Córdoba: “Es un ataque al movimiento obrero organizado”
Daniel Klocker (PRENSA RED)
Así calificó la decisión del TSJ de cesantear al secretario de Organización del gremio, la secretaria General del gremio de Judiciales, Irina Santesteban. Anunció un paro con movilización para el este lunes, desde las 10. Solidaridad de la CTA, del Cispren y de otras organizaciones.
La secretaria General de los trabajadores judiciales, Irina Santesteban denunció hoy en conferencia de prensa que la cesantía y el pedido de desafuero del Secretario de Organización del gremio, Walter Chilo, por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) “es un ataque al movimiento obrero organizado”, y anunció un paro con movilización para este lunes, a las 10, en las escalinatas de Tribunales I.
“No se puede entender de otra manera la resolución del TSJ contra Chilo porque desconoce los más elementales derechos sindicales de los trabajadores y no hay antecedentes de un despido a un miembro de comisión directiva en funciones, que fue sumariado en 2010 cuando era delegado de la Policía Judicial por participar en una asamblea en su lugar de trabajo”, recordó Santesteban.
La dirgente denunció que “la cesantía de Chilo también es un ataque directo al gremio porque es sospechoso que lo echen por ejercer su función como delegado en 2010, y por otro lado tenemos a miembros de la anterior conducción procesados por administración fraudulenta que ni siquiera están sumariados”.
Rechazó la intención “de este TSJ, resabio de la dictadura”, de querer reglamentar el derecho de huelga “porque es una herramienta que tenemos los trabajadores para protestar cuando nuestro derechos son avasallados, como pasó en este caso, en una clara muestra de persecución sindical”.
El asesor legal de la AGEPJ, Eugenio Biafore aseguro que «el TSJ, como otros poderes del Estado, tiene la concepción de que los empleados públicos no son trabajadores, sino servidores públicos y por lo tanto pareciera que tienen derechos de trabajadores de tercera categoría”.
“Estamos frente a la reglamentación de poderes al derecho de huelga y esto precisamente le pasó a Chilo, que hizo paro cuando no debió hacerlo por su condición de servidor público, y por eso le iniciaron un sumario que derivó finalmente en su cesantía”, afirmó.
Agregó que “también los 17 sumarios a compañeros de la Policía Judicial tienen una razón parecida porque los trabajadoes se manifestaron ruidosamente en el primer piso de Tribunales I para discutir con el TSJ salario y condiciones de trabajo, y como respuesta recibieron una sanción”.
“Acá lo peligroso es la intención de las patronales estatales para ponerle limite al derecho de huelga y donde además se observa un sesgo represor al movimiento obrero organizado con la clara intención del Estado de criminalizar la protesta apoyado en un Código de Faltas arbitrario y que prevé penas muy duras a partir de la modificación impulsada por el gobierno de José Manuel de la Sota”, denunció.
El secretario General del Cispren, Carlos Valduvino se solidarizó con el compañero cesanteado y “recordó que el gremio de prensa tiene una vasta experiencia de lucha y resistencia contra las empresas, especialmente cuando los medios fueron privatizados en los ´90 y muchos trabajadores de prensa quedaron en la calle”.
“La lógica del TSJ es que como los trabajadores judiciales son servidores público no pueden estar en conflicto, y precisamente esta categoría de servidor público también nos la metieron a nosotros en las redacciones y por eso nos cuesta tanto defender los Convenios Colectivos y el Estatuto del Periodista Profesional (ley 12.908)”, reconoció.
La Secretaria General de ATE.-Córdoba, María Teresa Romero, y los dirigentes de la CTA Córdoba y de Capital, Oscar Mengarelli y Guido Dreizik, respectivamente también sumaron su solidaridad con los trabajadores judiciales y apoyaron el paro a realizarse el próximo lunes.
En ese sentido, Dreizik opinó que “en esta coyuntura estaría bueno trabajar en la realización de un plenario de organizaciones sindicales de la CTA y de la CGT como una manera de darle mucho más fuerza a la lucha de los compañeros judiciales”.
Y agregó que «esta resolución del TSJ se encuadra en la política del gobierno provincial de meter miedo a la ciudadanía modificando el Código de Faltas para agravar las penas, en consonancia con el gobierno nacional con su antidemocrática Ley Antiterroristava.
El compañero cesanteado, Walter Chilo agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de las organizaciones sindicales, sociales y políticas, y afirmó que “este respaldo me impulsa a seguir trabajando con más fuerza porque si me sancionaron es porque en la Policía Judicial se han hecho cosas y nos certifica que estamos por el buen camino”.
“La Policía Judicial es el sector mas movilizado de la justicia y a su vez el mas perseguido porque los compañeros son sancionados y cuando hacen paro sufren descuentos en sus salarios, pero aún así siguen luchando”, afirmó.
Además de los dirigentes de ATE-Córdoba, CTA y el Cispren en la conferencia de prensa también estuvieron representantes de organizaciones de Derechos Humanos, de la Asociación de ex Presos Políticos, entre otras organizaciones sindicales, sociales y políticas.