Derecho a migrar

Alejandra Waigandt (ARTEMISA)

‘Creíamos que se había avanzado más, pero los últimos incidentes muestran que aún falta’, confesó Lourdes Rivadaneyra Palacios, coordinadora de la Red de Migrantes y Refugiados, sobre el recrudecimiento de la discriminación como consecuencia de las declaraciones del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri. El mandatario responsabilizó a la comunidad inmigrante por los enfrentamientos entre vecinos y policías en el barrio de Villa Soldati, durante el desalojo de las familias pobres que ocuparon ilegalmente el Parque Indoamericano hace dos semanas.

Durante la violenta represión policial perdieron la vida los bolivianos Rosemarie Churapuña, Juan Quispe Castañeta y Julio Valero, y el paraguayo Bernardo Salgueiro. La tragedia llevó al gobierno nacional a crear el Ministerio de Seguridad y es liderado por Nilda Garré, quien renovó las fuerzas armadas durante su desempeño en el Ministerio de Defensa y Seguridad. Una de las primeras medidas de Garré fue el relevo de la cúpula de la policía federal, implicada en la represión junto con la policía metropolitana.

El sábado 18, Día Internacional del Inmigrante, hubo una suelta de globos negros en la Plaza de Mayo. ‘Las muertes no pueden quedar como si no hubiera pasado nada’, señaló Rivadaneyra, representante de la comunidad paraguaya en Argentina. Aclaró que también soltaron globos blancos porque ‘los migrantes venimos a trabajar, a buscar una vida mejor, no venimos a violentar, habrán algunos que sí, pero no se puede estigmatizar a toda una comunidad’.

Efectivamente, Macri estigmatiza al asociar la inmigración con la delincuencia. La gravedad reside en que quien profundiza el sentimiento de odio hacia las personas migrantes empobrecidas es un representante del Estado.

Denuncias

En las últimas semanas se incrementaron las denuncias por discriminación en el INADI. Las que se animan a denunciar son las mujeres, según pudo conocer Artemisa Noticias. Una mujer del barrio de Flores denunció el miércoles 15 que un migrante de origen boliviano volvía de trabajar y un grupo de chicos se abalanzó sobre él, vociferando ‘boliviano de mierda’, lo golpearon salvajemente y hubo que hospitalizarlo. En ese mismo barrio se multiplicaron las pintadas xenófobas ‘hacé patria y matá un boliviano’. El jueves 16 la esposa de un paraguayo denunció que esa mañana se presentaron en una sucursal del Banco Nación para cobrar la asignación universal por hijo y en la ventanilla la empleada bancaria se negó a pagar y vociferó: ‘Vienen a vivir de nosotros, a tener sus hijos acá’. El viernes 17 una mujer paraguaya fue a anotar a su hijo a una escuela pública y en la institución rechazaron el pedido porque el niño tenía su DNI en trámite.

La Red de Migrantes y Refugiados y la Mesa Nacional por la Igualdad denunció a Macri y al jefe de Gabinete Horacio Larreta por apología del delito en la justicia penal. La causa recayó en la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6. Luego hicieron la denuncia correspondiente ante el INADI. Representantes de los gobiernos de Bolivia y Paraguay cuestionaron al mandatario porteño por sus declaraciones, y pidieron a sus coterráneos que respeten las leyes vigentes en Argentina, a fin de desalentar la ocupación ilegal de tierras fiscales y privadas, que se extendió a Villa Lugano y otras localidades pobres del conurbano bonaerense.

Brecha

Migrar es un derecho humano. Así lo establece la Ley de Migraciones (Nº 25.871) aprobada en 2004 y reglamentada (Decreto Nº 616) el año pasado. Esta legislación garantiza el acceso a la salud, la educación, la justicia, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación para todos y todas las migrantes. La oficial de enlace de UNFPA en Argentina Eleonor Faur dijo a Artemisa Noticias que ‘esta norma implicó un avance indiscutible porque defiende los derechos de las personas migrantes que residen en el país y avanzó sobre la anterior legislación, conocida como Ley Videla, que era profundamente restrictiva’.

