Los desafíos de la nueva YPF

Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)

 

Durante una década REPSOL lideró el vaciamiento de pozos, reservas e instalaciones pre-existentes. Extrajo lo máximo posible sin invertir y expatrió ganancias en forma escandalosa. Esta conducta no irritó a ninguno de los críticos neoliberales de la expropiación en curso. Ahora cuestionan la “violación orden jurídico”, olvidando el total incumplimiento de los contratos por parte de la firma. Esta doble vara es congruente con su habitual aprobación de los atropellos contra los derechos de los asalariados o jubilados. Nunca extienden a estos sectores los principios de la seguridad jurídica.

 

Falacias neoliberales

 

Los derechistas están recreando los fantasmas del 2001-2005 y repiten los mismos argumentos que difundieron luego del default. Advierten contra las terribles consecuencias de “aislarse del mundo”, omitiendo su récord de pronósticos fallidos.

 

Algunos exculpan a REPSOL afirmando que sufrió un castigo de precios desfavorables. Pero silencian los sucesivos ajustes de los últimos años, la autorización para liquidar divisas en el exterior y el permiso para exportar a costa del auto-abastecimiento. Las objetadas retenciones móviles a las ventas externas fueron una tenue compensación del terrible drenaje que sufrió el país. Tampoco recuerdan que la falta de inversiones se remonta a los años 90, cuando el combustible era muy caro en dólares.

 

Los voceros locales de REPSOL afirman que la expropiación ahuyentará las inversiones, que se necesitan para recomponer la producción. Pero el desarrollo petrolero de Argentina nunca provino de los capitales foráneos. Fue un resultado de la propiedad estatal del crudo y del equilibrio entre exploración y explotación de pozos, que se logró mediante un sistema integrado de extracción, refinación y comercialización. Este régimen fue demolido con la privatización y debería ser recompuesto para reconstruir el abastecimiento.

 

Cualquier paso en esa dirección es visto por la derecha como una expresión de “populismo, caja o demagogia nacionalista”. Pero con su sostén de la privatización ya demostraron cómo conciben el ideal opuesto de conductas republicanas, maduras y responsables.

 

Los defensores más descarados de REPSOL alertan contra el inminente conflicto entre argentinos y españoles que suscitará la expropiación, como si la firma afectada fuera la representación del pueblo ibérico. En realidad es una empresa privada de dudosa propiedad hispana, puesto que el grueso de su capital se encuentra distribuido en varios centros financieros del mundo. Como se especializa, además, en localizar sociedades en paraísos fiscales, potencia la evasión impositiva que ha deteriorado las finanzas españolas, precipitando el brutal ajuste que padece ese país.

 

REPSOL es naturalmente defendida por una monarquía y un gobierno reaccionario, que continúan desplegando soberbia neo-colonial con creciente despiste. La repetición local de esa diatriba es particularmente chocante. Como la firma recurrirá a sus aliados de Europa y el G 20 para generar un conflicto jurídico internacional, es imperioso que Argentina se retire del CIADI. Ese tribunal ya tiene preparado un fallo a favor de la petrolera.

 

¿Empresa mixta o estatal?

 

Los principales problemas de la nueva YPF no se ubican en el flanco externo. Es evidente que el gobierno decidió la expropiación por necesidad y no por convicción. Estaba acuciado por la caída de la producción y la consiguiente obligación de financiar importaciones con los pocos recursos que tiene la Tesorería. Presionado por esas circunstancias introdujo un giro de 180 grados en su idilio previo con la empresa afectada. Negoció sin resultados un compromiso de mayor inversión y finalmente optó por el choque con sus viejos socios. La expropiación no forma parte de una estrategia prevista, ni obedece al gran caudal de votos logrado en los últimos comicios.

 

La reconstrucción de YPF se encuentra ahora en manos de quienes participaron en su destrucción. Gran parte de la elite actual de funcionarios protagonizó el desguace menemista de la empresa y el remate de sus acciones. Su responsabilidad en el descalabro energético de los últimos ocho años es inocultable. De Vido es la antítesis de Mosconi. Por su despacho pasaron todas las autorizaciones requeridas para convalidar el aniquilamiento de YPF.

 

La iniciativa de expropiación es positiva, pero sus reales efectos dependerán de las próximas medidas. Una decisión clave se juega en el manejo de la indemnización. No se puede pagar por lo que es nuestro, ni premiar con mayores fondos a quienes descapitalizaron la empresa. Todavía hay que averiguar cuáles fueron las ganancias reales que acumuló REPSOL con la distribución de utilidades a costa de los activos energéticos y con la expansión internacional de la compañía, utilizando los recursos del subsuelo nacional.

