La politización de la justicia
Uno de los grandes debates pendientes desde el fin de la última dictadura militar, luego de la recuperación democrática en 1983, es la relación entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Una relación que no es de independencia pura, sino de entrecruces y negociaciones permanentes.
Uno de los grandes debates pendientes desde el fin de la última dictadura militar, luego de la recuperación democrática en 1983, es la relación entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Una relación que no es de independencia pura, sino de entrecruces y negociaciones permanentes. Dentro de este capítulo, el tema central es la relación de la corporación judicial con los poderes político y económico, discusión que los sectores involucrados tratan de soslayar. Todo lo que se ha dicho y escrito este año sobre el uso y el abuso de las medidas cautelares, incluidas las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia en dos fallos relacionados con la Ley de Servicios Comunicación Audiovisual, es un ejemplo del complejo entramado que relaciona a la justicia con los otros poderes del Estado y con los dueños del poder real.
En este informe, Debate analiza los motivos de la politización de la justicia, muchas veces, caracterizados por la intención de algunos jueces de resolver temas políticos cediendo a las presiones de grupos económicos y de ciertos referentes de la propia clase política. También se tratan aquí el rol del Consejo de la Magistratura y sus déficits. Han sido consultados jueces, fiscales, ex funcionarios de diferentes gobiernos, senadores, diputados -tanto del oficialismo como de la oposición- y representantes del Consejo de la Magistratura, la mayoría, por razones atendibles, en off the record.
La discusión profunda sobre el rol de la justicia en la sociedad y el abuso de las medidas cautelares para frenar actos de gobierno, no son un capricho retórico de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo expresó la Corte en su último fallo: “Las medidas cautelares no deben anticipar una sentencia definitiva (…) y sus efectos no pueden extenderse en el tiempo”. O como indicó el propio Eugenio Raúl Zaffaroni, juez del máximo tribunal, en un reportaje que se incluye en esta edición: “Las cautelares se desvirtúan cuando buscan la sentencia final. En ese caso, dejan de ser cautelares; es una pequeña trampa para llegar al final del juicio desde el comienzo”.
Las presiones del poder económico sobre la justicia y el dictado de medidas cautelares para satisfacer el requerimiento de algunos de esos intereses tampoco son una observación caprichosa de los sectores afines al Gobierno. Así lo reconoció el juez José Martínez Sobrino, integrante del Tribunal Oral Federal número 6 de la Capital Federal, quien dialogó con Debate en representación de la Asociación de Magistrados.
Pero esto no termina en la “Argentina cautelar”, como lo definió la Presidenta. Las vinculaciones del poder económico y de sectores del poder político con la justicia se observan en las causas por delitos de lesa humanidad. Por más que los juicios están avanzando, las trabas dentro del propio sistema son una constante. Esto sucede porque existen alrededor de cuatrocientos jueces nombrados durante la dictadura
-sumados a otros funcionarios judiciales- que aún están dentro del sistema sin que se haya revisado su situación. Como ejemplo, basta ver lo que ocurre en Mendoza con el camarista Otilio Roque Romano.
El poder de los jueces
“Los jueces no gobiernan. Nosotros respetamos, y debemos hacerlo, a los demás poderes del Estado electos en un sistema democrático, pues la base de la democracia es el principio mayoritario. Nuestra obligación y responsabilidad es poner límites a los demás poderes, es defender los derechos individuales, pero no es gobernar”, dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, durante la apertura de la IV Conferencia Nacional de Jueces, el 2 de setiembre último.
Entonces, ¿hay jueces que quieren gobernar?, preguntó Debate a Martínez Sobrino, encargado de juzgar la apropiación de menores durante la dictadura, pero también denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por participar en la apropiación ilegal de menores durante ese período, cuando era secretario letrado del ahora camarista Gustavo Mitchell.
Su respuesta: “Es posible que exista algún sector de la sociedad que crea que tiene que ser la justicia la que ponga freno a posibles desbordes de los otros dos poderes. Estamos hablando de sectores sociales, económicos y no solamente políticos”.
