El Navarrazo
Ocurrió el 27 de febrero de 1974. Gobernaba el teniente general Perón. El país se debatía en una lucha contra esos personajes a los que Perón llamaba “trotskos con la camiseta peronista”. Al frente de la provincia de Córdoba estaban Obregón Cano de gobernador y Atilio López de vice. Los dos habían sido elegidos democráticamente, y habían ganado con holgura. Pero, para la derecha peronista, que se devoraba el país, eran trotskos, zurdos.
Ya Perón se había quitado de encima a Oscar Bidegain porque el ERP se lo sirvió en bandeja de plata al atacar la Guarnición de Azul, el 19 de enero de 1974. Por primera vez, el veterano líder se calzó el uniforme de teniente general, se puso frente a las cámaras de TV y le cortó –políticamente hablando– la cabeza a Bidegain.
Pero en Córdoba ningún grupo guerrillero le daba ninguna excusa. Había que hacer algo. Lo hizo el jefe de policía, un caballero de nombre Antonio Domingo Navarro. Perón arregla todo. Envía al ministro del Interior, Benito Llambí, que destituye a Navarro, pero… no entrega sus legítimos cargos a Obregón Cano y Atilio López. No: también los destituye. Y les da Córdoba a los peronistas fachos.
Cuando el peronismo se volvió antiperonista
Eran las 22.55. En la habitación donde se encontraba reunido un grupo de funcionarios provinciales se vivía un clima de extrema tensión. De pronto, la puerta se abrió bruscamente y tres hombres armados con ametralladoras irrumpieron en la sala, obligando a los allí reunidos a salir al pasillo. Uno de los funcionarios inquirió:
-¿Quién es el jefe de este operativo?
-¡Retírese, señor! Oportunamente se le informará-, respondió imperativamente uno de los hombres armados y, acto seguido, obligó al grupo a colocarse en fila para marchar hacia la salida principal de la Casa de Gobierno.
La noche del miércoles 27 de febrero de 1974 un grupo de más de cincuenta policías cordobeses ingresó a la Casa de Gobierno provincial y depuso al gobernador peronista Ricardo Obregón Cano y a su vice, el dirigente gremial Hipólito Atilio López. Los rebeldes se encontraban al mando del Teniente Coronel (RE) Antonio Domingo Navarro.
Junto a los mandatarios, los sediciosos detuvieron a unas setenta personas que se encontraban en la gobernación. Entre ellos estaban los ministros de Bienestar Social y de Gobierno, Antonio Lombardich y Elio Alfredo Bonetto; los diputados Luis Bruno y Blas García; el presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, Julio Aliciardi; el Fiscal de Estado, Juan Carlos Bruera; el director de Prensa, Alejo Díaz Tiliar; y el hijo y secretario personal del gobernador, Horacio Obregón Cano.
Navarro había sido relevado de su cargo de Jefe de Policía provincial esa misma tarde por el gobernador, por considerarlo «poco confiable». Al enterarse del relevo, el jerarca policial acuarteló a unos siete mil efectivos a sus órdenes en la ciudad, aduciendo una «infiltración marxista» en el gobierno.
Frente a estos hechos, el Gobierno respondió con su exoneración definitiva y puso en su lugar al Inspector Mayor Rubén Cuello, quien ejercía la subjefatura desde que Navarro detuviera, días atrás, al ex subjefe, Teniente Coronel (RE) Julián Chiappe.
Esa misma tarde, grupos de civiles habían tomado las emisoras LV2 -La Voz del Pueblo- y LV3 -Radio Córdoba- y comenzado a emitir comunicados en apoyo al jefe de la insurrección. Una de las transmisiones sostenía que Navarro representaba “una garantía de orden” y era “el vehículo necesario para el proceso de liberación”.
En respuesta, el Gobierno difundió la siguiente declaración: “Antonio Navarro, en franca actitud de rebeldía, lejos de acatar la orden recibida, engaña a sabiendas a parte del personal policial y, con el apoyo de pequeños grupos repudiados por la ciudadanía, se rebela, pretendiendo ser fiscal del gobierno electo por todo el pueblo de la provincia”.
Al caer la noche, se escucharon tiroteos en distintas partes de la ciudad. Civiles armados e identificados con brazaletes rojos comenzaron a circular por las calles.
