¿Quién está matando a los militantes populares en la Argentina?
Toto Zimerman
cuando más lo necesitamos
En la Argentina se ha vuelto a reprimir luchas sociales, asesinar compañeros y hasta desaparecer militantes políticos1. El gatillo fácil y la tortura en sede policial y en las cárceles es tan sistemático que forma parte del escenario cotidiano de manera casi natural. ¿Hace falta nombrar a Julio López, a Mariano Ferreyra, a Luciano Arruga, a Carlos Fuentealba, a los López de la etnia Qom de Formosa, a las víctimas del Parque Indoamericano, de los terrenos del Ingenio Ledesma en Jujuy o a los chicos de la Villa Moreno de Rosario?2
Diez años atrás, un gobierno elegido para clausurar la etapa de neoliberalismo fundamentalista que encabezó el Partido Justicialista en épocas de Carlos Menem, terminaba sus días multiplicando por quince el modo que lo había comenzado. Había inaugurado su etapa de “transformaciones democráticas” matando dos compañeros en el Puente de Corrientes y lo finalizaba con –al menos- treinta muertos en el Diciembre de 2001 desparramando cadáveres por la Plaza de Mayo, Rosario y otros lugares. El interinato de Eduardo Duhalde no solo trajo el retorno del Partido Justicialista al gobierno sino que inauguró una etapa de de la crisis de dominación que se arrastraba desde finales del 20013 donde el gobierno nacional, y sus delegaciones provinciales no podían sacar al pueblo de la calle ni reprimir los cortes, las marchas, las asambleas hasta que al inefable Duhalde, con el asesoramiento del recientemente fallecido Soria pero también del electo senador nacional Aníbal Fernández y algunos otros que ahora visten la chaqueta progresista y hasta se ponen el pañuelo de las Madres antes de votar la terrorista ley antiterrorista, organizó la masacre del Puente Pueyrredón –Kostecky y Santillán- pensando que una buena dosis de plomo y sangre volvería todo a la “normalidad” de la dominación burguesa estatal que sufrimos desde fines del siglo XIX (tomamos la presidencia Roca como inicio formal del Estado burgués, no porque antes fuera jauja, sino porque con Roca se completan los elementos fundantes) mantenida con medios civiles o militares. Pero se equivocaron, con la masacre del Puente Pueyrredón perdieron toda legitimidad social y tuvieron que dejar el gobierno a quien pudiera asumirlo desde el Partido Justicialista. Había terminado una larga etapa, acaso iniciada con la masacre de Ezeiza en junio de 1973. Al menos en el terreno simbólico, la sublevación del 2001 terminó con la dictadura militar de 1976, prolongada de manera limpia por los timoratos radicales del 83 y los más osados peronistas de Menem. Sin embargo, por ausencia de alternativa política propia, las luchas que echaron a De la Rúa no pudieron conquistar un gobierno propio, que cumpliera la consigna de “que se vayan todos” y abriera paso a un nuevo modo de democracia, con protagonismo popular que asegure el acceso real a todos los derechos inscriptos en la Constitución Nacional y las leyes conquistadas por décadas de luchas populares.
La reacción popular al descalabro del gobierno de la Alianza entre la Unión Cívica Radical y el Frente Grande/Frepaso generó una crisis política de proporciones casi inéditas y condicionó/obligó un proceso de cambios, que todavía vivimos, encabezado de nuevo por el Partido Justicialista pero ahora con otra hegemonía conocida como kirchnerismo, que hizo de la promesa de “no reprimir” y de “respetar los derechos humanos” su promesa política central y fuente de la fortaleza de su mito fundacional: “este es el gobierno que asume las banderas de aquel otro “que no fue”, el de Cámpora/Solano Lima de la breve primavera del 73. “Este es el gobierno de los que sufrieron la dictadura y/o desaparecieron”. Y el pañuelo blanco en sus manos, daba razón al mito.
¿Era así? ¿Es así?
