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General Nacional

9 de julio de 1816 / La declaración de independencia

Escribe Federico Novo Foti

La lucha por terminar con la dominación española había comenzado en 1810. Seis años después, en Tucumán, se declaró la independencia. Sin embargo, a 210 años, el país volvió a caer bajo el dominio de las potencias imperialistas y aún tenemos por delante la enorme tarea de lograr una segunda y definitiva Independencia.

El 24 de marzo de 1816 comenzaron las sesiones del Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas de Sudamérica en San Miguel de Tucumán. Cada provincia participante había elegido a un diputado cada 15 mil habitantes.1 El 9 de julio, los diputados firmaron el Acta de  Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas. 

El acta original afirmaba la voluntad de ser “una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”. Uno de los que presionaba para adoptar esa decisión era José de San Martín. Pero como aún existían sectores que entendían el futuro del país como el cambio de la dependencia de una potencia europea por otra, diez días después, se completó el acta con el agregado “y de toda dominación extranjera”.2

De la revolución a la guerra

La invasión del ejército francés de Napoleón Bonaparte a España y Portugal en 1808 tuvo enormes consecuencias políticas. La corona portuguesa emigró con toda su corte y se instaló en Río de Janeiro. En cambio, la monarquía de España cedió el trono al hermano de Napoleón, José Bonaparte, y el rey Fernando VII permaneció cautivo hasta finales de 1813.

En el inmenso imperio español en América esto produjo un vacío de poder que derivó en una crisis revolucionaria. En la península europea había comenzado una “guerra de independencia” contra la ocupación francesa y para organizarla se formaron juntas locales de gobierno. Los pueblos americanos también instalaron sus juntas. En 1808 y 1809 el grito libertario se oyó en Montevideo, Quito, Charcas y La Paz. En 1810, terminó por abarcar a todo el continente, desde Buenos Aires en el sur hasta México.

Los pueblos americanos plantearon que ante la falta del rey la soberanía debía volver a los pueblos. Diversos cabildos asumieron así el gobierno y formaron sus “Primeras Juntas”, como la que presidió Cornelio Saavedra en Buenos Aires desde el 25 de mayo de 1810. Gobernaban “en nombre de Fernando VII” ya que, en principio, estas revoluciones no cuestionaban a la monarquía española, aunque lo hacían de hecho, derrocando a los virreyes y desmantelando progresivamente el antiguo régimen burocrático-colonial. 

El proyecto de una nación independiente estaba encabezado por Manuel Belgrano, Mariano Moreno y Juan José Castelli, a los que luego se sumaron José de San Martín y muchos otros. Se inspiraban en los pensadores más avanzados de las revoluciones burguesas de Inglaterra en 1688 y de Francia en 1789. Unían la lucha por la independencia política de España a un proyecto de igualdad y libertad para toda la población y la unidad latinoamericana. La influencia de Jean Jacques Rousseau se sumaba a la reivindicación de la insurrección derrotada de Tupac Amaru (1780) y a la integración y respeto de los pueblos originarios. Para ellos, una herramienta imprescindible para el desarrollo de la nueva nación era la educación pública para todos. 

Pero otros sectores pretendían retrasar o no declarar la independencia. Unos, buscaban mantener la relación de sumisión al trono español. Otros, pretendían el “protectorado” de otra potencia europea por entonces en ascenso como Inglaterra.

Pero entre tanto desde Lima, capital continental de los realistas, se organizaba la contrarrevolución. Esto obligó a los revolucionarios a lanzar expediciones militares para expandir el grito libertario. Así la revolución se convirtió en guerra. Una situación que se agudizó en 1814 cuando Napoleón, en retroceso, liberó a Fernando VII y éste regresó al poder decidido recuperar sus territorios americanos. 

Por la segunda y definitiva independencia

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Cultura Derechos Humanos Nacional

 La Justicia absolvió a la Lof Lafken Winkul Mapu: «fuimos culpados de retornar a nuestra propia tierra»

Ceremonia religiosa en la Lof Lafken Winkul Mapu, comunidad mapuche en Villa Mascardi.

A casi cuatro años del violento desalojo de Villa Mascardi, ocurrido el 4 de octubre de 2022, la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu en la causa que les iniciaron por supuesta usurpación tras intentar iniciar una recuperación territorial. «La Cámara Federal de Casación Penal nos absuelve. Luego de todo lo que hemos enfrentado, y que es de público conocimiento, fuimos enjuiciadas y enjuiciados por usurpación. Culpados de retornar a nuestra propia tierra, la cual hemos heredado legítimamente de nuestros antepasados. Esto significa mucho para nosotros, porque nuestra palabra y nuestra verdad han sido tenidas en cuenta», celebraron desde la comunidad mapuche. Por ANRed.

En una declaración pública difundida este lunes 6 de julio, la comunidad sostuvo que «hoy la Cámara Federal de Casación Penal nos absuelve» y destacó que el tribunal tuvo en cuenta su «pertenencia a un pueblo originario y los artículos 75, incisos 17 y 22, de la Constitución Nacional«. «Hoy, a casi cuatro años de aquel desalojo, esto significa mucho para nosotros, porque nuestra palabra y nuestra verdad han sido tenidas en cuenta«, expresaron desde el Lof, que también agradeció el acompañamiento de las comunidades mapuche, organizaciones solidarias y de la Gremial de Abogadas y Abogados durante todo el proceso judicial, uno de los más emblemáticos de los últimos años contra el pueblo mapuche y que representa un fuerte revés para la estrategia de criminalización del reclamo territorial indígena.

