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A 50 AÑOS DEL SECUESTRO Y ASESINATO DE CARLOS SCAFIDE

En enero de 1976, cuando la dictadura militar se estaba preparando para dar el sangriento golpe, la noche del 13 de ese mes, un grupo de ultraderecha amparado por el estado nacional y provincial, secuestró en Ensenada a Carlos Scafide y Salvador “el Pampa” Delaturi, trabajadores de Propulsora Siderúrgica (hoy Siderar/Techint – flia. Rocca).

“Carlitos” como lo llamábamos todos, era un querido compañero y reconocido activista de esa fábrica y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), además de un muy estimado vecino de Ensenada.

Estaba afiliado a ASIMRA, el gremio de los supervisores metalúrgicos. Eso no impedía que tuviera un total compromiso con la lucha de los compañeros afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que enfrentaban a la dirección burocrática del sindicato encabezada por Rubén “el Negro» Diéguez y Antonio “Nino” Di Tomasso. Ambos dirigentes, burócratas entregadores de sus compañeros y aliados de las patronales metalúrgicas. Hombres de la escuela de José Ignacio Rucci, uno de los fundadores de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), banda fascista responsable de más de 80 asesinatos en la región de La Plata. Cabe destacar que Di Tomasso actualmente sigue siendo miembro del secretariado de la UOM (Diéguez fallece en 1984) y titular de la CGT, ambas organizaciones, de La Plata y su región

Cuando lo secuestran a Carlitos, el PST ya venía de sufrir varios golpes, como por ejemplo “la Masacre de Pacheco” (29 de Mayo 1974) y “la Masacre de La Plata” (4 y 5 de Septiembre 1975), convirtiéndose él en el decimosexto asesinado del partido bajo los gobiernos de Perón e Isabel.

Según se sabe, miembros de la CNU (Concentración Nacionalista Universitaria) y la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organizaciones parapoliciales que tenían vínculos estrechos con los gobiernos nacional de “Isabelita” Perón y provincial del ultraderechista Victorio Calabró (dirigente de la UOM), junto a matones de la burocracia sindical, se identificaron como personal del Ejército y secuestraron de la casa de su madre a Carlitos. Dejaron los cadáveres de “Carlitos” y “el Pampa” acribillados a balazos y dinamitados, como estilaban para que fuese un mensaje terrorífico a todo el activismo.

Los trabajadores de Propulsora exigieron justicia y resolvieron en asamblea de todos los turnos, parar desde el miércoles 14 por la mañana hasta el sábado siguiente por la tarde. En Astilleros resolvieron paros progresivos hasta el viernes. Hubo trabajadores de otras fábricas que se solidarizaron con las medidas de fuerza como Petroquímica Sudamericana de Olmos y Metalúrgica OFA de Villa Elisa. La Coordinadora de Gremios en Lucha llamó a un paro para el siguiente martes, al que se sumó una línea de micros y varios comercios de Ensenada. Se realizó un acto cuando enterraron a los compañeros, al cual asistieron aproximadamente la mitad del personal Propulsora.

José “el Petiso” Páez, histórico dirigente de Fiat del Sitrac Sitram y del “Cordobazo” habló en el acto en nombre de la dirección nacional del PST. Señaló que “la única posibilidad que tenemos los trabajadores de frenar estos ataques es nuestra movilización y nuestra organización para la defensa, en cada fábrica, en cada barrio, en cada lugar de trabajo; denunciando la tolerancia del gobierno y exigiendo la investigación y el castigo del salvaje crimen”.

A 50 años del asesinato de Carlitos Scafide, como ex militante del glorioso PST y, actualmente de Izquierda Socialista (IS) en el FIT-U y como ex miembro de la comisión interna de Propulsora en la década del ´80, sigo exigiendo juicio y castigo a los responsables de su muerte. Cuando lo asesinaron, Carlitos tenía solo 29 años. Pero a pesar de su baja edad, su vida y militancia son un ejemplo para las distintas generaciones de militantes revolucionarios que dedican sus vidas a defender la clase obrera y luchan por un gobierno de trabajadores y por el socialismo.

Carlos Scafide, compañerxs asesinadxs y detenidxs-desaparecidxs del PST y todxs lxs crxs. revolucionarios caídos en la lucha por un mundo mejor: ¡¡¡HASTA EL SOCIALISMO, SIEMPRE!!!

30.400 crxs detenidxs desaparecidxs: ¡¡¡PRESENTES!!!

¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!

peperusconi.blogspot.com/2026/01/a-50-anos-del-secuestro-y-asesinato-de.html

12/01/26

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Casación anuló un fallo y ordenó profundizar la investigación por la muerte del soldado Mauro Ramírez

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por la querella y anuló la resolución que había rechazado convocar a declaración indagatoria a dos militares en la causa que investiga la muerte del soldado Mauro José Francisco Ramírez, ocurrida en 2003 mientras se encontraba bajo custodia del Ejército Argentino en la provincia de Misiones.  La CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, sigue la causa como amicus curiae y acompaña a la familia de Ramírez e insiste con la necesidad de una investigación penal eficaz, exhaustiva, fundada y que considere el cúmulo probatorio que contradice la versión del suicidio.

