Ponerle a la calle 36 el nombre de un dirigente de la derecha peronista abiertamente vinculado a la represión ilegal previa a la dictadura más allá de la gravedad en sí misma, también levanta la figura de un sector del sindicalismo que con su práctica estuvo abiertamente enfrentado al sindicalismo de base, antiburocrático y clasista que expresaba Agustín Tosco.
El dirigente obrero de Luz y Fuerza fue uno de los exponentes del sindicalismo de base y revolucionario, que expresaba una postura de independencia de clase y estaba en las antípodas del verticalismo burocrático de la CGT, planteando el desarrollo de un ejercicio democrático de consulta permanente a las bases. Fue uno de los referentes del Cordobazo, de la Coordinadora de Gremios en Lucha y por su militancia fue preso y perseguido.
Rucci por su parte defendía el modelo tradicional, verticalista y burocrático como forma de acción sindical, vinculado a patotas de todo tipo que buscaban eliminar todo surgimiento de militancia de base dentro de los gremios o expresiones vinculadas a la izquierda o el peronismo revolucionario. Promovió el Pacto Social con el empresariado, la conciliación de clases y se alineó con la represión al movimiento obrero que expresaba una política independiente para la clase trabajadora.
La intervención anónima que vuelve a renombrar la calle trae nuevamente el debate dentro del sindicalismo en una coyuntura en la que el Gobierno nacional pone en agenda nuevamente un intento de Reforma Laboral que busca consolidar un golpe a la clase trabajadora en base a una modificación drástica y permanente de las condiciones laborales.
Este intento de barrer con los derechos de la clase trabajadora aprovecha la aguda fragmentación de la clase, con niveles crecientes de precarización laboral que desde hace más de 25 años no baja del 30%, con salarios de pobreza incluso en el sector formal del trabajo pero que al mismo tiempo todavía mantiene un nivel de sindicalización y organización colectiva que sigue siendo de los más altos de América Latina y el mundo.
En este marco, el debate volverá a instalarse en el sindicalismo: hay sectores de la CGT, como el que expresa el secretario General de la UOCRA y ex colaborador civil de la última dictadura, Gerardo Martínez, que están prestos a negociar derechos laborales y acordar con el Gobierno modificaciones regresivas en la legislación laboral; mientras que existen sindicatos, comisiones internas, cuerpos de delegadas y delegados que no estarán dispuestos a entregar sus derechos laborales y plantearán una agenda de coordinación y lucha para enfrentar un modelo que sólo pretende beneficiar al sector del capital más concentrado, a base de una precarización mayor y permanente de las condiciones de vida de las mayorías.
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