Parlamento griego aprueba un duro impuesto inmobiliario

Tras la votación en el Parlamento griego, la coalición de Gobierno se ha quedado sin un diputado que fue expulsado de su grupo A favor votaron 152 diputados de los dos partidos de la coalición gobernante y en contra 143 diputados de los de la oposición, además del parlamentario Vyron Polídoras de la gubernamental Nueva Democracia, quien acto seguido fue expulsado de su grupo. Tras esta expulsión, la coalición de Gobierno se queda con una estrecha mayoría de dos diputados del total de 300 escaños con que cuenta el Parlamento.

 

La controvertida ley unifica el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria y una tasa «extraordinaria» sobre la vivienda, introducida en otoño de 2011 y cobrada por medio de la factura de la luz. En un principio estaba previsto que esta tasa «extraordinaria» tuviera carácter provisional y dejara de existir a partir del próximo año. Con el nuevo impuesto unificado, el Gobierno del conservador Andonis Samarás, en cambio, ha garantizado que la tasa provisional se convierta en permanente, aunque bajo otra denominación.

 

Hasta 2008, los griegos no tenían que pagar impuestos por sus propiedades inmobiliarias. A partir de ese año, el primero de la crisis económica, se introdujo una pequeña tasa a todas las viviendas. Desde entonces hasta la entrada en vigor de esta nueva ley, el impuesto sobre los bienes inmobiliarios se ha disparado en un 700%, según la Federación Panhelénica de Propietarios, quien ha denunciado que esta elevada carga tributaria es una de las causantes de la fuerte caída de los valores comerciales de la vivienda. Según un informe reciente del banco central griego, el valor comercial de la vivienda cayó un 37,6% desde el inicio de la crisis.

 

La nueva ley reduce ligeramente los impuestos de los pisos en zonas urbanas respecto a este año, pero introduce una tasación a los terrenos agrícolas. El propietario de un piso de 90 metros cuadrados en un barrio popular de Atenas, por ejemplo, pagará 433 euros en 2014, frente a 478 euros que pagó en los últimos tres años. El propietario de un terreno sin edificar de 500 metros cuadrados en el mismo barrio deberá pagar, en cambio, 1.000 euros; hasta ahora este grupo no estaba sujeto a ninguna imposición. Por otro lado, el propietario de cinco hectáreas de tierra cultivada deberá pagar 405 euros.

 

La ley perjudica también a los propietarios de tierras cultivables en zonas turísticas, pues el valor objetivo de la tierra, que sirve como base de cálculo de la tasa inmobiliaria, puede ser allí diez veces más alto.

 

El Gobierno espera recaudar el próximo año 2.650 millones de euros con este impuesto.

 

 

La elaboración de la nueva ley ha durado casi un año, debido a las críticas desde las propias filas gubernamentales al plan del ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, de introducir una tasa a los terrenos agrícolas y no construidos, a cambio de una reducción en la vivienda urbana. Su tentativa cosechó fuertes críticas de los diputados electos en zonas agrícolas que amenazaron con votar en contra de la ley.

 

Finalmente, tras un caótico debate, enmiendas de última hora y un aplazamiento de la votación del viernes a este sábado, el compromiso consistió en modificar algunos aspectos puntuales de legalidad controvertida y además aplicar un impuesto en las zonas rurales inferior al previsto en el primer borrador. Prórroga a la moratoria antidesahucios Por otro lado, el Parlamento griego también aprobó la prórroga por un año de la moratoria a los desahucios de primeras viviendas, una ley que no cuenta con el apoyo de la troika que pedía medidas más estrictas contra la morosidad hipotecaria.

 

El nuevo reglamento fue aprobado con 152 votos a favor, 141 en contra y ninguna abstención. Para poder aplicar la moratoria, los propietarios deben mostrar voluntad de pago mediante una pequeña mensualidad

 

La ley, que contempla ampliar en un año una moratoria vigente desde 2009 a causa de la crisis, protege de desahucios a los propietarios de primeras viviendas cuyo valor no superen los 200.000 euros, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos.

 

Con ello el Gobierno optó por mantener en 200.000 el tope de protección contra las ejecuciones hipotecarias que rige en la actualidad y no reducirlo como exigía la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). Los acreedores habían pedido endurecer la legislación para evitar «abusos», de modo que los bancos pudiesen liquidar las hipotecas y así mejorar sus balance, permitiendo con ello que recuperen su capacidad para otorgar créditos.

 

La moratoria, sin embargo, solo tiene aplicación si los propietarios de las viviendas en cuestión tienen unos ingresos familiares netos inferiores a 35.000 euros anuales y un patrimonio total, incluido el valor de la casa, que no supere a 270.000 euros.

 

Otra de las condiciones que incluye para proteger a los propietarios del desahucio es que estos deben mostrar voluntad de pago mediante una pequeña mensualidad. Esta cuota será del 10% de los ingresos anuales si son inferiores a 15.000 euros, y del 20% para los superiores. Los parados quedarán eximidos de pagar esta cuota hipotecaria reducida hasta que consigan trabajo. Controversia en el Gobierno y la oposición Pese a que la ley es más suave de lo exigido por la troika, internamente es altamente controvertida, no solo en las filas de la oposición, sino también de la propia coalición gubernamental.

 

Si bien contiene una salvaguarda para las capas más vulnerables, permite a los bancos confiscar casas de personas que, aun no estando en la precariedad absoluta, no pueden pagar sus hipotecas debido a los grandes recortes salariales y de pensiones, y a los aumentos de impuestos que ha vivido Grecia desde que en 2013 firmó el rescate con la troika. El ministro de Desarrollo, Kostís Jatzidakis, aseguró al presentar el borrador de ley, que si bien el nuevo reglamento no cuenta con la aprobación de la troika, los acreedores tampoco han manifestado su desacuerdo.

 

La actual moratoria vencía el 31 de diciembre y la nueva prórroga tendrá vigencia de un año, tras el cual el Gobierno se ha comprometido ante la troika a aprobar un marco legal permanente sobre las hipotecas morosas. La morosidad hipotecaria asciende actualmente al 23%, mientras que el total de la cartera de créditos morosos en los bancos es del 30%. Al mismo tiempo, los precios de mercado de la vivienda han caído en un 37,6% desde el inicio de la crisis en 2008, según datos del banco central.

 

http://www.20minutos.es/noticia/2012713/0/grecia/impuesto-inmobiliario/moratoria-antidesahucios/#xtor=AD-15&xts=467263