ANDAR en Misiones

(Agencia) La familia del soldado Mauro Ramírez busca justicia desde hace 22 años desde el día que recibieron la noticia sobre su muerte bajo la versión de un suicidio. El 26 de junio de 2003 en el Destacamento Monte 30 del Ejército Argentino, en la localidad de Apóstoles, Ramírez murió como consecuencia de un disparo con su arma reglamentaria mientras cumplía funciones de guardia. En menos de tres meses José Antonio Reyes,el  juez provincial de Apóstoles, decidió que se había tratado de un suicidio.

Su madre, Mónica Pintos, peleó hasta el día de hoy para que los dos militares que compartieron el cambio de guardia en el puesto de control aquella mañana, Eduardo Jeremías Brevel y Ovidio Francisco Almeida, sean llamados a indagatoria. Ahora mediante un fallo dictado el 23 de diciembre la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal cuestionó la actuación judicial hasta el momento y sostuvo que el caso debe ser analizado a la luz de los estándares internacionales sobre violencia institucional y graves violaciones a los derechos humanos.

“Creo que la palabra que resume mejor lo que me produce este fallo es gratitud para todas las personas y organismos de derechos humanos que acompañaron y lo siguen haciendo a lo largo de estos más de 20 años”, dice Mónica en diálogo con Andar. En su fallo el tribunal recordó que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación de investigar de manera seria, imparcial y efectiva toda muerte ocurrida en contextos de restricción de libertad o bajo control de fuerzas armadas o de seguridad y que la omisión de una investigación adecuada puede generar responsabilidad internacional.

Así sostuvo que el rechazo a convocar a indagatoria careció de una fundamentación suficiente y resultó arbitrario y que las instancias anteriores omitieron considerar elementos centrales del expediente, como las irregularidades en la investigación inicial, la pérdida y falta de preservación de pruebas, las contradicciones en testimonios y los informes periciales que descartaron indicadores compatibles con una conducta suicida. El fallo también remarcó la necesidad de garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a acceder a la justicia y a conocer la verdad, especialmente en casos atravesados por posibles responsabilidades estatales.

“Esto no sólo es un avance en la causa de mi hijo, es un fallo que beneficia a muchos otros familiares de víctimas de las fuerzas armadas y de seguridad y me pone muy tranquila, como que puedo andar un nuevo camino con más calma”, evalúa Mónica

www.andaragencia.org/casacion-anulo-un-fallo-y-ordeno-profundizar-la-investigacion-por-la-muerte-del-soldado-mauro-ramirez/

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21 años de la Masacre de Cromañón, la herida sigue abierta

A 21 años de la masacre de Cromañón, familiares y sobrevivientes vuelven a las calles para homenajear a las 194 víctimas y denunciar que la tragedia fue consecuencia directa de la desidia estatal. La lucha por memoria, verdad y justicia sigue siendo una construcción colectiva frente al intento permanente de clausurar responsabilidades. Por ANRed

Hoy se cumplen 21 años de la masacre de Cromañón, un crimen social que dejó 194 personas muertas y más de 1.400 heridas, en su mayoría jóvenes, durante un recital que diera la banda Callejeros en un local que no reunía las mínimas condiciones de seguridad. Lejos de tratarse de un accidente, familiares y sobrevivientes insisten en que fue el resultado de una trama de negligencias, habilitaciones irregulares, corrupción y controles estatales inexistentes.

Como cada año, la fecha estará marcada por el recuerdo y la memoria de un doloroso suceso que no puede volver a suceder. Las actividades de este nuevo aniversario se inscriben en una jornada de conmemoración, construida colectivamente por familiares y sobrevivientes, que combinan el homenaje, el duelo y la denuncia pública.

La masacre de Cromañón fue posible porque el boliche funcionaba con sobrepoblación extrema, salidas de emergencia cerradas, materiales inflamables y un sistema de inspecciones estatales que falló de manera sistemática. Para las organizaciones, el Estado no sólo no protegió, sino que habilitó y permitió el funcionamiento de un espacio que puso en riesgo miles de vidas.

A más de dos décadas, las familias denuncian que la justicia fue parcial y que las responsabilidades políticas y estructurales nunca fueron plenamente saldadas. Sin embargo, la persistencia de la organización colectiva logró que Cromañón se mantenga como una causa viva, un símbolo de lucha contra la impunidad y una advertencia frente a nuevas tragedias evitables.

La conmemoración vuelve a poner en el centro que la memoria es una práctica activa, sostenida en la calle, en el santuario y en cada acto de denuncia. A 21 años, Cromañón sigue siendo una herida abierta y un reclamo vigente: sin políticas públicas, sin controles reales y sin un Estado responsable, las muertes se repiten.

Actividades por los 21 años de Cromañón

Jornada de conmemoración

18 hs – Misa en homenaje a las víctimas en la Catedral Metropolitana.

19.30 hs – Marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón.

20.30 hs – Acto central en el Santuario: lectura de documentos, testimonios de familiares y sobrevivientes, intervenciones artísticas y música en vivo.

