
El Proyecto de Ley de extranjerización afecta a toda nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias. El actual gobierno de Javier Milei quiere derogar esta Ley, que defiende la soberanía nacional, beneficiando a corporaciones internacionales, como parte de su política de venta del país a capitales extranjeros, concentración de la tierra, desalojos masivos, despojos de los bienes comunes (recursos naturales)- a través de la extracción de materias primas (Extractivismo)- ya sea litio, megaminería, agroindustria o fracking. Por ello el control del territorio es un paso fundamental para garantizar el éxito de ese nefasto negocio, mediante el desplazamiento de poblaciones enteras, que a menudo son amenazadas. Esto es posible a través de reformas legislativas impulsada por los gobiernos locales de turno o a través de la criminalización de las personas que defienden su territorio. Por Ana Muro, corresponsal de AnRed
El Proyecto de Ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» afecta a nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias. Más de 4 mil referentes de todo el país ya firmaron contra el proyecto de ley de «inviolabilidad de la propiedad privada».
La Ley 26.737 de Tierras Rurales, fue presentada en el Congreso durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Fue aprobada y promulgada en diciembre de 2011. Luego, Mauricio Macri la modificó en 2016 con el decreto 820/2016, beneficiando a corporaciones internacionales.
Los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. También fijó un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, es decir la más fértil ubicada en el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, o sus equivalencias en el resto de las provincias. Además, determinó controles específicos para evitar la extranjerización de la tierra y pérdida de control del registro dominial a través de la compraventa de acciones vía testaferros. El Estado debía autorizar esta compraventa a través de un certificado de habilitación. La Ley creó el Registro Nacional de Tierras Rurales bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para contraponer el profundo déficit de información sobre la posesión de terrenos.
Según la última actualización del Gobierno, realizada en abril de 2022, Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, con el 11.56%. Le siguen las provincias de Misiones (11.07%), San Juan (10.48%), Corrientes (9.87%), Mendoza (9.11%), Catamarca (8.64%) y Santa Cruz (8.11%). Por motivo de la modificación de la Ley a partir del decreto 820/2016 de Macri, que levantó las regulaciones de información que debían presentarse al Registro Nacional esos datos no son ciertos. El decreto de Macri recién asumido como presidente, eliminó una de las condiciones más importantes de Ley de Tierras, que es la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria. De este modo, se habilitó la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional (a través del traspaso de acciones). De este modo la tierra pasa a manos extranjeras sin conocimiento ni aval del Estado, perdiendo control también para hacer cumplir los cupos establecidos por ley. Además, se flexibilizó la prohibición de vender cuerpos de agua. Ya no es un requisito del trámite de certificación que un profesional verifique la existencia o no de cuerpos de agua en un terreno para ser autenticado por la autoridad provincial.
La Ley de protección de Glaciares también tiene un rol importante en este proceso de extranjerización, ya que, muchos bienes comunes se encuentran en zonas glaciares y periglaciares y la Ley no permite la explotación y exploración de ellos. En 2010 Cristina Kirchner vetó la ley de protección de los Glaciares, que ya había sido aprobada en ambas cámaras (diputados: por unanimidad; senadores: con solo tres votos en contra), para que volviera a la Cámara de Diputados. Esto es similar al procedimiento seguido para aprobar la ley de protección de los bosques autóctonos, ya que se argumentó que la ley perjudicaría el desarrollo económico.
Durante el gobierno macrista, de la mano de Patricia Bullrich, se ordenó la represión feroz en la Pu Lof Cushamen que culminó con la muerte de Santiago Maldonado, que siguió meses después con el allanamiento brutal de la Lof Lafken Winkul Mapu y la cacería del día siguiente que finaliza con el asesinato de Rafael Nahuel por efectivos de la Prefectura Naval en Bariloche.
Acumulación por despojo del territorio y por el saqueo de los bienes comunes a traves del extractivismo.
El control del territorio es un paso fundamental para garantizar el éxito del negocio, mediante el desplazamiento de poblaciones enteras, que a menudo son amenazadas y esto posible a traves de reformas legislativas impulsada por los gobiernos locales de turno o a través de la criminalización de las personas que defienden su territorio.
La criminalización a referentes indígenas, la profundización del extractivismo y el proyecto de Ley “inviolabilidad de la Propiedad Privada”, mejor dicho ley de extranjerización de la Tierra, son parte de esta foraz empresa a nivel global del orden mundial imperante basado en la apropiación de los recursos naturales (bienes comunes) en la llamada transición energética.
La violencia institucional y de las fuerzas de seguridad es más visible cuando la Resistencia se organiza. La condena a Jones Huala por la lectura de un poema se inscribe en ese contexto de persecución política a las y los que luchan el extractivismo y defienden su territorio. La condena con más de un año de detención contra el referente mapuche Facundo Jones Huala visibiliza la política contra los pueblos originarios, y a favor de la entrega de territorio. Patricia Bullrich, impulsora de la persecución judicial y política contra las comunidades mapuche desde 2015, como Ministra de Seguridad, es al mismo tiempo una de las promotoras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La muerte de Santiago Maldonado es también cuestionada por parte de organismos de derechos humanos.
Asimismo, el asesinato de Rafael Nahuel, integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, quien el 25 de noviembre de 2017 recibió un disparo por la espalda durante un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval en Villa Mascardi. El procedimiento se produjo apenas semanas después de la muerte de Santiago Maldonado y en el marco de una política de seguridad encabezada por Patricia Bullrich. Cuatro años después, el 21 de noviembre de 2021, otro joven mapuche fue asesinado durante una recuperación territorial. Elías Garay, integrante de la Lof Quemquemtrew, murió tras ser atacado con armas de fuego en un predio en Cuesta del Ternero, Río Negro.
Mientras se criminalizan a quienes defienden los territorios ancestrales, el Gobierno impulsa normas que facilitan la concentración y venta de grandes extensiones del país.

América Latina es el lugar del mundo donde se asesinan a más ecologistas y defensores de su territorio. En 2023 fueron asesinados 196 ecologistas, el 85 % de ellos en América Latina.










