María Isabel Greco (HIJOS La Plata – PRENSA DE FRENTE)
Boletín especial DDHH – Julio López, Luciano Arruga, Silvia Suppo. Tres nombres que, con todas las diferencias que existen entre sí, proyectan una misma pregunta, a su vez una consulta retórica. ¿Todavía es posible cometer secuestros y asesinatos políticos y que estos queden impunes, amparados en la complicidad e impotencia de los poderes del Estado?.
Sigue faltando López… ¿no hay nada para decir?
El 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López -detenido y torturado durante la dictadura por las “fuerzas de seguridad”- pasó a ser nuevamente un desaparecido. El hombre, de 77 años de edad, fue secuestrado mientras concurría a la audiencia final del juicio al ex policía Miguel Etchecolatz. En las semanas previas había aportado un testimonio clave a ese juicio. Como resultado de esa declaración, y las de otras personas secuestradas por la dictadura, Etchecolatz fue condenado como autor de “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983″, según expresó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata al dar a conocer la sentencia, histórica.
A 4 años de la segunda desaparición, esta vez en una democracia, el 18 de septiembre de 2010 encontró más continuidades que rupturas en relación a los aniversarios anteriores. En primer lugar, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas volvieron a movilizarse en demanda de justicia. En la ciudad de Buenos Aires, destacando el tiempo transcurrido –“de impunidad y encubrimiento”-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocó a una marcha que fue desde las vallas que protegen al Congreso hasta las vallas que protegen a la Casa Rosada.
Un rato después, en La Plata, una multitud se movilizó hacia la gobernación bonaerense. Allí, de espaldas a la Casa de Gobierno que habita Scioli, el ex detenido-desaparecido Carlos Zaidman y María Isabel Greco, integrante de HIJOS, leyeron un documento que no ahorró críticas a la “larga cadena de impunidad”. En ella incluyeron “al entonces Ministro del Interior Aníbal Fernandez, el entonces Gobernador de la Provincia y hoy ‘opositor’ Felipe Solá” y a “la Presidenta Cristina Fernández, que ya ni siquiera menciona el tema”. Además, señalaron “la indiferencia ostensible del Legislativo”, a la Justicia Provincial “que durante un año y medio se negó a reconocer la desaparición limitándose a ‘buscar’ al compañero en una ‘averiguación de paradero’” y a la Justicia Federal, “que no investigó a ninguno de los represores denunciados por López en su declaración: los jueces federales Corazza y Blanco responsables de la causa paralización de la causa y de mantenerla errante entre los intrincados intereses judiciales”. Al igual que en Capital Federal, rechazaron “la actitud pasiva y silenciosa de los gobiernos Nacional y Provincial que, viendo el tiempo trascurrido, es complicidad y encubrimiento”.
En ambas movilizaciones participaron organizaciones de muy variados signos políticos, con la excepción del oficialismo y la oposición de derecha, que se mantuvieron ausentes y con un llamativo silencio, salvo alguna declaración de compromiso, como en el caso de la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Sara Derotier de Cobacho, que señaló que “la Provincia de Buenos Aires -así, en abstracto- aún tiene la enorme carga de la desaparición de Jorge Julio López». Su jefe, el gobernador Scioli, continuó la línea de silencio de alto nivel: salvo el cartel que anuncia la recompensa, llevada a un millón y medio de pesos en los días previos, el portal oficial de la provincia no tiene ninguna mención a la causa López. En cambio, destaca que mientras la movilización popular exigía justicia, el gobernador se encontraba junto al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en un recital de Ricardo Montaner en Isidro Casanova.
Luciano Arruga, también
El caso López es una verdadera piedra en el zapato para un gobierno como el de los Kirchner, con un discurso que tiene a los desaparecidos entre sus principales ejes de acumulación, pero sin una política decidida a avanzar sobre el poder paralelo que ostentan las fuerzas policiales. “Mientras el pretendido ‘gobierno de los Derechos Humanos’ no tiene un sólo imputado en la causa López, en la Bonaerense continúan en actividad efectivos que fueron parte del terrorismo de Estado”, denunciaron los organismos que luchan por los derechos sociales y políticos.
Con este panorama de impunidad, no es de extrañar la emergencia de casos como el de Luciano Arruga. El joven de 16 años de La Matanza está desaparecido desde el 31 de enero de 2009, y todo apunta a la responsabilidad de agentes del Destacamento policial de Lomas del Mirador, que sin embargo fueron protegidos por el entonces ministro de Seguridad de Scioli, Carlos Stornelli. “El gobernador Scioli sigue fortaleciendo, amparando y encubriendo a la policía de la provincia, la más grande corporación mafiosa de la Argentina. Asesinatos, torturas, trata de personas, drogas, imposición a jóvenes para que roben y todo tipo de delito imaginable e inimaginable es manejado por la Bonaerense”, expresó el documento de la Multisectorial La Plata en el acto por López.
¿Y Silvia Suppo?
Por último, en todas las movilizaciones se recordó a Silvia Suppo, ex detenida desaparecida durante la dictadura militar, que el 29 de marzo de este año fue asesinada en su comercio de Rafaela, Santa Fé, en una situación todavía sin esclarecer. Por el hecho se encuentran detenidos dos jóvenes cuidacoches de 18 y 22 años, a quienes se les adjudica el homicidio, como parte de un robo “común”. Sin embargo, los organismos de derechos humanos encuentran muchas preguntas sin respuestas y vienen señalando que “se pretendió dar el caso por cerrado presentándolo como un delito común, a pesar de las serias contradicciones que aparecen en la causa”. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia criticó duramente por eso al gobernador Hermes Binner y a la justicia provincial, expresando que “actuaron como garantes de la impunidad”.
Como dándole la razón a la sospecha de los organismos, en los últimos días trascendió que un testigo de identidad reservada aportó información que podría darle un giro a la causa, al vincular directamente el asesinato con la participación de Suppo en los juicios contra represores. Entre ellos, el que incluyó al ex juez federal Víctor Brusa, en el que la militante declaró, y el que se tramita por la desaparición de su compañero Reinaldo Hattemer, secuestrado en la catedral de Rafaela en enero de 1977. A partir de esta novedad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa, pidiendo que pase al fuero federal. Casualidad o no, el anuncio fue realizado pocas horas antes de las marchas por López, acaso para anticipar las críticas que aparecerían con repercusión en un nuevo aniversario, tal vez para no hacer tan evidente un silencio oficial en un tema –el de los secuestros y asesinatos relacionados con las fuerzas estatales- en el que todavía hay mucho por aclarar. Y un gobierno al que el preocupan los derechos humanos debería ser el primero en recordarlo, para impulsar acciones concretas de justicia más allá de las efemérides.