Por ejemplo, en el caso de la medida cautelar que frenó toda la ley de medios hubo un planteo concreto de un poder económico, el Grupo Clarín, y un juez que se hizo eco de ese planteo, insistió Debate. “Podemos hablar de las cautelares sobre la ley de medios, y también de determinadas decisiones judiciales contra alguna práctica monopólica de alguna empresa. Cualquier sector que tenga cierto papel influyente en la sociedad pretende que sus intereses sean protegidos. Cuando ve que esos intereses están en peligro, reacciona. Eso no significa que haya ciertas decisiones judiciales que estén fomentadas por determinados sectores. No creo que sea una regla general, aunque pueda ocurrir”, explicó Martínez Sobrino, tesorero de la Asociación de Magistrados, entidad que se presenta como paladín de la independencia de la justicia, opositora al kirchnerismo en el ámbito del Consejo de la Magistratura.
El entramado de las medidas cautelares, ya sea en el caso de las reservas del Banco Central o de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, deja entrever la piedra angular del vínculo entre los intereses de sectores de la justicia con el poder económico.
Una medida cautelar se dicta cuando hay una situación jurídica indefinida que puede generar un perjuicio grave e inminente. En ese caso, el juez decreta la cautelar para evitar un daño mayor. Cuando la situación jurídica se define con claridad, la cautelar cae. Esto es lo que se ha desvirtuado en los casos mencionados.
“Las cautelares son medidas excepcionales. Los casos relacionados con la ley de medios o con las reservas del Banco Central buscaron prolongar sin fecha una norma general. Es una actitud sumamente lesiva, no sólo para la legitimidad del recurso de amparo sino para la administración de un Estado. Además, se contribuye a la pérdida de credibilidad de la justicia”, aclaró el abogado Eduardo Barcesat.
Según el penalista León Arslanian, ex ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires y juez del tribunal que condenó a los comandantes en jefe de la dictadura, “los jueces no deben revisar las decisiones del poder político motivadas en razones de oportunidad, mérito y conveniencia por ser propias de ese ámbito del Estado”.
Clarín y la cautelar
Lo ocurrido con la ley de medios es una muestra de la manera en que funciona parte de la justicia en la Argentina, cuando una empresa, el Grupo Clarín, puede impulsar una medida cautelar con el apoyo de un conjunto de legisladores. Lo que resulta aún más llamativo es que el legislador solicite una cautelar en su provincia, a sabiendas de que encontrará un juez que se la conceda.
Tal fue el caso de Enrique Thomas, diputado del Peronismo Federal de la provincia de Mendoza, y de la jueza Olga Pura de Arrabal, de la misma provincia. “A la jueza se le fue la mano”, opinó Zaffaroni. “Este es el poder de las corporaciones, económicas y judiciales, que actúan en conjunto. Lamentablemente, el Poder Judicial va en contra del proceso democrático”, indicó una alta fuente del bloque oficialista en la Cámara alta.
Un dato poco conocido, pero revelador, es el que indica cuántas causas están bajo análisis en el Consejo de la Magistratura y a qué fueros pertenecen. Hasta diciembre de 2009, de 180 expedientes en la comisión de Disciplina y Acusación, sólo ocho estuvieron relacionados con fueros comerciales y económicos (fuero Penal Económico, Contencioso Administrativo y Comercial).
“¿Por qué se da esta situación? ¿Acaso serán mejores magistrados que los del fuero penal del interior del país donde hay cien expedientes bajo análisis? La respuesta es que existe cierta funcionalidad entre la justicia y el poder económico”, aseveró un integrante del Consejo.
“Son demasiadas las controversias políticas que acaban judicializándose, sea en la jurisdicción Penal, Contencioso Administrativo o Constitucional, y es excesiva la carga que se arroja sobre los órganos judiciales. Fallan los mecanismos de debate y resolución propios de la política. El nivel de crispación que preside nuestro acontecer político tiene, entre otros efectos perniciosos, el de judicializar una cantidad desmesurada de debates que no deberían salir del ámbito político.” (Fuente: Foro Iruña, España. www.http://webs.ono.com/mizubel/judicializacion.htm). Cualquier semejanza con la coyuntura local, no es coincidencia. La judicialización de la política es un fenómeno global. La connivencia entre la Justicia y los poderes económicos y políticos, también.
