Más de un siglo de historia de represión y desalojos en la pelea por la tierra
El papel del Estado ante la problemática de la vivienda ha sido el de la ausencia, la connivencia con terratenientes o grupos económicos inmobiliarios, o la represión a través de sus fuerzas de seguridad. Este papel no es nuevo: así lo demuestra la autodenominada “Conquista del Desierto”, con sus correlatos actuales de saqueo a los pueblos originarios y campesinos, y la falta de respuesta a los sectores populares que exigen vivienda digna. De la masacre y el reparto de tierras, de la Huelga de Inquilinos a la dictadura militar, de la UCEP de Mauricio Macri a los asesinatos en comunidades indígenas: un repaso de más de un siglo de represión y despojo a quienes luchan por tierra y vivienda.
Fuentes: Tierra para Vivir / La Ciega, Agrupación de Abogados Populares / ANRed
En el principio: masacre y reparto
La respuesta se cae de madura, pero la escena se repite. En el mejor de los casos, termina la tanda publicitaria, se prenden las luces del piso y un Santo, con prestigio de hombre serio pero sensible, presenta el problema como un debate entre la legitimidad del derecho a vivir en un ambiente digno y la ilegalidad del accionar de quienes ocupan un espacio que tiene dueño. En el peor de los casos, desde las páginas de algún diario, un abogado señala que construir en suelo ajeno es un delito (e impulsar ese accionar, por supuesto, también) y que no-hay-problema-que-justifique-romper-la-ley.
Cuánta falta les hizo un abogado a los habitantes originales del sur argentino a fines de la década de 1870, cuando los indios de las pampas y la Patagonia fueron cruentamente desalojados por el ejército de Roca, en la autodenominada «conquista del desierto», bajo el gobierno de Nicolás Avellaneda. El saldo de la campaña: miles de indias e indios asesinados y alrededor de 14 mil despojadas y despojados de su suelo y su cultura, apropiadas por las señoras de la «alta sociedad» que precisaban mucamas y cocineras, o mandados al norte como mano de obra gratuita para los ingenios azucareros y las madereras.
Concluido el aniquilamiento, sólo faltaba que el Estado Nacional y la burguesía local repartieran el botín. Dice el historiador Felipe Pigna: «La llamada ’conquista del desierto’ sirvió para que entre 1876 y 1903 (…), el Estado regalase o vendiese por moneditas 41787023 hectáreas a 1843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y/o familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período». El propio general Roca fue uno de los beneficiados, con la asignación de 15 mil hectáreas (muchos años después, se lo seguiría homenajeando con una línea de trenes y su retrato en los billetes de cien pesos). El resto, familias que ya eran grandes terratenientes o que iniciaban su camino con esta bendición: los Pereyra Iraola, los Álzaga Unzué, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Hoz, los Menéndez, apellidos que suenan por su histórica persistencia en posiciones de poder (político o económico).
De la “Huelga de Inquilinos” a las dictaduras militares
Hacia fines del siglo XIX, la Argentina estaba despoblada, consecuencia de los distintos conflictos bélicos que se habían afrontado. El objetivo pasó a ser, entonces, poblar el país, pero no de cualquiera manera: específicamente, con inmigrantes europeos. Pese a las manifiestas preferencias de Sarmiento, no fueron holandeses, suecos, noruegos o alemanes quienes bajaron de los barcos. A lo largo de tres décadas, ingresaron a la Argentina millones de españoles e italianos, y con ellos, las ideologías que dominaban en los movimientos obreros de esos países: el anarquismo y socialismo. Muchos inmigrantes fueron al campo, pero quienes no encontraron suelo y trabajo, debieron hacinarse en las grandes ciudades. En ese marco fue que se dio la huelga de inquilinos de 1907, cuando, para resistirse al gran aumento que pretendían imponer los propietarios de las casas, casi mil personas dejaron de pagar el alquiler durante dos meses. En la huelga no faltó la represión policial, que dejó como saldo muchos presos y deportados.
