Caso Ferreyra: Condenan los errores de la burocracia sindical, no sus crímenes.
Asesinato de Mariano Ferreyra: Fallo ¨salomónico¨ del Tribunal castiga la incompetencia al reprimir de la burocracia y la policía. Deja intactas y defiende la existencia de esa burocracia y esa policía. También actúa como defensor del gobierno
Por Simón Morales
En el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, militante de PO, el intento de homicidio contra otra miembra de la organización y las heridas contra otros, el Tribunal Federal dictaminó las siguientes sentencias: – José Pedraza y Juan Carlos Fernández, quince años de prisión.
– Pablo Díaz, Christian Favale, Gabriel Sánchez, dieciocho años de prisión.
– Jorge González, Salvador Pipito, once años de prisión.
– Gustavo Alcorcel, ocho años de prisión. – Luis Mansilla y Jorge Ferreyra, diez años de prisión.
– Gastón Conti, Hugo Lompizano, Luis Echavarría y Rolando Garay, dos años.
– Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, absueltos.
Los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi decidieron por un lado condenar a burócratas sindicales, algunos policías de menor jerarquia y a los perejiles de la patota a penas que oscilan entre los 8 y 18 años.
Por el otro, defendieron al gobierno, ¨las grabaciones entre el Ministro Tomada y Pedraza, nos dió la impresión, fué más la conversación entre un Ministro que quería sacarse de encima a un viejo aliado¨ que complicidad criminal.
Con esa argumentación se desconoce la realidad de que Pedraza era íntimo aliado de los Kirchner y Moyano cuando todos estaban en la defensa del mismo ¨proyecto¨ y de las conversaciones grabadas entre Pedraza y Tomada donde este aconseja al dirigente ferroviario como hacerle la cabeza a los tercerizados y que ¨la mejor defensa es un buen ataque¨ a la mejor manera de un aliado en el crimen y alguien acostumbrado a asesorar a Pedraza al que sirvió de abogado en otros tiempos.
En la explicación del fallo,los jueces argumentaron que no era el propósito de la burocracia sindical asesinar a nadie porque, dedujeron citando a uno de los acusados, el ¨Gallego¨ Fernández, de que matar activistas no era conveniente para la burocracia.
Esta argumentación niega la evidencia histórica. La burocracia sindical hace fraude, golpea y asesina para impedir ser derrocada por una oposición de base. ¿No recuerda el tribunal los centenares de casos en donde esto sucedió inequívocamente en los 70 y aún en nuestros días?
Descartaron con ello el ¨Plan Criminal¨ que aducía la querella y que requería la probatoria de que había una orden inequívoca, directa de Pedraza hacia abajo para liquidar específicamente a los militantes de PO. Lo encontró solo como complice en un homicidio simple. Nunca mencionó el tribunal quién consiguió las armas, quién las distribuyó y dejó en libertad a los dos acusados que las retiraron del lugar de los hechos.
Nunca entendimos porque la querella no insistió en la figura de¨Asociación Ilícita¨, que al requerir solo la planeación y/o conocimiento de la preparación de un crimen para ser condenados sin que se necesite probar una orden directa de asesinar a alguien en particular. Ser miembro de esa asociación, en cualquiera de las jerarquías los hace co-autores de los crímenes.
Tal vez – no sabemos con exactitud aunque presumimos – primó alguna necesidad política organizativa sobre la forma de dirigir la querella hacia la cuestión central, primaria del caso, la existencia de la burocracia-asociación ilícita.
El solo hecho de controlar fraudulentamente y mediante la violencia los sindicatos los convierte colectivamente en una asociación ilícita. Si asesinan son todos responsables, de arriba hacia abajo, como si todos hubiesen disparado los revólveres.
En cuanto a la policía, solo se castiga por desidia e incompetencia, a dos subalternos a los que el tribuna considera que no actuaron bajo órdenes superiores,sino por su cuenta constituyendo un ¨incumplimiento de los deberes de funcionario público¨ y recortando la responsabilidad de ¨zona liberada¨ a una quasi incompetencia.
La Secretaria de Transporte, en ese momento dirigida por el mismno Schiavi, uno de los responsables de la tragedia de Once, ni siquiera fué mencionada en la resolución judicial.
El Tribunal ignoró los pedidos de la querella de considerar un Plan Criminal, disminuyó los cargos de Homicidio con agravantes al de homicidio simple, casi como si se hubiera tratado de un crimen en riña y le agregó con ¨dolo eventual¨ es decir que resultó en una muerte y muchos heridos derivadas de las acciones de los acusados, no de su planificación como tales.
Aunque las penas terminan con las carreras burocráticas de Pedraza y Fernández, una nueva dirección de su mismo tenor burocrático ha sido elegida en la UF, siguiendo sus pasos.
También, las desprolijidades del tribunal (contradicciones en sus fundamentos, hacer una explicación sumaria del fallo antes de presentarlo y no después del mismo y de las condenas y la indiferenciación entre perejiles, Favale y Cia (que recibieron 18 años) y sus jefes – a los que se redujo al papel de simples ¨complices¨ (que recibieron tres años menos de condena), abre las puertas para las apelaciones de los condenados y la posible reducción de penas.
Explícitamente el tribunal negó el carácter ¨ejemplar¨ de la justicia, destinado a prevenir hechos similares por actores similares,y dijo actuar solo como una causa judicial aislada del contexto político-social en las que se basa.
Parecería ser que el Tribunal estuviera mandando un mensaje cifrado a la burocracia sindical: ¨Estamos condenando a Pedraza y los demás por sus desprolijidades, falta de estrategias, incompetencia en lo que se espera de ellos y por dejar las huellas digitales en todos sus actos, incluso los intentos de sobornar jueces¨. Esto significa reafirmar los métodos y sistemas de operaciones de la burocracia sindical como barrera al activismo sindical de base, solo advirtiendo que deben hacerlo mejor sino quieren sufrir consecuencias.
Izquierda Info 20/04/13