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Megacausa Zona V: condenaron a 31 represores por crímenes de lesa humanidad contra 333 víctimas

El Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por Ernesto Sebastián, Marcos Aguerrido y Sebastián Foglia, condenó a 31 ex militares  y policías con penas que van desde perpetuas a siete años de prisión. En el juicio se ventilaron crímenes cometidos contra 333 víctimas en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires y Viedma, bajo la jurisdicción del V cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar. Sólo un de los imputados que llegó a juicio fue absuelto. “A más negacionismo y reivindicación de la dictadura por parte del Gobierno nacional, de éste lado tiene que haber más fuerza”, dice Alejandra Santucho, referente de HIJOS Bahía Blanca, que fue parte de la querella en el proceso judicial.

ANDAR en Bahía Blanca

(Christian Madia para Agencia Andar) En el mediodía del viernes 26 de diciembre se leyó la sentencia en la Megacausa de lesa humanidad “Zona V – Bahía Blanca”, que, hasta el momento, debido a sus características, fue el debate más amplio en esa ciudad. Los imputados fueron miembros del ejército, policías y personal del servicio penitenciario acusados de secuestros, torturas, desapariciones forzadas, homicidios, robos de bebés y abusos sexuales cometidos contra 333 víctimas tanto en el sur de la provincia de Buenos Aires como en la Patagonia. 

De los 52 imputados originales en la causa, sólo 32 llegaron a la sentencia, éstos integraron los grupos represivos que accionaron en distintos centros clandestinos de detención, principalmente la “Escuelita de Bahía Blanca” y el Batallón de Comunicaciones 181. El juicio comenzó el 17 de febrero de 2022. Fueron casi cuatro de una causa voluminosa ya que las querellas y la fiscalía consiguieron que el tribunal unificara los 14 tramos con los que contaba originalmente, llegando a la actual megacausa, logrando fallos condenatorios casi en su totalidad. 

La agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca fue querellante. ANDAR conversó con Alejandra Santucho, una de sus integrantes: “realmente teníamos pocas expectativas respecto al veredicto, porque venimos con sentencias muy feas como la de Tandil, pero el tribunal nos sorprendió gratamente”. “Nosotros íbamos en ‘perdedores’ y no pasó. A veces somos nosotros mismos los que nos la tenemos que creer más, tenernos más confianza a pesar de la evidente realidad”, agrego. 

Uno de los puntos sobresalientes que ha sorprendido a H.I.J.O.S. durante el debate oral y público es el hecho de haberse tratado otros temas muy puntuales como por ejemplo la comunidad chilena que llegó a la ciudad escapando de la dictadura de Augusto Pinochet. “Ellos conformaban acá un barrio que se llamaba ‘17 de agosto’ y los bahienses lo llamaban en forma peyorativa: ‘el Palihue chico’, porque se encontraba muy cerca del barrio residencial Palihue, que es una zona con gran cantidad de chalets, muy apetecible económicamente. Los militares, con la excusa de que debían tapar un canal, primero los reprimieron y luego literalmente pasaron la topadora sobre el barrio, expulsándolos a barrios periféricos con casa de chapas”, recuerda Alejandra, y agrega: “esto estuvo silenciado en la sociedad de Bahía Blanca porque además hay que sumarle la xenofobia permanente. Para nosotros fue muy fuerte ver por primera vez a esas personas contar lo que vivieron en esos años ante un tribunal.”

El otro dato del juicio fueron las condenas por delitos contra la integridad sexual que, como señala el informe anual de 2025 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, se destaca un notable crecimiento de sentencias que incorporan delitos de violencia sexual en consonancia con las leyes internacionales de derechos humanos.

El fallo del TOF de Bahía Blanca también dispuso que, una vez que la condena quede firme, el diario bahiense La Nueva Provincia rectifique una publicación periodística por hechos que, en su momento, informó como personas abatidas en enfrentamientos militares cuando, se comprobó en este juicio, que se trató de hechos de secuestros, torturas y desaparición.

La fiscalía resaltó la importancia de la visibilización por parte de algunos medios audiovisuales de esta megacausa por su implicancia para la preservación y transmisión de la memoria histórica, al respecto Alejandra señala: “los medios hegemónicos sólo cubren el inicio y la sentencia de los juicios, pero el ‘durante’ sólo lo hacen los medios alternativos. Nosotros ponemos todo el esfuerzo en la difusión por redes sociales para que quede un registro. Lo sustancial está en la palabra misma de los protagonistas. Y, aunque parezca que a los vecinos no les interesa las cuestiones de derechos humanos, todos los 24 de marzo se moviliza gran cantidad de gente en Bahía Blanca, lo que sucede es que desde el poder nos quieren hacer creer que somos muchos menos de los que realmente somos”.

Alejandra Santucho es hija de Heldy Rubén Santucho y Catalina Ginder, ambos militantes peronistas en la JP y montoneros, fueron asesinados en su casa de Melchor Romero (La Plata) el 3 de diciembre de 1976 durante un operativo con más de 200 efectivos que tirotearon su vivienda, “ellos no se dejaron llevar vivos”, cuenta Alejandra. Una de sus hermanas, Mónica de 14 años, fue secuestrada y desaparecida, luego por testimonios se supo que estuvo cautiva en destacamento Arana y luego a la Comisaría 5ta. de La Plata. 

