Proyecto X: Lo de siempre, con nombre nuevo

CORREPI

Esta semana, la respuesta del jefe de la Gendarmería al requerimiento del juez federal Oyarbide para que informara sobre tales prácticas, causó conmoción. Es que el comandante Héctor Bernabé Schenone, que dirige Gendarmería desde 2005, respondió, con inusitada sinceridad, que, efectivamente, la fuerza a su cargo destina hombres y mujeres a infiltrarse en movilizaciones, manifestaciones, asambleas y otras actividades, y registran datos que son luego volcados a una base centralizada, todo en el marco de un protocolo de actuación denominado “Projecto X”.

La franqueza del informe, además de mostrar que no se trata de una iniciativa propia de la fuerza, a escondidas, sino del estricto cumplimiento de las órdenes del ministerio de Seguridad, es decir, del gobierno nacional, no es ninguna novedad para la militancia. Sabemos, y denunciamos hace décadas, que, sistemáticamente, el aparato estatal nos espía, nos manda infiltrados, nos hace seguimientos, escucha nuestras conversaciones, nos filma y fotografía, y que esa “información” es luego utilizada por el aparato judicial para dar cuerpo a las causas con las que se nos persigue.

En los ’80, trascendieron las tareas de inteligencia sobre militantes populares realizadas por el DEPOC (Departamento de Protección al Orden Constitucional) de la Policía Federal, luego reconvertido en la División Operaciones del Departamento Seguridad de Estado. En los ’90, fue este organismo el principal protagonista del espionaje sobre las organizaciones populares, aunque no el único.

Por caso, en 1995, el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, denunció ante la justicia federal a un conjunto de militantes y organizaciones por una serie de graves “delitos”. La prueba acompañada, que sirvió al juez Liporace, después de tener la causa en secreto de sumario por casi dos años, para dictar procesamientos y órdenes de detención, eran un video y “dos carpetas conteniendo información de inteligencia” (sic) encuadernadas con tapas azules.

El video contenía imágenes editadas, confusamente mezcladas, subtituladas y ¡musicalizadas! en las que se observaban rostros de dirigentes de las agrupaciones denunciadas en distintas actividades y protestas, como movilizaciones en el aniversario de Walter Bulacio, manifestaciones estudiantiles contra la Ley Federal de Educación y marchas de los jubilados en Congreso. Las carpetas, que comenzamos a llamar “Libro Azul” a falta de otro nombre, contenían información política y personal sobre más de 250 personas de casi todo el arco militante de la izquierda (no sólo de los denunciados). Las más de 500 fojas eran fotocopias de un original que nunca se entregó, en las que se habían eliminado sellos, firmas y todo signo que pudiera identificar al “servicio” que recabó la información.

Buena parte de los datos se referían a reuniones cerradas en locales o domicilios privados, por lo que se los debió obtener “pinchando” teléfonos, introduciendo micrófonos o mediante agentes encubiertos infiltrados en las agrupaciones. En posteriores investigaciones judiciales, la Policía Federal, la SIDE y el ministerio del Interior, negaron tajantemente haber confeccionado esas carpetas, lo que motivó que en 1997 se iniciara una causa contra Carlos Corach, para determinar el origen del “Libro Azul”. Esa causa, instruida por la jueza federal Servini de Cubría, fue debidamente archivada un par de años más tarde, a pesar de los esfuerzos de los denunciantes.

Similares “informes de inteligencia” son habitualmente provistos por personal de la Policía Federal, la SIDE y otras dependencias oficiales en múltiples causas, como la seguida hace unos 10 años contra los integrantes de un comedor popular en el barrio del Abasto, en la ciudad de Buenos Aires, donde los espías hablaban de “vínculos con Sendero Luminoso” porque, entre los concurrentes al comedor, había ciudadanos peruanos.

En 2001, intervinimos como defensores en la causa nº 22.944 del Juzgado Correccional nº 8, secretaría nº 61 de la Ciudad de Buenos Aires, iniciada como consecuencia de la movilización a la Casa de la Provincia de Salta el 18 de junio de 2001, en repudio de los asesinatos de José Barrios y Carlos Santillán. Allí, el Comisario José Antonio Portaluri, jefe de la División Operaciones del Departamento Seguridad de Estado de la PFA, remitió al juzgado un informe de “inteligencia” en el indicaba a la jueza a quiénes se debía procesar. Con fotos, nombre y apellido, número de documento y domicilio, el informe identificaba a tres personas, dos muchachas veinteañeras integrantes de una de las organizaciones movilizadas, y un simple adherente que ni siquiera había concurrido a la movilización. Al final del informe, el comisario lamentaba que no pudiera dirigirse la acción penal contra un referente piquetero en particular, porque ese mismo día estaba en otra provincia, donde había hecho declaraciones a la prensa.

También en 2001, descubrimos que los militantes de CORREPI éramos foco de interés de los servicios del Servicio Penitenciario Bonaerense. Una compañera abogada, que concurrió a un penal provincial, notó que, antes de autorizar su ingreso, el guardiacárcel consultaba un listado. Con cierta ingenuidad, el uniformado le pidió disculpas por la demora, explicándole que “si vienen los abogados que están en este memo, tenemos que avisar a la superioridad”. En el marco de una acción de habeas data, confirmamos la existencia del «Despacho 02/01», que ordenaba al personal de todas las unidades penales de la provincia, comunicar a la Secretaría de Informaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense la visita de los abogados de nuestra organización antirrepresiva, incluyendo los nombres de los internos entrevistados. El Inspector Mayor del SPB Carlos A. Scheffer, titular de esa secretaría, y firmante de la directiva, declaró ante el titular del juzgado nº 19 de La Plata que el despacho había sido dictado en atención a que había recibido una nota anónima que acusaba a los militantes de CORREPI de “fomentar y facilitar motines y fugas en los penales”. Explicó que, aunque el anónimo “carecía de todo viso de seriedad”, decidió redactar y firmar la orden interna, a través de la cual se registraban todas las concurrencias a cárceles de los integrantes de la organización, así como los nombres de los visitados, en su mayoría presos políticos.