“Hay una crítica real que debe expresarse sobre la justicia cautelar, que ha fallado contra el Estado y el Poder Ejecutivo como nunca, sobre todo, en temas de carácter político y económico, que deberían resolverse en esos ámbitos. Esto debe ser puesto en conocimiento de toda la sociedad, para que se sepa cómo funcionan los poderes del Estado”, dijo la diputada Diana Conti (FpV).
Control de la constitucionalidad
En el ámbito judicial existe la idea de que los jueces no respetan, en general, a los senadores y a los diputados. Se dice que tienen baja estima por la labor del Congreso y, de ahí, una cierta “facilidad” para declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma que salga del Parlamento. Así se lo hicieron notar a esta revista varios fiscales consultados.
“Los jueces, ¿tienen la inconstitucionalidad fácil?», preguntó Debate a Martínez Sobrino. “No creo que haya esa ligereza, aunque es posible que exista, en determinados períodos, una mayor cantidad de fallos que se refieran a la constitucionalidad o no de determinadas normas. De todos modos, no creo que pueda ser tomado como parámetro para afirmar que los jueces tienen facilidad para declarar la inconstitucionalidad. Es más, hay expresiones de la Corte para dejar en claro que la Justicia no desplaza a otros sectores de la sociedad”, respondió el magistrado.
El modelo argentino adoptó lo que se llama “control de constitucionalidad difuso”. Es una doctrina puesta en práctica en Estados Unidos a partir de un fallo del juez John Marshall (1803), la cual tiene dos principios: la Constitución controla cualquier ley contraria a ella, y la legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. Esto es lo que pensaba Marshall hace doscientos años.
Transposición mediante, en la Argentina, cualquier tribunal, ya sea la Corte Suprema de Justicia o los juzgados inferiores, puede controlar la constitucionalidad de las normas.
Sin embargo, en el control de constitucionalidad local no puede frenarse la vigencia de ninguna ley, ni por medida cautelar ni por sentencia firme. Las sentencias siempre se aplican a casos puntuales. En aquellos países donde existe un tribunal constitucional, propio de los sistemas parlamentarios, se puede dejar sin efecto toda una ley.
La situación de la Argentina, guerra de cautelares de por medio, nada tiene que ver con el sistema parlamentario. La guerra de las cautelares deja ver los problemas del control de constitucionalidad en el país.
Un consejo difuso
El Consejo de la Magistratura se incorporó a la Constitución Nacional con la reforma de 1994. Según diversos juristas, el modelo del Consejo fue copiado de Francia, Italia y España. Además de nombrar y proponer el apartamiento de jueces, tiene por función la administración del Poder Judicial. Para la mayoría de las fuentes consultadas, los consejos de la Magistratura son más acordes a los sistemas parlamentarios -como es el caso de la mayoría de los países europeos- que a un sistema presidencialista. Así y todo, en los países que fueron modelo para la Argentina, los consejos están en crisis. Por ejemplo, la elección de jueces para los tribunales supremos en España está paralizada por un fuerte enfrentamiento entre el opositor Partido Popular y el PSOE, en el gobierno.
Tanto para Zaffaroni como para Martínez Sobrino, no queda claro cuál es el rol del Consejo de la Magistratura. “El Consejo se debería ceñir sólo al proceso de elección y apartamiento de jueces. La administración del Poder Judicial tendría que quedar del lado de la Corte; no puede haber dos cabezas para la Justicia. Hay problemas en todos los consejos que fueron tomados como referentes por nuestro país, incluso, en aquellos donde los representantes del poder judicial son una amplia mayoría en relación a los representantes de los sectores políticos”, explicó Martínez Sobrino.
“Es un engendro que se quedó a mitad de camino. Hay que avanzar en un nuevo sistema de selección que no dependa de la corporación judicial y sí de los antecedentes de los jueces, que los exámenes sean públicos y orales, donde haya menos margen para la selección. Hoy, importa más en qué institución hizo un curso tal juez y no si tiene su juzgado al día. Con el agravante de que, muchas veces, esos cursos son financiados por los grandes poderes económicos del país, como la empresa Techint o la señora Ernestina Herrera de Noble”, contó un consejero.
