La nueva Asamblea Nacional si tiene «Mayoría Calificada»
Para legislar en contra de la mayoría de la población
El Gobierno Nacional se lamenta de no lograr su objetivo político electoral de alcanzar los 110 diputados que representan las 2/3 partes de la nueva Asamblea Nacional. Los partidos de la oposición empresarial agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, festejan que lograron «quebrar» la mayoría calificada. Nada de esto es cierto. Más allá de la disputas entre Gobierno y partidos de la oposición, ambas vertientes no están interesadas en defender los derechos del pueblo trabajador o potenciar las libertades democráticas de la población. Ambos coinciden en la implementación de medidas económicas y sociales que trasladen el costo de la crisis sobre los hombros de los trabajadores. Es una obligación denunciar esta nueva estafa.
Sería necio negar que el gobierno del Presidente Chávez pretenddía seguir manejando la Asamblea Nacional a su antojo, como lo hizo los últimos cinco años gracias al control hegemónico del poder legislativo. Menos se puede ocultar que la Oposición tenía como meta en estas elecciones alcanzar una representación suficiente que le permitiera impedir las imposiciones del gobierno y le brindara la posibilidad de presionar, negociar y llegar a acuerdos con la bancada oficialista.
Independientemente que la Oposición haya superado la barrera de los 55 diputados, lo cierto es que así no lo hubiese logrado, en la nueva Asamblea Nacional si está garantizada la «mayoría calificada» para seguir implementando el paquete económico y las medidas políticas y sociales que viene descargando el gobierno nacional desde tiempo atrás.
Estas son las pruebas
No concemos hasta ahora, de una airada protesta de los partidos políticos que conforman la MUD, en rechazo al esquema de las empresas mixtas, mediante el cual el gobierno legitima que el Estado se asocie con multinacionales para explotar los recursos naturales y sobre explotar la mano de obra nacional. Que sepamos, los partidos de la oposición nunca han salido a la calle a protestar por el incremetno del IVA en un 33%. Es más, ha sido la propia oposición política, que no es otra cosa que la represntación del empresariado, de los banqueros, de los terratenientes y de las multinacionaes, quienes con las presiones políticas y el chantaje económico, tienen una alta cuota de responsabilidad junto con el gobierno, en la especulación, el desabastecimiento ficticio y particularmente en la inatajable inflación que galopa en Venezuela golpeando el bolsillo de los más pobres.
Cuando la oposición denuncia la criminalización de la protesta, no es porque estén jugados a lograr la libertad de Sabino Romero o Rubén González defendiendo el libre derecho a la huelga y la defensa de lso territorios de las comunidades indígenas. Tampoco están dispuestos a lograr el reenganche a sus puestos de trabajo de miles de trabajadores que han sido botados sin justificación alguna, bien sea de empresas públicas o privadas.
Cacaraquean en defensa de la propiedad privada, pero guardan silencio cuando el gobierno paga jugosas indemnizaciones a los empresarios. Y con toda seguridad, aprovechándose de la inescrupulosidad y el desastre del gobierno en materia de manejo de las empresas del Estado, dentro de muy poco estos diputados que representan a la oposición, serán los más fervientes voceros del retorno a la privatización de las empresas, como muy bien lo hicieron en las décadas 80 y 90 del siglo pasado.
Si este gobierno mal autocalificado como socialista se olvidó de una nueva Ley Orgánica del Trabajo que dignificara el empleo y protegiera a los trabajdores y se avanzara en la reglamentación de las leyes de Seguridad Social de las venezolanas y venezolanos, debemos tener claro que no podemos tener ninguna expectativa en que con esta nueva composición de la Asamblea Nacional los trabjadores tendremos oportunidad de que se alcancen tales objetivos. A menos que desarrollemos poderosas luchas y movilizaciones que los obliguen a hacerlo.
Interpretamos que una franja importante de la población tomó las tarjetas de la MUD y sus candidatos, para castigar políticamente a un gobierno que está enterrando la esperanza de un cambio de fondo que supere los graves males que aquejan a la mayoría del pueblo. De ese mismo modo, debe quedarle claro a ese sector de la población que así lo hizo, que por nada del mundo se puede tener expectativa alguna en que ahora la nueva Asamblea Nacional será la expresión popular y el foro donde se debata el futuro del país, garantizando la democracia participativa, protagónica y decisiva de la población.
Ello no quiere decir que los luchadores no hagamos de la Asamblea Nacional un sitio de obligada referencia para expresar nuestras protestas y exigirles a los diputados y a sus partidos la solución a nuestras problemáticas. Esos serán los mecanismos privilegiados para probar que la nueva Asamblea Nacional si tiene mayoría calificada, pero para seguir preservando un modelo económico de explotación del hombre por el hombre, de proliferación de la miseria y de enriquecimiento para minúsculos sectores de la sociedad.
27/09/10