Acusados por Navarro de “proveer armamento a grupos civiles de conocida militancia marxista”, el gobernador y su vice fueron llevados al Comando Radioeléctrico de la Policía provincial, donde permanecerían cautivos hasta el viernes 1° de marzo a las 17.30.
El jueves 28 a las 22.00, el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Mario Dante Agodino, asumió la gobernación interina. A la misma hora era llevado a cabo un atentado contra el domicilio de Obregón Cano.
Por su parte, el Gobierno Nacional, encabezado por el Teniente General Juan Domingo Perón, lejos de restituir a los funcionarios en sus cargos, en un principio no tomó partido en la contienda. El sábado 2 de marzo al mediodía dio a conocer su posición: la intervención federal de la provincia.
El país que estallaba
¿Qué pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular?
La situación política en el ámbito nacional estaba convulsionada. Los alzamientos populares, la guerrilla, el accionar de las Fuerzas Armadas y el comienzo del terrorismo de Estado con la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) prepararían el terreno para el golpe de Estado de 1976.
La entrada de la Juventud Peronista (JP), como política de masas de Montoneros, al escenario nacional cambió la forma de los enfrentamientos políticos en el país. Para el ensayista Alejandro Horowicz –autor de Los cuatro peronismos–, «antes bastaba con amenazar la caja de los sindicatos o su estatuto de legalidad para poner fin a cualquier resistencia más o menos seria».
Según analiza el historiador Norberto Galasso, «desde el exilio, Perón creía que si volvía a la Argentina los jóvenes se desarmarían y se integrarían al movimiento, aceptando la verticalidad. A su vez, los jóvenes pensaban que Perón aceptaría su proyecto porque, después de todo, ellos se habían jugado la vida en la lucha armada». Ambas partes estaban equivocadas.
A fin de cuentas, no se trataba de un conjunto de jóvenes obedientes a las órdenes de Perón, sino de militantes revolucionarios con un proyecto propio, encolumnados detrás de la figura de Perón.
El fortalecimiento de la JP y, con esto, del Frejuli llevó a que la Tendencia Revolucionaria obtuviera cinco gobernaciones importantes: Córdoba, Buenos Aires y Mendoza y, en menor medida, Salta y Santa Cruz. También ocuparía varios cargos en el gobierno de Héctor Cámpora: Juan Carlos Puig en Relaciones Exteriores, Esteban Righi como ministro del Interior, Jorge Alberto Taiana en Educación, la dirección de la Universidad de Buenos Aires con Rodolfo Puiggrós y Arturo Jauretche como presidente de Eudeba.
«La fórmula Obregón Cano – Atilio López era la única de ese tipo en toda la Argentina, ya que expresaba una situación muy particular en Córdoba: la incandescencia del Cordobazo. Además, representaba no solamente a las organizaciones político-militares o al movimiento obrero, sino a la relación entre ambos», opina Horowicz.
La fórmula presidencial Perón – Perón produjo un gran malestar en los sindicatos, que apoyaban la fórmula Perón – Cafiero, y provocó una lucha muy fuerte que modificó la situación con el regreso de Perón el 20 de junio de 1973.
En Ezeiza, Perón advirtió que no dirigía la movilización general de la sociedad, por ello, según Horowicz, «comenzó a actuar en términos de desmovilización, y para esto no había otra forma que hacer desmovilizar a los que estaban movilizados». Esto se evidenció en las provincias donde la Tendencia tuvo mayor influencia -Córdoba, Mendoza y Buenos Aires-, sobretodo en Córdoba porque la dirección era homogéneamente de la Tendencia.
«El hecho de que Atilio López haya sido un dirigente clave del Cordobazo provocó que la derecha peronista pusiera mayor atención sobre esa cuestión y cargara frontalmente en contra del Gobierno provincial», advierte Horowicz.
«Finalmente, el quiebre definitivo entre las juventudes y Perón se dio con el asesinato de (José Ignacio) Rucci el 25 de septiembre del ’73», concluye Galasso.