La politización de la justicia no es algo solamente ceñido al uso (y abuso) de las medidas cautelares. Las recientes elecciones en el Consejo de la Magistratura dejaron en claro que la institución que tiene por función la administración del Poder Judicial esconde un fuerte entramado de partidos políticos que no escapan a la lógica oficialismo-oposición.
La familia judicial, representada por la Asociación de Magistrados, y los distintos colegios e instituciones de abogados, habla de la necesidad de la independencia de la justicia por fuera de cualquier orientación política. Sin embargo, estos representantes se presentaron a las elecciones dentro del Consejo como férreos opositores al kirchnerismo. Incluso, los medios de comunicación afines al purismo de la independencia judicial también presentaron esas elecciones como una embestida contra el kirchnerismo. Como dice Raúl Zaffaroni, hay una “partirización” del Consejo. Por ejemplo, el triunfo de Alejandro Fargosi, ex director y abogado externo de Aerolíneas Argentinas (cuando su padre, Horacio Fargosi, la presidió durante la gestión de la empresa española Marsans) y ex asesor jurídico de Telefónica, se gestó a partir de un armado entre la Unión Cívica Radical, el PRO y la estructura del Colegio de Abogados de la Capital Federal, el famoso “colegito” de la calle Montevideo. La lista de avales que presentó Fargosi, junto a su compañero de fórmula, el radical Juan Pablo Zanetta, incluyen a José Alfredo Martínez de Hoz hijo, su socio Mariano Grondona hijo y su tercer asociado Jorge Pérez Alati. También suscribió esa fórmula un descendiente directo y a su vez homónimo del dictador Pedro E. Aramburu.
El “colegito”, institución que avaló a Fargosi, está integrado por Roberto Durrieu, funcionario bonaerense cercano al torturador Ramón Camps y ex viceministro de Justicia de Jorge Rafael Videla, y por el propio José Alfredo Martínez de Hoz, hoy detenido, ex ministro de Economía de la dictadura, entre otros.
“Es muy importante para nosotros, en la próxima elección, no nombrar a un abogado que esté en línea con el kirchnerismo”, señaló el diputado radical Ricardo Gil Lavedra a Página/12, el 22 de agosto de 2010). “El gran mérito de nuestra lista fue haber encontrado el factor unitivo entre tantos abogados, cada uno con su ideología. Fue una versión profesional de lo que los españoles lograron con el Pacto de la Moncloa. Más allá de esta unión, creo que también fuimos ayudados por el kirchnerismo en sus embates constantes hacia la independencia del Poder Judicial, tanto en el Consejo de la Magistratura como los ataques de alguno de sus voceros, como Aníbal Fernández. La violencia jamás comienza en los hechos, siempre comienza con la palabra. El jefe de Gabinete no puede decir cualquier cosa”, protestó Fargosi ante esta revista. Los consejeros no kirchneristas también suelen ser bastante virulentos…, insistió Debate, por lo que el abogado respondió: “Si bien hay actos de violencia, a modo de defensa por parte de la oposición, lo que es más cierto es que el disparador de esa violencia ha sido siempre el Poder Ejecutivo. Siempre”.
La elección de Ricardo Recondo, titular de la Asociación de Magistrados, también se logró a partir de la ingeniería radical. La lista de este juez llevó como postulante del interior al juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, denunciado recientemente por haber ordenado el pago de una jubilación extraordinaria a un imputado de delitos de lesa humanidad. Otra postulante de esta lista, como jueza suplente, fue María José Sarmiento, la magistrada del Fuero Contencioso Administrativo que paralizó el uso de reservas con una medida cautelar.
Un dato no menor, que habla de muchas cosas y que fue confirmado por Martínez Sobrino: la Asociación de Magistrados tiene convenios con el Centro Naval y con el Círculo de Gendarmería para alojar a los jueces del interior que vienen a la Capital Federal. Según indicó a esta revista un magistrado federal, se trata de un acuerdo previo al Proceso.
