Asesinato de Silvia Suppo: «hay denominadores comunes con el caso López»
El 29 de marzo Silvia Suppo fue brutalmente asesinada. Testigo clave en la causa Brusa, Suppo impulsó un nuevo juicio que implica a policías que hasta hoy caminan libres como responsables de la desaparición en 1977 de Reynaldo Hattemer, su novio. Silvia señaló sentirse hostigada e intimidada en diversas ocasiones, particularmente desde que comenzó el proceso de la causa Brusa. La explicación de que se habría tratado de un «robo común» no satisface a los organismos de derechos humanos ni a los familiares de Silvia, que exigen el esclarecimiento absoluto de los hechos. Días antes del asesinato, el gobierno provincial había sido advertido por la Casa de los Derechos Humanos de Santa Fe de la posibilidad de una escalada en la serie de amenazas y hechos de intimidación contra testigos y querellantes. Desde las esferas oficiales, sólo la vicegobernadora Griselda Tessio señaló, en discordancia, que podría tratarse de «sicarios».
Por Indymedia Rosario.
Quién era Silvia
Es ahora, entre todas las versiones alrededor del asesinato de Silvia Suppo, cuando conviene recordar quién era, qué le pasó y a quiénes logró llevar a la justicia.
El 25 de enero de 1977 Reynaldo Hattemer, de 23 años, militante de la Juventud Peronista, asistió al casamiento de su hermano en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en Rafaela. Al finalizar la ceremonia, un grupo armado, de civil, lo secuestró a la vista de todos. Nunca más se supo de él.
Suppo tenía 17 años y fue secuestrada el 24 de mayo de 1977. La fueron a buscar a su lugar de trabajo. Antes habían pasado por la casa familiar, de donde también se habían llevado a su hermano, Hugo. Ambos fueron trasladados a Santa Fe, en un auto en cuyo baúl también había otro compañero, Jorge Destéfani.
Silvia fue trasladada a la seccional 4ta de Policía en Santa Fe. De allí la llevaron al centro clandestino de detención «La Casita», donde estuvieron secuestrados los tres. Allí, Silvia fue violada reiteradas veces. Eso permitió que ella denunciara el abuso sexual como metodología de tortura hacia las mujeres detenidas durante la dictadura.
Al poco tiempo Silvia pasó a ser una presa legal y fue derivada a la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), donde el jefe era Juan Calixto Perizotti, acompañado por una joven que cumplía todas sus órdenes: la carcelera María Eva Aebi. Allí, descubrieron que Silvia estaba embarazada. «A este error hay que repararlo», dijo Perizotti frente a Aebi. Así, la carcelera junto a otros oficiales de civil que se hicieron pasar por familiares, la llevaron con un médico de Santa Fe que le practicó un aborto.
«Silvia fue una detenida política de la década del 70 y Silvia fue una militante que asumió el compromiso de aportar a la justicia testimoniando en la llamada «Causa Brusa» el año pasado, a partir de la cual se condenó por primera vez a seis de los represores de Santa Fe, entre ellos, la primera vez en la historia del país que se condena a un miembro del Poder Judicial que era el ex juez Brusa«, la recuerda Milagros Demiryi, integrante de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe.
«Pero, además de eso, Silvia estaba como querellante en una causa que está en instrucción y que se está por elevar a juicio que ya es una megacausa porque tiene alrededor de entre cuarenta y cincuenta desapariciones y, en el contexto de este juicio, Silvia denunciaba la desaparición de su compañero e imputaba a varias personas que ella pudo reconocer. Y es de destacar que entre los imputados hay personal de la policía y hay dos personas que viven aquí en Rafaela, que están libres«, agregó.
Intimidaciones y amenazas
Pisando la década del 80, Silvia Suppo y Jorge Destéfani fueron liberados. Pasado el tiempo, se casaron y tuvieron hijos. Decidieron quedarse en Rafaela y luchar juntos, por memoria y justicia para Reynaldo Hattemer, el novio de Suppo desaparecido a manos de los genocidas.
Permanecer en Rafaela no fue fácil. En el testimonio que brindaron al programa santafesino «Ciudad Oculta» que acompaña a esta nota, Silvia y Jorge también relatan lo difícil que les significó volver a Rafaela luego de su liberación y su intento de reinserción en una ciudad que, dicen, los «demonizaba». Algunos de sus vecinos y amigos relatan que Destéfani decía que se sentía vigilado por la policía, de la cual desconfiaba, y por ello mismo no se sentía seguro en Rafaela.