Por toda su historia, como la de tantos hijos e hijas de militantes sociales y políticos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, Alejandra medita acerca de si la justicia tardía es realmente justicia: “creo que es absolutamente reparador lo que pasó con la condena a los genocidas en esta causa. Abrazarse con los familiares, hermanos, con sobrevivientes y con algunas Madres que todavía están con nosotros es muy fuerte. Somos familias atravesadas por el terrorismo de Estado que sana con estos juicios”. 

Santucho concluye taxativamente diciendo: “a más negacionismo y reivindicación de la dictadura por parte del Gobierno nacional, de éste lado tiene que haber más fuerza. Hay que seguir luchando”.

La lista de condenados

Mario Torres (20 años); Osvaldo Páez (perpetua); Carlos Ferreyra (absuelto); Jorge Massón (perpetua); Jorge Rojas (10 años); Osvaldo Sierra (perpetua); Enrique Del Pino (perpetua); Carlos Villanueva (perpetua); Guillermo González Chipont (perpetua); Norberto Condal (perpetua); Jorge Granada (perpetua); Carlos Taffarel (perpetua); Víctor Aguirre (perpetua); Humberto Adalberti (18 años); Adalberto Bonini (18 años); Bernardo Cabezón (perpetua); José Casanovas (perpetua); Arsenio Lavayén (perpetua); Raúl Domínguez (perpetua); Alejandro Lawless (12 años y 6 meses); Alberto Rey Pardellas (13 años y 2 meses); Jorge Maidana (13 años y 10 meses); Ricardo Gandolfo (13 años y 6 meses); Raúl Andrés (13 años); Enrique Stel (12 años y 6 meses); Eduardo Videla (13 años); Vicente Flores (7 años); Martín Gutiérrez Velasco (7 años); Claudio Kussman (perpetua); Héctor Abelleira (perpetua); Roberto Brunello (18 años); Ernesto Etchart (8 años).

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Milei avanza contra la Ley de Glaciares: un proyecto que abre la puerta al saqueo minero y pone en riesgo el agua

El gobierno de Javier Milei avanza aceleradamente para “redefinir” es decir derogar la Ley de Glaciares (Ley N.º 26.639), una norma que desde 2010 protege los glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua. La posibilidad de cambiar su núcleo de protección ambiental aparece como una demanda reiterada del sector minero y de varios gobiernos provinciales que buscan abrir paso a proyectos de megaminería en la cordillera. El avance es contundente: el Ejecutivo analiza tanto un proyecto legislativo como un posible DNU para sortear los tiempos parlamentarios, mientras mantiene mesas de negociación con gobernadores y empresas que reclaman “seguridad jurídica” para desembolsos millonarios. El extractivismo es la prenda de cambio luego del apoyo financiero de EE.UU. y organismos internacionales. Por ANRed.

El eje del conflicto radica en que la ley vigente prohíbe expresamente la actividad minera y otras prácticas extractivas en zonas glaciares y periglaciares. Para el gobierno y el lobby minero, estos límites son “imprecisos” y traban inversiones de cobre, litio y otros minerales críticos. Para las organizaciones socioambientales, comunidades y buena parte del sector científico, la reforma es un retroceso que colocaría en riesgo la principal fuente de agua de la región andina en un contexto donde las cuencas ya sufren crisis hídricas severas. La disputa, lejos de ser técnica, es profundamente política: se trata de definir si el país va a priorizar el agua como bien común o si va a sacrificarla para facilitar negocios extractivos. Para eso también hay que vencer la resistencia de pobladores que han negado el extractivismo para conservar el ambiente. Casos más cercanos fueron las rebeliones en Chubut, Mendoza y Jujuy.

Las provincias mineras, especialmente San Juan, impulsan cambios profundos. Reclaman que la autoridad de aplicación de la ley pase del Estado nacional a las jurisdicciones provinciales, lo que permitiría habilitar proyectos actualmente frenados por el Inventario Nacional de Glaciares. En paralelo, el sector empresarial presiona para acotar la definición de “ambiente periglaciar”, considerada por ellos demasiado amplia. Esa sola modificación habilitaría de inmediato zonas que hoy están protegidas. Las cámaras mineras insisten en que sin una nueva redacción no habrá inversiones que, según sus proyecciones, podrían alcanzar entre 3.000 y 15.000 millones de dólares cifras que nunca se cumplen teniendo en cuenta el bajo numero de trabajadores que implementa las mineras.

Del otro lado, científicos y comunidades advierten que cualquier recorte en la protección del ambiente periglaciar implicaría impactos irreversibles. Los glaciares funcionan como reguladores naturales del agua: almacenan y liberan caudales que sostienen la vida de pueblos enteros, la producción agrícola y los ecosistemas de montaña. Numerosos especialistas sostienen que la presión para redefinir la ley surge más de intereses económicos que de necesidad técnica. La evidencia científica es clara respecto del papel crítico del periglaciar en la estabilidad hídrica, y sobre los riesgos que implica intervenirlo con explosiones, drenajes ácidos, movimientos de suelos y desvío de cursos de agua propios de la megaminería.