El gobierno de los Kirchner tenía como misión histórica terminar con el menemismo, como expresión del neoliberalismo fundamentalista y garantía de la impunidad para los genocidas del Terrorismo de Estado. Y de verdad, el gobierno de Néstor Kirchner dio pasos importantes en ambos terrenos, sobre todo (o al menos) en el terreno simbólico, espacio fundamental de las disputas en el siglo XXI, cierto, pero no el único ni el decisivo, como lo estamos aprendiendo dolorosamente los luchadores contra la impunidad y los derechos humanos. Ordenó a sus legisladores -que por años habían rechazado las propuestas de anular las leyes de impunidad presentadas testarudamente por los legisladores de izquierda Floreal Gorini, Alfredo Bravo, Luis Zamora y Patricia Walsh- de bajar al recinto y aportar sus votos para sancionar la anulación de las leyes de la infamia concretando un sueño sostenido por más de quince años: quebrar la impunidad impuesta por Alfonsín y Menem abriendo un vertiginoso proceso: la reapertura de los Juicios contra el Terrorismo de Estado y la impactante sucesión de gestos reparatorios por el Genocidio que el Estado argentino había perpetrado: entrar a la Esma de la mano de los sobrevivientes, bajar el cuadro de Videla, modificar la Corte Suprema en un sentido positivo, sostener una política de memoria que hoy se expresa de múltiples maneras: la transformación de Centros Clandestinos de Represión, Tortura y Extermino como la Esma, Orletti, Olimpo, Atlético y otros en todo el país en Espacios de Memoria, la incorporación de contenidos alusivos en la curricula escolar de todos los niveles, la labor del Canal Encuentro, etc. También, por aquellos días tormentosos del 2002/2003 (la sombra del Puente Pueyrredón todavía era muy fuerte) prometió solemnemente que el Estado dejaría de reprimir las luchas sociales y que jamás volverían a atacar militantes populares.
Sin embargo no alcanzó. El fiscal Alejandro Alagia quien se ganó el respeto de muchos por su labor en el Juicio ABO (centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo) donde acusó por genocidio a los represores, criticando la aprobación de la terrorista Ley Antiterrorista escribió4: “Lo que se creía que no volvería a pasar, ocurrió. Sabemos que la pulsión de todo poder punitivo es llevarse siempre algo a la boca. Confiamos equivocadamente que los juicios por crímenes de masa cometidos por la última dictadura contra una parte de la población definida como enemiga terrorista era suficiente para no repetir el error de inventar amenazas absolutas”. Ya en el 2007, la Comisión Provincial de la Memoria, donde militan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el ex fiscal Dr. Hugo Cañón y el Pastor Aldo Echegoyen, entre otros, afirmó: “La desaparición de Julio López pone en entredicho el Nunca Más como principio fundante de nuestra democracia. El paso del tiempo y el silencio nos enfrentan como sociedad a la peor de las consecuencias: naturalizar la ausencia de López, que es como consentir que el horror de ayer continúe hoy”.