En una declaración pública, la comunidad recordó que «ha pasado tiempo desde aquel 4 de octubre de 2022, día en que el odio y el racismo se hicieron uno, y el gobierno de entonces, a través del Ministerio de Seguridad, mediante el Comando Unificado y en un desmedido operativo, entró violentamente a nuestro territorio con el fin de desalojarnos«.

Tras aquel operativo, señalaron: «fuimos enjuiciadas y enjuiciados por usurpación. Culpados de retornar a nuestra propia tierra, la cual hemos heredado legítimamente de nuestros antepasados. Fuimos acusados de ser falsos mapuche, de violentos y de un sinfín de cosas. Quisieron deslegitimar nuestro reclamo territorial; nos persiguieron, nos encarcelaron y buscaron detener nuestra lucha y nuestra conciencia«.

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Ecologia Nacional

Extranjerización

9 de Julio: El día de la dependencia y un mapa interactivo para verla

Imaginemos que una superficie similar a la provincia entera de Santa Fe se extranjerizara. La idea sirve para ir a la información. Se conmemora este jueves el 9 de Julio: 210 años desde la Independencia. El contexto es extraño: subordinación económica a través de la deuda externa, alineación política y militar con Estados Unidos y su proyecto de ir hacia Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida, prebendas a las trasnacionales y al extractivismo minero y de tierras raras, la zona liberada para lugares cruciales como el río Paraná, por nombrar apenas algo de la actualidad. Como complemento crucial de esa tendencia, el Observatorio de Tierras coordinado por científicas y científicos del CONICET y la UBA produjo el primer Mapa de Extranjerización de la Tierra, que muestra que casi el 5% del territorio argentino, más de 13 millones de hectáreas, es propiedad de empresas o personas extranjeras: un tamaño similar a Santa Fe entera o a un territorio como el de Inglaterra. El sitio No a la Mina de Chubut explica la situación. Presentamos el mapa interactivo del Observatorio.

La agencia de noticias NO a la Mina, de Esquel, Chubut publicó la siguiente síntesis antes del 9 de Julio:

  • “El Observatorio de Tierras, impulsado por científicxs del CONICET y la UBA, publicó el primer Mapa de Extranjerización de la Tierra. El dato es alarmante: el 5 % del territorio argentino —13,2 millones de hectáreas— está en manos de capital extranjero”.
  • “Lo más preocupante es qué territorios fueron transferidos: cordilleras, cuencas hídricas y zonas de influencia del río Paraná. No son tierras cualquiera, sino áreas estratégicas por su valor ambiental, su biodiversidad, el agua y los bienes comunes que albergan”.
  • “Mientras la Ley 26.737 establecía límites a la extranjerización de tierras rurales, la nueva normativa elimina controles clave y profundiza un modelo que favorece la expansión extractiva y la apropiación de recursos estratégicos por capitales extranjeros”.
  • “Como advierte el Observatorio de Tierras: o que está en juego no son normas aisladas, sino las condiciones bajo las cuales se controlan y se apropian los recursos estratégicos del país’».
  • El sitio presenta además la posibilidad de sumarse a la firma del «Rechazo a la Ley de Sturzenegger sobre extranjerización de la tierra y desalojos».clickeando aquí.
  • En esa convocatoria se plantea que el llamado proyecto de inviolabilicad de la propiedad privada «es una ley ómnibus que afecta a un conjunto de sectores de nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias inquilinas». Detalla las medidas que facilitan la extranjerización y concentración de las tierras, facilita al mismo tiempo los desalojos de inquilinos de viviendas urbanas, y amenaza a las tierras rurales «exponiendo nuestro territorio nacional a la posibilidad de ser adquirido sin límites por grandes capitales transnacionales, agravando una situación ya crítica en zonas de frontera, ribereñas, con acceso a recursos minerales fundamentales y reservorios de agua dulce».
  • Con respecto al manejo del fuego y los incendios sospechosamente recurrentes en el país, el documento explica sobre el proyecto oficialista: «Uno de los puntos más importantes es que elimina la prohibición del cambio de uso de suelo por 60 años luego de un incendio en vegetación, bosques, áreas naturales protegidas y humedales. También elimina la prohibición por 30 años para realizar emprendimientos inmobiliarios y actividades agropecuarias luego de incendios en zonas de vegetación fuera de los límites urbanos. De esta manera, habilita el cambio de uso de suelo para esos emprendimientos y acota la restricción solo a los bosques protegidos por la ley de bosques nativos (26.331) y a los bosques no productivos abarcados por la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal N° 13.273.
  • El mapa del presente

Aquí presentamos el mapa interactivo del Observatorio, con todos los detalles sobre la extranjerización del territorio argentino.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IE0cC8nnld3PU6F37eG6ypvG4lz1B0w&femb=1&ll=-41.639305743367835%2C-53.696730621781924&z=2

lavaca.org/extranjerizacion/9-de-julio-el-dia-de-la-dependencia-y-un-mapa-interactivo-para-verla/

Lavaca 08/07/26

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Derechos Humanos Nacional

Masacre de Palomitas, la cobardía del verdugo

Fuentes: Página/12

Por Gustavo Campana

6 de julio de 1976. La orden del traslado, cuando esa palabra maldita era sinónimo de muerte, la dio Carlos Alberto Mulhall. El coronel fue primero interventor de Salta, hasta el 22 de abril del 76, y luego jefe del Destacamento de Caballería Blindada 141. El encargado de cumplirla, el capitán Hugo Espeche.