La reforma también está rodeada de tensiones institucionales. Una eventual derogación por DNU abriría una batalla judicial inmediata, dado que la Corte Suprema ya validó la constitucionalidad de la ley en fallos previos. Pero incluso la vía legislativa enfrenta resistencias sociales crecientes. En varias provincias cordilleranas se multiplican comunicados, asambleas y movilizaciones en defensa del agua, advirtiendo que la reforma no solo impactaría en los glaciares, sino en las formas de vida y en los territorios donde comunidades indígenas, campesinas y urbanas dependen de cuencas cada vez más frágiles.

El debate expone una contradicción estructural. El gobierno presenta la reforma como parte de una “oportunidad histórica” para atraer inversiones y posicionar al país en la demanda global de minerales críticos. Esa visión choca con la crisis ambiental que atraviesa la cordillera y con la urgencia de proteger los últimos reservorios de agua dulce. Mientras se repite la narrativa del progreso económico.

En los últimos días, una frase se volvió central en boca de comunidades, especialistas y organizaciones ambientales: “se puede vivir sin oro, pero no sin agua”. Ese mensaje resume el fondo del conflicto. Lo que está en disputa no es solo una ley, sino un modelo de país. La ofensiva para modificar la Ley de Glaciares aparece como una pieza más de un esquema extractivista que prioriza la renta inmediata por encima de la sustentabilidad, la salud y la soberanía de los territorios.

www.anred.org/milei-avanza-contra-la-ley-de-glaciares-un-proyecto-que-abre-la-puerta-al-saqueo-minero-y-pone-en-riesgo-el-agua/

Anred 19/11/25

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Jachal: denuncian derrame de mercurio desde la mina Veladero

Tras el hallazgo de peces muertos en torno al Dique Cuesta del Viento, desde la Asamblea de Vecinos Jáchal No se Toca de San Juan denunciaron “un nuevo derrame de mercurio desde la mina Veladero (de Barrick Gold) en la cuenca del río Jáchal”. Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan informaron que, según un estudio, la muerte de esos peces se debió a un fenómeno natural por “niveles bajos de oxígeno disuelto”. Sin embargo desde la Asamblea ya realizaron presentaciones ante la justicia que desmienten la versión oficial. Compartimos comunicado.

LA MORTANDAD DE PECES, AGUAS ABAJO DE VELADERO, SE JUDICIALIZÓ

La Asamblea Jáchal No Se Toca informa que aportó pruebas, que desbaratan la versión oficial del gobierno de San Juan, a las Actuaciones judiciales investigativas por la situación en el Dique Cuesta del Viento. Legajo N° MPF-JA-00734-2025.

El lunes 3 de noviembre de 2025 aparecieron miles de peces muertos en el Dique Cuesta del Viento (Iglesia-San Juan-Argentina).

El jueves 6 de noviembre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó a la comunidad que, “Las evidencias preliminares obtenidas indican que el evento estaría asociado a condiciones naturales del cuerpo de agua, específicamente a bajos niveles de oxígeno disuelto (hipoxia) en zonas costeras con poca circulación y acumulación de materia orgánica”.

El viernes 7 la Asamblea Jáchal No Se Toca realizó análisis junto a especialistas para conocer las condiciones de oxígeno disuelto en el agua en diferentes sectores del Dique Cuesta del Viento. Los resultados dan cuenta que no hay problemas de oxígeno disuelto ya que las mediciones realizadas varían entre 7,84 mg/L y 9,16 mg/L. Es decir, son niveles óptimos de oxígeno disuelto para los Pejerreyes. Cabe aclarar que los Pejerreyes pueden vivir sin ningún tipo de problemas con 6 miligramos de oxígeno disuelto por litro de agua.

Este 11 de noviembre, la Asamblea Jáchal No Se Toca se presentó ante la Unidad Fiscal del Norte (Jáchal) para realizar la denuncia penal y se encontró con la grata noticia que el día miércoles 5 el Fiscal de turno ya había iniciado una investigación penal por el delito de envenenamiento de agua en el Dique Cuesta del Viento. Por ello, se sumaron evidencias que dan cuenta de las condiciones óptimas del oxígeno disuelto en el agua mientras seguían apareciendo pejerreyes muertos en la orilla del Dique. Esto quiere decir que la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Juan mintió.

Por lo expuesto, desde la Asamblea Jáchal No Se Toca se le exige al Sr. Gobernador Marcelo Orrego que el gobierno provincial diga la verdad de lo ocurrido con pruebas técnicas fehacientes y confiables (resultados de metales pesados y otros compuestos de la actividad minera a través de análisis de agua de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal que son los que aportan el agua al Dique Cuesta del Viento, también análisis de metales pesados en barros y peces del mencionado dique) y al Intendente Matías Espejo que convoque, en forma urgente, a la UNCuyo de Mendoza para realizar los análisis de agua según la Ordenanza Agua Segura, ya que hace dos años que no se hacen esos análisis.

