Afloran los límites del modelo (Parte II)

Estos cambios han seguido una pauta cíclica determinada por el nivel de actividad y los vaivenes del mercado laboral. Si se considera un período prolongado (y no la sesgada comparación tras el colapso del 2001) se verifica que el coeficiente Gini prácticamente no cambió entre 1994 y 2010.

Hubo un fuerte empeoramiento en el período 1994-2002 y una importante recuperación posterior, que sitúa el promedio actual muy cerca del vigente en 1995. No desconocemos la evolución de estos ocho años pero nos parece las comparaciones significativas hay que establecerlas con la marca histórica del “fifty-fifty” de los años 50 o 70, que se encuentran muy lejos de los resultados generados por el modelo en curso. (25)

En cualquier debate sobre este tema aparece la dificultad de los indicadores construidos con datos del INDEC, estos no tienen fiabilidad alguna desde el 2007. Las estadísticas sobre la distribución funcional del ingreso (división del producto entre salarios y ganancias) quedaron, además, discontinuadas desde 1975. Pero si se toma la distribución personal del ingreso que mide el Gini y la participación de los diferentes deciles de la población en el ingreso total se confirma la escasa variación en el largo plazo. La fractura entre clases medias/medias y altas y trabajadores de buenos ingresos que consumen y sectores bajos que subsisten no se ha modificado.

Existen otras formas de evaluar la desigualdad mediante contrastes de la evolución de salarios con el producto, las ganancias o la productividad. En este contrapunto la persistencia de la inequidad salta a la vista.

Parte de esa desigualdad que señalamos son las dificultades que encuentran los sectores populares para acceder a servicios de educación, salud y comunicación de calidad. Un párrafo aparte merece la situación de la vivienda. Durante estos años han aumentado los emprendimientos constructivos, pero los episodios del Parque Indoamericano o los de Jujuy y Formosa han dejado en evidencia la insuficiencia de los mismos.

La comparación con los balances de las empresas que cotizan en Bolsa es más chocante aún. La rentabilidad empresaria superó los niveles previos a la devaluación en un 90%, se duplicó en el período 1996-2008 y se mantuvo elevada incluso en la caída recesiva del 2009. Algunas estimaciones destacan que las ganancias promediaron en el inicio del modelo (2002-06) un 35,8% frente a 23.9% de la convertibilidad. (26)

Quiénes integramos EDI sostenemos que la desigualdad no puede reducirse en forma significativa sin tocar esas ganancias. Suponer que ambas pueden progresar simultáneamente, aumentando así el bienestar de todos los actores económicos es una ilusión tan inconsistente, como la teoría neoliberal del derrame. Se ignora que el sistema del capital se basa, y es a su vez la fuente, de las desigualdades sociales.

Los propios “representantes del pueblo” recrean abiertamente la desigualdad cuando se auto-otorgan aumentos de dietas legislativas, que obviamente nadie toma como parámetro para las negociaciones paritarias. El escándalo que suscitan esos privilegios suele oscurecer que el epicentro de la brecha social se ubica en el sector privado, dónde hay gerentes con sueldos mensuales de 2 a 10 millones de pesos. Es una hipocresía justificar estas remuneraciones con argumentos de libertad en el sector privado. Todas las empresas surgieron y operan mediante el sostén directo o indirecto del sector público. La desigualdad que se proyecta al Estado proviene del mercado.

En muchos de los economistas oficialistas se ha consumado un giro conservador para justificar esta continuidad, han naturalizado que el IVA se mantenga en los altísimos porcentajes actuales, mientras persisten gravámenes muy reducidos al patrimonio. Ni siquiera se modificó el régimen de exención a la renta financiera, los privilegios a la compra-venta de empresas o la exención del impuesto a las ganancias a los magistrados. Afirman que la reforma impositiva se ha ejecutado de hecho, mediante el crecimiento económico, la presión tributaria y la creciente participación del comercio exterior en el pago de distintas tasas. Esta tesis sintoniza con la presentación del mínimo imponible a los salarios como un acto de justicia. (27)

Pero este enfoque iguala para abajo y frustra cualquier reducción de la desigualdad. En vez de penalizar a los ricos se justifica el achatamiento de ingresos de los sectores medios. Los viejos cuestionamientos a la estructura tributaria regresiva son olvidados en pos de un bienestar que surgiría del simple funcionamiento del modelo.