Cerca de las 20, un comando le entregó un documento con once nombres a Braulio Pérez, director del penal de Villa Las Rosas: María del Carmen Alonso, Alberto Zavarnsky, Celia Leonard, Georgina Droz, Evangelina Botta, María Amaru Luque, Rodolfo Usinger, Benjamín Avila, Pablo Ouetes Saravia, José Povolo y Roberto Oglietti.

Espeche indicó que el área debía estar liberada de guardias penitenciarios, salvo los destinados a los muros y que solo tenía que estar iluminado el sector donde se encontraban los presos que iban a sacar de la unidad. Ordenaron que el hijo de muy pocos meses de Celia quedara en manos de su hermana Nora, también presa en la misma cárcel.

“La noche del 6 de julio del 76 antes de las 21, hora en que se apagaban las luces de las celdas, la comitiva militar marchaba acompañada por el hijo del director del penal, el oficial penitenciario Juan Carlos Alzugaray, el oficial jefe de guardia Eduardo Carrizo y el alcaide responsable del penal, apellidado Soberón. La patota estaba formada por oficiales superiores, que no llevaban sus insignias identificatorias”, contó el exdetenido político Eduardo Tagliaferro, cuando regresaron los juicios por delitos de lesa humanidad, luego de la caída de las leyes de perdón.

Paralelamente, otro grupo de militares realizaba un control en la ruta a pocos kilómetros del penal, en el camino que une Güemes con la capital provincial. Se quedaron con dos autos, diciendo que eran un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo y que los vehículos iban a ser utilizados en una operación de rescate. Primero le sacaron un Torino a Héctor Mendilaharzu y después se apropiaron de la camioneta Ford F-100 en la que viajaban Martín Julio González y su hermano.

Los tres estuvieron casi dos horas en un monte cercano, atados y amordazados, después les ordenaron que se fueran corriendo por el campo.

“Primero escuchamos el pisar fuerte de abotinados, luego el ruido metálico de cadenas o esposas y las voces duras que gritaron uno a uno el nombre de nuestras compañeras, y ellas, en medio del silencio que anticipaba la tragedia, salieron preguntando a dónde iban”, relató la exdetenida Graciela López cuando regresaron Memoria, Verdad y Justicia.

“De a una fueron abriendo las puertas de seis celdas. A Outes, que todavía se encontraba vestido, le dieron tiempo para tomar su gorra; al resto los sacaron desnudos y en algunos casos hasta descalzos. Todos iban resignados, salvo Usinger, un ingeniero rosarino que comenzó a gritarles asesinos hijos de puta”, declaró Tagliaferro. Los tres móviles, el que trasladaba a los presos y los dos vehículos secuestrados, llegaron al paraje Palomitas sobre la ruta 34, a casi 25 kilómetros de la ciudad de Güemes.

Los once detenidos fueron fusilados. La mentira con membrete de la Guarnición Militar Salta habló de un “enfrentamiento con fuerzas subversivas”, que habían intentado rescatar a los detenidos mientras eran trasladados. Un formato ficcional repetido a lo largo de toda la dictadura, describiendo choques armados inexistentes, en los que solo morían subversivos y no se registraba en los partes oficiales, un solo herido entre los uniformados.

Los certificados de defunción fueron firmados por el Dr. Quintín Orué, un médico fantasma, que nunca figuró en ningún registro profesional.

Las autopsias determinaron que las víctimas fueron golpeadas y ejecutadas con disparos realizados cuando estaban arrodilladas.

El Torino y la F-100 aparecieron al día siguiente, con manchas de sangre e impactos de bala. Jamás se supo nada de los imaginarios integrantes del ERP que secuestraron los vehículos.

Salvo los cuerpos de Georgina Graciela Droz y Evangelina Botta de Nicolai, que no fueron encontrados, los restos de las otras nueve víctimas aparecieron por la denuncia de testigos que presenciaron los entierros en cementerios de Salta, Jujuy y Tucumán.

Monseñor Aramburu, en su homilía del 9 de julio, dijo que “nuestra libertad está en juego. El ateísmo anhela provocar la aniquiladora lucha fratricida”. Solo habían pasado cinco días de la masacre de San Patricio, cuando en la iglesia de Echeverría y Estomba, barrio de Belgrano, asesinaron a los padres Alfredo Leaden, Alfredo Kelly, Pedro Duffau y los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito.

La Masacre de Palomitas fue una de las trágicas historias aportadas como prueba en la Causa 13/84, en el marco del juicio a las Juntas militares de 1985. Mulhall, Gentil y Espeche fueron condenados a reclusión perpetua, 34 años después de aquel julio del 76. En 2011 llegó la segunda sentencia, cuando fueron condenados a perpetua el exjefe del III Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez y el exdirector de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil.

El paraje Palomitas fue señalizado como Sitio de Memoria en 2012. En Palomitas II, el exguardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una pena de 20 años de prisión y más tarde con Palomitas III, llegaron las últimas imputaciones: los militares Luis Dubois, Joaquín Cornejo Alemán y Ricardo de la Vega y los exguardiacárceles Juan Sanguino, Napoleón Soberón, Víctor Rodríguez y Vicente Puppi.

“Dicky” murió en junio de 2022. Así lo conocían en la intimidad al exjuez Ricardo Lona, pieza clave en la maquinaria de muerte de la última dictadura en Salta. Pasó sus últimos años en prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad, entre ellos el secuestro y la desaparición del exgobernador Miguel Ragone.

En noviembre de 2007 fue procesado por “incumplimiento de los deberes del funcionario público”, por haber omitido investigar la matanza de Palomitas. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta lo sobreseyó al año siguiente. La resolución fue impugnada y la causa terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recién en septiembre de 2012 revocó el sobreseimiento y le ordenó a la Cámara salteña dictar un nuevo pronunciamiento. En el norte pusieron freno de mano y “Dicky” nunca fue juzgado por su silencio cómplice.

