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El PP prepara una Ley de Seguridad que significará una regresión sin precedentes en libertades públicas

OFENDER A UN POLICIA, 30.000 EUROS

El PP prepara una Ley de Seguridad que significará una regresión sin precedentes en libertades públicas

violencia policial

El Partido Popular está preparando una nueva Ley Orgánica de Seguridad que, en la práctica, significa un retorno a los esquemas represivos frente a la sociedad civil , que verá muy limitados sus derechos de manifestación, expresión o protesta, tal y como señalan la inmensa mayoría de los colectivos jurídicos, políticos, ciudadanos y de derechos humanos.

Como botón de muestra, algo tan poco definido como insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa «grave» sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, en esta reforma legal se ‘ha olvidado’ de incluir cualquier respuesta ante los últimos casos de abuso de fuerza policial y atropellos a las libertades cívicas. Por el contrario, se muestra muy orgulloso de dedicar esta reforma legal “proteger” a los policías frente a cualquier ataque o crítica.

En el redactado también se contempla como infracción «muy grave», sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.

Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales quedando los agentes señalados y siendo objeto de insultos y vejaciones. En algunos casos, incluso se ofrecieron datos personales de los policías. Lo que no cuenta Interior es que estas grabaciones han permitido difundir y forzar la investigación de algunos casos de manifiesto abuso de fuerza, casi de sadismo, perpetrados por agentes de policía lanzados sin freno a reprimir cualquier manifestación en contra del actual Gobierno.

En total hay 21 infracciones consideradas «muy graves» y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público, entendiendo como tal un concepto muy parecido al manejado por los ministros de Gobernación franquistas o, más recientemente, por ministros de Interior de la transición que, como el difunto Manuel Fraga, alardeaban de que “la calle era suya”.. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.

La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará «muy grave», así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear –objetivo muchas veces de movimientos ecologistas– o un aeropuerto. Con este apartado se recoge entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas. Entre 30.001 y 600.000 euros se sancionará también como muy grave entorpecer con dispositivos luminosos como los clásicos punteros lasser vehículos u otros medios de transporte como aviones.

En el apartado del orden público, pero ya dentro de las infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios. Fino matiz que ofrece un amplio campo a la discrecionalidad y que, en la práctica, ofrece a la Policía “barra libre” para detener a o multar a cualquiera que porte atuendos que no le gusten al agente en cuestión.

En el apartado de las infracciones graves se mantienen aspectos relacionados con el consumo o la tenencia de drogas tóxicas aunque no estuvieran destinadas al tráfico, así como el abandono en la vía pública de utensilios necesarios para su consumo o fabricación, pero se introduce  como grave la plantación o el cultivo de drogas siempre y cuando las cantidades no sean consideradas como delito.

Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como ´Ley Corcuera´ de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves. Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

LOS PADRES PAGAN

Otra de las principales novedades es que los padres tendrán que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores de edad en la vía pública y la Policía tendrá potestad para establecer «zonas de seguridad». El hecho de que los progenitores tengan que pagar los daños ocasionados por sus hijos es una medida que ya se puso en marcha hace años en el País Vasco para combatir los episodios de ´kale borroka´ y que ofreció buenos resultados, según admiten en el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. En función del grado de daño que produzcan al mobiliario urbano, también podría considerarse una infracción grave.

En cuanto a las «zonas de seguridad» para evitar los escraches es una medida que esbozó el ministro hace meses a partir de una iniciativa en este sentido de la Ertzaintza, que fijó ese perímetro en 300 metros. Aunque el anteproyecto no especifica distancias concretas, los responsables de Interior otorgan especial importancia al hecho de que este recurso de seguridad ya esté regulado formalmente.

El consumo de alcohol en la vía pública sin estar autorizado administrativamente será considerado una infracción grave siempre que se perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Este anteproyecto regula como infracciones graves otras conductas como la de establecer barricadas en la calle, maltratar animales en espectáculos no autorizados, el escalamiento a monumentos o edificios emblemáticos o la denominadas «cundas», es decir, la acción de trasladar a los toxicómanos a los lugares donde se vende y se consume droga.

NUEVAS PROHIBICIONES

Por su parte, las infracciones leves apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros. La cuantía de las infracciones graves y las muy graves también es la misma que en la actual ley de Seguridad Ciudadana, lo que se ha modificado o se ha incluido son conductas que no estaban recogidas y tras más de 20 años era necesario regular, según Interior.

Otro campo que regula esta Ley es la obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso. Ahora los agentes podrán hacer esa gestión en el mismo lugar de forma telefónica o telemática.

Este articulado regula que los agentes puedan requisar el documento durante unos minutos afectos de esta comprobación. Fuentes de Interior llaman la atención sobre el hecho de que en algunas manifestaciones había quien alegaba que el documento es personal e intransferible para no entregarlo a las autoridades. Por su parte, a los ciudadanos extranjeros no se les podrá desposeer de sus documentos de origen salvo mandato judicial.

http://www.diarioprogresista.es/articulo.asp?idarticulo=41353

19/11/13