Pero el problema de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires se masificó con la llegada de inmigrantes internos que buscaban salir de la pobreza y ocupar alguno de los puestos de trabajo que se iban creando con el proceso de sustitución de importaciones durante los años 30. La década del 40 vio nacer a las primeras villas miseria de la Capital, con inmigrantes del interior y de países limítrofes. La más grande de ellas, con un nombre que habla por si sólo: Villa Desocupación, hoy Villa 31 de Retiro. Este proceso no fue reprimido en su momento, porque los pobladores de las villas todavía constituían la mano de obra de la naciente industria.
Corrían los años 60 cuando, en plena dictadura de Onganía, sacaban a los pobres de las villas para «limpiar» las ciudades. Fue así como se inició el proceso de erradicación de las villas, que le abrió la puerta a los grandes grupos económicos para que se volcaran de lleno a los negocios inmobiliarios. Esta problemática se agudizó durante la última dictadura militar, con la expulsión de numerosas familias al conurbano bonaerense. La política de desalojo de villas, el código de planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires, la ley de Locaciones Urbanas y la destrucción de viviendas para la construcción de autopistas fueron las medidas que tomó el Estado para impulsar este proceso.
Tomas de tierra y represión
Durante los años ’80 y ’90, se produjeron numerosas tomas de tierras organizadas de forma colectiva que intentaban dar una respuesta a la grave situación habitacional.
Actualmente, se inició un nuevo ciclo de lucha por la tierra y la vivienda, a través de múltiples tomas de tierras y edificios. Las políticas sociales y de vivienda que el Estado implementa desde hace algunas décadas no solucionaron el déficit habitacional y social. Mientras, según el INDEC, casi 2,7 millones de hogares porteños son considerados deficientes, hay casi un millón de casas desocupadas que no están en alquiler y a las que los trabajadores no pueden acceder. En el país, el 70% de los hogares más pobres no tienen resuelto el problema habitacional. Estos datos corresponden a 2009, lo cual hace prever una agudización de los mismos dada la escasa o nula intervención del Estado durante el 2010.
En la Ciudad de Buenos Aires a esta situación se le suma la escalada de violentos desalojos emprendidos por el gobierno de Mauricio Macri. La Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), una verdadera fuerza de choque parapolicial creada bajo su gestión, tuvo como objetivo expulsar a los pobres de la ciudad. Las escuchas ilegales y la contratación de policías con antecedentes criminales abrieron una brecha entre la opinión pública y su gobierno. Esta situación, sumada a la movilización de decenas de organizaciones populares, ayudó a desactivar a la UCEP. Sin embargo, hay denuncias de que aún sigue actuando. Del lado de las violencias institucionales, Macri alcanzó un verdadero récord en intentos y desalojos a espacios culturales, comunitarios y casas de familia.
Por otra parte, las tomas de tierra en la provincia de Buenos Aires se multiplican: frente a la situación actual de pobreza y marginalidad, donde la falta de trabajo o el trabajo precario es un problema que aqueja a la mayoría, sumado a la política pública ineficiente, ha generado que sean muchas las familias que encuentran como única solución a su problema habitacional la ocupación de tierras, privadas o fiscales, para establecerse allí, construyendo una vivienda. En la mayoría de los casos la «apropiación» de estos terrenos es la única posibilidad real de acceso a una vivienda, dada la inexistencia o imposibilidad de transitar por otros «mecanismos o circuitos legales». La respuesta estatal o de los punteros políticos siguen siendo los aprietes o los desalojos. Esta misma semana se han producido nuevas expulsiones en La Matanza y en Claypole.
Claro que el problema de la tierra no es “exclusivo” de Buenos Aires. Por citar un ejemplo: en el barrio Dos Banderas, en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, viven familias trabajadoras desde 1997, empujadas allí por los altos alquileres y precios inmobiliarios de la provincia, ya que necesitan alrededor de dos mil pesos para poder alquilar un departamento chico. Así fueron poblando las tierras fiscales que se ubican alrededor de la ciudad. La municipalidad, que privilegia los negocios de los empresarios inmobiliarios, impulsa la expulsión como un goteo chico pero sistemático.
