4 y 5 de septiembre 1975: La Triple A asesinó ocho militantes del PST
LA MASACRE DE LA PLATA
Escribe Jorge Ávila
Miembro de la Comisión Interna de Propulsora Siderúrgica hasta el 24 de marzo de 1976
Los militantes del PST (antecesor de Izquierda Socialista) estábamos apoyando con todas nuestras fuerzas la huelga de Petroquímica Sudamericana (actualmente se llama Mafisa). En esos momentos la fábrica estaba ocupada por sus trabajadores, que exigían aumentos de salarios. El 4 de septiembre, cuando se dirigían hacia la planta en Olmos (La Plata), fueron secuestrados y luego asesinados 5 militantes. Al día siguiente, ocurrió lo mismo con otros tres compañeros. El accionar de las bandas fascistas, tipo la Triple A, contaba con la protección del gobierno de Isabel Perón.
Los trabajadores comenzaron a movilizarse contra el gobierno entreguista y hambreador de Isabel Perón desde 1974. La represión legal e ilegal fue la respuesta. El PST, que tenía una importante presencia en las luchas obreras, sufrió en 1974 el asesinato de siete militantes, y numerosos locales fueron derrumbados por bombas. Fue asesinado el diputado y dirigente del Peronismo de Base, Ortega Peña, entre otros.
El 6 de noviembre de 1974 el gobierno implantó el Estado de Sitio, con el argumento de combatir a la guerrilla. El secretario general de la UOM de Villa Constitución, Alberto Piccinini, fue uno de los tantos luchadores presos por el Estado de Sitio. Juan Carlos “Pelado” López Osornio y Miguel Lamas también fueron encarcelados en Jujuy y Corrientes, respectivamente, así como otros militantes del PST.
Ocho militantes asesinados
Ese jueves 4 de setiembre de 1975, Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Roberto “Laucha” Loscertales, Ana María Guzner Lorenzo y Lidia Agostini salieron del local llevando comida para la olla popular de la fábrica tomada. Nunca llegaron. En la madrugada del viernes en un paraje de la costa aparecieron sus cuerpos sin vida, con señales evidentes de tortura.
Ese mismo día, a la tarde, mientras organizaban el repudio al crimen, Oscar Lucatti, Carlos Povedano y Patricia Claverie fueron secuestrados cerca de nuestro local central por una banda armada. Pocas horas después aparecieron sus tres cadáveres.
Hubo una inmediata reacción solidaria de los obreros de Petroquímica, de los trabajadores de Obras Públicas y de los no docentes de la Universidad (lugares de trabajo de varios de los asesinados). Se organizaron paros y asambleas en repudio al crimen, demandando investigación y castigo.
Los responsables políticos
Por su parte las máximas conducciones del peronismo y el radicalismo ignoraron la masacre. A pesar de las denuncias y numerosos datos concretos aportados por el PST, el crimen quedó impune.
Los obreros de Petroquímica, para mostrar los lazos entre la patronal y los asesinatos, pusieron en la puerta de la fábrica, un gran cartel que decía “Curi compra matones para matar” (Curi era el patrón).
La dirección nacional del PST señaló que los ejecutores de los asesinatos eran instigados, protegidos y encubiertos desde el poder. Señaló la principal responsabilidad del gobierno peronista, que toleraba alevosamente a las bandas parapoliciales. Y también a los falsos “opositores”, tipo Balbín, que los dejaban correr, sin mover un dedo, expresando que para los grandes patrones, los industriales, latifundistas y banqueros, nacionales y extranjeros, el gran enemigo era el movimiento obrero que se movilizaba. Pero también marcó a fuego a otros responsables. En primer lugar, a la burocracia sindical, que luego de la movilización triunfante del Rodrigazo y la caída de López Rega, no continuó el plan de lucha y siguió pactando con el gobierno y desmovilizando. Y en segundo lugar, a las organizaciones guerrilleras. Luego de la tremenda movilización de masas del Rodrigazo, la guerrilla siguió con sus acciones, queriendo mostrar que una pequeña elite puede reemplazar a la movilización para aplastar a la reacción y al fascismo. Sus operaciones descolgadas servían a la desorganización de los trabajadores y a la represión.
