El aborto en España no se prohíbe sino que se privatiza
por Anibal Garzón
Repasemos. Usando registros de épocas de antaño, según la tesis del Doctor Ginecólogo dominicano José Garrido Calderón[1] afirma que sobre el aborto existen textos chinos de 3000 años antes de Cristo donde aparecen recetas de un aborto oral. Registros que recogen también la defensa de Aristóteles en la Antigua Grecia sobre el derecho a abortar las familias numerosas y de bajos recursos, o las fórmulas abortivas que expuso el padre de la medicina occidental Hipócrates, o añadiendo, en el mundo indígena americano los aztecas también usaban hierbas abortivas. Además, huelga decir que en una estructura trascendental en el ámbito jurídico occidental como el Derecho Romano no se hacía prohibición del aborto. Por lo tanto, y en crítica a visiones históricas lineales como las sociedades cristianas, tanto por origen como por imposición, dieron un paso atrás con la época teológica cristina donde el aborto inicia su prohibición moral y legal en 1588 por el Papa Sixto V siendo el aborto y el anticonceptivo un pecado mortal.
Este fenómeno de la involución del derecho o legitimidad social del aborto reproduce su representación en España, pero no con miles de años de margen temporal como sucedió en la cultura occidental sino solamente con 28 periodos anuales, de1985 a 2013.
El pasado viernes 20 de diciembre aprobó el Consejo de Ministros del gobierno español conservador del Partido Popular la «Ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la embarazada» o lo que se conoce como la reforma de la ley del aborto. Históricamente en España hasta 1985 cualquier interrupción voluntaria del embarazo fue delito, aunque existió un intervalo excepcional durante la II República Española (1936-1939). El fascismo clerical español de Francisco Franco (1939-1975) con su golpe de estado contra la República Democrática paralizó ese avance en derechos sociales, sexuales y reproductivos. Desde el modelo posfranquista (1975 – actualidad) de la monarquía constitucional española, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al ganar las elecciones en 1982 aprobó la Ley orgánica 9/1985 reformando el artículo 417 bis del Código Penal legalizando el aborto parcial en tres situaciones; graves deficiencias físicas o psíquicos del feto dentro de las 22 semanas, y en caso de violación o peligro de vida para la embarazada en 22 semanas. Este aborto parcial fue ampliado a un aborto libre en 2010 con la Ley orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria en las primeras 14 semanas. Finalmente la reciente Ley aprobada se transforma en una situación legal más restringida que la de 1985 siendo posible solamente el aborto en dos casos; violación antes de las 12 semanas y riesgo para la salud de la mujer antes de 22 semanas, careciendo de legalidad deficiencias del feto.
En estas dos visiones, la legalidad española y la historia moral teológica sobre el aborto, existe una coherencia entre la derecha conservadora y el clero tradicionalista, dar pasos atrás en el desarrollo de la humanidad. Siendo en España, reiterando, la ley de 1985 más avanzada que la actual de 2013 o los valores grecos romanos menos represores que los cristianos del feudalismo como interpretó Sigmund Freud en el “Malestar de la Cultura”.
Aún así, más allá de referencias históricas caemos en la pregunta inicial sobre si la nueva ley conseguirá reducir el número de abortos. Posiblemente si, pero por una conocida categoría, la clase social. Una unidad de análisis económica, y a la vez cultural, que han ocultado los posmodernistas antimarxistas.
Un derecho clasista, violación de Derechos Humanos
Si una chica española de 19 años de clase alta se queda embarazada seguramente tenga recursos económicos familiares, aunque pueda ser contradictorio con los falsos valores cristianos que tenga su grupo familiar, para viajar a otro país europeo, como por ejemplo Holanda, para abortar y no limitar así su futuro juvenil, académico y laboral. Por no hablar de la posibilidad de abortar ilegalmente en clínicas privadas españolas. Mientras que una chica con la misma edad pero de clase baja, si se queda embarazada al ser miembro de una familia donde posiblemente tanto el padre como la madre estén desempleados no podrá decidir sobre su proyecto de futuro por no disponer de recursos económicos para realizar el aborto legal en el extranjero. Y si esa chica lo decide hacer de manera ilegal en territorio español, con sus pocos recursos económicos probablemente tenga un servicio de economía informal deficiente que afecte su riesgo de salud.
Uruguay ha sido el primer país de América Latina, después del caso excepcional de Cuba con su Revolución Socialista de 1959, en legalizar el aborto total en diciembre de 2012. Según un informe del Ministerio de Salud Pública en 2013 se han realizado 2550 abortos, 426 por mes[2], en una suma de 3,29 millones de habitantes, y al ser legal no se ha registrado en todo un año ninguna muerte a causa del aborto. Supuestamente al existir un servicio gratuito y de calidad para todas las mujeres uruguayas automáticamente se elimina cualquier economía informal y con ello cualquier desigualdad entre clases sociales en este servicio médico. Además, el disponer de aborto legal no quiere decir que aumenten los abortos cuantitativamente ya que siempre existe su riesgo y para ninguna mujer es un placer realizar tal intervención médica[3]. Según el mismo Ministerio se estima que Uruguay es uno de los países con tasa de aborto más baja. ¿Acaso en Uruguay ha crecido en 2013 el número de abortos respecto a años anteriores por estar legalizado? Sin existir registros empíricos, el Ministerio afirma que entre 2005 y 2012 se prevé que en Uruguay pudo haber 40.000 abortos, o sea 5000 por año. La causa para evitar el aborto es hacer legítimo y legal su acceso acompañado de una buena educación sexual y de política familiar planificada.
En consideración, la legalidad no quiere decir que el aborto aumente sino que se solidifique y se democratice un servicio para todas las clases en defensa de la salud de la mujer. Según un Informe Anual del Ministerio de Sanidad de España en 2011 se produjeron 118.359 abortos en una población de 47,27 millones. Posiblemente la nueva ley reduzca los abortos un 5% o 10% o 15%, pero hay que tener en cuenta que no será porque eran abortos voluntarios que ahora son ilegales sino por ser una parte de la población de clase baja española que no puede aspirar a un servicio público. En lugar de considerarse un derecho democrático acaba siendo incompatible con los mismos Derechos Humanos al violarse el Artículo 7, “Todos son iguales ante la Ley”, porque unas podrán violar la ley por tener recursos y otras la tendrán que cumplir por obligación al escasear de capital.
En un país como España la Supuesta Democracia seguirá siendo simplemente Supuesta con la privatización de decisiones, abortando solamente las que puedan, cuando los avances se dan en socializar y colectivizar los servicios para abortar las que quieran. Antes abortaban las hijas de la nobleza hoy abortan la de los burgueses. La historia se repite, pero como dijo Marx en su obra de El 18 de Brumario, una vez como tragedia, la represión del clero, y otra como farsa, la demagogia del Partido Popular.