La JP cae en picada
Cuando había que luchar contra la dictadura, éramos la juventud maravillosa, ahora somos los infiltrados
El 20 de enero de 1974 el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), comandado por Mario Roberto Santucho, copó un regimiento del Ejército Nacional en la localidad bonaerense de Azul, matando al jefe de la unidad y a su esposa.
Ante estos hechos, Perón –ya en su tercer mandato– cargó contra el gobernador de la provincia, Oscar Bidegain, acusándolo de respaldar a la guerrilla con la «evidente desaprensión de las autoridades provinciales» y amenazó con renunciar: «Yo he aceptado el gobierno como un sacrificio patriótico, porque he pensado que podía ser útil a la República. Si un día llegara a persuadirme de que el pueblo argentino no me acompaña en este sacrificio, no permanecería un sólo día en el gobierno».
Frente a esta fuerte reprimenda del Gobierno Nacional, Bidegain se vio obligado a renunciar, siendo reemplazado por el vicegobernador y dirigente de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), Victorio Calabró.
La primera de las cinco provincias había caído.
Posteriormente lo harían Mendoza –en junio del ’74 con el juicio político y la posterior destitución del gobernador Alberto Martínez Baca–, Salta –el 11 de marzo de 1976, con la provincia intervenida, Miguel Ragone fue secuestrado, convirtiéndose en el único ex gobernador desaparecido de la República Argentina– y Santa Cruz –con la destitución y detención de su gobernador, Jorge Cepernic.
«Obregón Cano asumió un proceso de liberación nacional en el camino del socialismo nacional. No para establecer el socialismo, pero sí un proceso lo suficientemente profundo y radicalizado como para avanzar hacia una transformación social de fondo, en una provincia donde había un fragmento revolucionario muy grande», asevera Galasso.
Jauretche hacía un análisis de las características del Cordobazo donde afirmaba que la capital cordobesa tenía aspectos muy singulares que la distinguían del resto del país: obreros muy concentrados en importantes fábricas automotrices –de 4 mil, 5 mil hombres– y un barrio, el Clínicas, poblado por estudiantes que en su mayoría provenían de otras provincias.
Para Jauretche, en este ámbito los jóvenes estaban influenciados por todos los grandes acontecimientos mundiales –la guerra por la independencia de Argelia, la Revolución Cubana, el Mayo Francés–, pero a eso se sumaba que vivían en pensiones, en contacto con otros chicos en las mismas circunstancias, por lo que desarrollaban un potencial revolucionario mucho mayor que en otras ciudades, ya que no tenían ningún peso, ninguna limitación de sus familias.
Esto habría contribuido a que Obregón Cano y Atilio López se convirtieran en figuras provinciales.
La Docta en la mira
Voy a volver, pero me parece que para mí ya es un poco tarde y para ustedes es un poco temprano
Juan Domingo Perón (Madrid – 1971)
Obregón Cano rememora sus últimos días como gobernador: «Los empresarios del transporte empezaron a sacar los ómnibus de la provincia como método de presión para un aumento de la tarifa del transporte».
Horowicz sostiene que el lock-out del transporte fue decisivo, ya que los medios de locomoción «generan la posibilidad de la movilización popular. Así, cada cual quedaba librado a sus propias posibilidades de traslado».
Como Atilio López era dirigente precisamente del transporte, Horowicz sostiene que el lock-out «fue el modo de impedir que él tuviera un grado de respuesta de cierta velocidad y mostró que era un acto que se planteaba desde el poder, porque suponía un acuerdo con la Cámara del Transporte, un acuerdo hecho desde el Gobierno Nacional».
El ex gobernador recuerda que «se hizo una patota, inclusive con una patota grande que vino de Buenos Aires con parte de la Policía Federal, pero sobretodo de civiles con franjas en los brazos».
Una de las razones que le encuentra Obregón Cano al hecho, es que «a Córdoba le apuntaban desde Buenos Aires porque se había transformado en un centro meridiano del país y competía a nivel universitario, sindical y empresarial». Además, cree que «el Cordobazo también tuvo un gran peso».
Según Horowicz, «el control que logró el navarrazo fue muy exterior; tanto es así que hasta 1976 sólo abrió el paso para que la Triple A operara con mayor comodidad. Significó el comienzo de una transformación que se acentuaría con el Proceso como continuidad».
¿Quién era Navarro?