En la profusa producción de papeles de fin de año y principios del 2012, la cuestión ha estado más que presente. Desde la lógica oficialismo/oposición se construyen dos diagnósticos opuestos que podríamos sintetizar/esquematizar del siguiente modo: a) desde la perspectiva oficialista: “el gobierno nacional no reprime y los crímenes cometidos en Formosa, Rosario y el interior son responsabilidad de los gobiernos provinciales; los crímenes de la Capital Federal y el gran Buenos Aires, la desaparición de Julio López y otras situaciones similares, efecto residual de fuerzas en retirada, derrotadas políticamente y que no tienen capacidad de afectar seriamente la gobernabilidad”5 y b) desde la perspectiva de oposición sistemática se sostiene la idea de “la “tercerización”, es decir que detrás de los crímenes de la Bonaerense, las Policías de Formosa, Jujuy, Neuquén, Santa Fe y otras, de las bandas bravas y las patotas sindicales, de los secuestradores de Julio López, etc. hay una decisión política del gobierno nacional que –como el tero- afirma que no reprime ni reprimirá mientras manda asesinar a otros”.6 Cierto es que, como ocurre en estos debates, cada uno tiene un pedacito de la verdad, aunque estimamos que ambos ocultan un personaje indispensable para entender este nuevo ciclo represivo: al Poder Económico; uno de esos poderes permanentes que no se someten al voto de nadie, que viene del fondo de la historia del capitalismo argentino (ya dijimos, por lo menos desde finales del siglo XIX) y que se reforzó, concentró y multiplicó con el Terrorismo de Estado de los 70. Justamente en los cambios habidos en el entramado de relaciones de poder y dominación que denominamos Estado, es que hay que buscar la clave de la solución de esta aparente incógnita: ¿quién está matando a los militantes populares en la Argentina?. Y nosotros contestamos: el Poder Económico que actúa, por medio de su propia gente, socios o aliados desde los espacios gubernamentales provinciales y nacionales (la Federal y la Bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura, las otras policías provinciales y el Servicio Penitenciario, por lo menos), desde las patotas sindicales –a las que siempre estuvo fuertemente vinculado-, desde las barras bravas de los clubes de futbol, desde las agencias privadas de seguridad comandadas por militares o policías de alta graduación en retiro, desde las gerencias de seguridad de las grandes empresas a cargo –generalmente- de represores impunes y por supuesto de los servicios de inteligencia estatales y militares que no han dejando un minuto de responderles.
Un nuevo modo de reprimir está surgiendo en la Argentina7: un cierto modo de articulación de las fuerzas estatales directas y otras fuerzas (todas con capacidades militares aunque no estén encuadradas en las Fuerzas Armadas) que sirven al mismo objetivo aunque aparenten ser privadas o sindicales. Un nuevo modo de reprimir que tiene un estilo, un modo de ser que lo diferencia del Terrorismo de Estado de los 70, de la Triple A o los años del Plan Conintes de Frondizi aunque no deja de tener vínculos y parecidos con todos ellos. Un nuevo modo de reprimir que parece difuso, a veces casi anónimo (como en el último suceso de Rosario contra los militantes del Frente Darío Santillán), otras se presenta como exceso de las policías provinciales (en Formosa, Santa Cruz o Neuquén), etc. pero tan efectivo y mortal como las formas anteriores de existencia de la represión, esa función estatal que nació con Roca asesinando pueblos originarios y nunca cesó. Ni en gobiernos militares, ni civiles; ni en democracia formal ni en dictaduras terroristas; y que siempre contó con un discurso de justificación y un instrumento judicial que lo legitimaba. Por si alguno lo olvida, y a pesar de las “gárgaras” de fidelidad al pensamiento crítico, parece que algunos escribas lo olvidan, la Argentina es un país capitalista, fuertemente amarrado a los centros de poder mundial del Capitalismo como el G20, la ONU, el FMI y el GAFI.
