Movilización contra la criminalización de la protesta y la prisión domiciliaria a genocidas
Ayer por la tarde, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia marchó de Congreso a Plaza de Mayo por la libertad de los detenidos y el cese de persecución a los manifestantes que participaron de las jornadas contra la reforma previsional del 14 y 18 de diciembre y también para repudiar la prisión domiciliaria y exigir cárcel común y efectiva para los genocidas.
Por ANRed | Fotogalería: Maximiliano Zurita y Germán Romeo Pena, para ANRed.
Alrededor de las 16:00hs, comenzó la concentración de las distintas organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ), que el martes en conferencia prensa había anunciado la realización de esta marcha para “exigir la cárcel común y efectiva para los genocidas y la libertad inmediata y cierre de las causas de todos los luchadores sociales”.
Los detenidos el 14 y 18 de diciembre, en el marco de las manifestaciones contra la reforma previsional, fueron acusados de “intimidación pública”. En la cárcel de Marcos Paz permanecen presos Diego Parodi, Juan Salomón Vallota, Sebastián Giancarelli, Esteban Rossano, César Arakaki y Dimas Fernando Ponce; mientras que Pablo Giusto está privado de su libertad en la cárcel de Devoto. Para María del Carmen Verdú, referente de Correpi, “son en todos los casos presos y políticos, porque fueron arrestados en el marco de una movilización popular y con el único objetivo de disciplinar”.
El otro eje de la marcha fue el repudio a la reciente prisión domiciliaria a genocidas, como en los casos de los represores Miguel Osvaldo Etchecolatz y Antonio Musa Azar, hechos que para el EMVyJ forman parte de la “impunidad” y de la “política represiva del gobierno nacional”.
Minutos después de las 17hs, la columna se dirigió a Plaza de Mayo. Durante la movilización, ANRed dialogó con Marcelo Ramal (Partido Obrero), Germán Tonero (delegado de General Motors e integrante del PSTU) y Christian Armenteros (Partido Piquetero), quienes brindaron su testimonio.
-Marcelo Ramal: “Estamos acá para reclamar por la libertad de César Arakaki, de Dimas Ponce y de los cinco compañeros detenidos por la jornada del 14 de diciembre. Todos ellos rehenes y presos políticos del gobierno de Macri, que los ha encarcelado en una tentativa de castigar y de sancionar a la enorme movilización contra el saqueo a los jubilados. Como no puede castigar a los 150.000 manifestantes, individualiza dos o tres en un juicio injusto y absurdo”.
-Germán Tonero: “Soy compañero de Sebastián Romero y estamos acá por el avance de la persecución que hay a los luchadores. Para nosotros es muy importante la movilización, muy simbólica, por lo que estamos viviendo. Este fin de semana he vivido también un hecho en mi familia de persecución, ya que allanaron la casa de mi hermana. Secuestraron las computadoras y todos los elementos que puedan tener información. Vemos que esta avanzada es muy preocupante porque lo que están tratando de hacer es meter miedo para poder llevar adelante los ajustes que quiere implementar el gobierno. En la fábrica los compañeros le están dando el apoyo a Sebastián”.
-Christian Armenteros: “Nos estamos movilizando del Congreso a Plaza de Mayo por la libertad de los compañeros detenidos en la rebelión popular del 14 y 18 de diciembre y repudiando la liberación de genocidas, como Etchecolatz. Esto forma parte de lo que está pasando en el continente. En Perú tenemos que ver al infame Fujimori libre por un indulto presidencial. Nosotros denunciamos que lo que ha pasado en este país es lo mismo. Macri está indultando genocidas y persiguiendo luchadores, criminalizando la protesta social. ¡Libertad a los presos por luchar!”
En la histórica plaza se desarrolló el acto, donde se leyó el documento conjunto, desde el que se denunció “la escalada represiva del gobierno de Mauricio Macri y sus socios, que implica graves violaciones a los derechos humanos, las libertades democráticas y las garantías constitucionales”. También se leyó una carta que escribió César Arakaki desde la cárcel, quien afirmó que su detención “demuestra que en este país reclamar no es considerado justo” y que espera que su encarcelamiento “fortalezca para continuar con nuestra legítima lucha”.
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Difundimos la Declaración completa del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia:
Estamos aquí para denunciar la escalada represiva del gobierno de Mauricio Macri y sus socios, que implica graves violaciones a los derechos humanos, las libertades democráticas y las garantías constitucionales. Intentan instalar un virtual estado de excepción para imponer un durísimo ajuste contra los trabajadores y el pueblo.