 

Antes de hablar de cualquier valuación de la empresa (por cotización bursátil, contable o patrimonial) hay ver los resultados de una auditoría, que esclarezca el estado de los pozos y de los daños ambientales. Si se utilizan los fondos del ANSES, las reservas del Banco Central o la emisión de nueva deuda para pagarle a REPSOL, se repetirá la vieja historia de un estado bobo que se hace cargo de las pérdidas ocasionadas por ex concesionarios.

 

La nueva YPF es concebida como una sociedad anónima, siguiendo un modelo de empresa mixta muy distante de la vieja compañía íntegramente estatal. Esta decisión es errónea y conspira contra el proyecto de reconstrucción energética. No es casual que existan tantos ejemplos internacionales de manejo totalmente público de un recurso vital. Ese modelo de propiedad pública mantuvo la tasa de exploración requerida en el pasado para un país como Argentina, que tiene reservas limitadas y de costosa extracción.

 

La necesidad de un largo proceso de inversión no es compatible con los idealizados esquemas de compañías mixtas, que ya fueron ensayados en la primera etapa de privatización de YPF. Un test próximo de los problemas que enfrenta este modelo, saldrá a flote cuando deba resolverse la situación del grupo Eskenazi. Esta familia quedó como socia minoritaria de la nueva YPF, luego de haber perpetrado un fraude superior a las tropelías cometidas por REPSOL. Compró su participación sin poner un solo peso, recurriendo a un crédito a pagar con la distribución de utilidades. Su permanencia está en duda, desde el momento que deberá cancelar ese préstamo con su propio dinero. Si se concreta su deserción: ¿Quién se hará cargo de ese paquete? ¿El estado mediante pérdidas adicionales? ¿O habrá una transferencia a otros “capitalistas amigos” (Bulgheroni, Cristóbal López, Lázaro Báez, Eurekian), que ya se quedaron con varias áreas sin realizar ninguna inversión?

 

El peligro de la sociedad mixta no radica sólo en esos favoritismos. La fuerte presencia del capital privado dentro de la compañía exige operar con criterios de rentabilidad inmediata, que obstruyen la prioridad inversora. Este modelo induce, además, al aumento de los precios en boca de pozo por la presión por lograr mayores utilidades, generando un encarecimiento adicional del combustible.

 

Gestión, legislación y propiedad

 

El gobierno promete una administración profesional de la nueva YPF. Pero esta meta exige no sólo conocimientos técnicos, sino también gran independencia del lobby petrolero. Si las firmas privadas participan del directorio, aumentará el peligro de repetir los vicios del pasado (endeudamiento indebido de la compañía) o incurrir en nuevos desaciertos (uso de los recursos para financiar el bache de importaciones). Es evidente la trascendencia de definir cómo se administrará la compañía y ENARSA brinda un mal antecedente inmediato. Resulta imprescindible dotar a YPF de un genuino control social, popular y de los trabajadores.

 

Pero el mayor problema radica en lo que sucederá con el 70% de la actividad petrolera que actualmente se desarrolla fuera de YPF. El gobierno no ha definido qué tipo de modificaciones se introducirán, en un sector regido por principios neoliberales de libre disponibilidad del crudo por parte de los concesionarios.

 

La revisión de los contratos suscriptos con esas normas recién ha comenzado y en su gran mayoría afectó a pozos marginales. El proyecto de ley en curso no aclara qué ocurrirá con el marco legal que habilitó la atomización del sector y la proliferación de una gran variedad de gravosos convenios. Aquí se impone la inmediata recuperación de la atribución del estado para controlar toda la comercialización interna y externa, fijando las condiciones y los precios de extracción y procesamiento.

 

La propiedad provincial del subsuelo constituye otro impedimento para alcanzar esa meta. Mantiene el poder discrecional de los gobernadores para manejar un recurso de toda la nación. El compromiso de sindicatura común que se ha establecido con las provincias para el manejo de YPF, no se extiende al resto del sector y sólo pospone la necesidad de reintroducir la propiedad nacional. Marginar a las provincias no petroleras de la nueva conducción de YPF no contribuye a esa recomposición.

 

Con la expropiación se abre un nuevo capítulo de historia petrolera. Hay condiciones nacionales e internacionales muy favorables para reconstruir nuestro cimiento energético, avanzando hacia una empresa totalmente pública. Sólo este esquema permitirá equilibrar los costos de extracción con los precios requeridos para el desarrollo industrial. Este manejo es indispensable para diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de los hidrocarburos y evitar un mayor deterioro del medio ambiente.

 

El logro de estos objetivos exige afectar los intereses capitalistas que hasta ahora protegió el gobierno y adoptar una actitud soberana frente a las presiones externas. La movilización popular con banderas propias es el gran instrumento para esta acción.