Antes de seguir con lo nuestro, repasemos un minuto los cambios que ha habido en el modo de dominación mundial desde el setiembre yankee del 2001. Por un largo periodo, más o menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta el fin de la llamada Guerra Fría (1990) el capitalismo mundial, el Imperialismo Yankee que conquistó con la guerra el lugar hegemónico que aún detenta, tuvo que aceptar una serie de limitaciones a su accionar, impuestas por la presencia de ese otro poder mundial que era el llamado Campo Socialista, hegemonizado por la Unión Soviética. No era de la naturaleza “humana” y “seria” del capitalismo que nació el Estado de Bienestar y el sistema de Derecho Internacional que preservaba la soberanía nacional y proclamaba los derechos de los pueblos (no solo los “humanos” sino también los “económico sociales” proclamados ambos por la ONU en 1948, junto con la Convención de Genocidio). Pero caído el “socialismo real” (burocratizado, debilitada la democracia socialista, afectada la cultura revolucionario y con serios problemas en asegurar el autoabastecimiento alimentario y el cuidado del medio ambiente, cierto, pero limitando el poder del capitalismo sobre la mitad del planeta), el sistema capitalista se puso el modelo neoliberal para festejar y fue destruyendo, paso a paso, cada uno de los limitantes que había tenido que aceptar en el periodo de relativo empate militar con la Unión Soviética. Ya en 1999, en la declaración por el 50º aniversario de la OTAN, se proclamó el derecho a intervenir donde quieran sin intervención de las Naciones Unidas. Y de allí hasta acá, pasando por el Acta Patriota de Setiembre de 2001, se ha ido instalando un concepto salvaje del derecho internacional que habilita bombardear poblaciones enteras para asesinar a enemigos reales o imaginados como Bin Laden, Kadaffi y los compañeros Comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Raúl Reyes y Alfonso Cano. Sin declaración de guerra ni respeto alguno a lo que queda de la legislación internacional, el Imperio se asigna el derecho de matar a quien quiera, donde quiera y del modo que quiera.8 Como viene denunciando Fidel Castro, el mundo está muy cerca de la guerra mundial, que por ser nuclear, sería realmente la última. La crisis desatada en el corazón mismo del capitalismo confirma que la civilización capitalista, nacida justamente con el genocidio español sobre los pueblos originarios de Nuestra América, ha entrado en un proceso indetenible de decadencia y crisis terminal; pero no por eso –o justamente por eso mismo- ha perdido peligrosidad o capacidad de violar derechos humanos, matar a millones de personas o destruir el planeta. Y el centro ideológico y político de esta desesperada batalla por la supervivencia del capitalismo a costa de la humanidad es el mismo Poder Económico que domina en Argentina.
Y desde el golpe de Estado del 76 y el gobierno de Carlos Menem, domina de un modo más totalizador y no solo domina, también ha producido cambios estructurales en las clases propietarias de modo tal que mutó fuertemente la burguesía local. Durante años se sostuvo el mito de la existencia de una supuesta “burguesía nacional” (emparentada con el mercado interno y con relativa autonomía de los grandes grupos trasnacionales), ya en los 30 José Carlos Mariátegui demostraba que la burguesía local latinoamericana nació y creció subordinada al imperialismo (inglés primero y yanqui después) pero para finales de los ochenta ni rastros había de aquel supuesto; en su lugar había aparecido una nueva burguesía local, mafiosa, corrupta, enlazada y subordinada por mil caminos con el Imperio, al que algunos prefieren llamar lumpen burguesía9. Una burguesía que ha colocado el negocio ilegal ya no en los márgenes del modo de producción, como fue en los periodos del llamado “capitalismo distributivo” (que de distributivo tenía poco y que –conviene no olvidar- era contra el que luchaban los treinta mil desaparecidos y la generación del Cordobazo), sino en el centro mismo de su modelo de valorización del capital, de su ciclo de negocios. En los noventa esta lumpen burguesía se apoderó del patrimonio histórico de los argentinos por medio de la deuda externa y las privatizaciones; y cuándo ese mecanismo se fue agotando, luego de robarse los ahorros de millones de argentinos en el 2001 (transformó los dólares depositados en un tercio a pagar en cómodas cuotas) viró a la producción de la soja transgénica y la minería a cielo abierto, haciendo de la comercialización de los comodotties, producidos a bajo precio por los bajos salarios pagados en pesos argentinos que se exportan y cobran en divisas fuertes, el modo de enriquecimiento. Es esta lumpen burguesía la que mata en Ledesma. Y mata de un modo directo puesto que el Jefe de Seguridad de la empresa encabezó el accionar de las fuerzas policiales jujeñas en el campito en disputa. Cuatro muertos.