Fuente: redeco.com.ar/nacional/ambiente/75176-jachal-denuncian-derrame-de-mercurio-desde-la-mina-veladero

www.anred.org/jachal-denuncian-derrame-de-mercurio-desde-la-mina-veladero/

Anred 18/11/25

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La megaminería de Catamarca en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Persecución judicial, criminalización, detenciones arbitrarias y represiones. Son algunos de los hechos denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo interpeló al Estado argentino y estableció que el gobierno de Catamarca no emita nuevas autorizaciones en el proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). El rol clave de la Asamblea El Algarrobo. Por Ana Chayle, desde Andalgalá (Catamarca), para Agencia Tierra Viva.

El gobierno de Catamarca no podrá emitir nuevas autorizaciones para el avance del proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), en Andalgalá. Se debe a una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que puso en la mira internacional al Estado argentino, en el marco de la denuncia por sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los vecinos que se oponen al emprendimiento extractivo. La novedad judicial implica, además, que los vecinos andalgalenses ya no litigarán con el gobierno provincial, sino directamente con Cancillería de la Nación.

La demanda internacional se enmarca en un reclamo que cumplió 15 años contra la explotación minera en la cuenca del río Andalgalá. Vigilancia, armado de causas judiciales, detenciones arbitrarias y represiones son algunos de los hechos denunciados que, junto con la negación de justicia, determinaron la presentación de los vecinos ante el organismo interamericano.

Implicancias del avance judicial

El requerimiento de la CIDH al Estado argentino implica que el gobierno de Catamarca “no puede autorizar nuevos trabajos en el yacimiento minero Agua Rica”, afirma Mariana Katz, representante legal de la Asamblea El Algarrobo, impulsora de la demanda internacional. En diálogo con Tierra Viva, la abogada explica que “técnicamente, la provincia de Catamarca pierde la potestad o la posibilidad de tomar decisiones sobre lo que pase con el yacimiento Agua Rica, porque al haber una demanda internacional cualquier acción que realice la provincia de Catamarca va a tener una repercusión directa en el reclamo internacional y, por lo tanto, las acciones que realice la provincia van a recaer en la responsabilidad internacional del Estado argentino”.

Además, la internacionalización de la causa supone un cambio sustancial de los actores del pleito. Debido a esto, los vecinos de Andalgalá ya no litigarán con el Estado provincial sino con el Estado argentino, a través de Cancillería de la Nación. Katz explica que, al haber adoptado el país el sistema federal, “cuando hay un reclamo internacional, la división entre provincia, municipio y nación desaparece”. Por esto, “el sujeto que tiene que dar respuestas a la demanda internacional es el Estado argentino”, refiere.

La CIDH, creada en 1959 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforman el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH), que se inició formalmente con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Junto con otros tratados internacionales, esta declaración tiene raigambre constitucional en Argentina, por lo cual el Estado está obligado a cumplir con sus disposiciones.

Cómo sigue la demanda

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Acusados por delitos de lesa humanidad fueron absueltos en Rosario: “Es un fallo intentendible”

CAUSA VILLAZO

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci, resolvió por mayoría absolver a 17 acusados por los delitos  de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos en 1975 como represalia de la pueblada conocida como el Villazo, que sucedió en 1974 en Villa Constitución. Se estableció el día 6 de febrero de 2026 a las 20 horas para la lectura de los fundamentos.

ANDAR en Rosario

(Agencia Andar) El Tribunal, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vasquez y Otmar Osvaldo Paulucci, resolvió por mayoría la absolución general a los 17 acusados: el ex jefe de división personal de la acería de Villa Constitución, Roberto Pellegrini, y un ex empleado jerárquico de la fábrica, Ricardo Oscar Torralvo; los ex policías federales Roberto Álvarez, Carlos Brest, Ricardo Burguburu, Jorge Coronel, Leonardo Dec, Juan Carlos Faccendini, Roberto Giai, Aldo Gradilone, Carmen Grossoli De Hellaid, Jorge Lozano Windus, Emilio Marciniszyn, Juan de Jesús Martínez, Horacio Nardi, Roberto Squiro, Daniel Valdés y Oscar Vessichio y los integrantes de la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás y del Área Militar 132, coronel Antonio Federico Bossié, y el teniente coronel Bernardo Luis Landa, jefes de Operaciones e Inteligencia y Logística, respectivamente; y el ex oficial de la guardia rural Los Pumas de la policía santafesina, Amadeo Chamorro.

“El fallo es inentendible, jurídicamente inentendible, y es un fallo clasista que pareciera de otros tiempos, con un tribunal que no se pone a la altura de los hechos, que no puede afirmar como ya ha afirmado el pueblo argentino que el genocidio empezó antes del 24 de marzo y que Estado argentino, a través de fuerzas clandestinas, fue responsable en esto de manera conjunta con el poder empresario que en este caso lo encarnaba Acindar”, evalúa Julia Giordano, querellante como parte del equipo jurídico de la APDH, que representó a más de 20 víctimas y familiares.