Jorge murió el año pasado y no llegó a testimoniar en la Causa Brusa, ni acompañar a Silvia en el momento de la sentencia.
«En Rafaela, lo que sucedía era que pasaba un patrullero, que se le instalaba en la puerta de la casa, o personas se le instalaban frente al comercio, que se quedaban mirándola. A algunos, ella los conocía», asegura Lucila Puyol, integrante de HIJOS Santa Fe y la abogada que representa a los hijos de Silvia Suppo en la causa por el asesinato de su madre. «Todos los hechos que sucedieron fueron informados a la Secretaría de Derechos Humanos«, resalta la abogada.
La sentencia de la causa Brusa llegó el 23 de diciembre. Silvia, en particular, dejó de recibir amenazas, según informaron sus propios hijos.
Pero desde los organismos de derechos humanos, con gran preocupación, se temía una escalada de persecuciones y provocaciones por parte de la mano de obra desocupada de la última dictadura. Pocos días antes del 24 de marzo, desde la Casa de los Derechos Humanos de Santa Fe se advirtió al gobierno provincial la posibilidad de una nueva agresión contra testigos y querellantes
Al respecto, Jorge Castro, de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, declaró al diario El Ciudadano que «a este gobierno se le suministraron suficientes pistas sobre los servicios de inteligencia y la participación policial para que iniciaran investigaciones concretas. En tres años, no hicieron nada. Al contrario, lo único que hicieron es romper el diálogo con la Casa de Derechos Humanos», hecho que Castro fechó «el 5 de mayo de 2009». Castro agregó que, «entonces, no es que no fueron advertidos. Al contrario. Para este 24 de marzo se ideó, con ellos, un sistema de seguridad, donde les recalcamos que lo principal eran los días posteriores, que no iban a actuar antes del 24 de marzo«.
El crimen
Cerca del mediodía del 29 de marzo, Silvia Suppo fue gravemente herida a puñaladas mientras atendía, sola, un local comercial en el centro de Rafaela, en un hecho de violencia completamente inusual para la realidad de esa localidad. Fue encontrada por una clienta y trasladada al hospital, donde falleció. Dos días más tarde, en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe fueron detenidos dos jóvenes pobres, Rodrigo «Sosita» Sosa, de 19 años y su primo de 22, Rodolfo Cóceres, que confesaron ante la policía ser los autores del homicidio.
Estos son los hechos. Alrededor de los mismos, se tejió desde el primer momento un cúmulo de versiones, basados en trascendidos policiales que apuntaban en todo momento a reforzar la hipótesis de «robo violento» y que algunos medios se apresuraron a repetir acríticamente. Otros elementos, en cambio, tuvieron escasa difusión.
Una de las primeras versiones fue que Silvia habría dicho, al llegar al hospital, que se había tratado de un robo. Marina, su hija, lo desmintió categóricamente: «Eso no es cierto, ella nunca habló y cuando lo hizo fue en estado de shock, por lo que hay que tomarlo con pinzas teniendo en cuenta esa situación», dijo a Página 12.
Otra de las versiones de las fuentes policiales aseguraba que los asesinos de Silvia se habrían alzado con «monedas extranjeras, alhajas y otras pertenencias» por un monto que hasta calcularon en 10 mil pesos. Pero esto es falso. Según se reveló luego, entre el cambio de la caja registradora y la cartera de Silvia, del local no se llevaron más de 300 pesos. No robaron la platería fina, ni la ropa cara o las camperas de cuero, ni el dinero que Silvia guardaba en su domicilio, atrás del local, y que había juntado porque en una semana pensaba viajar a Francia a visitar a su hermano.
La policía también informó que el teléfono celular de Silvia fue secuestrado en la casa de uno de los presuntos asesinos, pero esto tampoco está demostrado. Los policías intentaron que los hijos de Silvia confirmen que el celular que les mostraron y que tenía la memoria vacía, era el mismo de su madre.
