Por Malvinas y el salario
La presidenta Cristina Kirchner, para compensar sus mensajes y políticas antipopulares -crítica a los docentes, represión a los luchadores contra la megaminería, impunidad ante la masacre de Once e intento de fijar techos salariales en las paritarias, entre otros-, sigue enarbolando un doble discurso, ahora “nacionalista”, para mostrarse que está a favor de los intereses populares y en contra del imperialismo. La causa Malvinas viene siendo manipulada por la primera mandataria desde hace tiempo. Lo hará aún más en vísperas al 2 de abril, cuando se cumplan 30 años de aquella gesta. Con el mismo objetivo viene acompañando la “quita” de algunas concesiones a Repsol-YPF por parte de los gobernadores, sin que hasta ahora haya tomado alguna medida seria contra intereses políticos y económicos británicos en el país, yanquis (sus aliados en asesinar a nuestros soldados en 1982) o contra la multinacional española que nos está dejando sin petróleo y gas.
Sabemos que muchos compañeros (más aún las nuevas generaciones) ven con simpatía los discursos de Cristina cuestionando a los ingleses o a las “corporaciones”. Pero hay que despegar la paja del trigo. Una cosa son los dichos, y otra, muy distinta, los hechos.
La política oficial hacia Malvinas tiene dos patas. Una, -aprovechándose del desastre militar que hizo la dictadura en la guerra de Malvinas (ver páginas centrales)-, tiene el objetivo de seguir “desmalvinizando” al país, es decir, intentar hacer creer que se pueden dar pasos liberadores por la vía de la “negociación”. Con esa política declamativa (con la cual acuerdan la UCR, Binner, Macri y todos los políticos patronales que por unanimidad aprobaron una declaración parlamentaria en ese sentido) el gobierno inglés ni se inmuta, sigue contestando que no va a negociar la soberanía, mantiene la ocupación de las islas y da rienda suelta al saqueo de nuestros recursos naturales, en las islas y en nuestro país. La otra, -que consiste en denunciar en los papeles a los “intereses británicos”-, en los hechos pasa por no tocarlos. Eso hizo la dictadura en plena guerra, igual se hace ahora en “tiempos de paz”.
Recientemente el canciller Timerman se lamentó que Inglaterra rompiera una declaración firmada en común con Argentina (1995- gobierno de Menem) sobre cooperación conjunta de actividades en el Atlántico Sur para explotación hidrocarburífera. Inglaterra llamó unilateralmente a una licitación para ser solo ella quien comande la explotación. Timerman respondió, ahora, que iniciará acciones “administrativas y legales” contra empresas inglesas adjudicatarias de permisos de exploración, sin ninguna consecuencia, ya que esas empresas no tienen actividad en territorio argentino. Y sobre otras firmas que sí están en el país vinculadas a petroleras y empresas que brindan apoyo logístico para esa actividad ilegal, entre ellas bancos como el Barclays, el HSBC y otras, aunque operan en Argentina ¡ya el gobierno dijo que no sufrirán sanciones! (Clarín, 16/3). La política kirchnerista consiste en mandar “notas de advertencias” y pedidos a la bolsa de Valores de Londres para que exijan a las mismas que “informen” sobre sus actos delictivos. Una verdadera infantilidad.
Quien sí tendría que hacer y mucho contra los intereses británicos sobre “las Malvinas internas” que tenemos en el país (intereses económicos, multinacionales, bancos y estancias inglesas y yanquis) es el gobierno “nacional y popular”. Pero no toma ninguna medida. Tendría que anular todos los tratados que nos atan a los ingleses y al imperialismo, expropiar y nacionalizar las multinacionales, tierras y bancos; llamar a hacer lo mismo en Latinoamérica y a un frente de países deudores para que se deje de pagar la deuda externa a estos colonialistas. Nada de eso está en la agenda de Cristina. Es la misma política que aplica para la megaminería, permitiendo que sigan la Barrick y tantas otras multinacionales depredadoras de nuestro oro, minerales y el agua. O dejando actuar a Repsol, cuando YPF tendría que ser reestatizada.
Esto se une a la política interna, de mantener un “modelo” que mantiene bajos los salarios, mientras los artículos de primera necesidad siguen aumentando. El verso del impresentable Guillermo Moreno diciendo que “protege a los trabajadores” con las limitaciones de las importaciones o comerciando con Angola, es una fantochada que nadie se la cree, ya que su único objetivo pasa por acumular dólares para la política oficial. Mientras el propio INDEC dice que la mitad de los trabajadores en blanco ganan menos de $ 4.000, cuando la canasta familiar supera los 6.000 pesos.
Hugo Moyano, por su parte, señaló que Cristina “ha tomado distancia del movimiento obrero”, alertando que si esto sigue, “va a haber conflictividad social”. Pero la conflictividad ya ha comenzado como lo mostró el caso de los docentes o los estatales y lo seguirán otros trabajadores con nuevos reclamos salariales. Moyano ocupa el tiempo en preparar trenzas sindicales para reelegirse, en vez de preparar medidas de lucha. Sin depositar ninguna confianza en Moyano hay que exigirle que convoque a los trabajadores a un plan de lucha nacional, que comience con un paro general (junto a las CTAs), por un aumento de salario de emergencia, en momentos que el gobierno y las patronales quieren otorgar aumentos por debajo de la inflación. Como el 15% que ofrecen los empresarios metalúrgicos en las paritarias, una verdadera burla.
Encima, si se logran algunos aumentos, se los termina comiendo el impuesto a las Ganancias.
Llamamos a los trabajadores a hacer asambleas y reclamar plenarios de delegados para exigir a sus dirigentes que salgan a pelear por salarios igual a la canasta familiar. Mientras luchamos por medidas de fondo en defensa del patrimonio nacional, en Malvinas y en todo el país.
El Socialista 28/03/12