“Este proceso lleva 15 años en la justicia, la denuncia se presentó en 2010 con los primeros que tuvieron la valentía de presentar la denuncia cuando Martínez de Hoz aún estaba vivo. En 13 años hubieron juzgados que dijeron que los delitos eran de lesa humanidad, que no habían prescripto y que debían juzgarse y una Cámara de Apelaciones que también así lo entendió. Esto fue confirmado además por la Cámara de Casación, muchos tribunales nos dieron esa certeza: que los hechos que se imputaban eran delitos de lesa y que la prueba era suficiente para enjuiciar a quienes se sentaron como acusados”, amplía la abogada.

La Fiscalía a cargo de Adolfo Villatte, de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del distrito Rosario había pedido penas de prisión perpetua para los dos ex directivos de Acindar; y otras de 10 a 25 años de prisión para ex policías federales y uno de la guardia rural, por 67 casos. La querella del equipo jurídico de APDH también había solicitado dos condenas a prisión perpetua para los civiles y otras de 16, 22 y 25 años de prisión para el resto de los acusados.

“Las resoluciones del poder judicial nunca escapan al clima de época pero hasta no conocer los fundamentos no podemos adelantar mucho más sobre eso. Sí podemos decir que el dolor que ha generado esto en querellantes familias y sobrevivientes es enorme. No pueden parar de preguntarse cómo después de dos años de testimonios tan coherentes, tan claros, ocurre esta sentencia. Pero siguen unidos, organizados y con la convicción de que esta injusticia no refleja lo que como pueblo ya sabemos que sucedió en Villa Constitución”, agrega.

Los hechos ventilados durante el debate oral ocurrieron entre el 20 y 26 de marzo de 1975 cuando 67 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios de la zona industrial de Villa Constitución fueron secuestrados en un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, la Triple A y otras organizaciones parapoliciales. El operativo contó con la complicidad empresarial de las fábricas de la región, incluso algunos de los secuestrados fueron alojados en un edificio de Acindar. Durante los hechos represivos que se juzgan en este juicio, Alfredo Martínez de Hoz era el presidente de esa fábrica.

www.andaragencia.org/17-acusados-por-delitos-de-lesa-humanidad-fueron-absueltos-en-rosario-es-un-fallo-intentendible/

Andar 04/11/25

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Derechos Humanos Nacional

REPERCUSIONES SOBRE EL JUICIO CONOCIDO COMO LA HUERTA

Torremare: “Fue un grosero error del tribunal no encuadrar los delitos padecidos por trabajadores de fábricas como crímenes de lesa humanidad”

A fines de octubre se realizó la última jornada del juicio en el que se ventilaron los crímenes de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención en la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Fueron casi cuatro años de audiencias, centenares de testimonios y 191 casos de víctimas de delitos como tormentos, secuestros ilegales y homicidios, entre otros. El abogado querellante por la APDH y miembro de la CPM, Guillermo Torremare, valoró que el veredicto haya sido leído en Tandil, tal como lo reclamaron insistentemente los organismos, sobrevivientes y familiares de víctimas. La referente de derechos humanos de Tandil, Petra Marzocca, aseguró a ANDAR que una segunda etapa en torno a esta causa será lograr que Casación revierta la gran cantidad de absoluciones otorgadas.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) La causa que acaba de ser juzgada es el resultado de varias investigaciones penales que, con los años, se fueron acumulando en un mismo expediente con el objeto de resolver en un mismo debate los múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención ubicados en Tandil, Azul, Olavarría y Las Flores.

Entre ellos, el CCD La Huerta –nombre con el que se conoció popularmente a la causa-  estaba ubicado en la ruta nacional 226, a quince minutos de la ciudad de Tandil, y operaba bajo el control del Primer Cuerpo del Ejército dentro de la subzona 12.

Luego de 104 jornadas de producción de prueba –solo unas pocas fueron llevadas a en alguna de las ciudades mencionadas y fuera de Mar del Plata, al contrario de lo que reclamaban desde antes del juicio los organismos y sobrevivientes-, el viernes 24 de octubre se dio lectura al veredicto a instancias del Tribunal Oral Federal 1 con asiento en la ciudad balnearia y con la integración de los magistrados Nicolás Toselli, Fernando Machado Pelloni y Sabrina Namer.

Se dictaron ocho condenas, cuatro de ellas a prisión perpetua contra Héctor Martínez Salgado, Román Valdecantos, Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Duret, las cuales eran esperadas por las distintas querellas en el juicio. Sin embargo, lo que nadie preveía era que se otorgaran 27 absoluciones, que serán apeladas ante el Tribunal Federal de Casación.

“Ha sido un juicio muy largo, con más de tres años de debate oral y con muy pocas jornadas en las ciudades donde se cometieron los hechos: dos en Tandil y una en Azul, y el resto en Mar del Plata donde tiene asiento el TOF 1. Aun así, pudimos lograr que la lectura del veredicto se realizara en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos de derechos humanos de la Provincia y la región”, afirmó a ANDAR el abogado de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Guillermo Torremare.