El gobierno de Isabel fue reemplazado por el genocidio de los militares. La guerrilla fue eliminada de la escena histórica. Y la lucha de los trabajadores, que logró tirar a la dictadura, continúa. En ella seguimos construyendo el partido revolucionario por el que dieron su vida nuestros ocho compañeros asesinados. Treinta años después, levantamos el puño con la misma fuerza y la misma furia de entonces, y les decimos:
El 6 de noviembre de 1974 el gobierno implantó el Estado de Sitio, con el argumento de combatir a la guerrilla. El secretario general de la UOM de Villa Constitución, Alberto Piccinini, fue uno de los tantos luchadores presos por el Estado de Sitio. Juan Carlos “Pelado” López Osornio y Miguel Lamas también fueron encarcelados en Jujuy y Corrientes, respectivamente, así como otros militantes del PST.
Ocho militantes asesinados
Ese jueves 4 de setiembre de 1975, Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Roberto “Laucha” Loscertales, Ana María Guzner Lorenzo y Lidia Agostini salieron del local llevando comida para la olla popular de la fábrica tomada. Nunca llegaron. En la madrugada del viernes en un paraje de la costa aparecieron sus cuerpos sin vida, con señales evidentes de tortura.
Ese mismo día, a la tarde, mientras organizaban el repudio al crimen, Oscar Lucatti, Carlos Povedano y Patricia Claverie fueron secuestrados cerca de nuestro local central por una banda armada. Pocas horas después aparecieron sus tres cadáveres.
Hubo una inmediata reacción solidaria de los obreros de Petroquímica, de los trabajadores de Obras Públicas y de los no docentes de la Universidad (lugares de trabajo de varios de los asesinados). Se organizaron paros y asambleas en repudio al crimen, demandando investigación y castigo.
Los responsables políticos
Por su parte las máximas conducciones del peronismo y el radicalismo ignoraron la masacre. A pesar de las denuncias y numerosos datos concretos aportados por el PST, el crimen quedó impune.
Los obreros de Petroquímica, para mostrar los lazos entre la patronal y los asesinatos, pusieron en la puerta de la fábrica, un gran cartel que decía “Curi compra matones para matar” (Curi era el patrón).
La dirección nacional del PST señaló que los ejecutores de los asesinatos eran instigados, protegidos y encubiertos desde el poder. Señaló la principal responsabilidad del gobierno peronista, que toleraba alevosamente a las bandas parapoliciales. Y también a los falsos “opositores”, tipo Balbín, que los dejaban correr, sin mover un dedo, expresando que para los grandes patrones, los industriales, latifundistas y banqueros, nacionales y extranjeros, el gran enemigo era el movimiento obrero que se movilizaba. Pero también marcó a fuego a otros responsables. En primer lugar, a la burocracia sindical, que luego de la movilización triunfante del Rodrigazo y la caída de López Rega, no continuó el plan de lucha y siguió pactando con el gobierno y desmovilizando. Y en segundo lugar, a las organizaciones guerrilleras. Luego de la tremenda movilización de masas del Rodrigazo, la guerrilla siguió con sus acciones, queriendo mostrar que una pequeña elite puede reemplazar a la movilización para aplastar a la reacción y al fascismo. Sus operaciones descolgadas servían a la desorganización de los trabajadores y a la represión.
El gobierno de Isabel fue reemplazado por el genocidio de los militares. La guerrilla fue eliminada de la escena histórica. Y la lucha de los trabajadores, que logró tirar a la dictadura, continúa. En ella seguimos construyendo el partido revolucionario por el que dieron su vida nuestros ocho compañeros asesinados. Treinta años después, levantamos el puño con la misma fuerza y la misma furia de entonces, y les decimos:
Compañeros caídos del PST
¡Hasta el socialismo, siempre!
07/09/14