Ganancias: Un impuesto sobre el trabajo de los asalariados
Eduardo Lucita (LA ARENA)
El Impuesto a las Ganancias pesa sobre el bolsillo de los trabajadores, sobre todo después de las convenciones colectivas, que se están tratando ahora. La actual política tributaria esconde una cuestión ideológica de fondo.
Con algún retrazo respecto de otros años la Convenciones Colectivas de Trabajo parecen haberse destrabado mientras que el monto del mínimo no imponible para el pago de ganancias y el ajuste de los topes al salario familiar ocupa un lugar destacado en las preocupaciones de los colectivos de trabajadores.
Los acuerdos salariales alcanzados en gremios importantes como metalúrgicos, bancarios y comercio han destrabado las discusiones paritarias, es posible de ahora en más se avance rápidamente, ya que como lo anticipáramos desde esta columna el «techo» ha sido levantado, de 18-20 por ciento a 24-25 por ciento. Esto da nueva actualidad a las discusiones respecto del aumento del mínimo no imponible para la tributación del impuesto a las ganancias por los asalariados y los topes para percibir el salario familiar.
Confiscación salarial
No son temas menores, como en reiteradas oportunidades lo han señalado la CGT y la CTA. La experiencia de años anteriores muestra que luego de los aumentos acordados el impacto del pago del impuesto hace que el salario de bolsillo pueda resultar menor que el que percibían antes del aumento, o bien que se pierda un sueldo completo al finalizar el período convencionado.
Esta contribución forzada es más inequitativa aún si se tiene en cuenta que la canasta familiar histórica, aquella que contempla las necesidades de la familia obrera a precios reales -no solo las que se computan para determinar el límite de pobreza o de indigencia- esta estimada entre 5.000 a 6.000 pesos al mes.
La situación tiene su origen en las modificaciones introducidas por la administración de la Alianza que rebajó los mínimos no imponibles y estableció nuevas alícuotas como mecanismo para recaudar dinero rápido para las arcas estatales más que exhaustas en aquellos tiempos. Los gobiernos posteriores han actualizado tanto los mínimos no imponibles como los topes al salario familiar, aunque estas renovaciones no se realizaron todos los años ni tampoco han tenido en cuenta los índices de inflación real.
Insumo necesario
No es un dato menor a estos efectos que los nuevos mínimos imponibles, o los topes al salario familiar, son impuestos por el gobierno una vez cerradas las paritarias, cuando debiera ser un dato previo, un insumo necesario a tener en cuenta por los delegados paritarios al momento de la discusión.
En estas condiciones cada aumento conseguido, en algunos casos aún sin superar la tasa de inflación, hace que cada vez más trabajadores paguen este impuesto y menos perciban el salario familiar. Si en 2007 tributaban el impuesto el 10 por ciento de los trabajadores registrados, en 2011 lo hicieron cerca del 20 por ciento, mientras que los que perciben el salario familiar se redujeron del 66 al 44 por ciento en el mismo lapso.
Esta verdadera confiscación del salario es explicada vulgarmente desde la perspectiva del resultado fiscal, con el hecho de mejorar ingresos y reducir gastos sociales. Sin embargo contiene concepciones más profundas.
Una cuestión ideológica
La actual política tributaria esconde una cuestión ideológica de fondo, que no es otra que el criterio que impone la tributación del trabajo asalariado. Criterio que equipara el excedente del salario neto -lo que conocemos como «de bolsillo»- que supere cierto nivel -5.782 pesos para los solteros sin hijos y 7.998 para los casados con dos hijos, hasta hoy- a la ganancia empresaria.
Puede argumentarse que en los países del norte de Europa o en Canadá los impuestos son muy altos, incluso los asalariados tributan tasas muy elevadas. Pero en esos países el salario neto, que se compone del salario disponible (salario percibido menos impuestos) más las prestaciones sociales que ofrece el gobierno, es muy elevado. En muchos países el salario social (educación, seguridad social, jubilación y otras prestaciones) es también muy significativo y puede verse como una contrapartida del impuesto al salario. Pero esta no es ni remotamente la situación en Argentina y no parece que pueda serlo en muchos años.
Por el contrario diversos estudios muestran que en nuestro país los trabajadores aportan, por distintos mecanismos contributivos nacionales, provinciales y comunales, el 50 por ciento de la recaudación impositiva del país mientras que las prestaciones sociales dejan mucho que desear. Este dato adquiere mayor significación si se tiene en cuenta que período a período se baten récord de recaudación y que la presión tributaria, medida como porcentaje del Producto Bruto Interno, es la más elevada en muchos años.
Rechazar la tributación salarial
Las organizaciones obreras deben rechazar de plano esta concepción que naturaliza la tributación del trabajo asalariado. Se trata de un debate ideológico que sin embargo no debe desplazar la actual lucha de los trabajadores por elevar el mínimo no imponible, conseguir exenciones, o modificar los topes del salario familiar. Incluso debiera plantearse también la modificación de la base a partir de la cual se calcula el impuesto a los Bienes Personales, porque con el límite actual -congelado desde 1999- y los valores del mercado inmobiliario, todo trabajador propietario de un departamento o una pequeña vivienda puede ser alcanzado por el impuesto a la riqueza.
En este debate es necesario estar precavido frente a argumentaciones de corte progresista que propugnan que si el capital tiene exenciones porqué no también el trabajo. Este enfoque no es más que otra faceta de la trampa ideológica de equiparar la ganancia del capital con la retribución por la explotación del trabajo asalariado.
Poner en debate
El conflicto actual tiene una dimensión que supera las reivindicaciones inmediatas que le dieran origen. Tiene el valor de poner en debate, desde la perspectiva de los trabajadores, el carácter regresivo de la política impositiva del país y como contrapartida replantea la necesidad de una reforma tributaria profunda. Las organizaciones sindicales y colectivos de trabajadores deben tener en cuenta que las justas reivindicaciones actuales deben inscribirse en el debate de una nueva política tributaria para el país.
Una reforma tributaria debe dar vuelta como una media la actual orientación de la carga fiscal, haciendo que tributen efectivamente los que más tienen. Desgravando al trabajo asalariado, reduciendo el IVA a los artículos de primera necesidad hasta extinguirlo, incrementando las alícuotas del impuesto a las ganancias extraordinarias, gravando las transacciones financieras hoy exentas, revisando las exenciones que disfrutan las grandes empresas y sobre todo gravando a la riqueza.
Precisamente la distribución de la riqueza depende esencialmente de una nueva política tributaria.
Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.
25/05/12