Hace nueve años, el lugar donde hace exactamente medio siglo fueron masacrados once presos de Las Rosas, cuenta con un cartel recordatorio; porque en esta tierra tallada por el dolor, está “prohibido olvidar” que el terrorismo de Estado en la Argentina, desapareció a 30 mil seres humanos en nombre de la “patria financiera”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/2026/07/06/masacre-de-las-lomitas-la-cobardia-del-verdugo/

rebelion.org/masacre-de-palomitas-la-cobardia-del-verdugo/

Rebelion 08/07/26

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Nacional Sindical Sociedad

Lapidario informe sobre trenes: «estamos al borde de una tragedia evitable como la de Once»

El gremio que conduce el “Pollo” Sobrero presentó en el Senado un informe con “evidencia técnica irrefutable” de que “el colapso operativo es inminente”. Acá, el reporte completo con la prueba fotográfica. Además, la farsa de la Emergencia aprobada tras el choque en Palermo. Por Canal Abierto.

Publicado originalmente el 3 de julio de 2026

Redacción Canal Abierto | Este miércoles, Rubén “el Pollo” Sobrero, titular de la Unión Ferroviaria de la zona Oeste, se reunió con la vicepresidenta Victoria Villarruel, y luego, con un grupo de senadores del bloque justicialista como José Mayans y Wado de Pedro, para presentarles el lapidario informe técnico que advierte sobre “el colapso premeditado del sistema ferroviario y la responsabilidad del Estado”.

“Vamos a reunirnos con todos los que haga falta hasta que la Emergencia Ferroviaria se aplique de verdad y los recursos se destinen a obras, mantenimiento y seguridad”, explicó al respecto el dirigente sindical de izquierda en un comunicado. “Mientras –agregó- seguimos luchando por un sistema ferroviario estatal, unificado y controlado por sus trabajadores”.

Según informó el medio Appdate Legislativo, los ferroviarios además solicitaron audiencias con el resto de los bloques parlamentarios. En respuesta, Patricia Bullrich (LLA) rechazó la invitación y Carolina Losada (UCR) acordó mantener una conversación telefónica. En paralelo, la próxima semana las gestiones continuarán en la Cámara de Diputados donde, hasta el momento, hay reuniones confirmadas con el bloque del Frente de Izquierda y con la diputada Cecilia Moreau (UP). Los dirigentes gremiales también serán recibidos en la Legislatura porteña por Leandro Santoro, de Fuerza por Buenos Aires.

Al borde de la tragedia

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General Nacional

Argentina: Foro de debate del Frente de Izquierda, “Los comités unitarios son la vía para sumar a miles”

Por Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

7/1/2026. Este lunes 29 se realizó en la Facultad de Sociales CABA el primer debate del Foro convocado por el Frente de Izquierda Unidad. Fue un evento muy positivo. Acá van las primeras impresiones.

Este primer debate se dio en un auditorio colmado con más de 800 personas y miles que lo siguieron por las redes. Expusimos los representantes de los cuatro partidos del FIT Unidad. Por Izquierda Socialista (IS) lo hice junto a mi compañera Mercedes de Mendieta; Christian Castillo y Laura Liff por el PTS; Vanina Biasi y Gabriel Solano por el Partido Obrero y por el MST Alejandro Bodart y Sergio García.

Estuvieron presentes también otros representantes de cada partido. Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Alejandro Vilca y Andrea D´Atri (PTS); Rubén “Pollo” Sobrero, Mónica Schlotthauer, Mercedes Trimarchi, Miguel Sorans y Mercedes Petit (IS); Romina Del Plá, Néstor Pitrola, “Chiquito” Belliboni (PO); Celeste Fierro, Vilma Ripoll (MST) y distintos referentes de la izquierda independiente, luchadoras y luchadores de distintos frentes, una delegación de Vientos del Pueblo, entre otros.

Desde Izquierda Socialista reivindicamos este primer debate. Fue sumamente positivo, como seguramente lo serán los cuatro que están planificados para más adelante. Debates que sirven para saber qué opina cada partido y qué propone para aprovechar este gran momento de crecimiento de la figura de Myriam Bregman y del FIT Unidad.

Siempre se espera que de un debate se puedan clarificar las posturas y llegar a una síntesis para actuar en común. Lamentablemente por ahora eso no está ocurriendo. Porque ante la propuesta que volvimos a plantear desde Izquierda Socialista de impulsar comités unitarios y abiertos del Frente de Izquierda (algo que compartimos con el Partido Obrero y otros referentes de izquierda), el PTS ratificó su política divisionista de seguir con sus propios comités en desmedro del Frente de Izquierda. Esto es lo que sigue impidiendo que el Frente de Izquierda pueda actuar de conjunto. Los motivos quedaron explicitados en las distintas exposiciones (ver debate completo https://www.youtube.com/live/HQxs3M74D-M ).

La compañera Laura del PTS, después de señalar que el FIT Unidad no corre ningún peligro (reduciendo su actuación al terreno electoral), dijo: “El FIT no alcanza. Es una respuesta rutinaria, sin ambición.” Ante este tipo de definiciones, se esperaba que los expositores del PTS clarificaran qué es su propuesta de “nuevo partido”, como se constituiría, como se integraría los demás partidos del FIT Unidad, etcétera. Pero eso no ocurrió. Fue una decepción para quienes esperaban esas definiciones.

