Estados Unidos: Numerosas detenciones en el primer día de vigencia de Ley de Arizona
En el primer día de la ley racista de Arizona fueron detenidos en algunas ciudades de los EEUU varixs manifestantes que repudiaban la aplicación de esta normativa. Arizon apelará dictamen contrario.
Arrestan a manifestantes durante protestas en Phoenix
Juventud Rebelde/ Prensa Latina. La entrada en vigor de la polémica ley migratoria SB 1070 en Arizona provocó numerosas detenciones en Phoenix durante una marcha en la que cientos de activistas de Arizona y otros rincones de EE.UU. exigieron la anulación total de la legislación.
Grupos de inmigrantes y religiosos estadounidenses prosiguieron este jueves las protestas por la entrada en vigor de la polémica ley migratoria SB 1070 en Arizona, y varios fueron arrestados, reportaron despachos de prensa.
La legislación, que criminaliza a los indocumentados, entró en vigor pese a la suspensión temporal de algunas de sus partes más controversiales y que ilustran claramente su carácter discriminatorio y racista, reportó PL.
A mediados de la tarde no se había precisado el número de personas detenidas en Phoenix, cuando participaban en una marcha en la que cientos de activistas de Arizona y otros rincones de EE.UU. protestaron para exigir la anulación total de la ley y pedir una reforma migratoria integral.
Los manifestantes instaron a las escuelas públicas, a los gobiernos locales y a la policía a no cumplir lo firmado por la gobernadora Jan Brewer, durante una marcha desde la Iglesia hasta las oficinas del sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio.
De momento no se reportaron enfrentamientos con la policía, que custodiaba fuertemente el área de la protesta, según describió Telesur.
En una resolución de última hora, el miércoles, la jueza Susan Bolton restringió el efecto de la controvertida ordenanza, sin alterar el punto relacionado con la contratación laboral de inmigrantes ilegales.
Por ende, desde este jueves es considerado un delito ofrecer trabajo a un extranjero asentado en Arizona sin documentos migratorios en regla.
Recién se conoció que el estado sureño también sopesa un proyecto de ley dirigido contra los hijos de los indocumentados.
Luego de la decisión de Bolton, la gobernadora republicana de Arizona precisó que apelará la medida y dijo que para ello presentará la demanda ante el Noveno Circuito Judicial de San Francisco, California.
Agregó que si es necesario se abrirá paso además hasta la Corte Suprema de Justicia en Washington, con la meta de invalidar el veredicto de la jueza federal que censuró parcialmente al programa.
Arizona, estado fronterizo con México y donde viven unos dos millones de hispanos, cerca de medio millón de ellos indocumentados, se convirtió en centro de una ácida polémica nacional tras la aprobación de la ley, calificada desde el inicio como discriminatoria y racista.
Esta situación destapó un amplio debate entre los estadounidenses sobre la necesidad de abordar el tema migratorio en todas sus vertientes y reformar las leyes.
Gobernación de Arizona apelará dictamen sobre polémica ley migratoria Telesur
La gobernadora Jan Brewer advirtió que apelará hasta la Corte Suprema de Justicia el fallo de la jueza federal, según ésta para »defender» el derecho que tienen los ciudadanos de Arizona. Está ley ha sido considerada por la comunidad internacional como discriminatoria contra los ciudadanos latinos que habitan en EE.UU
La gobernadora de Arizona (suroeste), Jan Brewer, apelará este jueves la decisión de la jueza federal Susan Bolton, quien ordenó la suspensión de algunas sesiones de la polémica ley SB1070, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados que habitan en la sureña ciudad estadounidense.
Brewer, quien busca la reelección este año, señaló que si es necesario se abrirá paso hasta la Corte Suprema de Justicia en Washington, con la meta de invalidar el veredicto que censuró uno de los puntos más controversiales como es la revisión del estatus migratorio de personas «sospechosas» que hayan sido detenidas por alguna otra razón judicial.
«Esta lucha está lejos de terminar. De hecho, apenas comienza, y al cabo de lo que con seguridad será una larga batalla legal, Arizona prevalecerá en su derecho a proteger a nuestros ciudadanos», dijo Brewer.
Según la gobernadora del estado de Arizona, la orden que dio Bolton de bloquear partes claves de la normativa es «sólo una piedra en el camino».
Este miércoles, a pocas horas de que entrara en vigencia la ley antiinmigrante, la juez Bolton bloqueó partes esenciales de la norma y reactivó una lucha constitucional entre la soberanía de los estados y los poderes del Gobierno federal.
La orden de la jueza deja también sin efecto el punto que exigía a los inmigrantes portar la documentación que los acredita como residentes legales.
Este punto, también declaraba como ilegal que inmigrantes indocumentados soliciten empleos en espacios públicos, como suelen hacer albañiles y jardineros en estacionamientos de tiendas estadounidenses.
Un portavoz de Brewer, dijo que el Gobierno de Arizona pedirá al noveno tribunal de apelaciones que revoque el dictamen de Bolton y agilice su revisión del caso.
Pese a que la polémica normativa rechazada y considerada por varios sectores de la sociedad como discriminatoria, fue bloqueada en algunos de sus artículos, quedan otros puntos que siguen poniendo en riesgo a los inmigrantes de Arizona, puesto que desde este jueves será un delito detener un vehículo para recoger diariamente jornaleros, que en su mayoría son ciudadanos mexicanos.
Por tal motivo, decenas de personas comenzaron a manifestar contra la discriminatoria ley.