Otro elemento contradictorio surge de la declaración de los imputados, según la cual la violencia de los asaltantes se habría desatado por la supuesta resistencia de Silvia. «Pero la perito de parte que nosotros solicitamos que esté presente en la autopsia, dice que no tiene marcas ni en los brazos ni en las manos, ni de cuchillo, ni de haber sido apretada, ni de golpes, lo cual indica que ella no se resistió« relató la abogada Puyol.
Algo que en cambio se difundió poco, es que ese fue el primer día en mucho tiempo en que Silvia estaba sola en el local, porque su hijo había conseguido un trabajo nuevo, para el cual había estado tramitando papeles la semana previa.
El mismo día del crimen, al caer la tarde, Silvia iba a asistir a un acto conmemorativo del 24 de Marzo, en cuya organización había participado y al cual estaban invitadas a hablar Madres de Plaza de Mayo de la ciudad de Santa Fe.
Hipótesis de «robo»
En las dos semanas que han transcurrido desde el crimen, algunos medios han machacado insistentemente con la versión del robo, e incluso han ido más allá, poniendo en duda la voluntad de los hijos de Silvia de presentarse como querellantes y descalificando, no muy veladamente, a Lucila Puyol.
Basta leer algunas notas de los diarios locales para verificarlo. Por ejemplo, «La Opinión» empieza su nota del día 7 de abril afirmando que «Contrariando las afirmaciones de la abogada de H.I.J.O.S. Lucila Puyol, los familiares no se presentaron en la causa y por ende, los hipotéticos cuestionamientos hacia la misma, se tornan retóricos». Poco después, el anónimo redactor afirma que «no sería extraño un cambio de planes en la estrategia comandada por Puyol que derivaría en el desistimiento de la presentación, ante el cúmulo de incontrastables evidencias que avalan la hipótesis de un suceso de robo con el conocido y desgraciado desenlace». Ya dos días antes, el diario Castellanos concluía una nota afirmando que luego de las declaraciones de los imputados, «el móvil político quedó completamente descartado«.
Al respecto, Lucila Puyol consideró que «los medios del lugar están utilizando mucho el tema. Vos no sé si has visto las declaraciones hoy en el diario Castellanos que salieron ayer y de La Opinión. Están diciendo que la causa estaba desde el viernes en sede judicial y que nosotros no nos presentamos como querellantes, por ejemplo. Y, bueno, imposible porque yo no puedo ir a presentar un escrito un día feriado de ninguna manera (…) Nosotros estamos haciendo los pasos como corresponde. Estamos en una etapa inicial. Los chicos recién hoy declararon como hijos, dieron su testimonio. A nosotros no nos corre nadie. Eso son en todo caso intereses mediáticos».
Además, Pujol puntualizó el reclamo que lleva adelante: «Yo tampoco salgo a decir, ni siquiera sus hijos, ni nosotros como agrupación HIJOS, salimos a decir ‘la mataron por su condición de testigo’. En todo caso ellos quieren decir que nosotros tenemos esa excusa. Pero no es así. Nosotros pedimos esclarecimiento. Y en todo caso lo que nos preguntamos es cuál es la causa de la muerte. Nos parece que eso es lo que hay que dilucidar a lo largo de un proceso que recién se inicia y que lo que no queremos es que se esté ni contaminando ni mal informando ni desinformando».
Finalmente, el miércoles pasado los hijos de Silvia Suppo se presentaron como querellantes en la causa. Ese mismo día hubo novedades en la causa. El juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi, procesó los dos detenidos acusándolos de «homicidio calificado», que se castiga con perpetua. El expediente había arrancado como «homicidio en ocasión de robo» que tiene una pena menor. Ese mismo día, el fiscal Rodolfo Zehne pidió entrecruzar información para saber si hubo conexión de los detenidos con imputados en causas por delitos de lesa humanidad. De esta manera se empieza a avanzar en la segunda hipótesis, la del crimen por encargo.
La responsabilidad política
Lamentablemente, también en estos días se ha escuchado «off the record» a distintos funcionarios del gobierno provincial tomar estas versiones mediáticas como fuente para machacar a su vez con la hipótesis del «robo» e intentar darle un cierre al caso.
Pero que el gobierno provincial privilegie tratar de no pagar el costo político, antes que propulsar el pleno esclarecimiento de un hecho de esta gravedad es de una irresponsabilidad suprema y una demostración de cinismo.
