Aerolíneas
No a la práctica antisindical del gobierno
Desatado el conflicto en Aerolíneas, el gobierno lanzó una dura campaña contra sus trabajadores acusándolos de “boicotear” la gestión estatal. Más que boicot, lo que hay es un intento por liquidar los reclamos sindicales y sus organizaciones. Hay que rechazar esta nefasta política oficial.
Desde que se inició el conflicto, funcionarios y amigos del kirchnerismo salieron a coro a hablar de un supuesto “boicot” por parte de los trabajadores a la gestión de La Cámpora en Aerolíneas, que impedía el normal funcionamiento del servicio. Los técnicos aeronáuticos agrupados en APTA, en cambio, denunciaron que la salida de los aviones se encontraba paralizada por la falta de inversión.
El conflicto ha puesto al desnudo la situación crítica a la que el kirchnerismo ha arrastrado a la empresa. En estos días el gobierno ha anunciado un brutal ajuste, eliminando vuelos internacionales. Y, en especial, cambiando el régimen laboral de los pilotos, a quienes, en represalia por sus reclamos, los quieren hacer trabajar más horas (de 30 a 80) con menos aviones.
Esto se suma a los ataques que ya venían sufriendo los trabajadores acusados de boicotear a una empresa que ahora es parte del Estado y que, por ende, nadie puede sacar los pies del plato: no reclamar, agachar la cabeza, aceptar las directivas del “joven” Recalde y ser cómplice del vaciamiento de la misma.
Reestatización kirchnerista contra derechos sindicales
En 2008 el Estado se hizo cargo de Aerolíneas. La misma fue reestatizada. Pero al estilo K. Todavía resta pagarle una cifra millonaria al grupo español Marsans y la empresa, por supuesto, no fue puesta a funcionar bajo control de sus trabajadores, sino que la gestión fue entregada a “jóvenes brillantes” que la están llevando al desastre. Es decir, la “nacionalización” fue funcional al grupo Marsans que la había dejado con una deuda de casi mil millones de dólares y una estructura totalmente vaciada.
Fue así que el kirchnerismo, en respuesta al lobby del Estado español, decidió comprar la empresa para salvar a los vaciadores.
Hoy, ante el reclamo de los trabajadores, el kirchnerismo los quiere seguir silenciando. Ese es el sentido del pedido de quite de la personería de APTA y del pase del control aéreo a manos de la Fuerza Aérea con la consiguiente militarización de los controladores (ver reportaje a Piñeyro).
La regresión de la medida pretende liquidar la sindicalización de los trabajadores, dejando el control en manos de quienes no tienen posibilidad alguna de agremiarse. Ambas medidas rechazadas hasta por Hugo Moyano y defendidas por el otro “Hugo”, Yasky, cuya adaptación al kirchnerismo a esta altura es completa.
El gobierno utiliza el hecho de que se trata de una empresa estatal como un chantaje para acabar con la autonomía sindical y terminar de liquidar los derechos laborales de los trabajadores aeronáuticos. Es decir, cualquier reclamo por mejores condiciones laborales o cualquier denuncia hacia el estado crítico de la empresa -por legítimo que sea- se convierte automáticamente en “un boicot al Estado para intentar volver a las privatizaciones menemistas”. Nada más falso. Son los propios trabajadores los que han denunciado el desguace de las empresas durante el periodo anterior y los mismos que hoy denuncian el vaciamiento kirchnerista. Lo mismo hacen gobiernos de la región. Por ejemplo, Chávez, en las nacionalizaciones en Venezuela, les niega a los trabajadores el convenio y les quita conquistas sindicales.
Los socialistas estamos en contra de cualquier intervención del Estado en la vida interna de los sindicatos. Los sindicatos son organizaciones que deben ser gestionadas por sus propios trabajadores, en forma absolutamente autónoma del Estado y de cualquier gobierno de turno. De ahí nuestro más absoluto repudio a cualquier intento de quite o suspensión de la personería gremial. Y de la campaña por demonizar los reclamos sindicales. Llamamos a pronunciarse en contra.
El Socialista 23/11/11