Ya en 2004, verificamos, nuevamente, la existencia de estas tareas de inteligencia en la causa iniciada tras la represión a la movilización del 31 de agosto de ese año, en Plaza de Mayo. Además de muchos heridos, fueron detenidos 102 compañeros, siete de los cuales fueron procesados con prisión preventiva, hasta diciembre de 2004. La principal “pieza acusatoria” era un “informe” emanado del Departamento Seguridad de Estado de la PFA, basado en tareas de inteligencia seguidas contra varias agrupaciones, en el que, por el sólo hecho de “haber participado” de determinadas movilizaciones o de “haber reivindicado” hechos de protesta antiimperialista, se identificaba a varios dirigentes de esas organizaciones, acompañando material fotográfico y “fichas” personales. Además de esos datos, el informe, firmado por el comisario Cantalicio Bobadilla, contenía su propio “análisis” de la información, que concluía que, en realidad, todas esas agrupaciones eran simples “frentes de masas” de una única organización clandestina, que tenía por objeto desestabilizar el sistema democrático.

El juez a cargo, Juan José Galeano, no sólo incorporó el informe y le dio entidad como prueba válida, sino que, en otra causa que simultáneamente instruía por un escrache a la petrolera Repsol, ordenó a la policía federal que intensificara sus medidas de inteligencia sobre los manifestantes y sus organizaciones.

Después de las masivas movilizaciones antiimperialistas en Buenos Aires y Mar del Plata durante la Cumbre de Presidentes de noviembre de 2005, más informes de inteligencia fueron utilizados para criminalizar a los manifestantes. En el caso de Mar del Plata, el juez federal Castellanos recibió un “informe de inteligencia” elaborado por el ministerio de Seguridad bonaerense. El informe incluía precisos datos de todo el arco político que se movilizó contra Bush en Mar del Plata, y no estaba firmado por un comisario ni un comandante de gendarmería, sino por el ministro León Arslanián.

Además de estos ejemplos de “inteligencia” federal y bonaerense, en tiempos nada lejanos se verificó, también, que la Armada hacía lo propio en la ciudad de Trelew. Y si dispusiéramos de más espacio, podríamos abundar con otros ejemplos concretos.

En este marco, no puede sorprender que Gendarmería sea la fuerza que hoy se especializa en espiar a la militancia. Desde que, a mediados de los ’90, por órdenes del gobierno menemista, los gendarmes irrumpieron en el ámbito urbano, custodiando objetivos fijos, esa fuerza ha incrementado fuertemente su presencia. Por una parte, el gobierno kirchnerista –cuando recurre a los uniformes, y no a las patotas- ha dado a los gendarmes un protagonismo casi excluyente en la represión directa a las luchas de los trabajadores, como lo vimos en Las Heras, en el Hospital Francés, en Kraft y en movilizaciones de prácticamente todo el país desde 2005. Por la otra, con iniciativas como el Cinturón Sur o el Operativo Centinela, les ha encomendado buena parte del patrullaje urbano para el control social. Es simplemente natural que sean, también, los herederos de Coordinación Federal, del DEPOC o del Depto. Seguridad de Estado de la PFA.

Para ingenuos, o para los amigos del gobierno, quedan las huecas frases de la ministra Garré, jefa política de todo el aparato represivo de uniforme, gendarmería incluida. Como para que quede bien claro a qué “sociedad” se dirige, la Dra. Garré escribió en escuetos 140 caracteres en Twitter que el gobierno de Cristina Fernández sostiene “una clara posición respecto a la no criminalización de la protesta social y límites a la acción policial”, agregando luego un clásico de los políticos burgueses en apuros: “Antes de aventurar conjeturas, ordené una auditoría del Proyecto X, que es en realidad un software, para evaluar qué contiene”. Pobre intento de desligarse de lo que sólo ella, ministra de Seguridad, pudo ordenar a la fuerza que firmemente dirige. Lo mismo cabe para el comunicado, igualmente escueto, emitido por el ministerio a su cargo, donde se afirma que: “el Gobierno nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad”. Claro que no lo hizo, si la ley es lo que ellos quieren que sea, para garantizar los intereses que deben defender.

Más claro fue el senador Aníbal Fernández, que algo de espías, seguimientos, escuchas e infiltrados conoce, después de tantos años comandando férreamente las fuerzas de seguridad: La policía y la gendarmería, dijo, “no hacen un trabajo de inteligencia, sino un trabajo inteligente…el Plan X no existe… desde el Gobierno nacional se le pide al personal de la fuerza de seguridad que se acerque para morigerar el conflicto… el uniformado va, habla con los manifestantes y trata de encontrar una salida para resolverlo.”.

Por más que pongan caras de asombrados, y se quieran lavar las manos manchadas con la sangre de 17 asesinados en la protesta social desde 2003, y de casi 2.000 muertos por el gatillo fácil y la tortura en el mismo lapso, una vez más se confirma que éste es el gobierno más represor desde 1983, y, también, el que mejor ha desarrollado tácticas de propaganda y cooptación para disimularlo.

Para el que quiera sostener el mito del “gobierno de los DDHH”, hay infinidad de lugares en las tribunas oficiales, que prometen (y otorgan) cargos, contratos, subsidios y prebendas del tipo que sea. Pero para el que quiera ver las cosas como realmente son, ahí están los hechos, indiscutibles, y confesos, en este caso.