Los expositores del PTS, por el contrario, usaron largos minutos para reivindicar todo lo que viene haciendo su partido (acto del 1° de Mayo en Ferro, la gran influencia que tiene Myriam Bregman en las redes, los alcances de La Izquierda Diario, sus comités, etcétera), sin que propusieran nada para desarrollar al Frente de Izquierda.

Es más, se develó que el partido de la nueva clase trabajadora que propone el PTS sería el propio PTS. Christian Castillo en su cierre dijo: “El FIT Unidad por las diferencias programáticas que tenemos no da para que se transforme en un partido.” Nicolás Del Caño agregó que los comités impulsados por el PTS “están para construir un gran partido revolucionario”. Como lo dijimos en el debate, el PTS está en su derecho de hacer esa experiencia, lo equivocado es contraponerlo al Frente de Izquierda y negarse a impulsar comités unitarios para poder organizar en común a los miles que simpatizan con Bregman y el FIT Unidad.

A su vez, en su primera intervención, el compañero Castillo del PTS propuso “mesas de coordinación zonales”. No quedó claro su alcance. A mí me quedó la duda si era algo positivo o novedoso hacia un curso favorable para el Frente de Izquierda. Así lo expresé en mi cierre. Pero el propio Castillo se encargó de desmentirlo en el suyo. Al desarrollar la propuesta se vio que es la misma política que viene impulsando PTS contra el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), la mayor coordinación obrera y antiburocrática que existe. Por ejemplo, el PTS viene contraponiendo la coordinadora de Zona Norte contra el PSC, como lo hizo cuando se dio la pelea contra la reforma laboral. Si se trata de luchar y coordinar de manera unitaria, lo que hay que hacer es fortalecer al PSC, no ignorarlo o boicotearlo. Christian Castillo dijo que “el PSC es una reunión de dirigentes sindicales y nada más”. Esto no es cierto. En el plenario de febrero en Parque Lezama, por ejemplo, hubo más de mil dirigentes, delegados y activistas (ver exposición de Mercedes de Mendieta).

Cada compañera y compañero podrá sacar sus conclusiones. Como dijimos en el debate, desde Izquierda Socialista somos patriotas del Frente de Izquierda Unidad. Es un error desvalorizarlo y dificultar su fortalecimiento. Por eso propusimos y proponemos convocar a centenares de comités unitarios en todo el país del Frente de Izquierda como vehículo para organizar a decenas de miles. Comités para impulsar y coordinar las luchas, en apoyo a Myriam Bregman y por un gobierno de la clase trabajadora. Lamentablemente el PTS se niega. Lo llamamos a que revea su actitud, como también se lo reclaman importantes luchadoras y luchadores, intelectuales y referentes de la izquierda independiente. Mientras tanto, llamamos a seguir participando de los comités unitarios que estamos impulsando Izquierda Socialista, el Partido Obrero y otras organizaciones, esperando que se puedan acercar posiciones para actuar en común.

uit-ci.org/index.php/2026/07/01/argentina-foro-de-debate-del-frente-de-izquierda-los-comites-unitarios-son-la-via-para-sumar-a-miles/

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General Nacional

Compra de Telefónica / Avanza el crecimiento monopólico de Clarín

Escribe José Castillo

El gobierno de Javier Milei avaló la compra de Telefónica por parte del Grupo Clarín/Telecom. Lo hizo a pesar de los discursos demagógicos del presidente contra el multimedio y sus periodistas. Se consolida un negocio monopólico de millones de dólares con socios locales y extranjeros. 

¿Qué tienen en común la dictadura militar, Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Mauricio Macri y Javier Milei? Que todos, en distintos capítulos, fueron aportando a la construcción del Grupo Clarín como un monopolio, ya no solo de multimedios, sino del conjunto de la conectividad argentina. 

El Grupo Clarín, que ya desde el gobierno de Macri es dueño de Telecom, acaba de obtener la autorización legal para la compra de Telefónica. La operación, en realidad, ya estaba realizada desde hace más de un año. En febrero de 2025, Telefónica de España, como parte de su plan transnacional de retirarse de América Latina, había recibido 1.245 millones de dólares de parte de Clarín. De hecho, desde entonces, Clarín/Telecom manejaba lo que anteriormente estaba en manos de Telefónica.

Lo que sucedió ahora es la autorización legal de esa operación. En la práctica, Personal, celulares de Telecom, se quedará con todo el negocio de Movistar, la marca de Telefónica. Ya tenía Personal Fibra y Personal Móvil, para conectividad fija y móvil; Personal Flow, en televisión paga, con su plataforma de entretenimiento con TV en vivo, streaming y contenidos on demand; Personal Smarthome, para hogares inteligentes; Tienda Personal, para la venta de productos tecnológicos; Personal Tech, con servicios integrales para empresas, organizaciones y gobiernos; y Personal Pay, billetera virtual con 2,5 millones de clientes activos.

El paso que le falta es incorporar toda la red Movistar, que ya solo es una cuestión de cambiar la marca. De los 47 millones de argentinos, 30 millones son necesariamente clientes de algún servicio del Grupo.

Se trata de la consolidación de un monstruo monopólico, un auténtico escándalo, avalado por el propio presidente Milei, que hasta ayer nomás juraba y perjuraba que no lo iba a permitir, mientras lanzaba insultos de todo tipo contra Clarín. ¿Qué pasó? ¿Cedió Milei? ¿Qué otros negocios se esconden detrás?