“En esa ciudad fue donde se cometieron la mayor cantidad de delitos y donde funcionaron la mayor parte de los 14 CCD investigados. Sobre la parte resolutiva, y aclaramos que aún tenemos que conocer los fundamentos del fallo que se darán a conocer a mediados de diciembre, creemos que evidentemente los jueces han valorado y apreciado la prueba de una forma muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, hay un caso de una de las condenas cuya pena fue establecida en 6 años de prisión para el delito de violación de una víctima mientras ésta permanecía privada ilegalmente de su libertad. Es decir, una pena desproporcionadamente baja”, amplió.

Por su parte, Petra Marzocca -una de las referentes de la organización Memoria por la Vida en Democracia de Tandil y cuyos hermanos y cuñada fueron desaparecidos durante la última dictadura- afirmó a ANDAR que “fue mucho el trabajo de décadas en la búsqueda de pruebas con las que dar precisión y detalles a hechos que ocurrieron hace casi 50 años. Y las dificultades del paso del tiempo quedaron expresadas en el debate oral, con largas discusiones con las defensas acerca del valor de los testimonios”.

Con respecto a las 27 absoluciones dictadas por el tribunal, Marzocca evaluó: “Nunca pensamos que pudieran llegar a tantas y fue muy impactante escucharlo, sobre todo para las víctimas sobrevivientes. Nos plantea una cuestión muy compleja en cuanto a cómo la vamos a abordar ante el Tribunal de Casación. Entendemos que este juicio contó con jueces sin experiencia previa en juicios de lesa humanidad, y eso tal vez puede haber influido en su consideración de los hechos y la valoración de la prueba”.

Cabe aclarar que a cuatro de los que resultaron absueltos no se les había formulado acusación durante el juicio, por lo que la absolución para ellos estaba descontada, pero hay otros imputados –como el civil Julio Méndez, uno de los dueños del predio donde funcionó el centro clandestino de detención la Quinta de los Méndez- que también resultaron beneficiados a pesar de que todo el bloque acusador consideraba probadas las responsabilidades de cada uno.

Asimismo, 16 de los imputados originales que tenía la causa fueron, por el paso del tiempo, apartados de la investigación por problemas de salud o por fallecimiento, lo que evidencia el creciente y preocupante escenario de la impunidad biológica respecto a quienes cometieron delitos imprescriptibles en el marco del terrorismo de estado.

Una de las principales críticas que los organismos de derechos humanos y querellas realizaron al fallo tiene que ver con que los casos de víctimas de trabajadores de fábricas de la zona (Loma Negra, Avellaneda y otras) no fueron considerados en el marco del plan general del terrorismo de estado en la zona centro de la provincia de Buenos Aires sino como delitos cometidos por fuera de ese contexto, lo que implica la prescripción de la acción penal y la imposibilidad de juzgarlos hoy.

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La Plata: renombran Agustín Tosco a la calle que la CGT bautizó José Rucci

Una intervención anónima sorprendió al cambiar el nombre que la central sindical le había puesto hace menos de quince días en el marco de un acto de campaña del gobernador Axel Kicillof y el intendente Julio Alak. Son dos nuevos letreros que nombran la calle 36 entre 2 y 3 que sorprendieron anteayer a la tarde a los vecinos y vecinas de barrio norte de La Plata. Los carteles dicen “Calle Agustín Tosco” y tienen un QR que dirige a un enlace de YouTube, precisamente al debate televisivo que tuvieron el 13 de febrero de 1973 este dirigente sindical antiburocrático cordobés de Luz y Fuerza y el ex secretario general de la CGT, José Rucci. Por corresponsal para ANRed.

La intervención anónima que colocó los nuevos carteles polemiza con el acto realizado el lunes 20 de octubre, en el cual la CGT Regional La Plata-Berisso-Ensenada bautizó a esa calle, donde queda su sede, con el nombre de Rucci, iniciativa que se había votado en el Concejo Deliberante platense. De ese evento, realizado en plena campaña electoral, habían participado el gobernador Axel Kicillof y el intendente de La Plata Julio Alak.

Esa acción de la dirigencia cegetista fue repudiada por los organismos de derechos humanos y organizaciones que se nuclean en la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, que señalaron que el ex dirigente de la UOM dirigió “parte de las patotas que asesinaron y persiguieron militantes” en los años previos al golpe genocida de 1976.

Según las denuncias de los organismos, se sindica a las patotas de Rucci como una de las partícipes de la masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973. En efecto, la vinculación entre el homenajeado por la CGT y los grupos paraestatales que asesinaron a un centenar de militantes en La Plata en el período previo a la última Dictadura, está documentada en el libro de los periodistas Daniel Cecchini y Alberto Elizalde “La CNU. El terrorismo de Estado antes del Golpe”.

“Su accionar y vínculo con estas patotas no sólo fue confirmado por varias investigaciones sobre los grupos parapoliciales de la época, sino que es confirmada por el mismo Juan Manuel Abal Medina en su último libro donde confirma que Rucci mandó matones armados a participar de la represión contra la movilización que hacía el peronismo revolucionario”, señala la Multisectorial en su comunicado.

El nombre de la calle y el debate sobre el modelo sindical