Catástrofe ecológica, una consecuencia del capitalismo y sus transnacionales
Agrupación La Protesta – Bolivia
Agrupación La Protesta ante la
Conferencia Mundial sobre Cambio Climático
Catástrofe ecológica: Una consecuencia directa del capitalismo y sus transnacionales
Entre los días 19 y 22 de abril se realizará en Cochabamba la “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra”.
Se anuncia una concurrencia de más de 10.000 personas de 50 países y propuestas del gobierno de Bolivia, que es el convocante, para proponer un referéndum mundial para pronunciarse sobre la necesidad de que los países imperialistas bajen sus emisiones de carbono y apoyen con fondos para que los países del sur puedan hacer lo mismo.
A la conferencia concurrirán indudablemente miles de activistas sociales dispuestos a luchar contra la depredación social y ambiental capitalista. También asistirán representantes de varios gobiernos. Pero existen dos graves problemas, en primer lugar la propia organización del evento que no dio lugar a debates en los que se pudiera cambiar las propuestas, en segundo lugar las propias propuestas que son inconducentes para el supuesto objetivo de detener la destrucción ambiental.
Esto es así, porque el gobierno de Evo Morales denuncia al capitalismo en el norte, pero pacta con las transnacionales en Bolivia, que son las que producen la mayor destrucción ambiental en Bolivia y en el resto del mundo. Entonces no hablar del tema boliviano y sí solo del problema mundial, es escamotear el problema real que no es sólo, ni principalemente, la emisión de CO2.
A continuación los textos del folleto especial que la Agrupación La Protesta publicó frente al evento.
Catástrofe ecológica: Una consecuencia directa del capitalismo
Desde el último siglo, la humanidad ha vivido una explosión demográfica acompañada por una alta tasa de acumulación y concentración de capital, que ha permitido a los países industrializados del norte gozar de un estilo de vida distante al que pueden optar los países del sur.
Este orden mundial, tiene su origen en la revolución industrial que se consolida a partir del aprovechamiento del petróleo, como fuente energética de bajo coste. Los excedentes que resultaron de esta fuente y su aprovechamiento capitalista, permitieron la consolidación del imperialismo moderno cimentado en siglos de conquista, genocidio, saqueo, esclavismo y explotación de las colonias en América Latina, Asia y Africa.
Este sistema ha acumulado consecuencias catastróficas, sobre la base de una explotación desmedida de los suelos, de la emisión de toneladas de CO2 a la atmósfera, de la extracción y contaminación de recursos hídricos, de la erradicación de especies nativas y, sobre todo, de la dominación de pueblos y sociedades enteras al servicio de los dominantes. Hoy día, el planeta Tierra nos pasa la factura por la depredación cometida, que ha beneficiado a unos pocos.
Es el sistema capitalista que basa su modelo de “bienestar” a costa de la mercantilización de la naturaleza y del ser humano, donde todo se traduce en oferta y demanda. Se determina el valor en función a su precio, se invisibiliza el coste del agua para una explotación minera, al mismo tiempo que se privatiza el líquido para el consumo humano.
En este modelo económico mundial, normado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) se promueve que los países dominados abran sus mercados a la libre competencia, se fomenta tasas arancelarias y subvenciones para proteger a los países imperialistas y se sacrifique la soberanía alimentaria de los pueblos a costa de su dependencia al mercado!
Las demandas de políticas ambientales se minimizan ante el justificante de la “competitividad”. La naturaleza del sistema capitalista le impide atender a esas demandas, cuando mucho, procura adaptarlas en su dinámica mercantilista. Esa es la razón por la que nos encontramos con engañosas propuestas autodenominadas “ecológicas” o de “producción limpia”, cuando en verdad, son un derivado más del capital: los biocombustibles, los mercados internacionales de productos orgánicos, los bonos de carbón, los automóviles eléctricos, al servicio de la ganancia de las transnacionales. ¿Cómo podemos confiar en compañías como Nestlé que comercializa productos ecológicos al tiempo que promueve la venta de transgénicos? ¿Qué criterio nos merece SUMITOMO que acuerda la producción de baterías de litio para vehículos eléctricos a la vez que promueve el desastre ecológico en la Mina de San Cristóbal? ¿Qué confianza nos merecen las nuevas tecnologías alternativas que surgen desde la base de una lógica mercantilista?