Argentina, caso único de monopolio total

El Grupo Clarín pasa ahora a convertirse en un monopolio que controla ya no solo multimedios periodísticos y de acceso a redes digitales, sino la mayoría del espectro de la telecomunicación digital. No hay otro caso en el mundo. En América Latina hay multimedios, como Televisa o Rede Globo, o grandes grupos de comunicación digital, como la mexicana Claro. Pero en ninguna parte una sola empresa controla todo.

Hoy el Grupo Clarín es dominante en conectividad a internet y televisión por cable, con Flow; queda como único actor en telefonía fija; es absolutamente mayoritario en telefonía celular, con Personal; además de mantener su red multimediática, con Clarín, Canal 13, TN, Radio Mitre y FM 100. Con la adquisición de Telefónica, se queda con más del 70% del negocio de la conectividad nacional de todo tipo.

Con una infraestructura de servicios convergentes, que pueden usar la misma red de fibra óptica y satélites, está en condiciones de someter a su voluntad a proveedores y empresas que requieran de sus servicios, fijando condiciones y tarifas.

¿Qué es la famosa “desinversión”? 

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Derechos Humanos Nacional

A 70 años, la Justicia declaró de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez

* Foto de portada: en el auditorio «Hugo del Carril» de José León Suárez, Mónica Schlotthauer y Rubén «Pollo» Sobrero acompañando a compañeros ferroviarios y familiares que reclaman que la Justicia declare a los fusilamientos como delitos de lesa humanidad.

Escribe Camila Mitre

A 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, la Justicia Federal de San Martín declaró que los crímenes cometidos por la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu fueron delitos de lesa humanidad. La sentencia del juicio por la verdad responsabilizó al Estado argentino por la planificación, ejecución y encubrimiento de la masacre ocurrida en la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando cinco hombres fueron asesinados y otros siete lograron sobrevivir.

El juicio fue impulsado por familiares de las víctimas, que durante décadas reclamaron verdad, reparación y reconocimiento. En la audiencia estuvieron presentes Mónica Schlotthauer, diputada bonaerense de Izquierda Socialista en el FIT Unidad y delegada ferroviaria, y Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, quienes acompañaron el reclamo de los familiares y sobrevivientes.

La jueza Alicia Vence, titular del Juzgado Federal en lo Criminal N° 2 de San Martín, dio por probado que en la noche del 9 de junio de 1956 un grupo de personas fue secuestrado en una casa de Florida, en el partido de Vicente López. Algunos esperaban noticias del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra el régimen militar que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955. Sin embargo, la represión ya estaba en marcha.

Horas después, los detenidos fueron trasladados en un colectivo de línea hasta los basurales de José León Suárez. Allí, bajo las órdenes del inspector Rodolfo Rodríguez Moreno y siguiendo las directivas del jefe de Policía bonaerense, Desiderio Fernández Suárez, fueron fusilados. La sentencia estableció la responsabilidad penal de Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Quaranta, Fernández Suárez, Rodríguez Moreno y el personal a su cargo.

Los asesinados fueron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión. Otros siete sobrevivieron: Juan Carlos Livraga, Miguel Ángel Giunta, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez y Rogelio Díaz. Algunos escaparon en medio de la oscuridad; otros fueron heridos y dados por muertos. El caso de Livraga fue clave: fue “el fusilado que vive”, cuya historia llegó a Rodolfo Walsh y a Enriqueta Muñíz dio origen a Operación Masacre, una obra central del periodismo de investigación y de la literatura de no ficción.

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la reconstrucción de la ilegalidad del operativo. La dictadura intentó justificar los crímenes bajo la ley marcial, anunciada por Radio Nacional a las 0.32 del 10 de junio. Pero los secuestros habían ocurrido antes y el decreto recién fue publicado en el Boletín Oficial cuatro días después. Para el tribunal, no hubo legalidad posible. La jueza declaró la responsabilidad del Estado por hechos que calificó como “allanamiento ilegal de domicilio”, “privación ilegal de la libertad agravada”, “homicidio agravado” y “tentativa de homicidio”.

Aunque los responsables ya murieron y no pueden recibir condena penal efectiva, la jueza dejó asentado que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido la pena de prisión perpetua. Además, dispuso la “reivindicación del buen nombre y honor” de las víctimas y estableció que la sentencia constituye en sí misma una forma de reparación.

Entre las medidas ordenadas, la Justicia dispuso la publicación de la sentencia en organismos oficiales, la incorporación del caso en los contenidos educativos, la instalación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los allanamientos y fusilamientos, y la creación de un sitio de memoria en el predio de los históricos basurales de José León Suárez.

La sentencia llega tarde, pero confirma una verdad histórica. Los fusilamientos fueron parte de la represión desatada por el golpe gorila de 1955, una ofensiva patronal, clerical y proimperialista contra la clase trabajadora y sus conquistas. Nahuel Moreno, dirigente de nuestra corriente trotskista, denunció desde aquellos años el carácter reaccionario de ese golpe y señaló que la resistencia contra la dictadura debía apoyarse en la organización independiente y la movilización de las y los trabajadores.

Setenta años después, la lucha de los familiares, sobrevivientes y organismos logró arrancarle al Estado un reconocimiento judicial. Pero la memoria no se agota en una sentencia. Frente a quienes reivindican la represión, niegan los crímenes del Estado o vuelven a atacar los derechos de las y los trabajadores, seguimos levantando las banderas de memoria, verdad y justicia. Por los fusilados de José León Suárez, por Walsh, por cada compañero perseguido y asesinado, la pelea sigue en las calles.

