Ahora también deportaciones en Catamarca

Estela Knez

Rebelión

Como muchos ya conocen, el corte selectivo que se efectuaba en Cerro Negro por parte de pobladores de la provincia y otros provenientes de diferentes regiones del país que llegaron solidariamente para apoyarlos, impidiendo solo el paso de los camiones que proveen insumos a la minera Bajo La Alumbrera, fue levantado el día viernes 20 de julio, a partir de una orden emanada del poder judicial provincial. Se hizo presente en el lugar un cuerpo especial de la policía, pero también grupos promineros, dispuestos a constituir una fuerza de choque, agrediendo con piedras y bombas de estruendo a quienes realizaban el corte de manera pacifica. Hasta acá parece casi un capitulo mas de la represión del estado provincial contra quienes se oponen a los emprendimientos mega mineros a cielo abierto.

Pero en esta oportunidad, Catamarca lamentablemente ha dado un salto cualitativamente mas grave y bochornoso, ya que han sucedido hechos que traen al presente, el pasado tenebroso de la dictadura militar. Reavivando los fantasmas de aquellas prácticas represivas, la policía actuó aquí apoyando a este grupo de matones que responde a los intereses mineros impidiendo a estas personas dirigirse a Tinogasta en colectivo o en sus autos, predispuestos a provocar a quienes, precisamente, resistían pacíficamente. Un grupo que ascendió a un colectivo fue golpeado por los uniformados, tratados como delincuentes a personas indefensas y sin armas, para luego ser deportados a Córdoba, con «escolta» policial y seguidos por varios vehículos de la pandilla de sicarios, en clara actitud amenazante. Esto nunca visto, reviste una situación de extrema gravedad, vulnerabilidad e indefensión. El traslado se realizó compulsivamente, siendo advertidos que si no consentían esas condiciones, la zona quedaría liberada a merced de este grupo prominero parapolicial. Hay algo que hasta ahora no había sucedido nunca, la expulsión de la gente que no vive en la provincia en forma forzada, la deportacion del lugar, atravesando varias provincias.

Esta metodología ha escrito una página nueva y negra en este gobierno que se dice ser democrático, en donde una vez mas quienes sufren padecen y resisten son los pobladores que se oponen a los emprendimientos mega mineros. La respuesta del gobierno, el poder judicial y la fuerza policial constituye una forma autoritaria y neonazi de actuar frente a quienes defienden legítimamente sus derechos, mostrando una obsecuencia y fidelidad a las empresas que se instalan en sus territorios, aun a costa de reprimir a sus habitantes.

Parece que los gobernadores, y principalmente de provincias cordilleranas, consideran inmigrantes a cualquier argentino que no viva en esas provincias, ya fueran considerados foráneos a quienes llegaban de provincias lejanas a apoyar el corte de Famatina. En febrero pasado legisladores de Córdoba y Buenos Aires, así como también periodistas, no pudieran ingresar a Andalgala en ocasión del aniversario de la represión sufrida.

El método es el mismo, grupos promineros, mercenarios y la policía impidiendo el libre tránsito por una provincia, pero ahora con el agravante de ser deportados.

Frente a ello cabe preguntarse que se supone debería hacer el gobierno de Corpacci, la justicia provincial, el gobierno nacional y el Secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, quien ha tenido una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Si esto ocurrido no constituye una fragrante violación de los derechos de las personas, que quedaron desprotegidas en manos de una policía que actuó en clara connivencia con sectores promineros, entonces el pasado ha vuelto para acallar las voces disidentes.

Estela Knez es Bióloga

25/07/12