Por el contrario para quiénes integramos EDI las brechas sociales comenzarían a atenuarse con una reforma que instaure una mayor progresividad tributaria y con una asignación transparente y efectiva, sin mediaciones políticas punteriles, de los mayores recursos genuinos que se recauden.

El gobierno ha decidido enfrentar las limitaciones del modelo con políticas pro-empresariales de incentivo a la inversión privada. Por esta razón la presidenta emite mensajes de colaboración a los socios capitalistas y convocatorias al reencuentro a los sectores antes enfrentados. Esta postura amigable hacia sojeros, industriales y banqueros coincide con agresiones a los sindicatos y advertencias a los movimientos sociales. Las promesas de modificar la ley de riesgos de trabajo convergen con las críticas a los huelguistas que “extorsionan”.

El objetivo de esta reorientación es sustituir el impulso que hasta ahora brindó la demanda, por la inversión. Esta variable quedó desfasada de los restantes componentes del desenvolvimiento capitalista. Aunque subió de un ínfimo piso (11% en 2002) a un promedio significativo (23-24% en 2010-11), la mejora no alcanza para sostener el nivel de actividad de los últimos años (28). Se ha trabajado al límite de la capacidad instalada de las plantas, exprimiendo los recursos existentes y sin ampliarlos con emprendimientos de largo alcance. Por esta razón los aumentos de productividad obedecen más a la subsistencia de elevados niveles de explotación que a la renovación de los equipos. Muchas estimaciones destacan que la actividad industrial usufructuó en la última década de las inversiones acumuladas en el decenio anterior. (29)

El gobierno ha chocado con la sucesión de conflictos que generan las políticas estatales en las decisiones empresarias. Por un lado se exhorta a incorporar libremente capital en las firmas y por otro se limita la posibilidad de girar dividendos y regalías y se trata de frenar la fuga de capitales. Por un lado se estimulan el consumo y la producción y por el otro se fijan cupos de importaciones y se negocian precios. Estas contradicciones no son resultantes de una perversión intervencionista, ni tampoco ejercicio del doble discurso, como aseguran variados gurúes neoliberales. Estas contradicciones son el resultado objetivo de los desequilibrios que enfrenta la economía nacional. El gobierno simplemente afronta necesidades opuestas. Debe inducir la inversión para incrementar la oferta y frenar el alza de precios y al mismo tiempo debe intervenir para limitar el desbarajuste energético o el desbalance comercial.

Esta mayor intervención estatal es maliciosamente interpretada como un acto de hostilidad hacia los empresarios (“enfrentamientos con las corporaciones”), cuando en realidad no es más que una típica forma de arbitraje, para asegurar la continuidad de la actividad económica fomentando ciertas ventajas y afectando algunos privilegios. Como siempre ha ocurrido, el silencio complaciente de los beneficiados contrasta con la ruidosa queja de los desfavorecidos. El primer grupo alaba la recuperación del poder estatal y el segundo despotrica contra la violación del libre-mercado.

El gobierno presenta su gestión como equidistante de los trabajadores y los capitalistas. Pero es muy difícil sostener esta argumentación cuando se ensaya un giro pro-empresario que, de sostenerse en el tiempo, alejaría al oficialismo de la agenda progresista. Se declara prescindente en la negociación colectiva de los salarios, pero ha intentado imponer un tope. No se conoce algo similar en relación a la rentabilidad de los empresarios. La legitimidad de las ganancias no es puesta en duda por un gobierno que rechaza las demandas de la CGT (ley de distribución de las ganancias, aumento del mínimo no imponible, ampliación de las asignaciones familiares) y se niega a considerar el costo de la canasta familiar como base para fijar el salario mínimo o en una negociación salarial. El insulto a los docentes -repitiendo viejas falsedades de la derecha sobre la jornada laboral y las vacaciones- como antes con la “tendinitis” a los trabajadores del subte o la acusación de extorsivas a las huelgas, forman parte de esta estrategia.

La denominada “sintonía fina” encubre este mayor favoritismo hacia las clases dominantes. Incluye la implementación de medidas que no tienen la envergadura de un ajuste brutal, como en el 2001-02, ni tampoco el alcance de la agresión imperante en Europa en la actualidad, pero que frenan la continuidad de mejoras sociales que alientan los partidarios de la “profundización”. El modelo inaugurado en el 2003 ha ingresado en una nueva etapa, tal vez caracterizada por una línea defensiva frente al posible impacto de la crisis mundial y el agotamiento de ciertas variables internas, cuyas tendencias al menos hasta ahora se contradicen con el fuerte apoyo político del 54% obtenido en las elecciones.

