«Abuelas de Plaza de Mayo» acusan a la dueña de Clarín de obstruir la justicia
La organización Abuelas de Plaza de Mayo acusó el martes a la dueña del Grupo Clarín, uno de los mayores conglomerados de prensa de América Latina, de poner obstáculos a la justicia en su intento por esclarecer si los hijos adoptivos de la empresaria fueron apropiados durante la última dictadura militar.
«Ernestina Herrera de Noble busca remover a la jueza Sandra Arroyo por haber avanzado en una investigación independiente, en cumplimiento de órdenes de tribunales superiores» afirmó Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, en una rueda de prensa.
Además dijo sentirse indignada por los intentos de la defensa de los hermanos Noble de poner en entredicho la credibilidad del Banco Nacional de Datos Genéticos, que a partir del próximo lunes iniciará el proceso para determinar la identidad de Marcela y Felipe Noble, que tienen más de 30 años.
El abogado de Ernestina Herrera, el ex juez federal Gabriel Cavallo –quien en el pasado se pronunció como magistrado a favor de organizaciones de derechos humanos–, presentó un pedido para que la jueza Arroyo sea apartada de la causa por entender que no es imparcial con la empresaria.
Abuelas sospecha que los Noble son hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar (1976-1983) y que la empresaria podría esta implicada en su apropiación.
Las Abuelas han localizado a un centenar de sus nietos que cuando eran bebés fueron sustraídos y en numerosas ocasiones adoptados de forma ilegal por militares o personas afines al régimen de facto.
El Banco tendrá que extraer muestras de ADN de las ropas que les fueron extraídas a los Noble en un procedimiento judicial realizado el pasado viernes en el que ambos dijeron sentirse vejados. Sin embargo Abuelas lo definió como impecable.
Dicho laboratorio cotejará las muestras de ADN con las de cientos de familiares de desaparecidos que tiene almacenadas.
Pero los Noble se niegan a ello ya que quieren que su ADN sea contrastado únicamente con el de dos familias de desaparecidos (Lanuscou y Gualdero) y que el análisis se realice en el Cuerpo Médico Forense, que depende del Poder Judicial.
Ponen en duda la idoneidad del banco de datos genéticos –creado por ley y que está en vías de pasar a la órbita del Poder Ejecutivo– para realizar estos estudios.
Señalan, entre otras cosas, que la salvaguardia de las muestras genéticas reunidas en dicho laboratorio pudo haberse resentido a partir de la asunción en 2006 de nuevas autoridades.
Dudar de la eficacia del Banco es dudar de nosotras» dijo De Carlotto, quien consideró perverso «pensar que las Abuelas» quieran «un nieto a cualquier costa».
Se está cuestionando «la identidad de 18 nietos y nietas que fueron restituidos» desde 2006, subrayó.
También advirtió que «hay algo muy oscuro» detrás del caso de los hermanos Noble y mencionó al ex presidente de facto Jorge Videla y a monseñor Antonio Plaza –designado capellán mayor de la policía de la Provincia de Buenos Aires en 1976– como «los posibles entregadores de Marcela y Felipe».
En tanto, el abogado de Abuelas, Alan Iud, puntualizó que los dos jóvenes podrán nombrar peritos para controlar los exámenes que se realicen en el seno del banco de datos genéticos.
Iud cuestionó asimismo el Cuerpo Médico Forense, al sostener que «nombra laboratorios a dedo» para realizar los estudios.
Abuelas y otras organizaciones de derechos humanos creen que se produjeron numerosas irregularidades en los procesos de adopción de los dos jóvenes en 1976.
La presidenta Cristina Fernández manifestó su deseo de que se haga justicia en el caso. Incluso, la mandataria –enfrentada con el Grupo Clarín– se comprometió a llevar el caso a tribunales internacionales si la causa no prospera en Argentina.
Fuente original: http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AMS_GEN_ARGENTINA_DESAPARECIDOS_SPLA-?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2010-06-01-16-54-10