También los desalojos, aprietes y asesinatos sufridos por numerosas comunidades de pueblos originarios se extendieron a lo largo de todo el territorio. En la comunidad diaguita de Chuschagasta, Javier Chocobar fue asesinado el 12 de octubre de 2009 por terratenientes en la provincia de Tucumán. Recientemente, a fines de noviembre, una represión llevada a cabo por policías y terratenientes en Formosa llenó de sangre a la comunidad Qom con los nombres de los tobas Roberto López y Sixto Gómez y de Mario López, delegado del Movimiento Campesino de Formosa – MoCaFor (ver Podrían ser ya cuatro las muertes en la masacre de Formosa). Por esos mismos días, el gobernador Gildo Insfrán, quien hace 23 años se mantiene en el poder provincial y es aliado del Gobierno Nacional, recibió las felicitaciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la inauguración de una obra eléctrica. De los asesinatos, nada se dijo.
En la misma senda que los pueblos originarios, los movimientos campesinos reclaman su tierra y han denunciado históricamente represión, asesinatos, detenciones y persecuciones.
Más de un siglo de historia
Como se puede apreciar, el problema habitacional de los sectores populares, bajo distintas formas, tiene más de un siglo de historia. Tiene sus raíces en el sistema capitalista, fue empeorado por el modelo neoliberal, impuesto por la dictadura genocida de los 70, y continúa hasta hoy.
Ante esta situación es que familias, con sus derechos básicos vulnerados, toman la decisión, y la practican, de «hacerse» de un pedazo de tierra. La respuesta del Estado, que había permanecido ausente e indiferente a quienes sufrían cotidianamente por su incumplimiento, es hacerse presente, pero, por supuesto, es el aparato represivo estatal el que interviene. El Estado «aparece» a través del poder judicial y la agencia policial, es decir, lo hace con un palo en la mano.
Así, en la mayoría de los casos, se inician causas civiles por desalojo y en muchos de ellos también se inician causas penales por usurpación. Mucha veces los desalojos son efectivizados por la agencia policial con operativos desmedidos y sumamente violentos a los que suelen denominarse «desalojos ejemplares», es decir se procede de esa forma para desalentar a futuros «tomadores».
Policías y fiscales encarnizados aparecen exigiendo que los «usurpadores» desalojen inmediatamente el terreno (hasta ese momento improductivo, abandonado), y en gran parte de los casos efectivizan su «pedido» con una represión brutal, dejando nuevamente en la calle a numerosas familias y el terreno vacío. Muchas veces varios de los ocupantes quedan procesados por el delito de usurpación o de resistencia a la autoridad, o por algunos de esos combos que se han puesto de moda y tanto utilizan en estos casos: usurpación, atentado y resistencia a la autoridad, amenazas, daño, lo cual suele provocar que uno o más miembros de esas familias terminen detenidos, hasta que alguien (el juez o el fiscal) se apiade de ellos, lo cual no suele ocurrir, o hasta que la organización y los reclamos sociales se les vuelvan insoportables e insostenibles y se vean obligados a dejarlos en libertad.
En el mejor de los casos no hay causa penal ni detenidos, pero la judicialización del conflicto está casi siempre asegurada, ya que cuando no es por la vía penal será por la civil pero el Estado se ocupará hasta las últimas consecuencias de que esos «intrusos» se queden en la calle.
Las organizaciones sociales saben más que nadie que hay discusiones que tienen que ver con sus propias urgencias: no tener vivienda ni espacio para sus hijos, no tener acceso a una educación de calidad, a un barrio digno, a una plaza, a lugares para hacer deportes y actividades culturales, a la salud. Éstas y otras reivindicaciones son y serán la punta de flecha de sus luchas.
Hoy es el Parque Indoamericano, con una escalada de violencia y de intervención policial, parapolicial y de patotas que ha comenzado de forma casi continúa desde el martes a la noche, con cuatro personas asesinadas, decenas de heridos, detenidos y una disputa entre los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires que, lejos de buscar soluciones, se echan mutuas culpas. Pero mañana cualquier toma de tierras será una nueva noticia para los medios y una lucha permanente para quienes exigen “vivienda para todos”.
ANRed agradece al Vasco por las fotografías.