Dura medida contra un ex aliado, que no se tomó con los ruralistas

Irina Santesteban (LA ARENA)

El conflicto gremial que enfrenta la empresa estatal Aerolíneas Argentinas desde hace varios días ha provocado la cancelación y demora de decenas de vuelos nacionales e internacionales. Esto revela más una interna al interior del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y una puja por el poder en la reestatizada empresa aeronáutica de bandera, que una pelea gremial por conseguir mejores condiciones de trabajo.

Ricardo Cirielli, secretario general de APTA, fue subsecretario de Transporte Aerocomercial del gobierno de Néstor Kirchner, pero hoy está enfrentado con la conducción de Aerolíneas Argentinas, en manos de Mariano Recalde. Este pertenece a la agrupación La Cámpora y es hijo del diputado nacional y asesor de la CGT moyanista, Héctor Recalde.

También Jorge Pérez Tamayo, jefe del gremio de pilotos (APLA), está enfrentado con el gobierno y los directivos de la empresa estatal, a pesar de que había sido un fuerte aliado del gobierno a la hora de estatizarla. Incluso llegó a manejar el avión presidencial.

Fuera de la ley

Según el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, «no hay ningún reclamo gremial», sino que se trata de «un sector que se ha puesto fuera de la ley». El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, dijo que era «un paro extorsivo», que atentaba contra una empresa del Estado, y que le estaba produciendo millonarias pérdidas.

Con estos argumentos, el Ministerio de Trabajo de la Nación ordenó el lunes que se iniciaran los trámites para el quite de la personería gremial al sindicato de los técnicos (APTA), por no acatar la conciliación obligatoria que esa cartera había dictado la semana pasada. El conflicto lleva ya varios días, sin diálogo ni soluciones a la vista.

Además, por orden del gobierno nacional, las tareas de control y coordinación del espacio aéreo volvieron al ámbito de la Fuerza Aérea. De esta manera, el gobierno apunta a reemplazar a los operadores de las torres de control, que son técnicos del sindicato de Cirielli, por personal militar de la Fuerza Aérea. Es en este sector donde se habían generado las mayores demoras la semana pasada, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y que obligaron a Aerolíneas Argentinas a suspender y reprogramar vuelos internacionales.

Arbitrio estatal

En cuanto a la medida de quitarle la personería a una organización sindical, es una decisión de mucha gravedad, que además da cuenta del sistema de control gubernamental que tiene la actividad de los gremios en nuestro país.

Son constantes las denuncias de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en cuanto a que esas entidades obtienen su personería para actuar legalmente como tales, a total arbitrio del Ministerio de Trabajo. De esta forma se asegura un control absoluto sobre el otorgamiento de esta herramienta legal, que toda entidad sindical necesita para poder negociar paritarias y representar a sus afiliados con todas las garantías que las leyes del derecho laboral colectivo reconocen a los gremios.

El cuándo

Pero más allá de la discusión sobre el otorgamiento, la suspensión y hasta el quite de las personerías gremiales, el debate de fondo es cuándo utiliza el gobierno esa herramienta que le otorga el poder coercitivo del que goza el Estado, para «castigar» a aquellas entidades que no le son afines.

Así, durante el conflicto que en 2008 y 2009 mantuvo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con las entidades de la Mesa de Enlace, formada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA), a pesar de que ese lock out adquirió ribetes destituyentes, hecho reconocido por la propia presidenta, nunca se amenazó a esas entidades siquiera con quitarles su personería como organizaciones representativas de los productores agropecuarios.

Y no fue porque no se reclamara, pues durante ese durísimo conflicto, que incluyó cuatro meses de cortes de ruta, con muertos incluidos (en Laboulaye, Córdoba, falleció un paciente en una ambulancia demorada en esa localidad del sur cordobés), hubo organizaciones sociales y políticas que pidieron se les sacara la personería legal a las entidades que estaban llevando adelante esas medidas que tanto perjudicaron a la población.