Es esta lumpen burguesía la que mató a Mariano Ferreyra, cierto que con la complicidad de la Policía Federal, puesto que una parte de la burocracia sindical hace tiempo que es parte del poder, es una especie de burocracia gerencial asociada a todos los negocios de la burguesía dominante. Es esta clepto burguesía la que incita a la Policía de Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Neuquén, Buenos Aires y otras a reprimir, torturar y asesinar. Y lo puede hacer porque el modo de construir hegemonía al interior del Partido Justicialista y del bloque de poder que ha desarrollado el kirchnerismo, incluye acuerdos de convivencia con los caciques y punteros peronistas del gran Buenos Aires, como el fascista Otaeche, y los gobernadores del interior, como el no menos fascista Infran de Formosa o el socio de las mineras Gioja de San Juan. El gobierno pasó en su relación con las Fuerzas de represión por diversas etapas, casi todas ellas caracterizadas por la negociación con las cúpulas de preservar privilegios y espacios de “autonomía” a cambio de “favores políticos” como la promesa de la Federal de “no matar” en publico que sostuvo Aníbal Fernández por años. No subestimamos los cambios introducidos por la Ministra Nilda Garré primero en las Fuerzas Armadas y ahora en algunos, pocos, ámbitos de las fuerzas de seguridad. Pero el problema es de tal dimensión, la fuerza de la inercia de una cultura represora cultivada por más de un siglo, el complejo entramado de relaciones entre todas las fuerzas de seguridad con el Poder Económico, los punteros políticos, las mafias de la prostitución y el narco tráfico, etc. es tan grande que en este caso más que en ningún otro, o se cambia todo o no se cambia nada. Y por ahora, los cambios son parciales, tardíos (siempre llegan luego que la Federal o las Policías Provinciales matan compañeros) y por ello, el proceso de constitución de un nuevo modo de reprimir sigue adelante, no sabemos si avalado o consentido por el gobierno nacional; lo que si podemos afirmar que el gobierno nacional no lo enfrenta vigorosamente, y esa es –al menos por hoy- su responsabilidad puntual en la muerte de los compañeros o la desaparición de Julio López al que, como temíamos, lo han desaparecido por tercera vez: la primera vez fueron los grupos de Tareas de Etchecolatz, la segunda en el 2006 no sabemos quién y la tercera es que ni la Presidenta ni los medios oficialistas lo nombran como debieran. Todos los días debieran decir: hoy falta Julio López, desaparecido por luchar contra la dictadura primero y por luchar contra la impunidad después.
Sin embargo, a pesar de todo lo que pasó y todo lo que analizamos, todavía hay tiempo de impedir que este nuevo modo de reprimir madure y se transforme en un nuevo modo de Terrorismo de Estado, ahora en “democracia” (como ocurre en Colombia o en Honduras). Como efecto de las luchas históricas del movimiento de derechos humanos y de la decisión política del kirchnerismo, un inédito proceso de memoria se ha desplegado en el país y un espacio social mucho más amplio conoce y comprende las consecuencias de desatar el Terrorismo de Estado. Hasta ahora, muchos de los partidarios del kirchnerismo que son parte de este fenómeno de memoria, han aceptado “la razón de Estado”, versión moderna del viejo adagio de que el fin justifica los medios, pero la sanción de la Ley Antiterrorista los ha puesto ante una situación limite. Seguir por ese camino no solo es criminal, también es suicida. Como muestra de que la historia se abre paso por caminos insospechados, la celebración del Bicentenario y la muerte de Néstor Kirchner atrajo a la política a millones de jóvenes. Ellos no han venido para avalar la muerte de nadie, y mucho menos a consentir el regreso de las momias del Terrorismo de Estado. Se trata, simplemente, de comprender ¿quién está matando a los militantes populares en la Argentina? y aplastar el monstruo del fascismo antes que reviva y nos aplaste a todos. El gran director de cine Ingmar Bergman filmó en 1977 (nada menos que en 1977!) una de sus obras maestras: “El huevo de la serpiente”, mostraba como en medio de la democracia alemana crecía el fascismo, y cuántas oportunidades se perdieron de derrotarlo. Como un enorme y multifacético documental, millones de argentinos han conocido en estos años lo que significan las palabras “traslados” “desaparecidos” “centros clandestinos”; a su conciencia apelaremos en esta batalla contra el nuevo modo de represión, para abrir paso a una democracia verdadera, sin torturados ni desaparecidos, donde la vigencia plena de todos los derechos para todos sea el otro nombre de la Independencia Nacional.
