Iglesia y dictadura: Benditos sean los genocidas del proceso
Escribe: Antonio Farés
El golpe de estado genocida de 1976 tuvo a la cúpula de la Iglesia Católica entre sus más destacados apoyos. No nos referimos a algunos curas y obispos aislados actuando a título personal. Hablamos de la complicidad total y absoluta de la jerarquía de la institución con las desapariciones y torturas, que incluyó también a sacerdotes católicos que se opusieron a la dictadura.
La Iglesia como institución apoyó abiertamente al gobierno militar e incluso hubo muchos curas jugando un rol activo en el mismo. En 1976 el vicario castrense Victorio Bonamín decía: “El Ejército está limpiando la impureza de nuestro país”. La Conferencia Episcopal, presidida por el cardenal Primatesta, en mayo de 1976, dos meses después del golpe, decía que “sería errar contra el bien común” pretender que “los organismos de seguridad actuaran con pureza química de tiempos de paz, mientras corre sangre cada día”. El cardenal Juan Carlos Aramburu en un reportaje de 1982, dijo: “¿Desaparecidos? Hay desaparecidos que hoy viven tranquilamente en Europa”. Pio Laghi, el embajador del Papa, visitó Tucumán gobernado por el carnicero general Bussi, defendiendo que era necesario “ejercer la autodefensa” y que “habrá de respetar el derecho hasta donde se pueda” (Iglesia y Dictadura, de Emilio Mignone).
En 2007 fue condenado a perpetua el cura Christian Von Wernich, capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires durante el Proceso, por su participación en secuestros, homicidios y torturas. Era la primera vez que un miembro de la Iglesia iba a juicio y recibía condena. En ese entonces las autoridades eclesiásticas intentaron hacer creer que se trataba de “algunos elementos sueltos” o “casos aislados”. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, declaró en el juicio a Von Wernich que le llevó al Papa Juan Pablo II un informe con 84 casos de niños desaparecidos y que la respuesta del Papa fue: “usted tiene que preocuparse de los niños de los países comunistas”.
Con el retorno de los gobiernos constitucionales en 1983 y el comienzo de las investigaciones judiciales sobre los crímenes de lesa humanidad, la Iglesia desplegó toda su influencia al servicio de encubrir a los genocidas. Lo hicieron en particular en 1987, poco antes de la sublevación de Rico en Semana Santa, respaldados por el propio Juan Pablo II cuando vino a la Argentina a hablar de la “reconciliación”. Por eso los carapintadas utilizaron esa argumentación proporcionada por la Iglesia para lograr la Obediencia Debida y el Punto Final.
Al día de hoy la Iglesia sigue sin entregar sus archivos a la justicia. Es una institución cómplice de la impunidad que sigue reinando 40 años después. Por eso este 24 de marzo marcharemos también por cárcel a los cómplices del golpe pertenecientes a la Iglesia.
El Socialista 16/03/16