Los gobiernos sometidos al capital internacional, proponen modestas soluciones que no se contrapongan con las utilidades que perciben las empresas transnacionales. Los resultados del protocolo de Kioto y el fracaso de Copenhague, son una muestra de quién mueve los hilos en las políticas ambientales: Son las empresas transnacionales los verdugos de esta masacre ambiental, ¡Una verdadera lucha contra el cambio climático, es oponerse a las transnacionales!
¿El capitalismo andino amazónico puede ser una alternativa?
El Vicepresidente Alvaro García Linera, llama a la construcción de un modelo capitalista “andino amazónico”. Pasado un año de estas declaraciones (2007), García Linera, profundiza su propia visión del desarrollo (capitalista) de Bolivia, acudiendo a una metáfora de una locomotora: “Siendo el Estado el que asume la síntesis de la voluntad general… y el primer vagón de la locomotora. El segundo es la inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la microempresa; el quinto, la economía campesina y el sexto, la economía indígena. Éste es el orden estratégico en el que tiene que estructurarse la economía del país.”
El orden de prioridades muestra su apego hacia el modelo capitalista, más aún, sorprende que haya excluido en esta visión a los trabajadores asalariados urbanos, formales e informales, y a los mineros, que son los que producen la mayor parte de las riquezas del país. Por otra parte, consideramos que el orden de los “vagones” no siempre está tan claro, ni que el Estado sea la “síntesis de la voluntad general”. A juzgar por lo ocurrido en el sector hidrocarburífero, las transnacionales Petrobrás y Repsol mantienen un fuerte control sobre esta actividad; así como en la minería, la empresa San Cristóbal es quien obtiene los mayores dividendos por este negocio; vemos entonces que en la práctica no siempre es el Estado el que está al mando de la locomotora.
Por su parte, Evo Morales desarrolla una perspectiva similar a la de su vicepresidente, considerando las transnacionales como aliadas del Estado, en una alianza de clases que incluya a los “empresarios patriotas” y los “militares nacionalistas” con el fin de construir un “país productivo y moderno”, gracias a los beneficios de los recursos naturales “recuperados por el Estado”. Por un lado llama a la conciliación de clases y a la implementación de un modelo capitalista nacional; y por el otro, defiende a la Pachamama y dice que la solución contra el cambio climático es “acabar con el sistema capitalista” (¿!).
El capitalismo no es un asunto subjetivo, existe y está en vigor en Bolivia, se manifiesta en las actividades de las empresas transnacionales y de la burguesía nacional. Si queremos luchar contra el cambio climático debemos atacar el problema de raíz, y en Bolivia.
Saqueo y destrucción ambiental en Bolivia
Ríos, lagos, lagunas y tierras envenenadas por transnacionales forman parte de la historia de centenares de comunidades. Pero lo peor es que tanto el saqueo como la destrucción ambiental continúan con el actual gobierno. El ejemplo más evidente es la mina San Cristóbal.
Pero, no es el único caso. Proyectos como el de explotación de hierro en El Mutum, entregado a la transnacional Jindall, pueden repetir este esquema de devastación ambiental. El plan IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), cuyo principal objetivo es beneficiar a las transnacionales con grandes carreteras bioceánicas y continuar el saqueo de los recursos naturales de la Amazonia, fue adoptado por el actual gobierno con “generosos” créditos de Brasil y el Banco Mundial, que tendremos que pagar los bolivianos y bolivianas. Las represas del río Madera en el Brasil, y el disparatado proyecto de la represa del Bala, la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza, provocarán un desastre ambiental en función de las necesidades energéticas de los patrones de San Pablo.
La deforestación amazónica avanza a un ritmo de 300.000 hectáreas por año, dando paso al monocultivo de soya transgénico y otros productos de exportación.
El gobierno dice que son proyectos necesarios para la industrialización y desarrollo de Bolivia. Pero a la luz de lo ocurrido tantas veces, habría que discutir públicamente, con las organizaciones del pueblo trabajador y especialmente con las poblaciones más afectadas, qué beneficios reales dejarán y las consecuencias ambientales.
