Que tantos represores sean juzgados, está bien, pero tienen «ayudita» judicial

Que José A. Martínez de Hoz haya sido detenido orden del juez Norberto Oyarbide, es una buena noticia por varios motivos. Principalmente porque se trataba del «jefe civil de la dictadura», como bien planteó el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde, cuando pidió que aquél pagara por sus delitos.

O sea, debía ir a la cárcel no sólo por la causa en la que fueron secuestrados por orden directa suya los empresarios Federico y Miguel Gutheim, sino también y fundamentalmente por el secuestro, tortura y desaparición de millones de empleos, de Pymes y empresas nacionales.

Secundariamente, en vísperas del Bicentenario, esa detención puede ser vista como un desagravio a los patriotas de 1810. Es que otro José Martínez de Hoz, monopolista del puerto de Buenos Aires, votó en contra de la formación del primer gobierno patrio, favorecido como estaba con ese monopolio y la corona española (la primera vez que este cronista vio este dato fue hace muchos años en el manual de Historia de Juan José Real, donde figuraba el acta del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 con la nómina de los votantes).

Ojalá que la detención de «Joe» en la causa Gutheim junto al general Jorge R. Videla, y su compañero de cacerías en Sudáfrica, general Albano Harguindeguy, pueda abrir una puerta para que la justicia pueda imputar a otros funcionarios civiles de la dictadura.

Los dos que inauguraron la lista de esos funcionarios procesados fueron el propio Martínez de Hoz, luego indultado por Carlos Menem, y Jaime Smart, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires con el general Ibérico Saint Jean. El ministro fue detenido en 2008, siendo defendido por «Gaceta Ganadera» con un editorial publicado el 16 de julio de ese año. Se tituló: «La injusta detención de Jaime Smart». En cualquier momento la tribuna de doctrina mitrista se decide a publicar otro editorial pero en salvaguarda de su admirado Martínez de Hoz.

Esos abogados, empresarios y ex ministros imitan en todo a sus socios de uniforme, cuando tienen cita en los tribunales de Comodoro Py 2002. Primero quieren exculparse diciendo que no tuvieron nada que ver con los delitos de lesa humanidad, que cumplían órdenes o que los delitos fueron cometidos por subordinados. Luego inventan o agrandan sus enfermedades, buscando -como el ex almirante Emilio Massera- ser declarados inimputables o bien que los deriven como presos VIP a sus domicilios, cuarteles o clínicas. Martínez de Hoz logró que lo internaran en la Clínica Los Arcos, así como el coronel Sarmiento, alias «mago de la picana» y padre de la jueza María José Sarmiento, logró que no lo detuvieran pese a la orden del juez misionero que lo tiene imputado por su actuación allí como ministro de gobierno.

Guillermo Walter Klein, Roberto y Juan Alemann, Adolfo Diz, Jorge Zorreguieta, Alberto Rodríguez Varela, Roberto Durreiu, Domingo Cavallo y tantos otros funcionarios del terrorismo de Estado deberían estar en las celdas próximas a las de «Joe» y Smart.

Los límites judiciales y políticos

El avance de las causas por violaciones a los derechos humanos alegra a casi todos los argentinos, excluidos claro está a los mismos imputados, sus familias y las organizaciones sociales y políticas de las que forman parte. También hay que entender que determinados políticos que supuestamente están parados en el ancho campo de la democracia formal, casos de Eduardo Alberto Duhalde, Mauricio Macri, Diego Guelar y Abel Posse, entre otros, tampoco cantan loas a la sustanciación de los juicios. Ellos, coincidiendo con el obispo Jorge Bergoglio, y con medios de prensa como «La Nación», auspician una reconciliación nacional que tenga como introducción una «amplia amnistía para los dos bandos», aunque los delitos de genocidio los haya cometido sólo uno.