El gobierno de Hermes Binner ya ha cometido importantes traspiés en su política de derechos humanos. A poco de comenzar la gestión, la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Dra. María Bressa, debió renunciar luego de sugerir ampliar el Programa de Protección de Testigos y Víctimas del Terrorismo de Estado a los propios verdugos de la dictadura, a quienes prometió «asistencia psicológica» para afrontar los juicios en los que debían responder por sus crímenes.
Desde las esferas oficiales, sólo la vigobernadora Griselda Tessio señaló en discordancia que podría tratarse de «sicarios».
«Llama mucho la atención el enseñamiento del asesinato. Somos concientes que el crimen puede aparentar un robo y estar pagado por otras personas» declaró Tessio a LT10. Además, lamentó que Suppo no haya ingresado nunca al Programa de Protección de Testigos.
No obstante, Puyol hace hincapié en que «en primer lugar, la protección desde el Estado a las personas se debe en todo momento. No tiene que ver si están o no en el Programa de Protección de Testigos, eso no es ninguna excusa, nadie puede plantear que esto le pasó a Silvia porque ella no estaba en el Programa. Sobre todo teniendo en cuenta que en esta provincia, mucha de la gente que sí está en el programa fue igualmente amenazada. Especialmente te puedo nombrar a Amalia Ricotti (querellante del juicio contra Horacio Barcos) que siempre estuvo en el Programa y tuvo un montón de atentados. Y ella identificó a una de las personas que la intimidaron, que fue detenido y luego puesto en libertad y hoy está prófugo. No lo encuentran. Entonces, me parece que decir que la gente que está bajo el Programa no sufre intimidaciones, no es cierto. Más allá de que corresponde al Estado en todos los casos proteger».
«Por otro lado, el Programa no tiende a investigar quiénes están detrás de estos hechos. A lo que tiende el Programa es a poner un teléfono celular o un custodio. Lo que nosotros solicitamos es desde el Ministerio de Seguridad, fundamentalmente, una investigación a fondo de quiénes están detrás de estos hechos. Acá hay recursos humanos y recursos materiales que se ponen en movimiento para que estos hechos se produzcan. Si no, ¿cómo funciona esto? No vamos a creer que los genocidas, que tienen entre 70 y 80 años, van a salir a hacer pintadas, a intimidar gente, a producir amenazas, robos, golpes, volanteadas, o hechos gravísimos como el que le sucedió a Silvia Suppo, si es que fuera en el marco de las causas por el terrorismo de estado. Acá tiene que haber una investigación más seria y más de fondo, que es la que no se está produciendo», enfatizó.
López, Suppo
Días atrás, el señalamiento del móvil político en el asesinato de Silvia vino de un lugar inesperado: de la boca de un genocida.
En la última ronda de declaraciones en el juicio por delitos de lesa humanidad «Guerrieri-Amelong», el imputado Eduardo Constanzo, quien aportó a la causa denunciando a los otros represores, aseguró que teme ser asesinado «como (el ex represor Héctor) Febres, Julio López y este último caso de Rafaela, Silvia Suppo».
El 2 de abril, en la multitudinaria marcha realizada en Rafaela, Milagros Demiryi, de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, señaló que existen «denominadores comunes con el caso del compañero Julio López. Necesariamente estas relaciones las hacemos».
«No podemos olvidar lo que pasó con Julio López, que también en un primer momento se echó a rodar la información de que podía ser que se hubiera ido por sus propios medios, que estaba asustado», opinó Demiryi. «Esto hizo que, por un lado, la investigación fuera por el lado de que se había ido voluntariamente y, por otro lado,’ que se demorara la reacción que afortunadamente acá se está dando de manera rápida, porque nosotros decimos que tenemos que aprender de la experiencia y aprender de nuestra propia historia porque tenemos memoria y porque buscamos la verdad», continuó.
La militante por los derechos humanos también sostuvo que «lo que estamos demostrando es que como pueblo incorporamos nuestra propia historia, tenemos memoria y vamos a seguir luchando incansablemente hasta que lleguemos a la verdad, por más dolorosa que sea, y a que se haga justicia».
«Silvia, a pesar del sufrimiento y del dolor, luchó por la vida y la verdad y nos compromete», concluyó.
Anred 19/04/10