Por eso hoy nos hemos movilizado a esta plaza histórica, que siempre será del pueblo por más rejas que el gobierno le ponga. ¡Repudiamos esa escalada represiva, exigimos la cárcel común efectiva para los genocidas y la libertad inmediata y el cierre de las causas de todas las luchadoras y luchadores populares presos y perseguidos!
Las últimas muestras de impunidad son la prisión domiciliaria a Etchecolatz y otros genocidas condenados y el ascenso del gendarme Echazú, uno de los responsables del accionar represivo que terminó con la vida de Santiago Maldonado.
La domiciliaria a Etchecolatz y demás genocidas, que no es más que un indulto encubierto,generó protestas en todo el país. En Mar del Plata, el sábado 6 hubo una enorme marcha y al otro díaun concurrido escrache ante su domicilio. En Santiago del Estero, el martes se hizo un escrache al genocida Antonio Musa Azar. Y ayer en Mar de Ajó hubo otra marcha de repudio a la domiciliaria al genocida Norberto Bianco. ¡Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar!
La ofensiva represiva pegó un salto a partir de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y del asesinato de Rafael Nahuel, ambos a manos de fuerzas de seguridad al mando de la ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.
• Ya las marchas por Santiago sufrieron operativos de persecución de manifestantes y detenciones indiscriminadas, con apertura de causas penales.
• El 12 de diciembre el gobierno reprimió la marcha contra la OMC.
• El 13, reprimió a los movimientos sociales que se manifestaban en el centro, causando numerosos detenidos y heridos, entre ellos dos diputados nacionales.
• En las jornadas del 14 y el 18 contra la reforma previsional, la represión contra cientos de miles de personas incluyó gases tóxicos y hubo una feroz persecución y cacería cuando se retiraban las columnas. El uso de balas de goma y piedras por las fuerzas de seguridad, dirigidas al pecho de las mujeres y a la cara de los hombres, dejó numerosos heridos, algunos de ellos graves, y tres manifestantes perdieron un ojo.
En la misma tónica del gobierno nacional, en varias provincias los gobernadores también reprimen y persiguen a los que luchan. Entre otros casos, se reprimió con balas de plomo a la comunidad wichí en Formosa, se reprimió a los estatales en Santa Cruz y a los obreros del Ingenio La Esperanza en Jujuy. En este último caso, la inmediata respuesta y solidaridad logró la liberación de todos los detenidos.
Un grave antecedente es el “Informe” del Ministerio de Seguridad y los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Chubut para reprimir a los pueblos originarios, en especial al pueblo mapuche. Intentan crear un enemigo interno, inventando a un grupo terrorista inexistente para criminalizar a las comunidades originarias, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones políticas y hasta al movimiento de mujeres kurdas. ¡Basta de persecuciones e inventos! ¡Libertad y no extradición de Facundo Jones Huala!
Esta ofensiva autoritaria contra los derechos y libertades de nuestro pueblo, inédita en los últimos 35 años, pretende criminalizar también la acción de diputados como los de Unidad Ciudadana y del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que además de ser reprimidos son denunciadospenalmente por el gobierno, hecho que repudiamos.
El cuadro se completa con un avance contra el pluralismo y la libertad de expresión, como consecuencia de la uniformidad y concentración de medios de comunicación que actúan como voceros del gobierno. Las patronales de los grandes medios, que marcan la línea editorial, sostienen las políticas ajustadoras y las aplican en sus empresas. Reiteramos nuestra solidaridad con los trabajadores de prensa y de los medios alternativos que fueron reprimidos el 14 y 18 de diciembre por un gobierno dispuesto a todo para ocultar la verdad.
La prisión dictada contra César Arakaki el 29 de diciembre y contra Dimas Fernando Ponce anteayer; la persecución y demonización de Sebastián Romero por haber participado de la protesta popular del 18; la arbitraria detención de Rossano, Parodi, Giusto, Giancarelli y Valotta en la cacería desatada por la gendarmería en la jornada del 14, los convierte en nuevos presos políticos de Macri y su justicia cómplice, que para imponer el ajuste quebrantan los derechos a manifestar. Denunciamos también que una y otra vez se niega la excarcelación de todos los detenidos con el argumento de que podrían entorpecer la investigación. Este hecho es una prueba más de la voluntad de disciplinar a nuestro pueblo y desalentar a los miles de jóvenes que se movilizaron el 14 y el 18 de diciembre.