– Gobernador, vámonos, mire que están por venir enseguida – dijo asustado uno de los guardias.
– Doctor, nosotros tenemos armas, vamos a defender la Casa de Gobierno- insistieron los jóvenes militantes.
– Muchachos, a sus casas. Para mí lo peor sería que por defender el gobierno se produjera alguna muerte.
Durante los años previos al regreso de Perón a la Argentina, las organizaciones políticas juveniles -en especial Montoneros- comenzaron a organizarse a nivel nacional y a incorporar gente de distintos grupos de la sociedad que, si bien no convergían en una ideología común, compartían un objetivo inmediato: el retorno de Perón al país.
Así comenzaron a tener contacto con sectores de las Fuerzas Armadas que consideraban necesaria una salida democrática al gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse. Tal vez, el hecho más significativo que reflejó el punto más alto de esta relación entre el pueblo y los militares llegaría en 1973 con el Operativo Dorrego, cuyo objetivo era resolver problemas causados por las inundaciones en la Provincia de Buenos Aires.
Comandada por el gobernador bonaerense Oscar Bidegain y el jefe de las Fuerzas Armadas, Raúl Carcagno, en la operación trabajaron soldados conscriptos, suboficiales y hasta oficiales del Ejército junto a muchachos de la JP.
Así, sectores militares que simpatizaban con las organizaciones guerrilleras -algunos porque vieron con buena cara el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu (el 2 de junio de 1970), pero la mayoría porque creía que debía abrirse paso a un proceso democrático y que la única persona capaz de llevarlo adelante era Perón- comenzaron a vincularse con las conducciones de las organizaciones político-militares.
Sobre estos sectores de las Fuerzas Armadas, Elvio Alberione -parte de la conducción cordobesa de Montoneros- detalla que «generalmente no ocupaban posiciones demasiado claves en la Fuerza, salvo algunos, como el General Carcagno», quien por esos tiempos era Comandante en Jefe del Ejército Nacional.
A escala provincial, quien tenía una posición relativamente fuerte era Antonio Navarro, que estaba al frente de la Policía Militar del Tercer Cuerpo del Ejército. «La Policía Militar disponía de cerca de mil hombres y eso significaba mil armas. No era poca cosa para nosotros. De todos los militares que conformaban esa especie de Estado Mayor que habíamos creado en Córdoba, era el que más podía disponer de ese tipo de relaciones», relata Alberione.
Luego del triunfo electoral de la fórmula Obregón Cano – López para la gobernación de Córdoba, el gobernador electo solicitó a la militancia la presentación de una terna para la jefatura de la Policía provincial.
Según Alberione, se propusieron «dos ternas que fueron rechazadas. En la tercera fue incorporado Navarro por su anterior colaboración, pero ya desconfiábamos de él porque las últimas reuniones estaban botoneadas y sólo quedaban sombras sobre Navarro».
Alberione recuerda una anécdota por la que, más tarde, confirmaría las sospechas atribuidas a Navarro: «Cuando volvía a Córdoba de un viaje que había hecho a Buenos Aires, me encontré en el avión con él que, según me dijo, acababa de tener una reunión con Carcagno. Yo venía de tener una reunión con el jefe del Estado Mayor, quien me había mostrado una foto mía que le había proporcionado Navarro denunciando la presencia de comunistas en el Gobierno provincial. En el aeropuerto cordobés no me esperaba nadie, pero sí estaba la comitiva de autos de la Policía esperándolo a él. Navarro me hizo subir al coche para acercarme a mi domicilio, pero yo, haciéndome el que no sabía nada, hice que me dejaran en cualquier lado para que no supieran dónde ubicarme».
Obregón Cano confirma que «Navarro tenía buena relación con Carcagno» pero agrega que éste «nunca lo avaló totalmente».
Una vez descubierto el infiltrado, Alberione le comunicó lo sucedido a Chiappe –todavía segundo de Navarro al frente de la Policía provincial y hombre de confianza del llamado «grupo Alberione»–, quien conformó una comisión investigadora para recabar pruebas sobre las acusaciones contra Navarro.
La investigación arrojó como resultado que Navarro se encontraba al frente de una cantidad de ilícitos tales como secuestros, aprietes y atentados a sedes sindicales y domicilios particulares.