La depredación ambiental y social mundiales sólo podrán comenzar a solucionarse con la liquidación del imperialismo y capitalismo con sus transnacionales e instituciones como la OMC, FMI, Banco Mundial, etc, y la instauración de un orden mundial socialista.
Plataforma para terminar con la depredación capitalista imperialista
No habrá soluciones a la depredación ambiental y social que impone el capitalismo global sin cambios de fondo, comenzando por nuestro país.
Por la verdadera nacionalización, confiscación (sin pago), con expulsión de las transnacionales, bajo control y dirección democrática de los trabajadores, campesinos, indígenas, obreros y pueblo oprimido de la ciudad y el campo. Industrialización de Bolivia de estos recursos.
Confiscación de la tierra en manos de los terratenientes y entrega de las mismas a trabajadores del campo y pueblos indígenas. Producción agrícola orientada a la seguridad y soberanía alimentaria de la población y rechazando el monocultivo intensivo para exportación, con el reconocimiento de los saberes y prácticas ancestrales campesino indígenas.
Por el desarrollo, a partir de la universidad estatal con suficiente presupuesto estatal, de la investigación científica orientada a resolver las necesidades populares.
Declarar el agua bien inalienable del pueblo boliviano. Por empresas públicas de distribución de agua controladas por los trabajadores, campesinos e indígenas. .
Se declara propiedad de la humanidad, no sujeta a comercialización mediante patentes, el banco genético procedente de los ecosistemas naturales. Declarar nulas las patentes genéticas.
Contra el mercado de bonos de carbono. Que los países imperialistas y empresas transnacionales paguen su deuda ecológica producto de la contaminación acumulada.
El escándalo de «San Cristóbal»
Andrés Soliz Rada
El Ministro de Minería, José Pimentel, reveló que la empresa minera “San Cristóbal” (MSC), genera ganancias por mil millones (MM) de dólares al año y tributa 35 MM. (“La Razón”, 17-03-10). Utiliza 50.000 metros cúbicos de agua por día. MSC está en la casi desértica provincia Nor Lípez de Potosí. Los 35 MM no cubren el costo del agua para uso doméstico en el cercano norte de Chile y mucho menos para uso industrial. Por tanto, la tributación de MSC se reduce a cero, ya que no paga por el agua que utiliza. MSC es uno de los yacimientos de plata, zinc y plomo más grandes del mundo. Comenzó a ser explotado en julio de 2007, en el gobierno de Evo Morales. Es una mina a tajo abierto, es decir se usaron explosivos para abrir boquetes de 1.5 a 2 kilómetros de diámetro y 300 metros de profundidad.
En zonas áridas y desérticas, el agua es el recurso más valioso. En 20 años de contrato, lapso en el que se agotarán las reservas, MSC extraerá 240 MM de toneladas de mineral, mediante el uso de 292 MM de metros cúbicos de agua. Sólo el 18 % de esa agua es reciclada. La reposición de las aguas fósiles (depositadas hace 10.000 años) tardará seis décadas, desde que cese el bombeo, dice Jorge Molina. La contaminación ácida de aguas superficiales y subterráneas arrastra aluminio, arsénico, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, níquel antimonio y zinc. Provoca sequía en fuentes y bojedales, además de la muerte de flamencos, pájaros y otras aves, advierte Robert E. Moran. MSC no quiso entregar a este experto, contratado por entidades campesinas de la zona, datos sobre el agua que consume… La fiscalización estatal es inexistente.
