Sin conciliación, continúa causa por mina de uranio en La Rioja
La semana pasada, en la ciudad de Córdoba, finalizó sin acuerdo la audiencia conciliatoria entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Municipio de La Rioja Capital, por la instalación de una mina de uranio. La Cámara Federal de Apelaciones dictaría fallo en los próximos días. La Asamblea Riojana Capital reclama que la decisión no sea establecida por un Juzgado, teniendo en cuenta que la comunidad de la Provincia ha manifestado en reiteradas oportunidades su contundente rechazo al proyecto.
Por Ecos Córdoba
El 10 de agosto, luego de casi un mes del cuarto intermedio, se retomó la audiencia conciliatoria en la causa por el amparo presentado por la CNEA en contra del Municipio de La Rioja Capital (Comisión Nacional Energía Atómica c/ Municipio del Departamento Capital de la Provincia de La Rioja s/Amparo Ley 16.986), que en 2013 había impedido por ordenanza la continuidad de una exploración con fines de explotar uranio a cielo abierto a 15 km. de la ciudad capital, en la denominada Quebrada de Alipán, localidad de El Cantadero.
La audiencia había sido convocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Sala B, para el mes de julio, a los fines de lograr un acercamiento entre las partes. En la vuelta del cuarto intermedio, por la CNEA estuvieron presentes abogados, geólogos y trabajadores sociales; y el Municipio estuvo representado por su Fiscal General, Raúl Galván, el Director de Política Ambiental Mariano Dellepere, y Andrés Cejas como Presidente de la Comisión de Salud, Ecología y Medioambiente del Concejo Deliberante capitalino. Fue convocada también la Provincia, representada en esta oportunidad por Carlos González, de la Fiscalía de Estado.
Desde el Municipio riojano se manifestó que un acercamiento o acuerdo entre las partes implicaría desoír o modificar la Ordenanza Municipal Nº 4930 de 2012 (cortesía de la Asamblea Riojana Capital), que prohíbe explícitamente la explotación uranífera o a cielo abierto en territorio capitalino; y que, por el contrario, el Concejo Deliberante, tenía previsto ratificar dicha prohibición (la semana pasada, efectivamente el Concejo ratificó esta posición). Por tal motivo, el juez Abel Sánchez Torres determinó la finalización de la audiencia, lamentando “que no haya avenimiento ni conciliación de las partes”.
Decisión en manos de la Cámara de Apelaciones
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba deberá decidir en los próximos días. A partir del 10 de agosto se establecieron diez días para apreciaciones de las partes, los cuales se cumplen la semana que viene, momento en el cual ya puede esperarse el dictamen.
Los jueces que integran la Cámara son Liliana del Valle Navarro, Luis Alberto Rueda y Abel Sánchez Torres. No es menor el dato de que uno de los jueces ha sido cuestionado y denunciado en más de una ocasión en causas de lesa humanidad.
Luis Rueda, presidente de la Cámara, fue denunciado en el marco de la Megacausa de La Perla por Teresita Piazza de Córdoba, sobreviviente y perseguida en épocas de la última dictadura por participar de la pastoral del Obispo Angelelli. Piazza denunció que Rueda, en 1984, al tomar su declaración como Secretario de la Cámara que hoy preside, le afirmó que si ella mencionaba a Luciano Benjamín Menéndez en su testimonio, el avance de su denuncia se complicaría. En el mismo marco, Patricia Astelarra lo denunció por iniciarle “un oscuro proceso judicial” a partir de que ella publicara junto a su marido y otra pareja sobre lo padecido en La Perla: a partir de ese libro, terminarían presos en democracia, por “asociación ilícita”. Carlos Yanicelli, policía acusado en el juicio de la UP1, ya lo había vinculado “con el aparato de la inteligencia dictatorial”. Finalmente, se puede mencionar un llamativo dictamen como Fiscal de Cámara al recibir, desde La Rioja, la causa con la imputación a cinco militares por el asesinato del Obispo Enrique Angelelli. En ese momento emitió un llamativo dictamen que motivó un fallo de la Cámara en el que se planteaba que, con las pruebas obtenidas, no se podía hablar de un accidente pero tampoco de un asesinato: “no hay elementos suficientes que permitan afirmar que el accidente haya sido efectivamente provocado; aunque tampoco puede descartarse esa posibilidad”. Ese extraño fallo permitió en aquel momento que se archivara la causa, y que fueran sobreseídos los militares imputados.
Vecinos Autoconvocados no legitiman el proceso judicial
Mientras se observa que la Justicia tiene aún mucho por recorrer en la investigación sobre la participación de los magistrados en la última dictadura militar, algunos de los cuales continúan en ejercicio; en los próximos días se espera un dictamen de este Tribunal con respecto al futuro ambiental de la ciudad de La Rioja. Desde la Asamblea Riojana Capital advirtieron que su postura es no depositar las esperanzas y la autodeterminación del pueblo riojano en este próximo fallo.
Al conocerse el llamado a las partes a la audiencia conciliatoria, como Asamblea resolvieron no solicitar participación en la misma, entendiendo que de hacerlo dejarían en manos de esta Cámara de Apelaciones la decisión sobre instalación de la cuestionada mina de uranio. Reclaman que debe atenderse a la cuestión de fondo, que es la libre determinación de los pueblos a decidir sobre sus bienes comunes, y a la ya expresada falta de licencia ambiental por parte de la población riojana para este proyecto. Marisa Romero comentaba a Ecos Córdoba en 2014 que “en toda la Provincia no se quiere la megaminería, hay encuestas que hablan del 70%, más o menos, de oposición de la población, y en La Rioja Capital es en donde se han hecho las marchas más grandes, de 20, 25 mil personas. Podemos decir que no hay licencia social para la minería, principalmente en este lugar”, haciendo referencia al Cantadero. “La Rioja no ha sido un pueblo minero, ha sido objeto de este tipo de extracciones que a La Rioja no le han dejado nada. Se aprendió sobre todo en la zona del oeste, en Famatina -principalmente con la exploración inglesa de principios de siglo-, que a nosotros no nos queda nada, que todas las riquezas del cerro se las llevan otros capitales”.
Las expresiones ciudadanas en La Rioja han sido muy amplias. En 2012 se realizaron las masivas marchas mencionadas, que obligaron al Municipio a dictar la ordenanza de prohibición. Luego se exigió como ciudadanía que la misma sea cumplida, con un acampe y bloqueo impulsado por la Asamblea Riojana Capital durante seis meses en 2014 frente al Cantadero, o numerosas actividades frente a la Casa de Gobierno de la Provincia. Como una manera de recordar este posicionamiento, fue que al iniciarse la audiencia conciliatoria en Córdoba, se le acercó al Tribunal un cuerpo de 80 folios con 2500 firmas expresando el rechazo de la población riojana a la minería uranífera y a cielo abierto.
http://www.anred.org/spip.php?article14834
21/08/17