Informe vincula la crisis de España, Grecia, Portugal e Irlanda con sus altos niveles de corrupción
por Kaos.
Corrupción en el reino del Borbón
La corrupción política y económica amenaza con socavar, aún más, la estabilidad económica en Europa, sobre todo en Grecia, España, Portugal e Irlanda, según denuncia el último informe de la ONG Transparency International.
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El grupo advierte en su informe, llamado ‘Dinero, política y poder: los riesgos de corrupción en Europa’, que «las lagunas en la gobernanza» contribuyen a los escándalos financieros y políticos en casi todos los países europeos durante el año 2011, pero pone en el punto de mira sobre todo a los países del Mediterráneo. De su estudio se infiere una relación directa entre inestabilidad económica y corrupción.
Transparencia International concluye que ningún país europeo logra obtener el certificado de «integridad.» Al contrario, el informe señala la preocupación cada vez mayor en toda Europa por el hecho de que la corrupción va en aumento.
Cargos públicos y líderes empresariales en España utilizan su influencia para obtener contratos y para influir en las políticasLa actual crisis financiera de Europa revela el precio de la complacencia hacia la corrupción. En particular, el informe sitúa Grecia, Italia, Portugal y España – cuatro países cuyos problemas fiscales ponen en peligro al euro- en la parte superior de la lista de los países con «graves deficiencias en la rendición de cuentas del sector público y los arraigados problemas de ineficiencia, negligencia y corrupción».
Aunque no sea un comportamiento técnicamente ilegal, cargos públicos y líderes empresariales en estos países utilizan su influencia para obtener contratos y para influir en las políticas, denuncia el informe.
El informe es parte de una iniciativa paneuropea de lucha contra la corrupción que apoyada por la Comisión Europea y ha analizado 25 países.
En sus recomendaciones específicas para España, el informe sugiere «mejorar la financiación de los partidos»; estimular la «democracia interna» de los partidos»; la despolitización de los órganos supremos del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional; que los altos cargos sean nombrados sin criterios políticos; y, por último, combatir la «economía sumergida».
06/06/12