Evo visitó MSC el 06-09. Indicó que se sentía feliz de lo que veía (Iturralde, 2009:1). Anotó que “Bolivia respeta a las empresas extranjeras y dijo estar sorprendido por el trabajo que realiza la empresa…”. Dio todas las garantías en temas de seguridad jurídica. (EFE, 26-06-09). Dos meses antes, El 22-04-09, la ONU declaró a Evo “Héroe y Defensor de la Madre Tierra”, por promover el “Día Mundial de Defensa de la Tierra”. El 22-03-10, recomendó que “el agua sea parte del derecho humano de los pueblos”…
El contrato con MSC se firmó con Appex Silver, compañía registrada en las Islas Caimán. Su inversionista institucional fue George Soros. La “Soros Found Management” financia la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), para la que trabajó Juan Ramón Quintana, antes de ser el ministro más influyente de Evo…En enero de 2009, la japonesa Sumitomo compró a la Appex su paquete accionario…
Pimentel indicó que no fue posible aprobar un impuesto a las utilidades mineras, ya que, si ello sucede, las empresas declaran pérdidas, como aconteció en gestión pasada. Explicó que si se aumenta la tributación se perjudicará a las cooperativas, ya que los impuestos deben ser universales (“La Razón”, 17-03-10), como si no fuera posible incluir un artículo que separare a cooperativas de compañías que ganan 1.000 MM de dólares al año y tributan, según el Ministro, 35 MM, además de recibir elevadas subvenciones por el agua, mientras destruyen el medio ambiente.
Argentina: Diputada Liliana Olivero
“En Córdoba logramos prohibir la minería a cielo abierto”
En la Legislatura de la Provincia de Córdoba (3.220.000 habitantes), la diputada Liliana Olivero, de Izquierda Socialista, apoyando el proyecto de ley, expresó:
“El sentido de la ley excede a la Provincia de Córdoba. Gran parte de las provincias están siendo esquilmadas por los grandes grupos mineros que utilizan métodos destructivos y contaminantes como una forma de abaratar costos. La grave situación a la que se ha llegado en este terreno es la que ha motivado un gran proceso movilizador popular, que dio origen a la ley que estamos tratando.
“Cada vez que se levanta una denuncia los denunciantes son acusados de querer impedir el desarrollo del país; es una falsa acusación.
“Se puede tener una industria minera sin contaminar, muchas veces no deja ganancias, pero no nos preocupa el bolsillo de Barrik (empresa minera) sino las condiciones de vida de la población.
“No quiero dejar de señalar que un desarrollo minero sustentable no contaminante es viable, que tiene que estar al servicio de la población y sólo puede desenvolverse sobre la base de que sea tomado como una cuestión de Estado, con la nacionalización de la actividad minera, con la colocación bajo el control de los trabajadores y de todas las organizaciones ecologistas, cargando en estas empresas denunciadas el costo de la remediación del medioambiente y el sostenimiento de los trabajadores en cada uno de
los puestos de trabajo.
“No queremos una nacionalización para que hagan negocios los depredadores con indemnizaciones; queremos una nacionalización para desenvolver una industria minera al servicio del conjunto de la población”.
La ley dice: “PROHÍBESE en todo el territorio de la Provincia de Córdoba la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales… LOS titulares de concesiones y/o de derechos mineros … deberán adecuar todos sus procesos a las previsiones de… la presente Ley en el término de seis meses… bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la concesión minera”.
Después de este debate en Córdoba, el pueblo de Andalgalá (Provincia de Catamarca) protagonizó una rebelión, después de años de reclamos pacíficos y después de sufrir una feroz represión, contra la minera Yamana Gold, obligando a la justicia a suspender sus actividades.
Transredes y el río Desaguadero
Uno de los desastres ambientales más graves en Bolivia fue causado por la Shell y la Enron, dueñas de la empresa “capitalizada” Transredes. El 30 de enero del 2000, en el sector de Sica Sica, se produjo la ruptura del ducto que transportaba petróleo de Bolivia a Chile y se derramaron 29.000 barriles de petróleo en el río Desaguadero, afectando gravemente la flora, fauna, suelos y agua de más de un millón de hectáreas y a 127 comunidades de los departamentos de Oruro y La Paz. Transredes hizo trabajos superficiales de limpieza, pero dejó el río y los suelos contaminados con sustancias cancerígenas, que siguen provocando daños.
Cuando la supuesta “nacionalización”, Transredes fue indemnizada por el gobierno Evo Morales con 241 millones de dólares, pagándole por inversiones no realizadas y sin cobrarle el desastre ambiental causado por la empresa. El presidente de YPFB Transportes, Gildo Angulo, que denunció este negociado, fue destituido.
UIT CI 12/04/10