Marcha a Plaza de Mayo al otro día de los crímenes
En Jujuy se produjo una masacre. La justicia, policía y el gobernador kirchnerista Walter Barrionuevo estuvieron al servicio de la patronal del ingenio Ledesma. Exigimos castigo a los responsables y vivienda para todos los pobladores.
Libertador General San Martín tiene 70.000 habitantes, de los cuales 10.000, tienen problemas de vivienda. Pagan alquileres entre 1500 a 2000 pesos por casas precarias que en su mayoría no tienen luz, gas o cloacas. Y si quieren hacer la propia, no hay tierras donde construirlas, porque las mismas son de un único dueño, los Blaquier, titular de todas las que rodean la ciudad. 700 familias ocuparon 15 hectáreas prometidas para que levanten un techo. Ledesma pidió el desalojo. Y sin la orden, de noche y cuando estaba en curso una negociación, se produjo la masacre. Fueron asesinados 3 ocupantes con balas de plomo, un policía y hubo 70 heridos, entre ellos bebés y embarazadas. Entre los ocupantes se encuentran docentes, empleados municipales, profesionales y hasta empleados del ingenio. Como en la dictadura, Ledesma aportó motos y camionetas para reprimir. Las fuerzas represivas usaron un camino interno del ingenio donde solo se accede con permiso de esa patronal.
El mismo Juez que dejó en libertad al violador de Romina Tejerina, firmó la orden de desalojo y se fue de vacaciones. La policía actuó bajo las órdenes del gobernador Barrionuevo, que días antes se sacó una foto con Cristina inaugurando obras. Lo mismo hizo la policía del gobernador kirchnerista, Gildo Insfrán, cuando asesinó a los Qom en Formosa.
El ultrakirchnerista Carlos Fellner, quien sucederá a Barrionuevo, dijo que “los hechos tenían motivaciones políticas”, declaraciones funcionales a la familia Blaquier. Desde la Casa Rosada otro tanto. Condenaron “la violencia” -dejando correr que fue culpa también de los pobladores-.
La culpa por la falta de viviendas la tienen en forma compartida, tanto el gobierno kirchnerista provincial como el gobierno nacional y la familia Blaquier. Ledesma no entrega tierras y el gobierno no se las expropia, ni destina fondos.
La represión se les volvió en contra. Inmediatamente los ocupantes volvieron a tomar los predios. Ahora se han sumado las esposas de los policías y ya son 1.000 las familias que reclaman. “Una pueblada”, dicen en el lugar. Todos señalan que mandaron notas al gobierno nacional pidiendo una solución, viajaron incluso a esta Capital, sin que fueran atendidos.
“No nos vamos a ir porque estas tierras nos pertenecen”, dicen los pobladores con razón. El gobierno ha enviado a la legislatura una ley para expropiar 40 hectáreas de Ledesma. Pero los vecinos dicen que se necesitan 100 hectáreas para construir todas las viviendas necesarias. Y reclaman que Ledesma pague los impuestos de alumbrado, barrido y limpieza actualizados, los que debe desde hace 35 años, cuando en los 70 el ex intendente Luis Aredes se los empezó a cobrar, siendo posteriormente desaparecido, y desde allí nunca más pagó.
Las marchas en repudio se sucedieron en Jujuy, Plaza de Mayo y otras provincias. Este martes 10 mil personas reclamaron la renuncia del gobernador Barrionuevo en aquella provincia norteña y se llevó a cabo otra marcha en la ciudad de Buenos Aires convocada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Reclamamos: ¡Cárcel a los asesinos materiales y políticos de la masacre! ¡Tierras y viviendas para todos los necesitados! ¡Expropiación de las tierras de Ledesma! ¡Que Cristina ponga la plata para las viviendas!