La inflación concentra todos los desequilibrios de la etapa actual, pero la manipulación de los índices impide conocer su magnitud. Las evaluaciones técnicas que se han hecho del manejo del INDEC arribaron a conclusiones demoledoras sobre esa distorsión. Si se toma en cuenta la evolución de los precios calculada por los institutos provinciales, el incremento osciló en el 2010 y 2011 en torno al 25%. Pero el principal problema no radica en el cómputo sino en el propio fenómeno inflacionario, que se ha estabilizado muy por encima del promedio internacional o regional.

La carestía provoca un deterioro de los ingresos populares que socava las mejoras salariales y de ingresos sociales. Este impacto ha sido muy significativo en alimentos y vivienda y comienza a extenderse a los servicios. La carestía neutraliza la asignación por hijo y tiende a situar nuevamente el porcentaje de la pobreza en torno al 30% y la indigencia cerca del 15%. (30)

Muchas causas se conjugan para producir el resultado inflacionario, pero los precios esencialmente aumentan para mantener las altas tasas de rentabilidad de las grandes empresas. Esta es la principal razón del flagelo. Los grupos capitalistas más concentrados aseguran beneficios con remarcaciones que sólo ellos pueden disponer. La inflación actual no obedece como en el pasado al quebranto fiscal (como sostienen los neoliberales), ni expresa una pugna distributiva (como piensan algunos economistas K). Refleja fuertes restricciones de la oferta por insuficiencia de inversiones en un período de alta rentabilidad empresaria.

Los precios son empujados hacia arriba por una baja provisión de productos frente a una demanda recompuesta. Resulta imposible satisfacer con la misma capacidad instalada los nuevos pedidos de compra. La inflación muestra así cómo el modelo, a pesar de todas las prebendas otorgadas, no logra expandir el abastecimiento de mercancías.

Existe una crítica liberal a este resultado que enfatiza el impacto adverso de la intervención estatal sobre el comportamiento de los precios. Esta postura da lugar a una andana de insultos contra el secretario de comercio, que se ha convertido en el principal blanco de la presión mediática. El objetivo de la campaña anti- Moreno es recrear un ambiente favorable a la “libertad de precios”, es decir a la impunidad de las grandes empresas para remarcar sin ninguna restricción. Cualquier planteo progresista debe situarse en las antípodas de esta actitud, sin olvidar que ha sido Moreno el que destruyó el sistema estadístico nacional y los cuadros profesionales y técnicos, formados por el Estado durante décadas y que gozaban de prestigio y respeto internacional.

Desde hace varios años el gobierno intenta infructuosamente atenuar el ascenso de los precios, a través de negociaciones con las cúpulas empresarias. Los capitalistas prometen pero nunca cumplen. Disfrazan los incrementos o los distribuyen en distintos puntos de las cadenas de comercialización. Algunos economistas K suponen que esta distorsión se auto-corregirá mediante la continuidad de un alto consumo que arrastrare a la inversión. Pero aquí aflora una ingenuidad simétrica al imaginario neoclásico, que espera ampliaciones automáticas de la demanda por un efecto expansivo de la oferta. Con la versión invertida de la teoría del derrame se supone que los capitalistas responderán a la continuada corriente de compras con espontáneas inversiones, sin evaluar riesgos o rentabilidades.

La nueva apuesta oficial se orienta a inducir una baja paulatina de la inflación, mediante topes salariales que induzcan a la inversión. Pero hasta ahora los grupos formadores de precios mantienen una actitud conservadora, que no modificarán por el simple efecto de las exhortaciones.

Sostenemos que la batalla contra la inflación no fracasa por exceso de controles, sino por el carácter timorato de esa supervisión. Un programa popular de superación del flagelo inflacionario debería basarse en presupuestos más realistas. Para nosotros el control debe hacerse especialmente sobre los costos de producción y de intermediación. Esta acción también requeriría asegurar la desvinculación de los precios locales de las cotizaciones internacionales.

