«La democracia en España se ha convertido en un manto protector de torturadores»

En una multitudinaria rueda de prensa celebrada esta mañana en el local de La Comuna, en el centro de Madrid, Manuel Blanco Chivite, condenado a muerte en el último Gobierno de Franco, miembro del PC (m-l), de la Asociación Obrera Asambleísta (AOA) y exmilitante del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), destacó el momento histórico que ha provocado la orden de detención, vía interpol, y a efectos de indagatoria contra presuntos torturadores franquistas dictada por la jueza argentina, María Servini de Cubría.

La orden de detención afecta a Juan Antonio González Pacheco conocido como Billy el Niño y que formó parte de la Brigada Político Social (BPS) hasta su disolución. Multitud de querellantes han denunciado a Billy el Niño por torturas salvajes. Otro destacado miembro de la BPS afectado por la orden de la jueza argentina es José Ignacio Giralte González, también acusado de torturar a detenidos. Celso Galván Abascal, escolta de Franco y más tarde de la Casa Real, también ha sido denunciado por aplicar torturas. Y, por último, Jesús Muñecas Aguilar, ex guardia civil, dueño del Centro Hípico de Valdemoro en Madrid que en 1994 homenajeó, junto con los guardias que lo acompañaron, a Antonio Tejero, protagonista del golpe del 23F.

Ana Messuti, la abogada de la querella argentina, destacó que el auto resolutorio es amplia y completa. «Es un recorrido a toda la historia de la querella». Está muy bien fundamentada e incorpora todos los problemas y obstáculos y cómo se han ido superando. El auto resolutorio responde al pedido de los querellantes y se basa en la legislación argentina y el derecho internacional. Messuti destacó la labor del abogado Carlos Slepoy quien argumentó, ante la jueza argentina, la urgencia porque los querellantes se van muriendo. «No sólo se mueren los verdugos sino también las víctimas».

La abogada argentina dijo que el objetivo es que se reconozca que se ha practicado la tortura en el marco de un genocidio. «Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad» y es un delito imprescriptible.

La orden de la jueza argentina «es un triunfo parcial». «No olvidaremos y seguiremos insistiendo» para que los otros presuntos torturadores den explicaciones de sus acciones bajo el régimen franquista.

Por su parte, Bonifacio Sánchez, de la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), señaló que recurrieron a la justicia argentina después de agotar todas las vías. «Se pide justicia para 113.000 desaparecidos. Este es un momento de alegría y esperanza».

Para los querellantes, si el Gobierno no cumple con las órdenes dadas por la jueza argentina, «estudiaremos en su momento otras vías, incluso la posibilidad de denunciar a España. Para España no es una posición cómoda. La pelota está en el tejado del Gobierno».

Con respecto a los otros imputados y que no han sido citados por Servini de Cubría, Messuti dijo: «se supone que habrá más órdenes».

Finalmente, Blanco Chivite informó que para noviembre se tiene previsto el viaje a Argentina de un grupo de querellantes con parlamentarios de distintos partidos. El próximo lunes se reunirán con una Comisión de la ONU que llega a Madrid para investigar sobre las desapariciones bajo la dictadura de Franco.