Sin embargo persiste un comportamiento discriminatorio contra la población migrante limítrofe y del Perú. Esta intolerancia es notoria en efectores de servicios públicos, sobre todo el personal a cargo de las ventanillas y recepciones, según las denuncias de migrantes. ‘Si no tienes DNI o está en trámite, no accedes a más, no te dejan pasar’, confirmó Ricardo Irala González de EPPA (Equipo Pastoral Paraguayo en Argentina).

Todavía hay una brecha entre la legislación migratoria y lo que ocurre en la realidad. Las comunidades migrantes y también organizaciones multilaterales y nacionales vienen trabajando desde hace años para reducir este abismo. Faur dijo en ese sentido que no cree que toda la población Argentina sea xenófoba: ‘Lo serio es cuando ésta aparece desde un punto de vista estatal. Pero no es bueno creer que todos están siendo xenófobos. Creo que la ciudadanía también está más abierta a recibir y por eso existe la ley de migraciones’.

Una investigación realizada por la socióloga Marcela Cerrutti para UNFPA sobre la migración en Argentina mostró que los efectores de la salud entienden que los extranjeros tienen acceso irrestricto a la salud. No obstante Cerrutti detectó que hay un imaginario sobre que a los hospitales llegan a atenderse más migrantes que nativos y los registros hospitalarios lo desmienten.

Expertos en materia migratoria como Pablo Morales, del CELS, o Susana Novick, del Instituto de Investigaciones Gino Germani , sostienen que ‘hay que deshacer’ el imaginario sobre el tipo de uso que realizarían las y los inmigrantes de los servicios sociales. ‘Hay que dar esta discusión’, insisten.

La Red de Migrantes y Refugiados había concurrido a principios de diciembre a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para exigir que se incremente la capacitación a efectores públicos de la salud, educación y otros servicios como el registro civil, donde se sigue sin anotar a un niño o niña nacida en Argentina porque la madre o el padre migrante no cuenta con el DNI o el mismo está en trámite. Tras la tragedia ocurrida en Villa Soldati, la DNM confirmó a las comunidades migrantes que llevará adelante un programa para incrementar la presencia de carteles sobre los derechos de la población migrante en centros de salud, hospitales y escuelas.

La DNM ha implementado asimismo una política de facilitación de DNI, según hizo público el director de Migraciones Arias Duval meses atrás. Se invirtió en nuevas tecnologías para digitalizar el trámite de obtención del DNI, de manera que se inicie automáticamente cuando la persona proveniente de un país del Mercosur que ingresa a la Argentina declara su nacionalidad y la ausencia de antecedentes penales.

Respecto de la regularización de la población migrante, una medida que obtuvo reconocimiento internacional fue el operativo Patria Grande, iniciado en 2006, para legalizar la situación de inmigrantes de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador que ya residían en la Argentina. Según datos de la DNM se regularizaron unos 565.831 personas. Cabe destacar que la proporción de mujeres que iniciaron el trámite supera a la de los varones en todos los grupos de edad.

Campañas

El UNFPA cuenta con una campaña sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas inmigrantes, y apunta principalmente a reducir la mortalidad materna, ampliar los servicios de salud reproductiva y prevenir el VIH. Hace dos años ‘al implementar la campaña nos dimos cuenta que los efectores de la salud desconocían aspectos de la Ley de Migraciones, por ejemplo que todas las personas debían ser atendidas con independencia de su situación migratoria, que nadie debía pedirles un documento para atenderlos’, recordó la oficial de enlace de UNFPA Faur.

Se capacitó entonces a efectores de la salud en las zonas de fronteras, principalmente en el NOA. Este año se desarrolló esta misma labor en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Al mismo tiempo se hicieron talleres para las mujeres migrantes y se divulgaron sus derechos en radios comunitarias. Los folletos se distribuyeron en todos los centros de salud del país, en las áreas provinciales de migraciones y delegaciones del INADI.

La intervención de organismos como el UNFPA en problemáticas migratorias en parte se debe a la creciente feminización de los flujos migratorios en Argentina mujeres (entre 1980 y 2001 han pasado de constituir el 49.7% al 54.2% de la población migrante). ‘Están llegando más mujeres y están en edad reproductiva y es muy importante poner el foco en cuestiones de género y derechos sexuales y reproductivos. Hay otras instituciones que trabajan aspectos como la irregularidad o falta de DNI o la explotación laboral’, explicó Faur.