Como la inflación se ubica por encima del 20% y la valorización anual del dólar no supera el 7, tal vez el 10% este año, se ha consumado un desfasaje que genera tensiones cambiarias. Más que un “retraso del tipo de cambio” se ha producido un “adelanto de la inflación”. Este tipo de brechas arrastra una larga historia en Argentina y frecuentemente acompañó las etapas de recuperación pos-devaluatoria.

Recordando estas experiencias llueven las advertencias contra la repetición de la tablita de Martínez de Hoz o la convertibilidad de Cavallo. El establishment propone equilibrar el precio del dólar con las tradicionales medidas de empobrecimiento de la población. No invierten, pero se lamentan del “deterioro de la competitividad”. No mejoran el abastecimiento local, pero objetan el control de las importaciones que ejerce el gobierno para resguardar los dólares.

En diciembre pasado se verificó la primera pulseada para definir cuál será el ritmo y la magnitud del ajuste cambiario. Los grandes grupos exigieron celeridad, el gobierno rechazó esta imposición y ganó la pulseada, con medidas de corto plazo respaldadas en el alto nivel de las reservas. Fijó restricciones a la compra minorista de dólares, restauró la obligación de las empresas mineras y petroleras de liquidar localmente las divisas de las exportaciones e introdujo ciertos controles impositivos. También evaluó la posibilidad de recrear los viejos desdoblamientos del mercado cambios, entre operaciones comerciales, financieras y de turismo. Esta posibilidad está latente si la Cuenta Corriente (ingreso y salida de divisas) viera declinar su superávit en forma significativa.

El modelo está afectado por una fuga estructural de capitales, que se verifica en la casi duplicación de las salidas del 2010 (21.500 millones de dólares frente a 11.400). Esta sangría ya suma 87.380 millones desde 2003, es decir un monto muy relevante frente a reservas que totalizan algo más de 47.000 millones.

La salida de fondos triplica a las de Brasil o México. Ya hay 134.000 millones de dólares en el exterior frente a un PBI estimado en 430.000 millones. Esta cifra ha crecido en forma constante desde el 2001 cuando era de 81.875 millones. (31)

Como en otros gobiernos, se intenta contrarrestar la fuga con medidas administrativas (declaraciones juradas de operaciones) y convocatorias a la “confianza en el país”. Pero la inefectividad de estas respuestas salta a la vista. Las transferencias tienden actualmente a incrementarse para compensar los efectos de la crisis europea. Se estima que 6000 millones de dólares salieron el año pasado por pedidos de las casas matrices a sus filiales. Por esta razón la reinstauración de restricciones a la remisión de utilidades se ha tornado impostergable. Amparados en 50 tratados bilaterales de Inversión (TBI) que permiten el libre flujo de fondos, las compañías manejan el movimiento de capitales a su arbitrio, sin ninguna restricción efectiva.

Algunos economistas afines al kirchnerismo solicitan restaurar la legislación de los años 70, que establecía plazos mínimos de inmovilización de fondos, otorgando al Estado facultades para bloquear los giros en situaciones críticas. Pero hasta ahora el gobierno no se atrevió a implementar una elemental medida de resguardo nacional.

El superávit fiscal que acompañó durante varios años al modelo ha quedado atrás y comienza a reaparecer el viejo desbalance que tradicionalmente acosó a las finanzas públicas. Sin los auxilios del BCRA y los intereses del Fondo que administra la ANSES, las cuentas oficiales cerrarían con un rojo creciente

Las agudas complicaciones que enfrentaron varias provincias (Santa Cruz, Rio Negro) para pagar sueldos o cumplir con los contratos son ilustrativas del bache fiscal. El Estado nacional monopoliza el 70% de la recaudación y gotea en forma discrecional los fondos excedentes. El financiamiento público con ahorros del ANSES es una bomba de tiempo. Descapitaliza a un organismo que debería afrontar ante todo la mora en la liquidación de las jubilaciones. Diariamente esa institución recepta más de 500 demandas por incumplimiento de esa obligación. El gobierno afirma que maneja con seriedad esos recursos, pero en los hechos ha bloqueado la difusión de 211 informes de la Auditoría General de la Nación.

La magnitud del problema fiscal salió a flote con el plan de recorte de subsidios a los concesionarios de servicios públicos. El déficit generado por esos pagos y las transferencias a las empresas crecieron en forma exponencial desde el 2003, bajo una maraña inmanejable de disposiciones.

