La Séptima Marcha de la Gorra por la derogación del Código de Faltas provincial se desarrolló ayer por las calles céntricas de la ciudad con una importante movilización que se inició en Colón y La Cañada. Entre 8 y 10 mil personas se autoconvocaron al encuentro que finalizó con un festival en la Plaza San Martín y la lectura de un documento.
Bajo el lema ‘Tu seguridad nos limita, nuestra resistencia es infinita’, las organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas, fueron más allá de las consignas haciendo referencia este año a la “narcopolicía” y a los chicos “asesinados en comisarías e instituciones penitenciarias”.
En ese contexto, no fue casual que en la primera columna de manifestantes estuvieran presentes los padres de Jorge Reyna (el joven que falleció en la comisaría de Capilla del Monte) y Viviana Alegre (madre de Facundo Rivera Alegre).

Pancartas como “mi cara, mi ropa y mi barrio, no son delito” o remeras que decían “basta de narcopolicía” pudieron observarse en la marcha donde además, se pidió por “el cese del Estado policial, la libre circulación y expresión de los jóvenes, el acceso real a derechos básicos, la participación e inclusión en la toma de decisiones”.
La marcha estuvo acompañada por grupos artísticos, murgas y caracterizaciones de la fuerza policial.
“No queremos que no se criminalice a los jóvenes, ni a las trabajadoras sexuales ni a la protesta social”, explicaron los organizadores, del Colectivo “Jóvenes por nuestros derechos”, refiriéndose particularmente a las figuras que incluye el Código como el merodeo, prostitución y escándalo en la vía pública.
La marcha finalizó en la Plaza San Martín con la lectura de un documento en el que se exigió la construcción colectiva de una nueva política de seguridad, que garatice el derecho de los jóvenes.
En la marcha estuvieron presentes acompañando el reclamo los legisladores Liliana Olivero (Frente de Izquierda y Los Trabajadores), Roberto Birri (Partido Socialista) y Santiago Clavijo (Frente Cívico).
Cabe recordar que Birri, presentó esta semana un proyecto de resolución parlamentario dirigido al Gobierno de José Manuel de la Sota con el fin de que informe sobre las “estadísticas de detenciones y sentencias por la aplicación del Código de Faltas” provincial.
El legislador sostuvo que la aplicación de figuras del Código, como causa de detención a los ciudadanos, “violenta garantías constitucionales mínimas que toda sociedad tiene, lo que resulta absolutamente incompatible con los postulados de un Estado de Derecho”.
Asimismo, concejales del bloque Eva Duarte se sumaron al reclamo y acercaron al Centro Cívico un documento exigiendo al gobernador De la Sota “su urgente actuación” .
“El Código de Faltas de la Provincia desde su publicación en 1994, contiene un Libro Tercero (procedimiento) en el que dispone que todas las infracciones serán instruidas y juzgadas por Jueces. Nunca entró en vigencia. Se fue prorrogando, y finalmente se lo suspendió hasta que estén nombrados los jueces de paz y tenga reflejo presupuestario. Han pasado los años sin que los gobernadores que se sucedieron se hayan ocupado de la cuestión. Mientras tanto, la policía usurpa tareas judiciales desde hace 19 años”, manifestaron en un comunicado.“Si a las contravenciones las sigue instruyendo y juzgando la policía, es por decisión política y nada más”.

Incidentes
Al finalizar la marcha, se produjeron algunos incidentes y enfrentamientos entre organizaciones barriales, que no llegaron a mayores. Según Cadena 3,  un grupo de manifestantes tiró botellazos contra dos mujeres polícias que cuidaban la marcha. Asimismo, un grupo atacó un local de comida rápida ubicado en avenida General Paz.

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21/11/13