La relación de la gremial de Magistrados con las fuerzas armadas no se ha visto enturbiada por temas a los que no se acuerda gran relevancia, tales como el de los derechos humanos.
¿Criticar a la justicia?
Una de las cosas que más irrita a la corporación judicial -y a una parte de la clase política local- es que la politización de la justicia -o la judicialización de la política- sea discutida de cara a la sociedad.
“Nunca se dio en la Argentina, hasta ahora, un proceso de transparencia de la agenda pública, donde todos los intereses en pugna están a la vista”, sintetizó un funcionario del Poder Ejecutivo. Durante muchos años, los sectores de poder fueron cómplices, tanto dentro del Congreso como en la justicia. La connivencia de intereses ocurre desde la llegada de la democracia (y antes también). Por ejemplo, en el caso de la ley de medios nunca se pudo avanzar, a pesar de los preproyectos redactados desde 1983, debido al lobby de las empresas involucradas. Ahora esas compañías son eje de discusión por parte de toda la sociedad.
El concepto “la Argentina cautelar” molesta, porque intenta poner en evidencia una forma de poder, el de la justicia, con sus vínculos políticos y económicos.
“¿Quién dijo que no puede cuestionarse una decisión de la justicia? Una sentencia es un acto de gobierno y, como tal, tiene que estar sometida a los cuestionamientos y críticas, ataques o impugnaciones por parte de quien se sienta afectado por esa resolución.” La frase, otra vez, no pertenece a nadie del oficialismo sino al juez Martínez Sobrino, de la Asociación de Magistrados.
Entonces, ¿qué se discute cuando se habla de la independencia de la justicia? Unos, se escudan detrás de esa idea de independencia para mantener su statu quo y otros intentan desarmarlo. Lo interesante es que los temas se discuten de cara a la sociedad.
Los jueces mendocinos y el terrorismo de Estado
La Justicia mendocina está atravesando por una “crisis institucional”. Así lo definió la semana última el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, en una carta dirigida al Consejo de la Magistratura. Coincidieron en este diagnóstico tanto los consejeros kirchneristas como los radicales. El nudo del conflicto en la provincia cuyana tiene que ver con los vínculos de algunos magistrados y de otros funcionarios con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
La Cámara Federal de Mendoza separó al juez federal Walter Bento de una causa penal contra dos de los integrantes de ese fuero, Otilio Romano y Luis Miret, acusados de ser colaboracionistas con el terrorismo de Estado. La resolución sobre la recusación fue firmada por Julio Petra Fernández, Miguel Angel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo, quienes habían sido acusados por los organismos de derechos humanos, por el fiscal Omar Palermo y por el propio Bento por los vínculos existentes con los colegas juzgados.
“Los operadores judiciales pueden advertir las maniobras dilatorias desde el primer escrito que presenta la defensa. Es lectura de manual, pero muchas veces en vez de corregirlas algunos jueces permiten que se logre el cometido; es decir, que no haya juicios y, por lo tanto, tampoco estado de derecho”, señalaron los fiscales Jorge Auat y Pablo Parenti, integrantes de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los DDHH, durante un reportaje concedido a la agencia Télam.
El Consejo de la Magistratura ya suspendió a Miret y envió el expediente a juicio político. En el caso de Romano, la investigación se frenó a partir de una medida cautelar presentada por el propio juez y concedida por un funcionario ad hoc designado por la misma Cámara Federal de Mendoza, el abogado Carlos Parellada. Este letrado fue denunciado por mantener una relación de amistad con Romano.
Esteban Righi expuso estos hechos en la nota enviada al presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral. “La mayoría de las causas por violaciones a los DDHH en Mendoza están paralizadas, ya sea por las recusaciones constantes que frenan los procesos o porque hay casos de magistrados que tuvieron una participación directa en los delitos que involucran”, aseveró el Procurador General de la Nación.
Fuente original: https://mail.google.com/mail/?hl=es&shva=1#inbox/12bb71d85b9dcd44
Rebelion 18/10/10