Macri a favor de los despidos
Las cesantías tanto en el sector público como en el privado crecen de a decenas de miles. Es una realidad, aunque el gobierno lo niega. Es urgente prohibir despidos y suspensiones
Escribe José Castillo
El Ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay dijo que se trata sólo de una “sensación térmica”. Su par de Trabajo, Jorge Triaca, afirma que apenas son “algunos casos puntuales”. Pero la realidad es que estamos asistiendo a una verdadera ola de despidos. Aunque el gobierno se niega a dar a conocer estadísticas todos los estudios coinciden, discrepando apenas en el tamaño de las cifras, uno más horroroso que otro. La consultora Tendencias Económicas hace ya casi dos meses “debutó” denunciando la existencia de 100.000 despidos, mitad en el sector público y mitad en el privado. En estos días, el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma denunció 73.073 despidos en el período diciembre 2015-marzo 2016: 51.151 en el sector público y 21.922 en el sector privado. El domingo 24 de abril, una infografía del Diario Tiempo Argentino (que ha vuelto a salir gestionado por sus trabajadores) señaló que existieron 45.000 despidos en el sector público, 12.000 en el estado nacional y 24.000 en provincias y municipios (aunque producto de la lucha de los propios trabajadores, se habrían dado 9.000 reincorporaciones). Y en el sector privado, el número de despedidos rondaría los 84.700 (57.000 en la construcción, 12.000 en Comercio, 7.000 metalúrgicos, 3.300 en textil y calzado, 2.900 en petróleo y 2.500 en la industria automotriz). Todo esto sumaría un total de 129.700 despedidos.
La semana pasada se presentaron varios proyectos tanto en Senadores como en Diputados. En la Cámara Alta el proyecto aprobado por el plenario de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda prohíbe los despidos por 180 días a partir de la vigencia de la norma y está en condiciones de ser tratado este miércoles en el Senado. En la Cámara de Diputados se aprobó en la Comisión de Legislación del Trabajo un proyecto presentado por los diputados de extracción sindical del Frente Renovador (con Facundo Moyano a la cabeza) apoyado por el Frente Para la Victoria que establece una prohibición de despidos retroactivo al 1ro de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2017.
Tenemos que aclarar que, a pesar de que se lo promociona como “prohibición de los despidos”, lo único que plantean los proyectos en discusión es que, si las patronales deciden echar a trabajadores deberán pagar doble indemnización.
El presidente Macri, las cámaras empresarias e incluso varios economistas y legisladores del Frente Renovador (ver nota en esta misma página) se pronunciaron en contra. Desde el PRO llegaron a aducir que eso “ya se probó en 2002” y fue culpable de la pérdida de puestos de trabajo. Una vulgar mentira, ya que el desempleo en la Argentina venía creciendo desde la década del 90 y se terminó de desbarrancar con la crisis de 2001. Justamente a mediados de 2002 la economía, que había tocado fondo, comenzó a repuntar y se empezó a dar el descenso del desempleo. Siendo claros: la “doble indemnización” que existió entre 2002 y 2004 no evitó que hubiera despido, pero tampoco impidió que, cuando a las patronales les convino, se tomaran nuevos trabajadores. El macrismo lo que hace es dejar ver su verdadera intención: que crezca el desempleo para así “disciplinar” a los trabajadores a aceptar salarios a la baja para incrementar las ganancias de los empresarios.
Efectivamente es necesario decretar la emergencia laboral. Pero no se evita la ola de despidos con la “doble indemnización” que termina en juicios interminables donde la patronal se juega a que la inflación se termine comiendo lo que hay que pagarle al trabajador. O jugando con la necesidad inmediata, se promueven “arreglos para cobrar ya” muy por debajo de lo que le corresponde por ley al despedido. La única salida como lo plantea el programa del Frente de Izquierda es que la prohibición de despidos y suspensiones sea efectiva y real y que toda empresa que la viole, sin excepciones, sea expropiada y pase a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.
El Socialista 26/04/16