José Ernesto Schulman es Secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entidad fundada en 1937
Notas:
1 En rigor, la función represora no cesó nunca, pero entre el 2003 y el 2006 prevaleció una suerte de tregua o pausa, al menos en el discurso oficial y el obrar de las fuerzas de seguridad nacionales. La derecha en su conjunto, estaba como inhibida por el desastre que había ocasionado y por la reacción popular del 2001/2002. La desaparición forzada de Julio López en setiembre de 2006 marcó el final de aquella inhibición y de la pausa.
2 Un repaso rápido nos da la siguiente lista: Represión en la legislatura porteña (16/07/2004); Detenciones en Caleta Olivia (19/08/2004); Violenta represión a desocupados en Las Heras, provincia de Santa Cruz. El caso Carina Sauco (30/11/2004); Nuevamente represión en Las Heras ( 07/02/2006); Desaparición de Julio López, (18 de septiembre de 2006); Golpiza a los trabajadores del Hospital Francés, (10/10/2006); Represión en Cañadón Seco ( 12/09/2007); Trabajadores del Casino de Buenos Aires, que hacia varias jornadas que estaban en huelga, fueron atacados por la patota sindical del SOMU. Una compañera perdió un embarazo de 4 meses (30/01/2008); Represión en Kraft-Terrabusi. (25/09/2009); Ataque a los trabajadores del subte, que estaban en asamblea; Represión a Choferes de larga distancia; Atilra Rosario: Ataque e intento de tomar la sede sindical, por parte de una patota de 300 barras bravas y burócratas sindicales; Ataques y persecución de los Trabajadores del INDEC; Brutal golpiza a delegados portuarios por parte del sindicato. Patota dirigida por directivos del sindicato de guincheros, propinaron a los delegados Víctor Astorga (apuntadores terminal 5) y Alberto Berti (marina mercante, terminal trp), el viernes 23 de julio de 2010; Asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén; Asesinato de Mariano Ferreyra (20-10-10); Asesinato de los López, miembros de la Comunidad qom en Formosa; Agresión a los Docentes de Santa Cruz por la patota de la UOCRA; Represión y muertes en el Parque Indoamericano; Represión y asesinatos en Jujuy, en tierras del Ingenió Ledesma; Duro desalojo y represión, por parte de la policía federal a los Docentes de Santa Cruz, en Bs.As. Habían instalado una carpa frente al Ministerio de Trabajo, y fueron reprimidos con carros hidrantes; Detención del Pollo Sobrero y otros compañeros; Brutal ataque al Delegado Daniel Farella de la Línea 60.; Patota de la UOCRA agrede a sus propios afiliados en El Calafate. Valgan también otros ejemplos de lo sucedido en Indiel, IKA-Renault, Thompson Ramco, Rigolleau, Grafa, FATE, Ford, Wobron, Silvania, Atlántida, Alba y Codex, Astarsa, Tandanor, FATE electrónica, Eveready, Fitam, Cormasa, DANA, etc. fuente: “Represión, disciplinamiento, patotas y el gobierno nacional” de Leónidas Cerruti
3 Resalto la dificultad que tenía el poder real de asegurar la reproducción ampliada del capital (la valorización del capital, la ganancia media que todo burgués pretende) sin que la explotación sea severamente cuestionada y hasta dificultada por la resistencia obrera y popular. Desde distintas tradiciones se puede considerar el fenómeno como “crisis orgánica” (Gramsci), “de gobernabilidad” (sociología burguesa) o “situación revolucionaria desde el punto de vista objetivo” (Lenin)
