Si se abrieran los archivos de la dictadura
La apertura de los archivos permitiría identificar a funcionarios judiciales involucrados en crímenes de la dictadura
Es en el país. En Córdoba continúa la investigación contra los ex fiscales Ali Fuad Alí y Antonio Cornejo y el ex juez Puga.
La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado reveló que «hay al menos 55 implicados en causas por delitos de lesa humanidad en la última dictadura».
Según la nota publicada hoy por el diario Tiempo Argentino sobre el informe elaborado por la Unidad Fiscal, en los últimos años «las denuncias sobre la complicidad de funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado comenzaron a aflorar de manera espontánea en los juicios contra los represores».
Al respecto, el coordinador de la Unidad Fiscal, Pablo Parenti, señaló al matutino que «el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad se trata de un proceso que avanza hacia el juzgamiento de las conductas de quienes ocupaban puestos en la Justicia».
Pero el funcionario advirtió que «este proceso pone en evidencia las falencias de la Justicia para investigar en la actualidad los delitos de lesa humanidad».
«Hay funcionarios que si bien no están implicados con aquella época, por desidia o por ideología, no están a la altura de las circunstancias y no actúan correctamente», agregó.
«Venimos del relato de los `80 en el cual la Justicia había sido impotente sobre lo que pasaba en la dictadura, hoy en día se empieza a poner en crisis ese relato y en muchos lugares se ve claramente la participación o complicidad de funcionarios judiciales», explicó.
El proceso de enjuiciamiento a funcionarios del Poder Judicial comenzó con testimonios muy concretos como en el caso del ex juez Víctor Brusa, quien fue condenado en 2009 a 21 años de prisión por apremios ilegales contra ocho detenidos cuando era secretario del juzgado Federal de Santa Fe.
En el informe del matutino se detalla que, en la actualidad, en la provincia de Mendoza, los camaristas Otilio Romano y Luis Miret se encuentran procesados por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos cuando eran fiscal y juez federal respectivamente.
En la misma provincia, su ex compañero en la Cámara, Carlos Martín Pereyra González, aún sin imputación formal, renunció a su cargo luego de que fuera denunciado por encubrir delitos de lesa humanidad cuando era secretario de un juzgado federal de San Luis.
También otro camarista, Julio Petra, presentó recientemente su renuncia, luego de quedar procesado por encubrir a Romano.
Asimismo, hay dos ex jueces procesados por delitos similares, Rolando Carrizo Elst y Guillermo Max Petra Recabarren; también está imputado el ex juez Gabriel Fernando Guzzo, quien presentó un parte médico por incapacidad psicológica, y los ex fiscales Ernesto Peñaloza, Carlos Ernesto Fuego y Edgardo Díaz Araujo.
Sobre el desempeño de la Justicia mendocina en las causas por delitos de lesa humanidad, el fiscal que tiene a cargo dicha Unidad Fiscal, Jorge Auat, manifestó a Tiempo Argentino que «eran jueces de sus propios pleitos» y aseveró: «Se sacó el cepo para investigar».
En La Plata, en el juicio oral por delitos en la Unidad Penal N| 9, el tribunal presidido por Carlos Rozanski ordenó que se investigue a 13 jueces y un ex fiscal a partir de testimonios de sobrevivientes que los recordaron como asiduos concurrentes al penal.
Además, Leopoldo Schiffrin, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, pidió investigar a los ex jueces platenses Eduardo Hortel, Eduardo Sanucci y Horacio Piombo.
En Córdoba. Sólo continúa la investigación contra los ex fiscales Ali Fuad Alí y Antonio Cornejo y el ex juez Miguel Ángel Puga.
Los ex fiscales de Chaco Roberto Mazzoni y el ya fallecido Carlos Flores Leyes renunciaron a sus cargos cuando comenzaron a amontonarse las denuncias por haber participado de interrogatorios bajo tortura cuando eran secretarios del juzgado de Resistencia.
En Bahía Blanca, el actual fiscal federal Abel Córdoba consideró que «había un pacto delictivo entre el ex juez federal fallecido de Bahía Blanca, Guillermo Madueño, los secretarios judiciales Hugo Sierra y Gloria Girotti con las fuerzas militares que aseguraba la realización de los hechos».
Ante la acusación, Sierra fue recientemente detenido y suspendido en su cargo docente en la Universidad Nacional del Sur.
En Salta, ya se elevó a juicio la causa contra el ex juez federal Ricardo Lona, acusado de encubrimiento y omisión en la investigación judicial del secuestro y desaparición del gobernador Miguel Ragone, secuestrado el 11 de marzo de 1977.
En tanto, en La Rioja, el ex juez federal Roberto Catalán se encuentra procesado con prisión domiciliaria acusado de torturas a ex presos políticos, tras la denuncia del escritor Leopoldo Juan González.
Por su parte, el juez penal de Mar del Plata Pedro Hoot fue citado a declaración indagatoria por su actuación en secuestros, tormentos y homicidios. En su haber cuentan el rechazo de una veintena de habeas corpus, entre ellos por el secuestro de once abogados laboristas en 1977.