Las acusaciones de que César Arakaki y Dimas Fernando Ponce habrían sido autores de una lesión a un policía y de que Sebastián Romero habría sido pieza clave de un supuesto plan de rebelión, un delito gravísimo, no son contrastadas con ninguna prueba y toda la causa es un intento de transformar una enorme manifestación popular en un delito penal.
La aparición de un supuesto explosivo casero en la Central de Policía, con una nota apócrifa inculpando al Partido Obrero, es otro intento de amedrentar a los que enfrentamos el ajuste.
Repudiamos al fiscal general Germán Moldes, que pide endurecer la ley para que los manifestantes que son apresados en las movilizaciones no sean excarcelados. Y denunciamos que el juez Sergio Torres, funcional al gobierno de Macri, encarcela y demoniza a manifestantes como “violentos” para ocultar la represión de las fuerzas de seguridad del Estado.
• Violencia es responder con palos y gases a los reclamos sociales.
• Violencia es obligarnos a convivir nuevamente con los genocidas.
• Violencia es saquear los bolsillos de los jubilados y de quienes reciben la Asignación Universal por Hijo.
• Violencia es la reforma laboral, que busca arrasar con derechos históricos.
• Violencia son los despidos y las paritarias a la baja.
• Violencia es aumentar el endeudamiento externo y aprobar las leyes que ordena el FMI.
• Violencia es amenazar con multas o quite de personerías a sindicatos, organizaciones políticas y sociales, buscando atropellar el derecho democrático elemental a la protesta.
Pero pese a toda la represión policial y las persecuciones oficiales, y pese al freno de las burocracias sindicales, en todo el país crecela resistencia de la clase trabajadora.
• En Azul prosigue, con apoyo popular, el acampe de los obreros de Fabricaciones Militares por el cierre de Fanazul.
• En La Plata sigue la resistencia contra los despidos en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y hoy mismo hubo un paro regional de ATE.
• Los trabajadores de prensa resisten los despidos en los medios públicos.
• Lo mismo en el Ministerio de Defensa, donde los despidos afectan incluso a áreas de Derechos Humanos.
• También enfrentan los despidos en el Ministerio de Ambiente, pese a la militarización.
• Los municipales de Quilmes, Lanús y 3 de febrero que ayer en solano hicieron una gran movilización contra los despidos.
• En Berisso, los trabajadores municipales lograron que no se votara una “emergencia económica” de ajuste y el intendente tuvo que firmar un compromiso de no despedir.
• Hay numerosas luchas por fábrica en el sector privado, como las de las metalúrgicas Rapiestant (La Matanza), Stockl (sur del GBA) y Envases del Plata (Morón) y en la Oleaginosa Bolívar, por la reincorporación de los despedidos.
• En Cresta Roja los obreros mantienen el conflicto por deudas salariales.
• En Santa Cruz, los petroleros están en lucha contra el plan de 800 despidos en YPF y otras empresas.
• Lo mismo en Molinos Río de La Plata, en la planta de Esteban Echeverría.
Compañeras y compañeros:
Son todas estas luchas las que teme el gobierno de Macri y esta es la causa de su escalada represiva. Las movilizaciones masivas, como las que hubo contra la reforma jubilatoria. Los cacerolazos populares. Las marchas contra la impunidad de los genocidas. El gobierno de Macri le teme al pueblo trabajador y a la juventud en las calles. ¡Por eso festejamos que en estos días el gobierno se haya visto obligado a postergar el tratamiento parlamentario de su reforma laboral esclavista y seguiremos luchando para que no se apruebe!
En este marco de lucha, unidad y resistencia, seguimos exigiendo:
● No a la domiciliaria a Etchecolatz. Para los genocidas, cárcel común y efectiva.
● Justicia para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
● Libertad a César Arakaki, a los detenidos del 14 de diciembre y a todos los presos políticos. Cese de la persecución a Sebastián Romero y Dimas Ponce. Cierre de todas las causas a los luchadores populares.
● Fuera Bullrich.
● Repudiamos la denuncia del Ministerio de Seguridad a los diputados opositores que enfrentaron la reforma previsional.
● No a la persecución a las comunidades originarias. Abajo el informe del Ministerio de Seguridad.
● Solidaridad con todos los trabajadores despedidos, en lucha por su reincorporación.
● No al ajuste y la represión de Macri y los gobernadores.
● No al paquete de reformas contra los trabajadores y el pueblo.
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia – 11/1/18
http://www.anred.org/spip.php?article15859
12/01/18