De todas maneras hay que ser claros y puntualizar que el mencionado avance democrático por los juicios tiene límites bien precisos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó sobre la estadística de los Juicios hasta el 24 de marzo de 2010. Los que en etapa de instrucción son 231 (71 por ciento), los ya finalizados 23 (6%), los que están en curso 6 (2%) y las causas elevadas 67 (21%).

Ese organismo presidido por el periodista Horacio Verbitsky saca como obvia la conclusión de la mora judicial, pues son amplia mayoría las causas que aún están instruyéndose, donde aún falta un largo o mediano trecho para que finalice esa etapa y sean elevadas a audiencias públicas.

La justicia anda con la velocidad de la tortuga, salvo honrosas excepciones de magistrados y cámaras que han acelerado su trabajo. Y en algunos casos caminan hacia atrás, en un sentido regresivo.

Un caso claro de ello es la justicia mendocina, posiblemente la peor de todas en cuanto a los resultados de su labor en materia de derechos humanos. Al 24 de marzo del año pasado, el diario Los Andes titulaba: «Mendoza: 179 causas contra represores y sólo cuatro detenidos».

Si esos números eran horribles, luego fueron aún peores, pues la Cámara Federal de esa provincia terminó por liberar o mandar a casa al único cuarteto detenido. Los camaristas Luis Miret y Atilio Romano fueron denunciados por omitir investigar denuncias de violaciones y torturas durante la dictadura. Y no son los únicos magistrados sobre los que llovieron ese tipo de críticas. El entonces titular de la Cámara de Casación Penal, Alfredo Bisordi, tuvo durante varios años cajoneada la causa ESMA; forzado por críticas de los organismos y el ex presidente Néstor Kirchner, optó por demorar un tiempo más y jubilarse. Hoy es parte de las defensas de genocidas como Luis Patti.

«Hacete amigo del juez»

Algunos jueces que actuaron en el período democrático fueron no sólo cómplices del «Proceso de Reorganización Nacional» sino directamente socios.

Guillermo Federico Madueño era juez en Bahía Blanca en esos años y colaboraba con el general Acdel Vilas, rechazaba en bloque los habeas corpus presentados por los secuestrados, atendía las orientaciones de la Armada de Puerto Belgrano, en este caso junto con «Gaceta Marinera» (léase La Nueva Provincia).

El menemato lo promovió al Tribunal Oral Federal Nº 5, donde fue camarista todo terreno a favor de represores y menemistas. Actuó allí hasta 2004, cuando fue solicitada su detención por causas de represión ilegal en Bahía Blanca. Madueño se fugó durante cinco años hasta ser detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en noviembre de 2009.

Menos suerte que el bahiense tuvo el juez federal Víctor Brusa, quien también ejerció durante años en democracia pese a las denuncias de sobrevivientes de campos de concentración en Santa Fe que lo implicaban en torturas y desapariciones. A él también lo había designado juez el hombre de Anillaco.

Al final Brusa perdió su cargo y posteriormente su libertad en 2005. En diciembre de 2009 lo condenaron a 21 años de prisión y tiene el triste récord de ser el primer juez en ser hallado culpable de esa clase de delitos.

Una justicia demorada por las leyes de la impunidad y los indultos, integrada en muchos casos por quienes habían jurado por el Estatuto del Proceso y no la Constitución Nacional, y en otros directamente por aliados del terrorismo de Estado, debía necesariamente deparar malos resultados. E incluso cuando algunos de aquellos factores fueron removidos, el tiempo perdido fue irrecuperable, fruto de tantas demoras y cajoneos.

Según el CELS había a marzo pasado un total de 1.464 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, acusados por crímenes de lesa humanidad. Apenas 75 imputados habían tenido sentencia, con 68 condenas y 7 absoluciones.

La entidad aseguró en su Informe 2009 que «al ritmo de 2008, habría juicios hasta 2025. Los cálculos una vez finalizado 2009, con más causas abiertas en instrucción, han aplazado aún más esa estimación».