No es consistente la presentación oficial de estas erogaciones, como una exigencia del período pos-convertibilidad para sostener el consumo con bajas tarifas. Estos precios auxiliaron también durante años las residencias de la clase alta y actividades tan suntuarias como los hipódromos y los casinos. En los hechos simplemente se mantuvo el esquema de privatización menemista para prorrogar los compromisos contraídos con los concesionarios.

La decisión posterior de “argentinizar” estas erogaciones con transferencias a empresarios amigos acentuó el despilfarro de recursos. El Estado perdió fuentes de recaudación y garantizó duopolios (como telefónica y Telmex que eludieron la prestación universal). Las ventas de paquetes accionarios a grupos nacionales (como el ingreso de Electro-Ingeniería a Metrogas) no aportaron ningún beneficio al sector público. (32)

Frente al crítico escenario actual el gobierno ha decidido achicar las pérdidas que ocasionan los subsidios, reduciendo los mismos con un previsible impacto en las tarifas. Las boletas de electricidad, gas y agua que llegan a los barrios de altos ingresos con incrementos de 150-400% ilustran las consecuencias que podrían tener aumentos significativos de las tarifas.

Seguramente el ajuste será gestionado con tanteos y evaluaciones de la reacción popular y por esta razón el anuncio inicial de mantener las viejas tarifas para el 10-15% de la población fue posteriormente extendido al 65%. Pero si es así el déficit persistiría y habría que recortar por otro lado.

Los funcionarios diseñan planes para diferenciar las tarifas asistenciales, que se mantendrían invariables de los nuevos precios que afectarán al resto de la población. Pero en el caso del transporte es evidente que no sólo los receptores de ayuda social requieren el subsidio. Es una necesidad de la mayoría de los pasajeros para ir a trabajar. Los ministros hablan todo el tiempo de “ajustes redistributivos” pero sin aclarar nunca cual es el costo de los servicios que obligaría a introducir los aumentos. Este secreto es resguardado de cualquier auditoría, para ocultar los enormes lucros de los concesionarios.

El desbalance fiscal induce a muchos funcionarios a reconsiderar la opción del endeudamiento. La deuda pública bruta del Estado en 2011, computando los intereses adeudados al Club de París y el monto de los bonistas que no aceptaron el canje, ronda los 188.000 millones de dólares, un 44% del PBI. Un 40% de ese monto está pesificado y en gran medida circula dentro del propio sector público. Aunque esta gravitación de la deuda inter-estatal transfiere el riesgo al sistema previsional, existe una significativa reducción de la carga en relación al producto, las exportaciones o las reservas. Si se considera la deuda “exigible”, esto es la expresada en moneda extranjera en manos de privados y organismos, esta en el orden del 13% del PBI. También los pagos de intereses son muy inferiores a la media del pasado o a la hipoteca que actualmente enfrenta cualquier país desarrollado. (33)

Sin embargo los servicios de la deuda de este año alcanzan a 15.000 millones de dólares, los vencimientos de capital se refinanciarán y los intereses de la parte de deuda en moneda extranjera se pagaran con reservas. Cuando la presidenta justifica la inexistencia de inversiones públicas por los pagos que heredó el Estado de esa catástrofe (19.641 millones de dólares en BODEN 2012), está justificando una erogación que deberían haber soportados los bancos responsables del corralito.

Alertamos que el re- endeudamiento implicaría retomar el ciclo que tantas veces asfixió a la Argentina, sería por demás contradictorio con el planteo oficial de “desendeudamiento”, que utiliza divisas del Banco Central para cancelar compromisos externos.

Los injustificados egresos que afronta el Estado se reducirían anulando las concesiones de servicios públicos y los ingresos adicionales que requiere el fisco podrían surgir de una reforma impositiva progresista. Esta solución ha sido hasta ahora ignorada por el gobierno que se debate entre la alternativa de cortar gastos con ajuste o mantenerlos con nueva deuda y mayores adelantos del BCRA. Así hay un fuerte debate en su interior sobre el rumbo a seguir. El retorno al mercado financiero es tanteado desde hace meses con aproximaciones al FMI y negociaciones de la deuda pendiente con el Club Paris. Este pasivo trepó, sin ninguna justificación, de 2260 millones de dólares a unos 8.000, si se computan los intereses devengados. Pero repitiendo la cancelación anticipada al FMI se discute pagar toda la cuenta, sin realizar ninguna revisión de un pasivo que mayoritariamente fue contraído por la dictadura y está muy sospechado. (34)

El chisporroteo que opuso al gobierno con los economistas del establishment sobre la forma de encarar esos pagos, usar reservas o ajustar el presupuesto, se ha reactivado con la reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La derecha ha puesto el grito en el cielo por este cambio afirmando que pretende financiar el bache fiscal con emisión. Exigen retomar una estricta correspondencia de los pesos en circulación con las reservas en divisas, pero jamás tuvieron esta disciplina cuando gobernaron y el rigor que demandan ahora obedece al interés de los acreedores, que buscan asegurar sus cobros con mayor respaldo del Estado en moneda extranjera.

