Repudiamos la detención arbitraria del refugiado político Joaquín Pérez y su entrega ilegal al régimen colombiano
Se trata de una aberrante violación contra los derechos humanos de Pérez Becerra, quien fue obligado a exiliarse para escapar de la campaña de exterminio perpetrada por el Estado colombiano contra el partido de izquierda Unión Patriótica (UP) a finales de los 80, genocidio que cobró la vida de más de cuatro mil activistas de esa organización, incluyendo la esposa de Pérez Becerra.
Luego de dos días detenido arbitrariamente en la sede de la policía política venezolana, donde permaneció incomunicado, el refugiado político de origen colombiano Joaquín Pérez Becerra fue entregado este lunes por el gobierno de Chávez a las autoridades del régimen colombiano. Se trata de una aberrante violación contra los derechos humanos de Pérez Becerra, quien fue obligado a exiliarse para escapar de la campaña de exterminio perpetrada por el Estado colombiano contra el partido de izquierda Unión Patriótica (UP) a finales de los 80, genocidio que cobró la vida de más de cuatro mil activistas de esa organización, incluyendo la esposa de Pérez Becerra.
Esta acción del gobierno venezolano demuestra con absoluta claridad su talante antidemocrático y su falso discurso antiimperialista, así como los alcances del siniestro pacto entre Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, que incluye la cooperación en materia militar y de inteligencia entre ambos gobiernos. En virtud de esta cooperación, el gobierno venezolano ha entregado al régimen colombiano, de manera expedita y sin cumplir con los requisitos de ley, a ocho personas perseguidas por su presunta vinculación con la insurgencia colombiana, nada más en lo que va de año. En el caso de Pérez Becerra, se trata de uno de los dos únicos alcaldes electos de la UP que sobrevivieron al genocidio político. El propio presidente Santos explicó que se comunicó telefónicamente con Chávez para solicitarle la detención, y que el presidente venezolano «no titubeó» al responder afirmativamente al requerimiento y ejecutarlo. Además, Santos delató la naturaleza antidemocrática de la persecución contra Pérez al plantear que su captura era una respuesta a la «mala propaganda contra Colombia» que éste realizaba en Europa, con sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
No es ninguna sorpresa que el régimen colombiano persiga toda forma de disidencia u oposición. Chávez, a pesar de su zigzagueante discurso en el que a veces utiliza coloridas frases contra lo que llama «el imperio», en la práctica es un solícito colaborador del imperialismo, como lo demuestra su relación con su «nuevo mejor amigo» Juan Manuel Santos. Hace menos de dos semanas, Chávez se reunió en Cartagena con Santos y el verdugo del pueblo hondureño, Porfirio Lobo, para acordar una política común tendiente al reconocimiento internacional del régimen surgido del golpe gorila de 2009 en Honduras. En contraprestación por sus servicios militares y de inteligencia contrainsurgente, Chávez ha obtenido de las autoridades colombianas la extradición de un narcotraficante estrechamente vinculado al Psuv, Walid Makled, a quien incluso el gobierno le entregó una concesión para la administración portuaria en Puerto Cabello. De esta manera, los derechos humanos se convierten en un rubro canjeable para la diplomacia «bolivariana».
Llamamos a realizar una campaña internacional amplia en la que todas las organizaciones políticas y sociales que se reivindiquen democráticas exijan que Pérez sea repatriado a Suecia, país donde reside y del cual es ciudadano, y exigiendo el fin del terrorismo de Estado en Colombia, cuyas víctimas entre asesinados y desaparecidos suman varias decenas de miles. Además, es importante denunciar la política de Chávez de colaboración con el imperialismo, exigiéndole que cesen las entregas ilegales de personas a las autoridades colombianas y que sea respetado el derecho al refugio político.
LaClase 26/04/11