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El Socialista 01/07/26

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30 años de la pueblada que parió al movimiento piquetero

Corrían los primeros meses del segundo menemato cuando, con las mujeres a la cabeza, se inauguró una nueva práctica adherida desde ese momento a los repertorios de protesta de nuestro país: la de un movimiento piquetero que, desde el 20 de junio y a lo largo de seis días, paralizó la provincia de Neuquén organizando en asamblea el corte de la estratégica ruta 22. Para algunos, ese fue el punto de partida del proceso de intensificación de la protesta que desembocó en el estallido social del 2001.

Desde la Carrera de Sociología compartimos, a 30 años de la pueblada de Cutral-Có y Plaza Huincul, dos reflexiones de profesores de nuestra casa dedicados al estudio de los procesos de cambio social y los movimientos de nuestro país. Recordamos aquellos días desde las palabras de Julián Rebón y María Maneiro.


Corte de ruta, humo y pueblada.
A 30 años de Cutral Co y Plaza Huincul: la génesis del movimiento piquetero

Por la Prof. María Maneiro

El humo negro de los neumáticos quemados se mezclaba con el frío seco de la Patagonia mientras miles de vecinos ocupaban la Ruta Nacional 22. En Cutral Co y Plaza Huincul, el asfalto se había convertido en trinchera. Corría junio de 1996 y lo que estaba en juego no era solo un corte de ruta, sino la supervivencia de comunidades enteras desarticuladas por la privatización de YPF.

Hacia mediados de la década de 1990, la privatización de las empresas estatales dejaba deshilachados pueblos enteros. El modelo neoliberal impulsó el achicamiento del Estado, desmantelando comunidades que vivían bajo su sostén. Entre retiros voluntarios y despidos, miles de trabajadores quedaron sin empleo; las indemnizaciones se evaporaron rápidamente y los microemprendimientos se volvieron inviables. El desempleo trepó a cifras récord, transformando a localidades prósperas en territorios de fantasmas, signados por el frío, el hambre y el abandono de un Estado que se retiraba de su rol de proveedor.

La escena de la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul es revisitada hoy, a 30 años, emulando el Berisso peronista, como el kilómetro cero del movimiento piquetero. El 20 de junio de 1996, miles de vecinos se volcaron masivamente a la Ruta Nacional 22 mientras el asfalto se transformaba en una trinchera custodiada por barricadas de neumáticos quemados. El humo negro se convirtió en el símbolo de la resistencia frente al crudo frío patagónico: el piquete cerraba rutas pero abría caminos. Detrás del humo, la multitud se defendía para frenar el avance de las fuerzas federales. El fenómeno alumbró liderazgos inesperados. Como es sabido a partir del trabajo de Javier Auyero en Vidas beligerantes, la docente Laura Padilla pasó a encabezar las negociaciones con el poder político mostrando que la pueblada amalgamó y colectivizó el sufrimiento individual.

El punto de inflexión ocurrió el 25 de junio, cuando la jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles llegó al corte de ruta escoltada por unos 400 gendarmes. El objetivo de su llegada era ordenar el desalojo, pero al constatar la masividad de la protesta, que superaba las 30 mil personas, la magistrada tomó una decisión histórica: se declaró públicamente incompetente, alegó sedición y se retiró junto a las tropas federales. Desarmada la opción represiva, el gobernador Felipe Sapag tuvo que ir a negociar al corte. La rebelión concluyó con un acta firmada por Sapag y Padilla; el documento institucionalizó el conflicto y forzó al Estado a reconocer su responsabilidad política en el mapa de la protesta social argentina.

Las puebladas y piquetes expresaron una fractura estructural que se extendió velozmente desde los pueblos petroleros hacia los cordones industriales del país. En un marco de desindustrialización sostenida, el corte de ruta y la asamblea emergieron como el repertorio organizacional y de protesta de las fracciones trabajadoras pauperizadas. Esta acumulación de conflictividad territorial sumó a las clases medias y alcanzó su punto de ebullición en la crisis de 2001-2002 con el rechazo generalizado a la clase política. Tras el colapso, el ciclo abierto en 2003 dinamizó el mercado interno e institucionalizó a las organizaciones de desocupados como interlocutores legítimos del Estado. No obstante, las limitaciones estructurales para garantizar una integración laboral extendida reaparecieron hacia 2008, amesetando el periodo de crecimiento acelerado y reinstalando el problema sociolaboral de fondo.

El agotamiento del boom de los commodities y el estancamiento económico crónico reactualizaron las viejas urgencias. La fragilidad sociolaboral no había sido superada, sino contenida bajo nuevas formas de precarización laboral. El problema de la estrechez de los ingresos regresó al centro de la agenda pública, pero bajo la forma del pluriempleo y la sobreexplotación.

A tres décadas de distancia, aquel grito de resistencia adquiere su verdadera dimensión histórica en un presente que vuelve a discutir dilemas emparentados. La pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul inauguró la lucha de aquellos sectores que no logran ingresar de manera duradera en el mercado de trabajo formal. Allí se abrió una bisagra de negociación inédita con el Estado, forzando al poder político a asumirse como el responsable de la integración social. A través del piquete, la comunidad logró colectivizar un padecimiento que se representaba como individual: la falta de empleo dejó de ser una responsabilidad doméstica para volverse una demanda colectiva.

Cutral Co y Plaza Huincul evidenciaron un problema estructural que hoy, bajo nuevos ropajes, regresa con fuerza: desnudó la profunda incertidumbre de amplias fracciones de las clases trabajadoras que resultan excedentarias para el capital recordándonos que las promesas de derrame suelen apagarse antes de llegar a la ruta.


