El progenitor de la menor quedó detenido ya que fue denunciado por su pareja y por el hospital donde atendieron a la niña. El hombre quedó imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.
En Argentina, cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, parir y criar. El 80% de los casos de embarazos en niñas es producto de abuso sexual intrafamiliar, según el estudio Embarazo y Maternidad en Adolescentes y Menores de 15 años elaborado por Unicef Argentina.
Desde a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito manifestaron su repudio mediante un comunicado y señalaron su preocupación ante la reiteración de la vulneración de los derechos humanos de las niñeces.
«El hecho de Salta (que se repite en otras provincias) evidencia una vez más que ni las instituciones educativas, ni el sistema de salud, ni los organismos de protección de derechos de la niñez cumplen con su obligación de garantizar estos derechos. En cambio, actúan por omisión o presiones institucionales obstaculizando el acceso a la ILE o IVE» afirman.
Agregan «las niñas tienen derecho al juego, a la educación, a la salud y a que se respete su interés superior. Cada vez que se soslaya incluir en la educación y en la atención de la salud pediátrica la detección de situaciones de violencia sexual, esas niñas deben parir y luego asumir tareas de crianza que las alejan de la escolaridad formal y las condenan a vidas precarias, donde su propio proyecto vital queda condicionado a cumplir o a desobedecer el mandato de la maternidad. La gestación, el parto, sus riesgos de salud y las obligaciones morales que se imponen en la infancia constituyen situaciones de maltrato y tortura. Estas prácticas de obstrucción de derechos continúan la violencia del abuso sexual hacia las infancias».
Asimismo remarcaron la reiteración en la violación de normativas vigentes en la que incurre la provincia de Salta, denunciando la judicialización de la médica Miranda Ruiz que fue imputada en una causa penal, luego de practicar una Interrupción Legal del Embarazo en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.
Exigimos efectivo cumplimiento de la ESI y la inmediata incorporación del derecho a la IVE en los contenidos curriculares. Efectiva implementación de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Presupuesto para garantizar estos derechos en el ámbito de la salud y de la educación a nivel federal. Son niñas, no incubadoras. ¡Basta de obligarlas a gestar, a parir y a criar!. Basta de persecución y judicialización a quienes garantizan derechos. ¡Garantizar derechos no es delito! ¡Sobreseimiento a Miranda!» finalizan.
https://www.anred.org/2022/04/04/en-un-mundo-justo-las-ninas-no–son-madres/