Ley de Glaciares
¡Hay que prohibir la minería a cielo abierto!
La Ley de Glaciares, vetada en su momento por Cristina, terminó siendo aprobada con la mayoría del kirchnerismo votando en contra. Es un paso adelante logrado por la movilización, aunque deja muchos puntos grises que las mineras y el gobierno querrán aprovechar para continuar el saqueo.
El escándalo venía dando vueltas desde hacía varios años, cuando Cristina vetó en 2008 la primera Ley de Glaciares, votada casi por unanimidad en ambas cámaras. Era un secreto a voces que ese veto había sido promovido por la transnacional canadiense Barrick Gold, que -a partir de aquel momento- desarrolló en nuestro país un intenso lobby para que no saliera ninguna legislación que le pusiera coto al saqueo minero. Hace un par de meses, Cristina se reunió en Toronto con Peter Munk, dueño de la Barrick, para garantizarle “seguridad jurídica” en sus negocios. Pero las movilizaciones, denuncias y presiones de organizaciones ambientalistas, pueblos originarios y poblaciones afectadas, sumadas a la propia debilidad del gobierno, terminaron quebrando al bloque kirchnerista.
No se puede dudar que el objetivo de Cristina era que no saliera nada. Todos los funcionarios del gobierno nacional que asistieron a los debates en comisión defendieron a las multinacionales y se opusieron a la aprobación de la ley. Así lo hicieron el Secretario de Minería Jorge Mayoral y el de Medio Ambiente Homero Bibiloni.
Los gobernadores de las provincias mineras, estrechamente vinculados a los negocios del saqueo, como el kirchnerista sanjuanino Gioja y el radical catamarqueño Aníbal Castillo, fueron, junto al peronista disidente Adolfo Rodríguez Saa, los que más desvergonzadamente se opusieron a cualquier legislación ambiental protectora de los glaciares, argumentando la “autonomía de los provincias” y el “núcleo de coincidencias básicas de la Constitución de 1994” (ver La responsabilidad…). Sin embargo, la ley terminó saliendo.
Un paso adelante, pero…
El proyecto aprobado en Senadores ya venía “ablandado” desde Diputados. Es que ahí se había votado, gracias al acuerdo entre el senador kirchnerista Daniel Filmus y el diputado centroizquierdista Miguel Bonasso, donde este último, después de sostener durante dos años en que se insistiera con el proyecto votado en 2007 y vetado por Cristina, se bajó y aceptó retirar el artículo 17, el que resultaba más virulento para las mineras. Este artículo planteaba que “primero” el IANIVIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) debía realizar y terminar el relevamiento de las zonas a proteger y recién después se podrían autorizar nuevos emprendimientos mineros. Al “desaparecer” este requisito, la nueva ley, si bien molesta a las transnacionales mineras y sus socios de los gobiernos nacional y provinciales (obviamente hubieran preferido “ninguna legislación”), deja abierto el camino a trampas, como demorar infinitamente ese relevamiento mientras continúa la explotación minera. Además, el gobernador Gioja ya reveló como seguirá su estrategia: “San Juan tiene trazado un camino, que es el camino minero. Vamos a trabajar mucho en la reglamentación de esta ley junto al Ejecutivo Nacional” (Página 12, 1/10). A confesión de parte, relevo de pruebas. Cristina y los gobernadores de las provincias mineras no pudieron impedir la sanción de la ley. Vetarla de nuevo sería un escándalo. Le mutilaron el artículo más importante. Ahora van a transformarla en inofensiva vía la reglamentación.
Pelear por una salida de fondo
Las leyes parciales como la que se acaba de votar, más allá de su importancia y de que puedan servir efectivamente como herramienta jurídica para detener algún proyecto, pueden ser fácilmente violadas por la “Santa Alianza” entre el gobierno de Cristina, los gobernadores de las provincias involucradas y las transnacionales mineras. Se le intentará reducir su campo de aplicación con la reglamentación, los organismos de control ambiental de las provincias se tomarán todo el tiempo del mundo para sacar sus dictámenes y cuando lo hagan serán benévolos con las mineras. Mientras los gobernadores apelarán a todo tipo de chicanas jurídicas, defendiendo el “federalismo” y la potestad constitucional de las provincias para hacer lo que quieran con el subsuelo. Las movilizaciones de los pueblos afectados y las infinitas declaraciones de asambleas ambientalistas no dejan lugar a dudas: hay que luchar por la prohibición en todo el territorio nacional de la minería a cielo abierto.
¿Cómo se votó?
En el Senado hubo 35 votos a favor de la ley y 33 en contra. El grueso de los votos en contra de la ley los aportó el kirchnerismo (23). No sólo lo hicieron los representantes de las provincias mineras, sino también algunos que suelen autoproclamarse los más progresistas, como Eric Calcagno. Sólo siete diputados oficialistas votaron a favor de la ley.
A posteriori, y para cubrirse del escándalo de un bloque dividido, el jefe de los kirchneristas en el Senado, Miguel Pichetto, sostuvo que se había dado “libertad de acción”. En realidad se trató de una crisis, donde Filmus, que había negociado “limar” la ley en Diputados, hubiera quedado catalogado como un traidor si ahora votaba contra su propia propuesta en Senadores. Esto, más la presión para que se vote la ley de las organizaciones ambientalistas, terminaron quebrando a algunos senadores oficialistas.
Los radicales también tuvieron sus defensores del lobby minero, encabezados por los catamarqueños, aunque hubo otros como el rionegrino Pablo Verani y el santiagueño Emilio Rached que se ausentaron a la hora de votar, tratando de que la ley no saliera pero sin “quemarse” por votar en contra.
El peronismo disidente tuvo su principal espada en contra de la ley en la figura de Adolfo Rodríguez Saa, sumando seis votos en contra de la ley. Como se ve, testaferros del lobby minero, es lo que sobra en todos los bloques, oficialistas u opositores.
El Socialista 06/10/10