El corresponsal de teleSUR en Estados Unidos (EE.UU.), Reed Lindsay, informó que desde tempranas horas de la mañana de este jueves dos miembros de un grupo de detractores fueron arrestados cuando entraron en la Corte Federal de Arizona para protestar por la SB1070.
El alguacil del condado de Maricopa (Arizona), Joe Arpaio, advirtió este miércoles que no tolerará actos de «desobediencia civil» en la ciudad contra la discriminatoria ley, y anunció que para este jueves aplicará redadas contra los inmigrantes.
La SB1070 afronta siete demandas, incluyendo la que entabló el Departamento de Justicia con el argumento de que Arizona se atribuye tareas de inmigración que recaen sobre el Gobierno federal.
La Constitución establece en la Décima Enmienda cuáles son los poderes que pertenecen exclusivamente a cada uno de los 50 estados, que gozan de cierta soberanía para algunos asuntos, y la «supremacía» de la ley federal sobre las estatales.
El republicano conservador del Congreso estadal, John Kavanagh, defendió la iniciativa que, según él, no contradice preceptos de «la Constitución redactada por los padres fundadores de la nación».
«Los hijos de los inmigrantes ilegales no deben tener derecho a certificados automáticos de ciudadanía o naturalización porque así no aparece escrito en los textos originales de la carta magna», apuntó Kavanagh.
El principal autor de la ley, el legislador estatal republicano, Russell Pearce, confía en que Arizona ganará el caso.
El dictamen de Bolton podría permitir que el Gobierno estadounidense logre demostrar, durante el juicio por la demanda que el Departamento de Justicia ha presentado contra el estado de Arizona, la inconstitucionalidad de los aspectos de la ley al argumentar que la normativa está usurpando las funciones exclusivas de la administración federal.
La SB1070 fue aprobada por el parlamento estatal de mayoría republicana y sancionada el pasado mes de abril por la gobernadora Jan Brewer, del Partido Republicano.
El Gobierno estatal presentó una contrademanda argumentando que no usurpa sino «complementa» el trabajo del Gobierno federal, mientras que aseguró que sus 15 mil oficiales de policía podrían ayudar al arresto de inmigrantes indocumentados.
Arizona que limita con México se convertió este jueves en el primer estado de EE.UU. que declarara ilegal la inmigración de personas que no posean documentos.
Ley Arizona: suspensiones y lo que falta
Editorial de La Jornada / La Jornada
En vísperas de la entrada en vigor de la racista ley SB 1070, la juez federal estadunidense en Phoenix Susan Bolton determinó suspender provisionalmente algunas de las disposiciones más polémicas e impresentables de esa normativa, como las que obligan a policías estatales a realizar interrogatorios a quienes sean discrecionalmente considerados como migrantes indocumentados. De acuerdo con la juez Bolton, la aplicación de esta ley plantea una sustancial posibilidad de que los oficiales arresten erróneamente a extranjeros residentes legales. Asimismo, la funcionaria consideró muy probable que la administración que encabeza Barack Obama logre demostrar la inconstitucionalidad de esa normativa, como resultado de la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de ese país contra el estado de Arizona por presunta usurpación de funciones exclusivas del gobierno federal.
Por su parte, la gobernadora de ese estado fronterizo, la republicana Jay Brewer, calificó el dictamen de la juez Bolton de obstáculo en el camino y aseguró que la batalla no ha hecho más que empezar y que el derecho de Arizona a proteger a sus ciudadanos prevalecerá.
La determinación judicial que se comenta, saludada por los gobiernos federales de México y Estados Unidos y por activistas e integrantes de organizaciones defensoras de migrantes, constituye un hecho positivo por cuanto conjura, en lo inmediato, la entrada en vigor de disposiciones que otorgan cobertura legal al racismo y convierten a las propias autoridades del vecino país en factores de atropello a las garantías individuales y al estado de derecho. Adicionalmente, al abonar a las perspectivas de que la citada ley sea declarada inconstitucional, la decisión judicial sienta un precedente importante para otros estados y ciudades del vecino país donde se quieran aplicar normativas similares a la SB 1070.
Con todo, la determinación comentada resulta insuficiente para revertir la intensificación de sentimientos xenofóbicos y chovinistas que actualmente tiene lugar en Estados Unidos, y que no se presenta sólo en los marcos jurídicos, sino también fuera de ellos. Un ejemplo claro de esto último es la reciente difusión, en el estado de Utah, de listas de supuestos migrantes indocumentados, hecho en el que es inevitable percibir la participación de malos servidores públicos en connivencia con algunos grupos ultraconservadores de la sociedad estadunidense.
El factor que alimenta ésta y otras manifestaciones de fobia antinmigrante es la penalización de la irregularidad migratoria en el vecino país. En la circunstancia actual, la persistencia de esa política de persecución resulta doblemente nociva: por un lado, porque soslaya que la migración, documentada o no, es ante todo un factor de competitividad económica y de riqueza cultural para la nación vecina –no una amenaza de desestabilización e inseguridad, como sostienen algunos de los sectores más cavernarios de ese país–; por otro, porque, más que contribuir a la salvaguarda del estado de derecho, constituye un acicate para el surgimiento de expresiones de linchamiento contra indocumentados.
Ante ello, y sin dejar de ponderar positivamente la determinación de la juez Bolton, el episodio pone en relieve la necesidad de que el Ejecutivo y el Legislativo estadunidenses avancen en la presentación y aprobación de una reforma migratoria integral, que disponga una vía a la regularización para los millones de indocumentados que viven en aquel país y reconozca de una vez por todas el aporte fundamental que realizan a la economía y la cultura de Estados Unidos.
http://www.jornada.unam.mx/2010/07/29/index.php?section=opinion&article=002a1edi