Cuba: nuestro problema es el futuro – I
Hacer que la Asamblea Nacional del Poder Popular acoja a debate y se pronuncie sobre las PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS por el socialismo participativo y democrático.
Roberto Cobas Avivar
“Es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz” José Martí
I.Pauta
II. Árbol que nace torcido
III. Ante la Asamblea Nacional del Poder Popular
IV. Con el Parlamento cubano
I
Pauta
El abordaje ciudadano de la transición socialista en Cuba permanece contaminado por las razones del pragmatismo reformista que asiste al poder político decisorio (Partido Comunista) y al pensamiento cubano en ello involucrado.
La fragilidad estructural del sistema socioeconómico cubano, aguzadas sus contradicciones internas, presiona a todos los actores socio-políticos. El pueblo exige soluciones urgentes a la precariedad material extrema y crónica en que subsisten ya varias generaciones. El Gobierno (partido-estado) intenta soluciones que pasan prioritariamente por el aseguramiento de la gobernabilidad en que asienta su invariable idea del poder político. Las visiones de ambos actores son divergentes puesto que diferentes son las raíces de sus prioridades. En el seno de la sociedad la horizontalidad autónoma de la participación es una necesidad tan acuciosa como natural. Para el Gobierno la verticalización del movimiento de la sociedad es condición de su dominio político sobre la misma.
El nudo gordiano obedece a un artificio de poder político. Evidencia de lo cual es que el mismo se pretende desanudar desde el Estado, no en torno al problema de la democracia socialista que demanda una nueva cualidad de la participación sociopolítica, sino alrededor de las relaciones de dependencia que hayan de subordinarla. Y esa democracia socialista, -como recuerda D.Orrio en su trabajo “Cuba, Rosa Luxemburgo y las gallinas”[1] – a la cual Rosa no vaciló en llamar dictadura del proletariado… “tiene que ser la obra de la clase y no de una pequeña minoría que dirige en nombre de la clase; es decir, ella debe ser la expresión leal y progresiva de la participación activa de las masas, ella debe sufrir constantemente su influencia directa, estar bajo control de la opinión pública en su conjunto, manifestar la educación política consciente de las masas populares”.
Justo a lo que se contrapone la idea de gobernabilidad desde el poder estatal: al ideario y a la necesidad de autogobierno de la sociedad. Esa idea de gobernabilidad se labra en el pensamiento político del Partido y se fundamenta desde el estamento intelectual: “… asumimos un concepto de gobernabilidad, definida como el equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político para responder a ellas de manera legítima y eficaz”, (A.Chaguaceda, 2009)[2] –subrayado propio. El sistema político ha de responder a las “demandas societales”. La sociedad prefigurada como objeto de la relación de gobierno es mantenida al margen de su subjetivación como ente de poder. Ello ha conllevado a que las “demandas societales” se asocien y reconozcan siempre como reivindicaciones sociales, no como exigencias de participación política decisoria.
Desde las urgencias de su precariedad socio-material, y aislada de todo debate conceptual sobre los problemas de fondo que causan el cronicismo de dicha precariedad, la sociedad aceptará “ilusionada”, como lo ha hecho hasta ahora, el coyunturalismo de las reformas económicas. A pesar de que las “demandas societales” responden a un complejo espectro de necesidades y subjetividades, en la visión política institucionalizada del poder como dominio, la gobernabilidad tiende a ejercerse tal como se resuelve en el estado capitalista.
En el sistema socioeconómico capitalista la máxima lógica será: ¡la economía, estúpidos!; grito con el que un B.Clinton regocijaba al omnipoder oligárquico estadounidense[3]. La arenga es adecuada, por cuanto el sistema político capitalista se estructura en base a una economía centrada en la lógica costos/beneficios de relaciones mercantiles, donde prima la maximización del lucro por encima de las personas – como no deja de concienciarnos N.Chomsky. Pronto nos percatamos que allí donde la economía es el fin, la racionalidad moral (Kant) y social (Marx) del modo en que nos reproducimos en tanto seres humanos no existe como objeto del desarrollo.
La diferencia en el abordaje no es sencillamente ideológica, sino esencialmente filosófica. ¿El fin justifica los medios? Si las ideas que den respuesta a dicho cuestionamiento serán legítimas para cada grupo de gestores de las relaciones sociales de producción, no lo será, como puede inferirse, la dimensión socio-política de las opciones.