Chiappe, en lugar de comunicárselo al gobernador, decidió encarar solo a Navarro e informarle que había quedado al descubierto y que tenía todo para probarlo. Según trascendió, en esa reunión Navarro se puso a llorar, pero al día siguiente montó un operativo con explosivos para atribuirle a Chiappe la autoría de un incendio intencional y detenerlo para desestimar la investigación.
¿Quiénes fueron los responsables?
El gobierno está empeñado en la liberación del país, no solamente del colonialismo, sino también de estos infiltrados que trabajan adentro y traidoramente son más peligrosos que los que trabajan afuera. Hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los que lucharon durante veinte años
Juan Domingo Perón
Visto a la distancia, para Obregón Cano el llamado Navarrazo «fue un manotón que dieron desde arriba, todo estaba manejado desde Buenos Aires por (José) López Rega», en ese momento ministro de Bienestar Social y secretario privado del Presidente.
Por su parte, Alejandro Horowicz sostiene que «López Rega era un instrumento de Perón y, como tal, ejecutaba la política ilegal del gobierno legal, que alcanzó su expresión máxima con la Triple A» y que «Perón utilizaba a López Rega para lo que no estaba dispuesto a hacer él directamente».
A su vez, Horowicz compara esta relación con la de Navarro y el lopezreguismo: «Navarro no tenía historia política antes y tampoco la tuvo después del golpe; era tan sólo un instrumento de una política general que jugó Perón desde López Rega. Fue como uno de los tantos killers de Don Corleone, absolutamente reemplazables unos por otros».
Norberto Galasso encuadra el episodio como «uno más del avance de los sectores de la derecha peronista y un debilitamiento más del sector juvenil». Para él, a pesar de ser un gobernador peronista el depuesto, «el navarrazo no se hizo contra Perón, sino que además había gente de Perón que participó en él».
Sobre la responsabilidad de Perón en los hechos hay posiciones encontradas. Una de las versiones sostiene que el presidente encargó al jefe de los servicios de Inteligencia, Coronel Jorge Osinde, intervenir en la situación que se había creado en Córdoba. Osinde conocía a Navarro y se verificó que viajó a Córdoba en varias oportunidades inmediatamente anteriores al golpe.
«Osinde fue un canalla, un traidor. Era un cuadro de los servicios de información de la CIA», sentencia ofuscado Obregón Cano.
Otras versiones indicarían que si bien Perón no había dado la orden, estaba al tanto de lo que sucedía y que tuvo oportunidades de cancelar el levantamiento antes de que se produjera.
«Jorge Alberto Taiana, que además de ser ministro de Educación de la Nación era el médico de Perón, me informó que el General estaba muy debilitado; que cuando se levantaba a la mañana tenía cierta vitalidad y que al acercarse el mediodía la iba perdiendo», recuerda el gobernador depuesto.
Esta versión sobre la debilidad de Perón se apoyaría en el hecho de que el presidente no solía asistir a los actos públicos pasado el mediodía. Además, según cuenta Galasso, «Perón tenía dos años más de los que decía, es decir que cuando tenía que jugar en los acontecimientos decisivos era un hombre de 80 años, con la salud quebrantada».
«El Gobierno Nacional no respondió como tenía que responder de acuerdo a la Constitución», se queja Obregón Cano. Lo cierto es que, de haber actuado de acuerdo a la Carta Magna, el presidente debería haber confirmado en sus puestos a los funcionarios. En lugar de esto, Perón se limitó a afirmar: «Los problemas de Córdoba deben resolverlos los cordobeses».
Sobre el tema, Horowicz asegura que el navarrazo «se dio porque contó con el respaldo del Gobierno Nacional», ya que «era imposible para cualquier provincia intentar resistir al Gobierno Nacional».
Más allá de esta discusión sobre el grado de responsabilidad del presidente, Horowicz prefiere poner en foco que «si Perón respaldó el hecho implícita o explícitamente, es sólo una cuestión de matices».
Fuente: www.agenciaisa.com.ar
Fuentes: José Pablo Feinmann, Julieta Dorio, Alejandro San Cristóbal.
Ricardo Obregón Cano y el Navarrazo
El Ortiba