Así sucedió en Córdoba, donde la Multisectorial que se formó para contrarrestar el lock out sojero hizo una presentación judicial ante la fiscal federal Graciela López de Filoñuk para que la Justicia ordenara el cese de los cortes de ruta y, si no se acataba la orden judicial, entonces se ordenara el quite de su personería. Nunca se tomó tal medida judicial, pero tampoco ningún funcionario del gobierno nacional hizo suya esa correcta iniciativa para frenar la campaña destituyente de las patronales agropecuarias.

Grupos privados

En declaraciones que publica en su edición de ayer el diario Página 12, el diputado nacional por Nuevo Encuentro y ex dirigente del gremio de los pilotos (APA), Ariel Basteiro, criticó a Cirielli y lo vinculó a grupos privados, en particular al empresario Eduardo Eurnekian, dueño de casi todos los aeropuertos del país comenzando por el de Ezeiza. En la interna gremial, Basteiro dijo que Cirielli se alinea con la CGT Azul y Blanca del gastronómico Luis Barrionuevo, enfrentado dentro de la central sindical al dirigente camionero Hugo Moyano. Expresó además que en las últimas elecciones Cirielli apoyó a Francisco De Narváez y el duhaldismo. Para Basteiro, coincidiendo con Tomada, el conflicto no es gremial sino que tiene «connotaciones políticas», pues Cirielli pretendería designar los gerentes y tomar decisiones vinculadas a la dirección de la empresa, y desde la conducción de AA no le han dado lugar.

Cirielli a su vez se defiende y acusa a la nueva dirección empresaria, en particular al gerente Axel Kiciloff, dirigente de «La Cámpora» como Recalde, de «inexperto y neoliberal». En declaraciones a Clarín, también acusa a Recalde de no mostrar los balances de la empresa y de haber gastado más de 2.100 millones de dólares, «sin que nadie pueda saber en qué se gastó».

Favoritos

Cristina Fernández viene desde hace algún tiempo, más precisamente desde la muerte de su esposo, privilegiando en los puestos claves del Estado y de sus empresas, a los jóvenes dirigentes de la agrupación creada por su hijo Máximo Kirchner, y que lleva el nombre del «Tío», el presidente que ganó las elecciones el 11 de marzo de 1973 y que sólo gobernó durante 49 días, en la llamada «primavera camporista».

En ese favoritismo hacia los cuadros juveniles, el gobierno relegó a los dirigentes del sindicalismo tradicional, algunos de los cuales, como Julio Piumato, rechazaron los cargos ofrecidos en las listas para las pasadas elecciones. Por eso, el bloque sindical cegetista que asumirá el 10 de diciembre en el Congreso Nacional, es sensiblemente menor que el anterior, y los dirigentes gremiales son conscientes de esa pérdida de poder real.

Pero a la vez, al interior de este sector, hay una dura disputa entre los «moyanistas», que tienen representación en Diputados, al que se sumará el 10 de diciembre el hijo del jefe de la CGT, Facundo Moyano, del gremio de trabajadores de peaje, y los «gordos» que representan a lo burocracia sindical más proclive a los acuerdos con el empresariado y de fuertes vínculos con el duhaldismo.

Cirielli está en ese bloque y es evidente que el conflicto de los técnicos aeronáuticos con Aerolíneas Argentinas, tiene esa impronta. Pero según Basteiro, ni siquiera toda la conducción de APTA apoya a Cirielli, y una gran parte de los trabajadores técnicos no está afiliado a ese gremio.

Antecedente peligroso

Aunque el gobierno tenga su cuota de razón en la disputa con estos dirigentes sindicales, la medida que el mismo gobierno kirchnerista había tomado hace unos años de traspasar el control aéreo a la Aviación Civil, era muy buena. Ahora se ha vuelto marcha atrás, para desactivar un conflicto gremial, con un dirigente que es un ex aliado del propio gobierno.