La inflación, un problema estructural

Eduardo Lucita (LA ARENA)

Semanas atrás desde esta misma columna afirmábamos que en el país hay inflación, que no es sólo un reacomodamiento o dispersión de precios, aunque también se aclaraba que no es un proceso desbordado como lo fuera en los años ’80 y ’90.

Señalábamos que ninguna de las variables económicas sobre las que cualquier gobierno puede operar -tipo de cambio, tarifas de servicios públicos, gasto público, emisión descontrolada, incluso la deuda- están influenciando decididamente en la coyuntura.

Por el contrario, las causas hay que buscarlas en las contradicciones al interior del sistema del capital y, más allá de errores de diagnóstico y controles fallidos del gobierno nacional, son los capitalistas y no otros quienes remarcan los precios.

La mirada entonces debe estar orientada a la excesiva concentración económica, y dentro de esta al selecto grupo de empresas y corporaciones que controlan los mercados y son formadoras de precios. A las altas tasas de ganancias que gozan en todo este período las empresas en las diversas ramas de la economía. Al déficit de oferta por lo escasa de la inversión reproductiva o a la presión del mercado mundial, particularmente por el alza de materias primas y productos energéticos.

Si el diagnóstico es correcto, es entonces sobre estas variables que debe operar el necesario programa antiinflacionario que debe combinar una fuerte presencia del Estado con un también fuerte protagonismo social. Un programa que contemple una primera etapa destinada a frenar abruptamente el alza de precios, luego una segunda que impulse transformaciones de fondo.

Intervención inmediata

-Plena vigencia de la Ley de Abastecimiento de 1974. Reponer la vigencia de esta normativa es central ya que habilita al Estado a desenvolver políticas activas de intervención en los mercados.

-Eliminación del IVA a los artículos de primera necesidad. Lo que debe constituir una rebaja efectiva e inmediata de los precios de esos productos al consumidor. La pérdida de ingresos fiscales puede ser compensada revisando las políticas de subsidios y de exenciones impositivas que en conjunto casi duplican los pagos de la deuda.

-Establecimiento precios máximos a los productos que componen la canasta familiar.

-Centros Populares de Distribución, en los barrios y poblaciones más cadenciadas.

-Control de la estructura de costos, en las empresas formadoras de precios, tanto en la producción como en la distribución y comercialización. Este conocimiento permitirá al Estado transparentar las ganancias empresarias y fijar criterios de razonabilidad en los márgenes de rentabilidad.

Estas medidas deben ir acompañadas por el impulso estatal a la participación de los ciudadanos, tanto en su carácter de productores como de consumidores. En las empresas formadoras de precios creando Comisiones de Trabajadores que colaboren en el control de costos. En los barrios Comisiones de Consumidores que garanticen que los productos lleguen a los Centros de Distribución en cantidad, calidad y a los precios establecidos.

-Avances en la desvinculación de los precios locales de los internacionales. Las retenciones juegan un papel pero resultan insuficientes dada la situación de la demanda mundial y el alza de los precios de los alimentos. Se trata de recuperar funciones reguladoras del Estado en el Comercio Exterior.

-Reforma Tributaria. Que rompa con la regresividad actual. Que tienda a la eliminación o reducción gradual del IVA, que ponga el acento en las alícuotas de ganancias, en el impuesto a los bienes Personales, que muy pocos pagan, en las rentas financieras hoy exentas, en reponer el impuesto a la herencia, en reducir la evasión y las actividades en negro.

-Orientar la acumulación de capitales en el sector productivo y áreas estratégicas. Si el capital privado no proyecta grandes inversiones reproductivas, sólo acompaña tardíamente la demanda, y el sector público no radica inversión en sectores estratégicos, el desarrollo del país queda estrangulado, seguirá el crecimiento por la estimulación al consumo y las exportaciones (¿hasta cuando?) y la inflación resurgirá una y otra vez por restricción de oferta.

-Una nueva Ley de Entidades Financieras y la demorada reforma de la Carta Orgánica del Banco Central son instrumentos necesarios para movilizar fondos ociosos en poder de los bancos y orientarlos a inversiones en los sectores productivos. El Estado finalmente deberá tomar en sus manos sectores estratégicos como energía y ferrocarriles para abaratar efectivamente los costos de producción y transporte.

La inflación es un problema político y, como tal, debe ser enfrentado.