24 dirigentes indígenas y populares procesados

La Protesta (Bolivia)

El año pasado se hizo la gran marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por el cual el gobierno pretende hacer una carretera. La marcha duró 67 días y sufrió una fuerte campaña de calumnias del gobierno que culminó con una brutal acción represiva el 25 de septiembre en Chaparina contra los 1000 marchistas, produciendo decenas de heridos y alrededor de 200 indígenas secuestrados sin orden judicial. Los indígenas fueron liberados por una rebelión popular en el pueblo de Rurrenabaque. El propio Evo habló por TV 24 horas después para decir que él no había dado la orden de reprimir. Hasta el día de hoy el gobierno no dijo quien ordenó la represión.
El hecho fue precedido por una provocación el día anterior, 24 de septiembre. El canciller David Choquehuanca, fue a negociar con los indígenas que estaban bloqueados por la policía y por un grupo de matones masistas que ocupaban la carretera. El canciller negó que hubiera un bloqueo policial y entonces las mujeres de la marcha lo agarraron de los brazos y lo empujaron a marchar al frente para que él abriera el camino. Esto duró una media hora de caminata y luego el canciller fue liberado sin ningún daño físico. En ese momento el gobierno denunció que hubo un “secuestro”. Ahora, los fiscales del Ministerio Público (que dependen del gobierno nacional) están acusando a 24 dirigentes de la marcha y que estaban dando su apoyo de “intento de homicidio y lesiones graves” al canciller.

La marcha llegó a La Paz, contando con una impresionante recepción de 200.000 personas en las calles. Evo debió promulgar una ley en defensa del Tipnis que prohibe la carretera, que sólo es en interés de transnacionales petroleras, madereras brasileñas y carteles del narcotráfico.
Pero ahora vuelve a intentarlo, tratando de desconocer la ley que él mismo promulgó.
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Pronunciamiento contra la persecución judicial y criminalización del Movimiento indígena en defensa del Tipnis
“El gobierno boliviano ha iniciado un proceso judicial contra 26 personas, de las cuales 24 son los y las protagonistas de la VIII marcha, acusándolos del delito de “tentativa de homicidio y lesiones graves” al canciller David Choquehuanca. En la lista de convocados por el ministerio público figuran siete mujeres, los principales dirigentes y diputados de las organizaciones indígenas y defensores de los derechos humanos… Presentamos un estracto del pronunciamiento:
Ante estos acontecimientos…
1.- Expresamos nuestro total rechazo al proceso judicial … por estar basadas en falsas acusaciones que tienen como único fin amedrentar al movimiento indígena, iniciar una persecución judicial y criminalización del movimiento indígena en defensa del TIPNIS y criminalizar el derecho constitucional a la protesta…
3.- Exigimos que el gobierno boliviano y el Ministerio Público esclarezcan la violenta y cobarde represión de Chaparina, sancionando con penas de cárcel a los y las autores materiales e intelectuales de la intervención policial, gasificación, secuestro, tortura y agresión física y verbal a los y las más de mil civiles integrantes de la VIII marcha…5.- Interpelamos a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos indígenas y derechos de la Madre Tierra a pronunciarse frente a este atropello…
Convocamos a la población en general a mantenerse alerta y movilizada en torno a la defensa de los mandatos constitucionales, los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, a las conquistas de las luchas del pueblo boliviano y del patrimonio natural y cultural de los bolivianos y bolivianas.
Firma la campaña en Defensa del Tipnis, organizaciones indígenas y peronalidades.
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Unidad contra la criminalización de la protesta
Desde La Protesta adherimos a este pronunciamiento exigiendo el desprocesamiento de los dirigentes indígenas y poopulares que dieron su apoyo a la VIII marcha, y llamamos a adherir. Los mismos acusados fueron víctimas de la violencia policial y secuestro ordenado por el gobierno de Evo Morales. Esto es parte de una creciente criminalización de la protesta. El gobierno utiliza su dominio casi absoluto de la Justicia para violar impunemente la CPE y las leyes.
Buscan paralizar al movimiento indígena para impedir la resistencia a la carretera por el Tipnis. Mañana harán lo mismo contra cualquier lucha por reivindicaciones obreras o populares.
Recordamos que hay dirigentes estudiantiles cochabambinos procesados por encabezar luchas estudiantiles y también fueron procesados el año pasado por hacer huelga trabajadores del Correo.
Por eso hay que cerrar filas contra la criminalización de la protesta.
Reclamamos a la COB y a todas las organizaciones populares una definición exigiendo el inmediato desprocesamiento de los dirigentes de la VIII marcha indígena.
La Protesta