La pueblada de Cutral  Co y los nuevos horizonte de la lucha
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Tras 70 años de impunidad, la Justicia reconoció la responsabilidad del Estado en los fusilamientos de José León Suárez

En un juicio por la verdad, la juez Alicia Vence dio por probado el secuestro de 12 personas en la noche del 9 de junio de 1956, el homicidio de 5 de ellas y la tentativa de homicidio de otras 7 personas, quienes sobrevivieron. Ordenó medidas reparatorias y declaró la responsabilidad de los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas y de los jefes policiales.

Siete décadas después, en un juicio por la verdad, la justicia federal reconoció que hubo responsabilidad del Estado en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de los fusilamientos de 12 militantes peronistas el 9 de junio de 1956. 

El debate histórico finalizó este lunes pasadas las 13, cuando la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, leyó la parte dispositiva de la sentencia, en la que declaró que estos hechos, relatados por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, se trataron de crímenes de lesa humanidad. 

“Declarar que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la comisión de esos hechos, a los cuales califico legalmente como allanamiento ilegal de domicilio,  que concurre con el de privación ilegal de la libertad agravado reiterado en 12 oportunidades, que a su vez concurre con el de homicidio agravado en cinco oportunidades y tentativa de homicidio en otros siete”, leyó la magistrada. 

Por el paso del tiempo y la impunidad que rodeó estos hechos durante 70 años, todos los posibles culpables se encuentran muertos. Por eso se realizó este juicio por la verdad, que no tiene consecuencias penales. El veredicto señaló la responsabilidad de los dictadores Pedro eugenio Aramburu e Issac Rojas; de Juan Constantino Quaranta, jefe de SIDE; de Desidero Fernández Suárez, jefe de la Policía Bonaerense; del jefe regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno, y estableció que la pena que les hubiera correspondido si hubiesen sido juzgados es la de prisión perpetua. 

Además, estableció una serie de medidas reparatorias, como la publicación de la sentencia en las páginas web del gobierno nacional y bonaerense, la construcción de un sitio de memoria que difunda lo que pasó y preserve la memoria histórica, la rehabilitación del buen nombre y honor de las víctimas y su incorporación en el registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino, entre otras.

La jueza dio por probada la acusación de la querella de las familias, representada por los abogados Alberto Palacios y Walter Arias, que resultó la única parte acusadora ya que el fiscal Paul Starc dictaminó en contra del juicio por la verdad y no participó del proceso.  

En su alegato, la querella reconstruyó lo que sucedió esa noche a partir de las pruebas y testimonios que se conocieron durante el debate, como el del sobreviviente Juan Carlos Livraga, de 94 años, el “fusilado que vive”, y de familiares de sobrevivientes y asesinados . 

Los abogados señalaron que en la noche del 9 de junio de 1956, un grupo de personas se reunió en la casa de Hipólito Irigoyen 4519, en la localidad de Florida, Vicente López, para escuchar una pelea de boxeo. “Pero en el ambiente circulaba otra cosa que parte de los asistentes conocía: la posibilidad de esperar el mensaje por el alzamiento armado que preparaba Juan José Valle contra la dictadura de Aramburu y Rojas”, relató Palacios. 

En la casa del fondo se encontraban Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso, Mario Brión, Juan Carlos Livraga, Rorberto Gavino, Rogelio Díaz y Juan Carlos Torres y en la propiedad del frente se encontraban Horacio Di Chiano, dueño de la casa, y Miguel Ángel Giunta. “El dueño de la finca (di Chiano) era el único de la cuadra con teléfono, por eso seguramente, y esto es algo novedoso del juicio, estaban en ese domicilio, porque esperaban una llamada”, explicó. 

Alrededor de las 23.20, un operativo represivo llegó a la casa y se llevó detenidos a todos, a excepción de Torres, quien logró fugarse. Otras dos personas, Reinaldo Benavidez y Julio Troxler, fueron atrapados minutos después mientras ingresaban al domicilio. De esas detenciones participó el jefe de la Bonaerense, Fernández Suárez, quien ordenó llevarlos a la Unidad Regional de San Martín, donde quedaron incomunicados. 

“Se encuentra probado que a las 0.32 del 10 de junio la radio transmitió la proclama de la ley marcial firmada por Aramburu y Rojas. Para ese momento, los 12 hombres llevaban más de una hora bajo custodia policial, ya habían sido detenidos, ya habían perdido su libertad. La ley que los condenaría a muerte o que el régimen pretendía usar como cobertura, llegó después”, detallaron los abogados. Horas más tarde, Fernández Suárez impartió por teléfono la orden de llevarlos a un descampado y fusilarlos. 

Pasadas las 4, los 12 detenidos fueron llevados a la madrugada a los terrenos donde entonces estaban los basurales de José León Suárez. Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión fueron asesinados en el lugar mientras que los otros 7 lograron sobrevivir:  Livraga recibió 3 disparos a quemarropa y un balazo le atravesó la cara. Fue dado por muerto y se arrastró ensangrentado hasta encontrar auxilio. Di Chiano se tiró al suelo y lo dieron por muerto. Gavino, Benavidez, Troxler, Giunta y Díaz lograron escapar.

El juicio por la verdad por los fusilamientos de José León Suárez tienen un antecedente directo en el debate que se hizo por la masacre de Napalpí, ocurrida en Chaco en 1924. Por impulso de la fiscalía de Resistencia, en 2022 se realizó un juicio por la verdad que reconoció la responsabilidad estatal en el fusilamiento de más de 400 miembros de las comunidades Qom y Moqoit, quienes reclamaban mejores condiciones de vida y trabajo en la reducción indígena de Napalpí. 

www.tiempoar.com.ar/ta_article/jose-leon-suarez-masacre-justicia/

22/06/26