5 En el documento de algunos intelectuales del Centro Cultural de la Cooperación, encabezados por el legislador Juan Carlos Junio, ”votante positivo” de la terrorista Ley antiterrorista se afirma: ”Se han logrado avances notables en materia de políticas de integración regional, de memoria, verdad y justicia, de no represión de la protesta social, de medidas de redistribución progresiva de la riqueza, de democratización de la palabra, de reconocimiento de derechos a minorías….Los cambios en curso en las fuerzas de seguridad que el Ejecutivo Nacional viene encarando con decisión, exigirán renovados esfuerzos en las provincias para terminar con el gatillo fácil o la policía brava, que sigue actuando y cuyo trágico accionar se revela en el saldo de muertos civiles cuyos crímenes han sido defender sus derechos, o simplemente fueron fusilados bajo el delito de portación de cara…..Los derechos humanos que este gobierno nacional defendió como ningún otro reconocen el valor de la vida y el derecho a peticionar como un principio refundacional de una democracia que demanda avanzar hacia formas cada vez más plenas y participativas.”
6 Dos ejemplos: “Vemos crecer la lista de los asesinados. Muertes que en su repetición no dejan de asombrarnos. Muertes que van cubriendo toda nuestra geografía. Muertes que, lejos de ser inocentes, marcan un encarnizamiento represivo que no puede ser negado ni atribuido a lejanas decisiones para des responsabilizar al gobierno central. Ahora descubrimos que desde 1994 somos un país federal, y que por lo tanto las muertes dependen de las policías provinciales, o de los caciques locales” Documento Plataforma 2012 y otro de Diego Rojas, autor de “Quien mató a Mariano Ferreyra” “En el caso del Indoamericano y el de Mariano Ferreyra se usó un método que ha estado teniendo una repetición inusual en estos últimos años que es el caso del uso de patotas para reprimir a la protesta social, que es lo que podría llamarse la tercerización de la represión (…) el gobierno dice que no se reprime la protesta social, sin embargo la demanda de grupos sociales fue reprimida por patotas”. Y más: “este gobierno dice que no reprime la protesta social aunque de hecho si lo hace”. “Se organizan patotas desde diversos sindicatos para acallar a opositores, donde en conjunto los empresarios y los sindicalistas usan este método que a ambos les conviene, por un lado a los empresarios les conviene que no haya protesta social, por otro a las direcciones sindicales burocratizadas que en una cantidad de casos hace décadas están en sus puestos, les conviene que no haya voces opositoras a sus mandatos.
7 El concepto lo inspiró Jorge Beinstein con un comentario sobre el borrador de este texto. Jorge es, autor de numerosos textos sobre la crisis del capitalismo. Su último libro es “El comunismo del siglo XXI”, Ed. Barricada, Caracas.
8 Consultar la investigación del Washington Post: http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/articles/a-hidden-world-growing-beyond-control/1/, hay otras versiones en castellano, pero esta es la oficial
9 El concepto “lumpen burguesía” fue desarrollado en los 50 por Ernest Mandel y retomado en los 60/70 por Andre Gunder Frank. Por entonces suponía diferencias entre “nuestras” burguesías periféricas y las centrales; con el desarrollo de la crisis, las diferencias se han borrado pero como todo aditamento al concepto de burguesía es una calificación política que intenta resaltar la centralidad que lo mafioso tiene en el ciclo de negocios y la ausencia completa de límites en su relación de subordinación a la burguesía hegemónica. Desde Marx en adelante, para el pensamiento crítico la burguesía es un sujeto universal y único, solamente se admiten conceptos como “burguesía brasilera” o “lumpen burguesía” o “nacional” por razones políticas y/o pedagógicas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Rebelion 26/01/12