En ese contexto se disuelven las visiones sobre el rumbo de las transformaciones estructurales que necesita el sistema socioeconómico cubano. Es decir, en el contexto donde los conceptos no importan tanto como el pragmatismo reformista que asegurará la gobernabilidad según la idea del poder político establecida. La gobernabilidad como objeto de atención central responde al hecho de que el sistema político se apodera de la facultad de solucionar las “demandas societales” desde el monopolio estatal del poder económico. No existe, por ende, otra forma de legitimar el poder político estado-centrista. Sobre tal fundamento sociopolítico descansa el carácter socialista de la Revolución, declarado por su Líder en 1961. La Revolución (el sistema político estado-centrista) “le ha dado y le da” al pueblo (soluciona las “demandas societales”). Los dogmas establecidos se refuerzan unos a otros desde el poder político e impiden el movimiento dialéctico que empuje las contradicciones hacia desenlaces de cualidad superior.
La doctrina política del poder revolucionario que establece y defiende el Partido no le concibe a la sociedad cubana la capacidad de autogobierno. No lo concibe 50 años después. Con el discurso oficial sobre el alto nivel de conciencia política del pueblo cubano, lo que se hace es asignarle la nota por el examen de obedecer las instrucciones que desde el poder central se le asignan. Si los logros sociales reivindican derechos humanos inalienables, la lucha por la legitimación de las relaciones de poder se da en el campo de la economía. Y ese examen es el que no aprueba el poder centralizado estado-partidista. No lo aprueba en 50 años de ejercicio. Por cuanto a la doctrina del poder revolucionario le ha sido necesario, para sostenerse, reducir el problema a la economía. Mientras que el problema ha estado y sigue estando en las relaciones sociales de producción. Pero abordar en toda su complejidad esas relaciones implica el cuestionamiento de la doctrina del poder revolucionario impuesta a la sociedad por el Partido.
No puede caber dudas que en Cuba finalmente cristaliza y tiene lugar lo que tenía que tener: la lucha política por el poder socioeconómico. El poder popular o el poder estado-centrista de la clase política. Es decir, la lucha por hacer realidad el postulado consitutcional de la democracia socialista o, en su defecto, ceder ante la creciente desnaturalización del poder socioeconómico popular. Es la natural consecuencia dialéctica de las contradicciones de un proceso sociopolítico que, habiendo despertado las necesidades de empoderamiento del pueblo, se ha tornado en la negacion práctica de dichas necesidades.
Convertir el círculo vicioso de la participación atada por el nudo gordiano del poder estado-centrista, en la espiral virtuosa de la emancipación socioeconómica de la sociedad exige, por lo tanto, emprendimientos revolucionarios contra los cuales se estará siempre proyectando el reduccionismo reformista de la economía.
Los dos elementos que unen la preocupación del Jefede Estado cubano -cambios conceptuales y estructurales- se hacen disyuntivos en el pensamiento reformista que al mismo tiempo la acompaña. Para los fines terapéuticos el sistema, adviértase, deja de ser complejo. O sea, deja de ser socio-económico y tiende a polarizarse preferentemente en su segundo extremo.
El régimen socioeconómico cubano necesita encarrilarse en una trayectoria de viabilidad que sólo puede alcanzarse con una alta eficiencia sistémica. Los cambios que lo pueden hacer posible exigen una reorganización radical de las relaciones sociales de producción e intercambio. La transformación estructural del modo de producción actual constituye, por tanto, un imperativo.
El emprendimiento resulta un desafío cultural que no puede ser evadido. Ni, por consiguiente, tomado como un imposible que justifique el pragmatismo reformista de soluciones que, según la práctica de hechos consumados, comienzan a hipotecar la transición socialista.
(cont. en II)
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[1] David Orrio, “Cuba, Rosa Luxemburgo y las gallinas, en: http://www.kaosenlared.net/noticia/cuba-rosa-luxemburgo-gallinas
2 Armando Chaguaceda Noriega, “Cuba: ¿vientos de cambio o coyunturas huracanadas?” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) 2009, Año X, Nº 25, abril. “Como cualquier realidad ofrece un conjunto de escenarios posibles, previsibles y, menos aún, deseables, por donde discurre la agencia humana; considero que los sistemas políticos establecen realmente las pautas de su gobernabilidad considerando siempre algo así cómo un coeficiente tolerable de corrimiento de la norma, llenado por la regulación informal, que siempre existe y actúa. Sólo cuando este desborda ciertos límites es cuando la institucionalidad deviene disfuncional y la gobernabilidad se erosiona a niveles peligrosos. Asumo pues que la gobernabilidad en estado puro no existe, solo gradaciones de mejor o peor desempeño”.
3 Recuérdese que no es otro que Bill Clinton como Presidente, quien da la arrancada al zafarrancho financista que precipita la actual crisis económica global,con la desregulación de los mercados financieros al suspender la Ley Glass-Steagall (que databa de 1933).