ensangrentado hasta encontrar auxilio. Di Chiano se tiró al suelo y lo dieron por muerto. Gavino, Benavidez, Troxler, Giunta y Díaz lograron escapar.

El juicio por la verdad por los fusilamientos de José León Suárez tienen un antecedente directo en el debate que se hizo por la masacre de Napalpí, ocurrida en Chaco en 1924. Por impulso de la fiscalía de Resistencia, en 2022 se realizó un juicio por la verdad que reconoció la responsabilidad estatal en el fusilamiento de más de 400 miembros de las comunidades Qom y Moqoit, quienes reclamaban mejores condiciones de vida y trabajo en la reducción indígena de Napalpí. 

www.tiempoar.com.ar/ta_article/jose-leon-suarez-masacre-justicia/

22/06/26

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Derechos Humanos General Internacional

Bolivia: Abajo el estado de excepción

¡Abajo el estado de excepción!

¡Continuar y masificar la movilización campesina, obrera y popular!

¡Fuera Rodrigo Paz!

¡Por un gobierno encabezado por las organizaciones en lucha!

Declaración del Partido de los Trabajadores

El 19 de junio se cumplieron 50 días de una valerosa y masiva movilización nacional, campesina, obrera y popular, que mediante el bloqueo de caminos logró paralizar gran parte del aparato productivo del país y arrinconar al gobierno derechista de Rodrigo Paz. Y la lucha continúa.

La traición de la dirigencia de la COB

En esa fecha, la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) traicionó la lucha al llegar a un acuerdo con el gobierno, sin consultar con las bases movilizadas, y en el cual solo se estipulan compromisos que Paz demostró que no cumple y la instalación de las mesas de trabajo, donde ni siquiera se dio garantías para la libertad y desprocesamiento de todos los compañeros y compañeras detenidos ilegalmente por el gobierno. Argollo, máximo dirigente de la COB, afirmó que llegaban a este acuerdo para evitar un estado de excepción y el derramamiento de sangre. Este acuerdo fue rápidamente rechazado y denunciado por la mayoría de puntos de bloqueos y las organizaciones campesinas y populares que los mantienen.

La traición. El saludo de Rodrigo Paz y Argollo, máximo dirigente de la COB, en la firma del acuerdo contra el pueblo boliviano

Estado de excepción

Sin embargo, una vez obtenida la capitulación de la dirigencia de la COB y a pocas horas de firmado el acuerdo, Rodrigo Paz y su gabinete, de la forma más vil y traicionera, decreta el estado de excepción, burlándose del acuerdo con la COB y apuntando a una brutal represión contra el pueblo trabajador que sigue movilizado. Esto demuestra una vez más que en un gobierno patronal no se puede confiar.

Seis meses de ajuste antipopular

Este constante actuar embustero y farsante de Rodrigo Paz, es una de las razones que llevó a que el pueblo trabajador boliviano se levante a exigir su renuncia a solo 6 meses de iniciado su mandato. Pues mientras prometía bonos, créditos y mejorar la situación económica popular, en los hechos aplica una política de ajuste antipopular que se destaca por el gasolinazo luego del cual vendió gasolina basura (de pésima calidad); subida indiscriminada de precios; endeudamiento récord; congelamiento salarial; decretos y leyes represivas; ley de usurpación de tierras a las comunidades campesinas e indígenas; proyecto de ley para generalizar la precarización laboral; y una política orientada a la privatización y la entrega de los recursos naturales, entre otras medidas. Mientras que, por el otro lado, aumentó los salarios para los funcionarios del Estado, eliminó el impuesto a las grandes fortunas y en general dio una serie de beneficios a los grandes empresarios y las transnacionales en el país.

¿Qué hacer?