La estricta proporción que exigen para la emisión no es un antídoto de la inflación, en la coyuntura actual la carestía tiene raíces más estructurales que monetarias. Ese peligro efectivamente reaparecería si la persistente carencia de inversión conduce a un desborde de monetarización del gasto público.

La propuesta oficial parte de erradicar una rémora de la dictadura ligada a la idea de la convertibilidad, aunque ha negado la erradicación de otra rémora, la Ley de Entidades Financieras aún vigente. En concreto la reforma amplía la disponibilidad de fondos que el BCRA puede transferir a la Tesorería, tanto para el pago de deuda como para tapar baches financieros. Pero en los últimos años esta flexibilización se ha instrumentado en la práctica sin ningún cambio de legislación. Un objetivo central para el gobierno es ampliar el bajísimo nivel de préstamos de largo plazo – y poder orientarlos- en un marco de alta liquidez con el fin de ampliar el financiamiento del Estado.

Al cabo del proceso de reorganización del sector financiero que siguió al 2001, la concentración de la actividad bancaria se ha incrementado. De las 400 entidades que había en los años ‘70 sólo quedan 90 y las primeras 12 manejan más del 50% de los créditos y depósitos. La depuración del sistema se ha consumado, pero la expansión crediticia no se vislumbra por ningún lado. Los bancos realizan excelentes negocios con tarjetas para sostener el consumo, pero no aportan préstamos hipotecarios. Han amasado enormes utilidades en los últimos años mediante operaciones de intermediación y manejo de la deuda pública. Pero el porcentaje del crédito en relación al PBI se reduce al 12% (frente al 45% de Brasil). (35)

La reforma del BCRA también intenta reactivar el crédito con algunas regulaciones, resaltando la vigencia de un giro internacional hacia mayores supervisiones. Pero lo que ha imperado en Europa y Estados Unidos desde el 2008 es un generalizado socorro a los banqueros con fondos públicos, que no debería ser tomado como referencia para ningún cambio del sistema.

En cualquier caso, los problemas que enfrenta el modelo en la esfera productiva no serán resueltos con artilugios monetarios. La iniciativa se ubica, además, muy por detrás de otra propuesta oficialista de anular ley de entidades financieras vigente, para asignarle a la actividad financiera un status de servicio público.

Para los Economistas de Izquierda es indispensable ampliar la autonomía monetaria, pesificar la economía y recrear el crédito. Pero estos requerimientos están obstruidos por los desequilibrios estructurales del modelo actual. La mayor flexibilidad en el uso de reservas que habilita la reforma debiera utilizarse para respaldar proyectos productivos y no el pago de la deuda. La suspensión unilateral de los pagos y la auditoría e investigación de la deuda es una propuesta que mantiene su vigencia, que debiera ser acompañada por las medidas de nacionalización requeridas para comenzar así a forjar el sistema bancario que necesita el país.

Ver también:

– Argentina. Afloran los límites del modelo: Un balance de los Economistas de Izquierda (Parte I)

http://www.argenpress.info/2012/04/argentina-afloran-los-limites-del.html

24) Navarro Roberto, “Una mejora de distribución”, Página 12, 31-1-11.

25) Lindemboin Javier, “El reparto mejora y está como en 1995”, La Nación, 15-5-2011. También La Nación, 20-9-2011

26) Ver Tavosnaska Andrés, “Ganan como nunca y no reparten”, Página 12, 14-9-10.

27) Página 12, 6-2-2011 y 24-4-2011.

28) Página 12, 5-3-2012.

29) Página 12, 30-5-2011.

30) Clarín, 3-10-10.

31) Clarín, 4-7-2010, Página 12, 30-8-10.

32) Ver Clarín, 29-12-10.

33) Página 12, 18-9-2011.

34) Clarín, 18-9-10